SENSATEZ

CAMINO A LA SENSATEZ PARA SALVAR LA DEMOCRACIA

Por el Jorge R. Enríquez (*)

La mentira, lo hemos dicho infinidad de veces, es, junto al hostigamiento a la prensa libre y la justicia independiente, así como la destrucción de los controles republicanos y el federalismo, una de las políticas centrales del kirchnerismo.

Es parte inescindible del "modelo", que no consiste en ninguna doctrina económica sino en la concentración obsesiva del poder.

El ejercicio más abyecto de la mentira, aunque no el único, se da en el caso del INDEC. Desde principios de 2007 asistimos a una manipulación grosera de los índices que ese organismo elabora, en especial el índice de precios al consumidor (IPC). Los resultados del IPC oficial suelen ser de aproximadamente un tercio de los reales.

Ni los propios funcionarios oficialistas niegan esta evidencia cuando hablan en "off", aunque intentan justificar la mascarada alegando variadas razones. Uno de los más consecuentes y bien pagos publicistas oficiales, el inefable Sr. Braga Menéndez, alguna vez publicó una carta de lectores en “La Nación” en la que candorosamente reconocía la falsedad de los datos del INDEC, pero sostenía que ello era necesario para que no se pagaran más intereses a los tenedores de bonos con cláusula de ajuste por inflación. Es decir, una estafa lisa y llana perpetrada por el gobierno contra quienes confiaron en su buena fe y le prestaron dinero, celebrada además por sus corifeos.

Esta operación alcanzó ribetes tragicómicos cuando la Secretaría de Comercio sancionó a consultoras privadas por difundir índices que no coinciden con la historieta escrita por el INDEC. Se apeló, para justificar este mamarracho jurídico, al artículo 9 de la ley de lealtad comercial, que prohíbe la publicidad engañosa como medio de incentivar la venta de productos o servicios.

Aquí no hay publicidad ni engaño, ni venta de nada. Lo que se ha hecho no es otra cosa que un grosero acto de censura estatal.

Lamentablemente, ese acto ya está dando sus frutos. Algunas consultoras informaron que ya no difundirán sus índices.

El cinismo que campea en todo este episodio es inconcebible en una república democrática. Se asemeja más a esa continua reelaboración de la historia que era común durante la dictadura de Stalin.

Frente a estos métodos patoteriles y totalitarios, el ministro del área, Amado Boudou, debería haber sido, cuanto menos interpelado por el Congreso, aun cuando las conductas descriptas justifican largamente su juicio político, pero en las cámaras no hay número suficiente para obtener las mayorías agravadas (2/3) que se requieren a tales efectos.

No obstante esta restricción no debe impedir que continúe la tarea de esclarecimiento y repudio. Confiemos en que los jueces intervengan rápidamente para suspender los efectos de las resoluciones sancionatorias y para iniciar el verdadero juzgamiento que los argentinos de bien esperamos: no el de los técnicos y economistas que nos ayudan a conocer la realidad, sino el de los funcionarios que a sabiendas violan la Constitución y las leyes.

DOCUMENTO DE LA OPOSICIÓN

La semana pasada se emitió un documento que alertaba sobre los peligros para la democracia.

Expresaba el instrumento titulado "El deber de cuidar la democracia", que "la libertad de expresión, la independencia del Poder Judicial y el efectivo cumplimiento de sus fallos se nos impone por encima de nuestros programas de gobierno, de nuestras coincidencias y de nuestras disidencias y "forma parte de un acuerdo pétreo, inamovible, que debe respetarse gobierne quien gobierne".

Lo inédito es que lo firmaron algunos de los principales líderes de la oposición, que confluyeron en esa iniciativa pese a sus -en algunos casos enormes- diferencias recíprocas.

Así, la firma de Elisa Carrió estaba, por ejemplo, junto a la de Eduardo Duhalde, Ricardo Alfonsín, Ernesto Sanz, Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay, Federico Pinedo, entre otros.

Algunos relativizan esos riesgos para la democracia, ya que no vislumbran golpes de estado.

Es cierto que esas agresiones clásicas a la democracia por suerte han quedado en el olvido, pero ahora advertimos un debilitamiento de las instituciones democráticas desde adentro de la propia democracia.

Cuando se hostiga a la prensa libre, cuando se incumplen fallos judiciales, cuando se agrede y se humilla a la oposición a través de una sistemática campaña por los medios estatales, cuando se sanciona a consultoras por decir la verdad sobre la inflación, la democracia se achica día a día.

¿Es esta coincidencia el esbozo de otras coincidencias que puedan llegar a un frente electoral?

Es difícil decirlo hoy, aunque sin dudas esa idea anida en muchas cabezas.

Por caso, Federico Pinedo aclaró que “hay tres niveles de acuerdo: el institucional, el de políticas de Estado y el electoral, por lo que no hay que confundirse", aun cuando Macri se haya manifestado públicamente en favor de una "candidatura unificada" de la oposición en las elecciones presidenciales, como objetivo de máxima para todo el espacio.

Ernesto Sanz y Julio Cobos están dispuestos a transitar ese camino, aunque otra voz radical, la de Ricardo Alfonsín, al igual que Elisa Carrió y Pino Solanas hayan expresado el rechazo a aquella propuesta.

Se invoca, como ejemplo en contrario, la experiencia de la Alianza, pero no se señalan las enormes dificultades económicas que padeció esa coalición. Es simplista explicar el derrumbe de fines de 2001 con ironías infundadas sobre Fernando De la Rúa, a la par que se omite señalar que los vientos económicos no eran de cola, como ahora, sino de frente y que la caída de su gobierno fue el fruto de situaciones orquestadas para desestabilizarlo, configurando, así, una suerte de golpe de estado civil.

El bipartidismo clásico ya no existe. La oposición está fragmentada, frente a un oficialismo hegemónico e inescrupuloso. En este contexto, es inevitable que se constituyan alianzas o frentes sobre la base de algunas ideas fundamentales.

Cuán abierta será esa coalición es lo único que cabe discutir, no su necesidad.