FALTA POLÍTICA

Falta de una política para el agro





SUPERADOS los tres meses del dictado de la Resolución 125 del Ministerio de Economía, por la cual se aplicaron retenciones móviles a la exportación de productos agrícolas --su mentor, el ex ministro Martín Lousteau, duraría poco más en el cargo--, el conflicto se ha extendido de una manera impensada. Y las posiciones inflexibles de ambas partes hacen prever que las soluciones no están al alcance de la mano. Para colmo, aun cuando las entidades del agro dejaron de lado las acciones de protesta, ahora han surgido los transportistas, quienes exigen un acuerdo total y definitivo entre el gobierno y el campo antes de deponer su actitud de reclamo, cuyas consecuencias son innumerables inconvenientes en el tránsito por rutas nacionales y provinciales y el consiguiente desabastecimiento de productos alimenticios y de combustibles.


ASI LAS cosas, todo indica que la persistencia del diferendo seguirá haciéndose sentir en las próximas jornadas. Sobre todo, porque desde el ámbito gubernamental no se advierte la más mínima intención de intervenir a los efectos de erradicar los factores que están ocasionando los dislates de las últimas jornadas. Pareciera que a las autoridades no les interesa la prolongación de esta situación anómala, sino que, por el contrario, la aprecian con naturalidad, quizás con el propósito de que todas las dificultades que de ella derivan sean atribuidas por la opinión pública a la responsabilidad original de los productores rurales.


POR OTRO lado, tampoco se han dado explicaciones acerca de los motivos por los cuales la aplicación de las retenciones móviles (impuestos a la exportación, en realidad) se dispuso sólo por una mera Resolución de la cartera de Economía, cuando es harto conocido que tales medidas deben provenir del Congreso Nacional. Aunque también es cierto que las cámaras legislativas muestran un preocupante y condenable estado de inacción, derivación de su marcada dependencia del Poder Ejecutivo. La inconstitucionalidad se extiende, asimismo, al porcentaje de las retenciones que gravan a los embarques de soja, por cuanto la Corte Suprema de Justicia dictaminó, en su momento, que por encima del 33 por ciento, los impuestos son confiscatorios.


POR ENCIMA de tales anormalidades --convertidas en normalidades--, cabe insistir en que el gobierno carece, evidentemente, de una clara política para el sector agropecuario, por el cual muestra un particular desinterés, como no sea para acentuar sus apetitos impositivos. La Argentina, país privilegiado en materia de producción de alimentos y con enormes posibilidades de concretar, en estos momentos de fuerte demanda mundial, importantes operaciones en el escenario internacional, se ve tristemente relegada por otros países proveedores, como resultado de medidas adoptadas en los últimos tiempos, entre ellos el cierre o las limitaciones para las ventas de carne vacuna o la temporaria clausura de las exportaciones de trigo, finalmente reabiertas en los últimos días. Estos peligrosos vaivenes no hacen sino restar credibilidad y oportunidades, casualmente, a los productos que distinguen a la Argentina en el concierto de las naciones agropecuarias.



El comportamiento del gobierno, con decisiones erráticas, no hace más que conspirar contra las posibilidades de incrementar los negocios con granos y carnes en los mercados internacionales.
LNP