domingo, 7 de junio de 2009

ALÍ SCIOLI Y UNO DE SUS 40


Una causa por presunto enriquecimiento ilícito de un funcionario de su gobernación inquieta a Daniel Scioli, en plena campaña electoral. (Diego Paruelo)


Una causa por presunto enriquecimiento ilícito de un funcionario de su gobernación inquieta a Daniel Scioli, en plena campaña electoral. (Diego Paruelo)

Aunque se refugió en un prudente silencio, Daniel Scioli está que trina. En medio de la campaña electoral, la Justicia inició una investigación al interventor del Instituto Provincial de Loterías y Casinos bonaerense, Luis Alberto “Chiche” Peluso, por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.

La Unidad Funcional de Instrucciones Complejas Número 8 de La Plata (UFIC) quiere saber si el funcionario nombrado por el gobernador manejaba una mesa de dinero en el casino flotante de Buenos Aires y giraba los beneficios millonarios de ésta a una empresa familiar radicada en América del Norte.

Las mesas de dinero están expresamente prohibidas por la Lotería Nacional ya que fomentan la adicción al juego. La empresa familiar que Peluso evitó incluir en su declaración patrimonial es la norteamericana BEPEL Investments Inc. Tiene domicilio legal en 100 SE, 2nd Street, Suite 2900, Miami, estado de Florida.

BEPEL es el acrónimo de Belén Peluso, el nombre de la hija del investigado. La Ley de Ética Pública exige que los funcionarios declaren no sólo sus bienes, sino también el de sus allegados directos. Los titulares de la UFIC, Esteban Lombardo y Jorge Paolini, tienen en su poder la copia del registro de BEPEL en la división corporaciones del Departamento de Estado de Florida. Peluso, su hija y su esposa Carmen Liliana Adelardi figuran allí como integrantes del directorio desde
2004.

La Justicia está chequeando si Adelardi mantiene contratos de representación con hoteles y casinos de Las Vegas. Entre ellos Bellagio, Mandalay Bay Resort & Casino, MGM Grand Hotel-Casino y The Mirage. El ocultamiento de la empresa y de las actividades conexas de la familia abonan, además, la hipótesis del lavado de dinero.

El caso le explota a Scioli en medio de una campaña que lo tiene de candidato a diputado en la lista de Néstor Kirchner.

Del trabajo de la UFIC también están al tanto en la residencia de Olivos. Sin embargo, voceros del gobernador y del ex mandatario se negaron a realizar declaraciones sobre el espinoso tema. “Se vienen las elecciones: todo lo que digamos servirá para agitar un tema que todavía no fue probado”, señalaron en La Plata.

La punta del ovillo está en otra causa judicial que investigó si Peluso encabezaba una sociedad que prestaba dinero a jugadores del casino flotante de Buenos Aires. Entre los presuntos socios de ese emprendimiento ilegal figura Miguel Ángel Egea, un hombre vinculado al ex secretario general de la Presidencia Alberto Kohan y diversos represores de la última dictadura militar.

Peluso ya fue denunciado por Rubén Curdi y Oscar Robinson en el Juzgado Nacional de Primera Instancia de Trabajo, número 16. El primero aseguró haber sido empleado de la mesa de dinero. Robinson se presentó como uno de los integrantes de la sociedad. En una reciente nota al diario Perfil, este empresario reveló el modus operandi de esa financiera.

Dijo que:

• “El barco del casino llegó en octubre de 1999. El 3 de noviembre se formó la sociedad de hecho y el 15 de diciembre logramos arreglar que el casino nos dé el 12,5 por ciento de la pérdida individual de cada uno de nuestros jugadores a liquidar cada tres días. Ahí estaba el gran negocio.”

• “El trato con Peluso, Egea y compañía era asociarnos para prestar dinero en el barco del casino y atraer nuevos clientes para llevarlos a jugar. Yo traía la experiencia y ponía dos empleados. Uno de ellos era Rubén Curdi. Ellos ponían el capital, aportado por otros dos socios, Mario Luis Fernández e Isaías Vodolarsky: 780 mil dólares.”

El juicio laboral fracasó porque la empresa denunciada era fantasma y la actividad que realizaba, ilegal. Peluso negó haber tenido participación en la misma. El abogado Enrique Perigiani retomó el tema en la última semana. Y aportó pruebas sobre la empresa familiar que el interventor del Instituto Provincial de Loterías y Casinos tendría en los Estados Unidos, a donde podría estar girándose la recaudación obtenida en esa mesa ilegal del dinero.

Por eso denunció penalmente a Peluso y motivó que la UFIC se aboque a seguir la ruta del dinero. Esa unidad investigadora ya solicitó la declaración jurada del funcionario y los números de las cuentas bancarias y de las empresas a su nombre.

Piragini es un viejo conocedor de Tribunales y desde su ONG Ariel (Argentina Recupera Idoneidad en Libertad) suele realizar presentaciones contra personajes de notoriedad pública, como Fernando de la Rúa o Diego Maradona.

El kirchnerismo lo sufrió en carne propia cuando Roberto Bendini y Romina Picolotti fueron demandados por manejos irregulares de los fondos del Ejército y de la Secretaría de Medio Ambiente. Amén del afán de protagonismo del abogado, a la sazón candidato a diputado por el ignoto Partido del Campo Popular, el “caso Peluso” inquieta en Olivos y en La Plata.

Los antecedentes no ayudan al titular del Instituto Provincial de Loterías y Casinos. La Oficina Anticorrupción lo investigó por presuntos contratos irregulares celebrados con María Julia Alsogaray.
Entonces Peluso estaba a cargo de la empresa de servicios de limpieza Linser S. A. y la representante del menemismo era interventora de ENTel.

El hombre de los casinos, bingos, agencias e hipódromos ahora teme repetir la historia de María Julia. Es que al ser investigada por enriquecimiento ilícito, la Justicia descubrió que la ex polifuncionaria ocultó un dato clave en su declaración patrimonial (una doble propiedad frente al Central Park de Nueva York). Terminó presa.

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