TAMBORES DESTITUYENTES

Tambores destituyentes

por Mauricio Ortín
Profesor de Filosofía - UNSa

El origen de la crisis política que envuelve el país ha salido a la luz en los últimos discursos de la señora Presidenta. Ante la asamblea legislativa del primero de marzo, denunció por corrupción al Poder Judicial al afirmar que los jueces cobran las sentencias o fallan por la tapa de Clarín. Dijo, también, que la Justicia actúa como un partido (político) judicial opositor y que los legisladores pretenden, se supone, ilegítimamente en un sistema presidencialista, cogobernar.

Dos días después, reafirmó sus dichos y agregó que no acatará lo ordenado por el Poder Judicial con respecto a no pagar la deuda externa con las reservas del Banco Central. Se trata de una crisis de forma y de fondo; o, algo más complejo aún, una crisis donde la forma se convierte en el problema de fondo. Aparentemente el gobierno, al ofrecer pagar con reservas del Banco Central, quiere dar señales claras de que el país honra sus deudas y que los inversores y prestamistas del exterior pueden confiar en las garantías que ofrece el Estado nacional para con su dinero. Es decir, obtener préstamos a bajo interés para financiar las obligaciones con los acreedores.

Ahora bien, este encomiable propósito se da de patadas con actos como el que tuvo la Presidenta al deslegitimar al Poder Judicial en su conjunto. De hecho, en la inauguración de las sesiones ordinarias del Poder Legislativo de la Nación, la Presidenta declaró de manera oficial, pública y explícita el estado de inseguridad jurídica de la Argentina. No es la mejor manera de atraer capitales de inversores externos y, menos, de hacer una carta de presentación para solicitar créditos de bajo interés.

Además, los ciudadanos comunes ¿porqué, de aquí en más, debemos acatar los fallos de la Justicia, si ésta es corrupta y la Presidenta no los acata? También, pueden aparecer otro tipo de complicaciones. Por ejemplo, en el plano internacional, que autoridad tiene un pedido de extradición firmado por un juez argentino. Cualquier persona requerida por la Justicia argentina en una situación de este tipo podría alegar ante la autoridad local (exhibiendo como prueba el discurso-denuncia de la Presidenta a la Asamblea Legislativa) que no corresponde que se lo extradite dado que en la Argentina no hay garantías de un juicio justo.

El problema de forma se hace de fondo cuando, por una pésima interpretación de la Constitución Nacional, de manera equívoca, se entiende que por el hecho de que nuestro sistema es presidencialista (en oposición a parlamentario) el titular de la presidencia de la Nación es el único que gobierna y que los demás poderes del Estado deben estar sujetos a su voluntad. De este modo se asimila al presidencialismo con el fascismo; el cual pone como condición de "gobernabilidad" el ejercicio absoluto del poder.

Tiene razón la Presidenta cuando habla de intencionalidad destituyente. Pero, más que un "tufillo", lo que apesta en la Argentina es el denso hedor destituyente que pretende desconocer la independencia de los jueces y las atribuciones constitucionales de los legisladores de la oposición. Hay que tener talento para gobernar una república.

Disimular la incompetencia de gestión con el argumento de que no me dejan gobernar porque soy mujer, porque la prensa me odia, o la oposición es destituyente, es patético. Bachelet, Lula Da Silva, Tabaré Vázquez, Uribe, presidentes de izquierda o de derecha no necesitan victimizarse o apelar a la lástima para justificarse.

La Argentina está dando señales incontrovertibles de que quiere ser gobernada con el sistema republicano que consagra la Constitución Nacional. No se aprecia que la señora Presidenta haya advertido este cambio. Es "el tren de la historia" la luz que se ve al final del túnel y que se intenta parar.