INSEGURIDAD

EL IMPERIO DE LA INSEGURIDAD



Por Ernesto Bobek Cáceres

Abogado (Justa Causa)

ebobek@fibertel.com.ar





Analizando las causas que afectan la calidad de vida de los argentinos encontramos una cantidad de factores, entre ellos la educación y la salud pública. Pero si reducimos a mínima expresión esos motivos, -atendiendo a los principales reclamos de los ciudadanos de todos los estratos sociales-, encontramos un elemento común: La inseguridad.



Es un tema que el gobierno recurrentemente elude. Tabú: De eso no se habla. Ni la presidente ni sus ministros abordan el tema siquiera tangencialmente. Desde la “sensación” hasta las estadísticas fraguadas han logrado que la gente viva aterrorizada y escandalizada por hurtos y robos con violencia inusitada, y secuestros seguidos de alevosos homicidios, entre otras desgracias.



Ha llegado un punto en que la sociedad ya no cree en las estadísticas oficiales. Todos fuimos víctimas de algún hecho violento o tenemos parientes muy cercanos o amigos íntimos que los han padecido. Desde golpizas y homicidios a personas ancianas para sacarles una magra jubilación, hasta el corte de dedos de colectiveros que solo pueden tener encima efectivo para un refresco o una minuta; secuestros extorsivos, secuestros virtuales y de mascotas; ya nadie puede racionalmente dar crédito a los dichos de un ministro de seguridad que propala que los índices de criminalidad están en descenso. Al hacerlo queda en ridículo y deja al gobierno expuesto a crecientes y justificadas críticas por su irresponsable indiferencia.



No podemos eludir mencionar que la inseguridad jurídica provocada desde el Poder Ejecutivo con su política de confrontación, espanta inversiones y por tanto el crecimiento de la economía. Esta circunstancia también afecta la seguridad, pero excede el marco del presente análisis.



El delito no se combate con discursos sino con hechos. La inacción denota incapacidad, incurriendo el gobierno en la sistemática violación de elementales preceptos constitucionales como garantizar la seguridad. Seguridad ambulatoria para poder movilizarnos a nuestros trabajos, a nuestro lugar de estudio o a lugares de esparcimiento. Nos han obligado a modificar nuestros hábitos, desde los horarios de trabajo y traslados, hasta los de salidas durante el día o la noche. En ese aspecto -y como siempre- los más castigados son los ciudadanos de menores recursos, quienes viven más alejados de los grandes centros urbanos.



Sabemos que las villas miseria están habitadas por un 85 % de extranjeros, pero no logramos comprender que las autoridades nada hayan hecho. Esos inmigrantes se educan en nuestras escuelas y universidades y son atendidos en hospitales públicos. Los “vivos” de siempre, aprovechan para ofrecerles trabajos en negro perjudicando de esta forma las posibilidades y calidad laboral de los argentinos. No es que no debamos ser solidarios con los extranjeros, especialmente con los de países vecinos. Pero una cosa es solidaridad y otra imbecilidad. Ya nuestra Carta Magna desde el Preámbulo, nos enseña a recibir a cuantos quieran habitar nuestro suelo, pero ello requiere que se exijan ciertas condiciones básicas a la inmigración: Salud, educación, capacitación en algún arte u oficio, carencia de antecedentes criminales, entre otras.



La pobreza y la marginalidad encuentran origen en diversos motivos, entre ellos erradas políticas de estado o directamente ausencia de una política de estado. No es el clientelismo prebendario una política de estado, sino una forma de hacer política partidaria a costa de nuestros bolsillos. No se trata de anular la presencia y el necesario aporte del estado ante situaciones de emergencia, con leyes sociales que ayuden a los más necesitados. Pero esas leyes sociales deben tener un patrón socioeconómico que tienda a insertar a los necesitados en un sistema laboral justo y no a subvencionarlos indefinidamente a cambio de favores electorales.



La falta de trabajo digno y estable afecta nuestra calidad de vida. Países avanzados padecen índices de desocupación intolerables debido a la última crisis internacional. Valga mencionar el caso de España, con 20,8 % de desocupación real y reconocida. Consecuentemente no es patrimonio autóctono el de la desocupación, pero cada país y cada región deben buscar las soluciones menos traumáticas y más eficientes. Resulta falso responsabilizar por el desempleo y la marginalidad a una desigualdad social originada en malas políticas, ya que esa desigualdad, en un país pletórico de recursos como el nuestro, no existiría si hubiera decisión política para abordar el tema con seriedad. Y es por ello que cuando votamos debemos exigir a quienes favorecemos con nuestra decisión honestidad, capacidad y eficiencia.



Tampoco resultaría justo, ni pretendo achacar todo el problema de la inseguridad al actual gobierno, ya que las carencias al respecto datan de varias décadas. Décadas en las que muy poco se hizo por hacer cumplir las leyes, ni mejorar otras.



Cuando a diario nos enteramos de aberrantes delitos cometidos por gente de menos de 30 años, con frondoso prontuario por delitos contra la propiedad, con armas y gran violencia, necesariamente nos preguntamos cómo esos delincuentes con tantas causas penales y condenas estaban en libertad al momento de perpetrar un nuevo ilícito.



Sugiero entonces, que las condenas por delitos violentos, partiendo desde un simple arrebato, tengan pena de cumplimiento efectivo. Traduciendo: Una condena a seis meses o 6 años de prisión deberá cumplirse íntegramente. Y si el interno tiene mala conducta deberá cumplir más. Jamás la buena conducta en un establecimiento penitenciario puede siquiera sugerir la reducción de una pena impuesta por un juez competente en ejercicio de su magisterio.



Ello implica la inmediata construcción de institutos carcelarios de excelencia, donde se cumpla el precepto constitucional de reinserción social del reo, refirmándose así que las cárceles no son para castigo. Obviamente es una tarea que requiere de una enorme partida presupuestaria, pero resulta imperativa. Las cárceles del país están atestadas. Los internos se encuentran hacinados, mal alimentados y prácticamente imposibilitados de aprender un oficio y tener un espacio para recreación deportiva. Todos sabemos que en las unidades penitenciarias entra todo tipo de droga y que los detenidos, -en su mayoría- aprenden a perfeccionarse en técnicas delictuales para cuando recuperen la libertad.



Otra gran deuda es la construcción de centros de internación para menores delincuentes, que se encuentran colapsados. Las pocas veces que se los interna, escapan y recaen una y otra vez en delitos violentos. Chicos de 15 años con 10 y 20 causas penales solo quedan internados ante la comisión de delitos gravísimos, y algunos pagan con la vida su carrera delictual sin prevención y adecuado seguimiento. Sus padres no pueden con ellos. El Estado no puede darles la espalda.



Entonces, o el gobierno asume su indelegable obligación de brindar seguridad y así frenar y combatir el delito, o en muy poco tiempo terminaremos todos armados para defender nuestras vidas y las de nuestras familias. Argentina se puede convertir en una extemporánea sucursal del Far West, y al paso que vamos, estamos peligrosamente cerca.