OBEDECER O NO COMER

Publicada 05/05/2008
Al inicio de la semana / Roberto Cachanosky
Argentina, Bolivia y Venezuela: ni los precios internacionales los salvan del caos

A pesar de disponer de recursos naturales que se cotizan muy bien en los mercados internacionales, los tres países enfrentan momentos críticos porque carecen de instituciones serias que incentiven las inversiones.


Al momento de escribir esta nota, todavía no se conocía el resultado del referéndum en el departamento boliviano de Santa Cruz por el cual se consultó a la población sobre la autonomía regional de esa región. Bolivia se encuentra hoy dividida e, inclusive, el gobierno de Evo Morales habla de la posibilidad de una guerra civil. Vale la pena recordar que el departamento de Santa Cruz genera el 30% del PBI del país andino, riqueza de la cual, obviamente, se aprovechan los burócratas de La Paz.

Más al norte tenemos a Hugo Chávez, quien –sentado sobre un mar de petróleo– está enfrentando serios problemas de abastecimiento y un gran aumento en los precios de algunos alimentos. Así, a pesar de que el barril de petróleo está en niveles récord, el comandante bolivariano se ha enfrentando con una especie de Rodrigazo, mientras la población, al igual que en Bolivia, está fuertemente dividida.

Finalmente, al sur de América aparecemos nosotros que, con el precio de las commodities en niveles récord, estamos sumergidos en una serie de graves problemas como el desborde inflacionario, la escasez de combustibles, la falta de energía y el desabastecimiento. A diferencia de lo que sucede en Bolivia y Venezuela, la sociedad no parece estar aquí enfrentada, sino que el Gobierno, con su discurso agresivo, intenta dividirla –sin gran éxito, por lo que se está viendo–. El típico caso es el del campo. Hoy, para el Gobierno, todos los problemas que padecemos parecieran tener como responsables a los productores agropecuarios. Desde la inflación hasta el humo de los incendios en los campos son, según el Ejecutivo, responsabilidad de ese sector de la economía.

Por ejemplo, la semana pasada el inefable Hugo Moyano decía que la inflación se había disparado por causa del paro agropecuario. La realidad es que, cuando se observa la evolución de las expectativas inflacionarias, se advierte que las mismas venían creciendo en forma acelerada desde el año pasado, cuando no había paro agropecuario, y terminaron disparándose en marzo de este año. Como decía antes, para Moyano la inflación es culpa del campo. Sin embargo, en marzo el campo todavía no había hecho ningún paro, mientras los dirigentes sindicales sí pedían aumentos de salarios que generaron una estampida de las expectativas inflacionarias.

Argentina, Bolivia y Venezuela están pasando por momentos críticos a pesar de disponer de recursos naturales que se cotizan muy bien en los mercados internacionales porque carecen de instituciones serias que incentiven las inversiones. No es casualidad que los discursos agresivos de los tres gobiernos, que intentan dividir a la sociedad, tenga como resultado común problemas económicos y políticos profundos. ¿Qué es lo que pretende Evo Morales? Vivir a costa de lo que producen los santacruceños. ¿Qué es lo que pretende el gobierno argentino? Vivir a costa de lo que produce el campo.

Se trata de sistemas en los cuales unos trabajan mientras otros rapiñan en beneficio propio y en los que cuando el que es esquilmado levanta la voz de protesta, pasa a ser un insensible que quiere lucrar con el hambre del pueblo y tiene una ambición desmedida de ganancias. Es la vieja historia de los gobiernos populistas que luego derivan en sistemas autocráticos: estimulan la vagancia, fomentan la cultura de la dádiva y explotan a los que producen para financiar la fiesta populista.

¿Por qué el populismo deriva en sistemas autocráticos? En primer lugar, porque en los gobiernos populistas siempre hay un germen autocrático, una tendencia al autoritarismo. Y, segundo, porque el populismo se basa en redistribuir y en castigar a los que producen.

En la Argentina, por ejemplo, es hoy común escuchar a funcionarios públicos argumentando que tal o cual sector ganó mucho dinero en los 90 o durante los últimos cinco años y que, por tanto, ahora debe sacrificar parte de sus utilidades para sostener a los más pobres. Si esto es así, quiere decir que el modelo en marcha no ha sido tan exitoso a la hora de combatir la pobreza, porque luego de cinco años de exprimir impositivamente a la población deberíamos estar asistiendo a una baja de impuestos y no a un aumento dado que tendríamos que estar repartiendo menos subsidios gracias a que, según el Gobierno, hay menos pobres. Por otro lado, nadie invierte porque en el pasado ganó dinero en una determinada actividad, sino que invierte por las utilidades que espera obtener en el futuro. Nadie va invertir lo que ganó en el pasado para perderlo. Se trata de un principio básico de Economía que parece no entrar en el razonamiento del modelo económico imperante.

En los sistemas en los que se respetan los derechos de propiedad, se incluyen las utilidades porque de nada sirve tener el título de propiedad de un bien si el Estado decide cómo debe usárselo, se apropia de las utilidades que genera y amenaza constantemente con confiscar el fruto del trabajo de los propietarios.

La función social de las utilidades es, justamente, atraer inversiones para generar más riqueza y trabajo. Si un sector obtiene utilidades más altas que el promedio del resto de los sectores productivos, habrá nuevos inversores que querrán entrar en el negocio. Así, invertirán, producirán más, crearán más puestos de trabajo y los pagarán mejor. Ésta es la fórmula que encontró la humanidad para desarrollarse y los países que la aplicaron hoy tienen poblaciones que disfrutan de altos niveles de vida. El esquema de progreso es muy sencillo: respetar el fruto del trabajo ajeno y permitir que se desarrolle la capacidad de innovación.

Cuando el Estado se apropia de las utilidades, desestimula la inversión, reduce la producción porque desaparecen los productores marginales y aumenta la pobreza. Al aumentar la pobreza, comienza el descontento popular y es en ese punto cuando la falta de libertad económica conduce a la limitación o eliminación de las libertades civiles y políticas.

¿Por qué? Porque al aumentar la pobreza, fruto de la expoliación estatal, el descontento popular sólo puede frenarse con medidas represivas, persiguiendo a los opositores, inventando conspiraciones y silenciando a la prensa.

Ese que el populismo únicamente puede subsistir mientras tenga alguien que produzca para financiar la repartija de dádivas. Pero como ahoga la producción, cada vez se genera menos riqueza y hay menos recursos para repartir. Es entonces cuando la presión impositiva se transforma en salvaje y se recurre al monopolio de la fuerza del Estado para violar los derechos de propiedad confiscando utilidades o, directamente, el patrimonio de la gente. Es decir, el populismo ya no se financia apropiándose de las ganancias, sino que directamente lo hace consumiendo el stock de capital existente. Esto sigue hasta que se acaba el stock de capital y los gobiernos populistas ya no tienen forma de mantenerse en el poder salvo utilizando los mecanismos más aberrantes para silenciar a la población.

Si la gente no tiene libertad para producir su propio sustento y debe recurrir al burócrata de turno para subsistir, la cuestión es muy clara: se obedece al mandamás o no se come. © www.economiaparatodos.com.ar