sábado, 23 de septiembre de 2017

POLARIZACIÓN

Panorama político nacional de los últimos siete días Lo que crece más allá de la polarización Si bien en las operaciones electorales sigue imperando la lógica de la polarización, conviene observar un poco más atrás para comprender cuál será el clima político después de las urnas de octubre. En rigor, lo electoral propiamente dicho ha pasado a un segundo plano pese a que ya se ha iniciado el tiempo de campañas. Los timbreos y las giras de los candidatos no parecen incidir más que ínfimamente en la opinión de los ciudadanos. En cuanto a las apariciones periodísticas, aunque alcanzan cierta repercusión, pueden resultar contraproducentes: varios estudios demoscópicos muestran que la señora de Kirchner fue muy escuchada cuando respondió al primer reportaje en años con un periodista independiente, pero también que la intención de votar por ella decayó cuatro puntos porcentuales después de esa entrevista. Quizás por cautela, entonces, los dos candidatos más votados en las PASO bonaerenses–el oficialista Esteban Bullrich y la expresidente- vienen gambeteando con excusas la posibilidad de un debate público. Ella dice que no quiere que el espectáculo sea organizado por un canal de televisión privado (en referencia a TN, que habitualmente ha organizado esos shows políticos) y propone a cambio alguna universidad pública bonaerense, con participación de docentes y estudiantes de la carrera de comunicación. Supone probablemente que ese ámbito representa un hándicap en su favor. Esteban Bullrich, por su parte, toma distancia de esa iniciativa y afirma que él tiene un compromiso con TN. Es evidente que (al menos por ahora) ni una ni otro quieren encontrarse en el mismo lugar, circunstancia que naturalmente imposibilita el debate. Los otros candidatos a senadores bonaerenses –Sergio Massa, Florencio Randazzo y Néstor Pitrola- reclaman debatir donde sea sin subterfugios. Pero son Bullrich y la señora de Kirchner - uno y otro- los que determinan si el encuentro se produce o no. Alcanzaría con que uno de los dos tomara distancia del debate para volverlo impracticable. De hecho, la señora de Kirchner viene sugiriendo que el debate lo protagonicen Jorge Taiana (su escolta en la boleta de senadores) y Gladys González, la número dos de la lista de Cambiemos. “Yo y Bullrich ya estamos seguros de que seremos senadores –argumenta CFK-. Lo que está en juego es quién será el tercer senador, si Taiana o la candidata del Pro”. En fin, que la campaña muestra una lógica de consignismo y maniobras de fuga de lo que sea discusión de ideas y propuestas. Los “casos”: Nisman, Maldonado, estudiantes La primera plana, entonces, se cubre con el tratamiento de “casos”: el caso Nisman (que ha adquirido nuevo vuelo con la pericia desarrollada por la Gendarmería, que postula y fundamenta la hipótesis de que el fiscal fue asesinado por dos personas), el caso Maldonado (la inexplicada desaparición de un artesano simpatizante de sectores radicalizados de la comunidad mapuche, que sectores del kirchnerismo procuran atribuir a la Gendarmería y al gobierno nacional), las tomas de colegios secundarios de la ciudad de Buenos Aires (en oposición a una reforma pedagógica que, más allá de sus eventuales méritos o buenas intenciones, el gobierno porteño intenta aplicar verticalmente, sin debate ni participación de docentes, padres, alumnos y especialistas). Cada uno de esos casos atrapa fragmentos de opinión pública -a veces superpuestos y alineados, otras, divorciados y confrontados- que las facciones procuran conectar con la dialéctica electoral y sus opciones. El oficialismo esparce la idea de que las movilizaciones estudiantiles en la ciudad de Buenos Aires son piloteadas desde atrás por el kirchnerismo. Puede ser que detrás de esa interpretación conspirativa haya algún atisbo de realidad; cabe de todos modos preguntarse si un tratamiento más abierto y una comunicación más eficaz de parte de las autoridades porteñas no le habrían hecho más difícil la tarea a esa agitación. Es plausible, también, que los embates kirchneristas contra el papel de la Gendarmería en el tema Maldonado puedan vincularse con las conclusiones del análisis de esa fuerza sobre el caso Nisman, que evidentemente complican a quienes, durante la presidencia de la señora de Kirchner, participaron en la (morosa, deficiente) investigación sobre la muerte del fiscal que había denunciado a la titular del Poder Ejecutivo y a su canciller de faltas gravísimas. En cualquier caso, para defenderse de esos ataques el gobierno adoptó, durante los primeros tramos de la investigación del caso, una actitud de lejanía y frialdad que afectó la credibilidad de su compromiso ante la sospechosa desaparición de un ciudadano. Así, se puso en situación vulnerable ante presiones interesadas y hasta ante la presencia de organizaciones violentas que discuten al Estado argentino. Pichetto y los gobernadores Más allá del escenario de la polarización y de los “casos” que dispersan la atención de la opinión pública, lo que se puede observar es que protagonistas importantes tejen ya la tela de posibles acuerdos de convivencia para después de octubre. Esos acuerdos están en la lógica íntima de la situación política. Cualquiera sea el resultado de la elección de octubre, no hay chance de que ninguna fuerza (en primer lugar el oficialismo, aunque sea el que más votos consiga) se instale en una situación de hegemonía y de autonomía tal que le permita independizarse del resto de las fuerzas parlamentarias, provinciales y sociales. Así sea en distintos grados y con distintos instrumentos a su disposición, todos necesitan de todos. No hay un jugador en condiciones de ganar todas las manos. Es cierto que –como declaró el último jueves Miguel Pichetto, jefe de los senadores peronistas en un acto de la revista Movimiento 21- “algunos creen que cuanto peor, mejor. Y esperan que el Gobierno se autodestruya para poder ganar”. Pero esa postura, que Pichetto atribuyó implícitamente a la señora de Kirchner, queda prácticamente aislada cuando todos los sectores constructivos del sistema político se mueven con mirada de mediano y largo plazo. Pichetto ya da señales de cómo serán las cosas en el Congreso: búsqueda de diálogos para garantizar la gobernabilidad, tanto en la dimensión del Estado nacional como de las provincias y respaldo a una reforma social y a reformas de la productividad en las que participen el movimiento obrero, los empresarios y los movimientos sociales. El senador escucha sobre todo a los gobernadores y a los gremios. Frente a los que postulan una oposición sistemática del peronismo al gobierno, Pichetto argumentó: “Este gobierno no es una dictadura, son un gobierno democrático, expresan un capitalismo moderno.” Y aconsejó a la audiencia peronista que lo escuchaba: “No hay que subestimar al Gobierno; saben cómo ganar elecciones. El peor error del peronismo sería subestimar al Gobierno”. Triaca y los gremios Las conversaciones que el ministro Jorge Triaca mantiene con las conducciones sindicales caminan también en sendero de los acuerdos. El ministro practica una gimnasia que no todos en el gobierno imitan: mantener canales abiertos, escuchar a sus interlocutores, explicar con claridad los objetivos oficiales y tomar distancia de ideas ajenas que se le puedan atribuir. Así, ha dado garantías de que las reformas laborales que el gobierno busca no tienen que ver con las que puso en marcha Brasil bajo la presidencia Temer ni pretende poner en discusión el régimen legal tradicional de la organización sindical en Argentina. Despejar esas dudas fundamentales ha servido ya para que se disipara la perspectiva de una huelga general o un plan de lucha como el que impulsan sectores minoritarios del movimiento obrero. La conducción gremial más responsable sabe que no puede actuar aislada del conjunto del peronismo. Y la mayoría del peronismo (que hoy está representada por los gobernadores) no quiere desgastar su fuerza en hostilidades contra el poder nacional que conduce Macri. Quiere convivir con él (lo que no excluye regateos, pulseadas y conflictos moderados) reconstruir el justicialismo como fuerza política y competir electoralmente ofreciendo una alternativa superadora. Eco de esas reflexiones, el mismo jueves en el que habló Pichetto (y en el mismo escenario) el sindicalista Hugo Quintana, después de tomar distancia de las consignas favorables a un plan de lucha (“Sería inoportuno”, dijo), planteó que había que actuar con estrategia y con paciencia: “Prepararnos para 2019, y si no tenemos éxito, para el 21, o el 23...”. Por detrás de los “casos” y de las tácticas polarizadoras se entrevé la posibilidad de los acuerdos de consolidación del sistema político. Jorge Raventos

IDEAS FALSAS.....

IDEAS FALSAS, CAUSAS INVENTADAS Jorge Ossona Las narraciones mitológicas contienen siempre un ideal heroico útil para resolver los déficits identitarios congénitos de las sociedades modernas. Uno de las más candentes de la Argentina de nuestros días es el de la “nación mapuche”. Un fenómeno que, como todo aquel que procede de la Patagonia profunda, suele pasar inadvertido para el público de los grandes centros urbanos del país. En determinado momento, un hecho o una escalada lo ponen sobre el tapete de las discusiones nacionales. Tal es el caso de la desaparición del joven artesano Santiago Maldonado, presuntamente solidario con la “causa” del “pueblo originario” austral. Al menos en lo que va de la década, su expresión más gregaria, la Resistencia Ancestral Mapuche, contabiliza en las provincias de Neuquén, Chubut y Rio Negro setenta y siete atentados bajo la forma de asesinatos e incendios, secuestros extorsivos, robo de ganado y la destrucción de joyas del patrimonio turístico del país. Tal es el caso del incendio de la añosa estación El Maitén y la consiguiente parálisis del convoy a vapor “La Trochita” que ha debido reducir su recorrido de 400 kilómetros a apenas unos 20. El “mapuchismo” no constituye un fenómeno aislado sino que se inscribe en el más vasto del multiculturalismo emergente de la globalización y de la revolución tecnológica comenzada con el fin de la Guerra Fría. Como toda etapa de aceleración del cambio social suscita reacciones que idealizan nostálgicamente al pasado feliz de un pueblo étnicamente puro y moralmente sano corrompido por sucesivas afrentas de la modernidad capitalista injusta y enajenante. Hemos ahí la huella de algunos “intelectuales” indiscernibles de los imanes islamistas que están sembrando el terror en Europa. La impostura reaccionaria se diseña con el infinito menú de retazos contemporáneos evocativos de la mentada “causa ancestral”. Por caso, el relato explota problemas reales como el justo reclamo de comunidades aborígenes por tierras en disputa en los confines patagónicos, o las promesas incumplidas de gobiernos demagógicos como aquel que les prometió la administración de los parques nacionales de la región. Su resentimiento con la sociedad moderna induce a los líderes étnicos a abrazar la causa inventada proveyéndolos de armas y de apoyo logístico en contra del “enemigo”. En los pliegues de la “pureza”, sin embargo, también se ocultan algunos designios inconfesables como el robo de tierras o el tráfico de drogas a ambos lados de la frontera. Los conocen; pero también los toleran como insumo inevitable del “cuanto peor, mejor”. Los ideólogos no son, obviamente, “originarios”. A lo sumo, abusan de algunos valores culturales de las comunidades estratégicamente elegidas fraguando la conversión a sus también inventados “valores milenarios”. Reproducen, sin embargo, un conjunto de repertorios extraídos de la modernidad occidental como la revolución, la anarquía y el antiimperialismo. No resulta difícil detectar en la impostura la sombra de viejos pensadores europeos decimonónicos que, como Georges Sorel y su ideal de “violencia redentora”, dejaron su huella indeleble en las pesadillas del XX. Con esos ingredientes pretéritos amalgaman una causa contemporánea que recurre a la Historia para trazar las líneas de la guerra entre “el bien” y “el mal”. De un lado de la trinchera, la conquista española, el imperialismo ingles del siglo XIX, los Estados Nacionales “genocidas” hasta el neoliberalismo global de nuestros días. Del otro, los antiguos “araucanos” desagregados en sus diversas variantes tribales hasta llegar a los mapuches actuales. Valdivia, Roca, Benetton y Macri de un lado; Calfucura, Catriel y Facundo Jones Huala, del otro. Colecciones indiscernibles del Cambalache discepoliano. Hay otro escenario menos visible pero crucial del combate entre “el bien” y la pérfida razón moderna: las aulas. Sus destinatarios son jóvenes ávidos de una identidad sólida que los convierta en parte de un colectivo justiciero. Pululan por allí los apóstoles de los ideólogos enseñando el mensaje liberador e induciendo a los estudiantes a la violencia irredenta en las calles contra la policía, el “Estado represor”, y el “sistema”; ogro fantasmagórico de sus trillados repertorios conspirativos. Los más extremos, incluso, los invitan a confraternizar con los “pueblos originarios” selectos sumándose a su lucha directa. El resultado sobre los jóvenes “laburados”, lejos de su pretendido igualitarismo, destaca significativamente la diferencia elitista. Se auto perciben como los elegidos, dotados de un falso sentimiento de superioridad cultivado en el activismo fraterno entre pares de otras causas análogas: desde el género y la sexualidad hasta un neo hippismo artístico de indumentaria snob y prácticas entre naturistas y espiritualistas asociadas al consumo de alucinógenos. El resultado: miles de chicos que terminan, como poco, contagiados de la frustración y el resentimiento de sus formadores “setentistas”. Desactivar este proceso silencioso y gregario que en nombre de la democracia y de la libertad atentan en su contra constituye uno de los grandes desafíos de los próximos años. Tan difícil como la gobernabilidad de sus estragos culturales desintegradores. Enrique Guillermo Avogadro Abogado Tel. (+5411) ò (011) 4807 4401/02

viernes, 22 de septiembre de 2017

COMPLICADOS....,PERO

SÉ QUE ESTÁN COMPLICADOS, PERO… Malú Kikuchi (23/9/2017) Nos están pasando demasiadas cosas que deben evitarse y no se evitan. Sabemos que el gobierno de Cambiemos tiene muchos problemas con demasiadas aristas, la herencia ha sido terrible y difícil de remontar. Pero hay hechos que no se explican. Sabemos que la corrupción K fue institucionalizada, que casi todos los órganismos de control trabajaban para dar protección a los ladrones y no para proteger los dineros del pueblo. Sabemos que la Argentina debe cambiar de conductas y de conceptos (muy difícil), sabemos que después de la insoportable era K, este gobierno cree en el diálogo por encima de cualquier otra cosa, y eso es bueno. Pero… En una casa de familia, los padres tratan de dialogar con sus hijos, de explicarles porque hay cosas que se pueden hacer y otras que no. A veces da resultado, otras no. Es entonces que los padres aclaran: Mientras vivas en esta casa, se cumplen las reglas de esta casa, cuando te vaya a vivir por tu cuenta, pondrás tus reglas, pero ahora son las nuestras. Creo que todos hemos pasado por esto, como hijos y como padres. Por eso es difícil entender que el gobierno tolere actitudes de parte de ciertos grupos que atentan directamente contra la ley. Y si el gobierno no hace respetar la ley, entramos en la anarquía, paso previo a otros males. Los alumnos de la ciudad de Buenos Aires no están de acuerdo con la reforma educativa del año próximo. No la aceptan y toman colegios. Tomar un edificio público o privado, es un delito penado por la ley. Sin dejar de cuestionar a los padres, ¿qué esperan los rectores de colegios tomados para dejar libres a los “revolucionarios”? Nada de ausentes, libres. Si se hubiera tomado esta medida con 40 chicos, no habría tomas. Pero el gobierno prefiere “dialogar”. Y no importa si la reforma se lleva a cabo, el precedente es nefasto. Al alumno que no le guste algo, junta un grupito, algo muy simple a esa edad, y a tomar colegios. ¡Qué ejemplo! El jefe de Gobierno de la Ciudad dice que se puede desarmar un corte de calle de 50 personas, pero no de 500. ¿Por qué dejar que lleguen a 500 si pueden detener a 50? Con las policías unificadas, no hay excusas. Van deteniendo los primeros 50 y luego a los otros y a los otros. Las calles no se cortan ni en La Habana, ni en Miami. La gente no anda por la calle con la cara tapada y palos en la mano. La ley no lo permite. No se hace. En cuanto al invento mapuche, por más que sea un tema provincial y seamos federales, el asunto empieza a ser demasiado serio como para que no intervenga la Nación: secesión territorial, nada menos. RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), grupo terrorista, adiestrado en el manejo de armas por las FARC (estaba explicado en el disco dura de la computadora de Raúl Reyes, Angostura, Ecuador 1/3/2008), crece. Desde tiempos K, grupos mapuches (la mayoría se sienten argentinos y son gente de bien), vienen ocupando tierras, hoteles, montañas, iglesia (católica) y colegios privados. Nadie hizo nada. Ni el intendente al que le correspondía la zona, ni el gobernador y mucho menos el gobierno K. RAM, ni argentinos, ni chilenos, “mapuches”, pretenden un territorio que no les corresponde (son invasores llegados de Chile), que se encuentra entre el río Colorado y el río Negro, al que sueñan sumar el sur de Chile. Todo ese territorio, en principio del Pacífico al Atlántico, conformaría “The Mapuche Nation”, por ahora con sede en Bristol, Nº6 Lodge Street, Reino Unido. El problema chileno le corresponde a Chile. El nuestro es peor. Los mapuches son araucanos, “inmigrantes”, la mayoría adaptada a la Argentina, pero estos grupos terroristas que ensalzan a Marx, adoran a Fidel y odian al capitalismo, pretenden arrancarnos un pedazo de Nación. Está penado por el Código Penal, desde el artículo 214 al 218; está tipificado como traición a la Patria, y lo es. ¿Por qué más allá de intentar un diálogo imposible, el gobierno nacional no toma medidas en serio? Facundo Jones Huala debe ser deportado a Chile donde lo espera un juicio por incendio, asesinato y otras menudencias. El simple enunciado del deseo de partir la Argentina es criminal. ¿Por qué no se los juzga? Ni siquiera se les obliga a devolver todo aquello que han ocupado ilegalmente. ¿Somos un país sin ley, el “far west” del siglo XXI? Tenemos leyes, tenemos un gobierno legítimo votado por el pueblo, ¿por qué no actúan? Ya no es el huevo de la serpiente, la serpiente nació, hay que acabar con ella antes de que siga creciendo y acabe con nuestra unidad territorial.

Pacificación Nacional Definitiva: CARTA DE LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS POR LA JUSTICIA...

Pacificación Nacional Definitiva: CARTA DE LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS POR LA JUSTICIA...: Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017. S.E.R. Mons. Héctor Aguer Arzobispo de La Plata P  r  e  s  e  n  t  e Excelencia: ...

sábado, 16 de septiembre de 2017

PANORAMA- LA GRIETA

Panorama político nacional de los últimos siete días La grieta peronista alienta la ilusión del oficialismo A días de que se lance formalmente la campaña de las elecciones de octubre, el gobierno recibe encuestas que le vaticinan un triunfo en la provincia de Buenos Aires. La pequeña diferencia que permitió la victoria de Cristina Kirchner en las PASO (un 0,2 por ciento) se revertiría el mes próximo a una ventaja de entre 3 y 5 puntos en beneficio de Esteban Bullrich, el candidato de Mauricioi Macri y María Eugeni a Vidal. La intención kirchnerista de ganar terreno responsabilizando al gobierno por la desaparición del artesano Santiago Maldonado , presentándolo como una continuidad maquillada de la dictadura de los años ’70, nunca penetró fuera del círculo ideologizado que rodea al mundo K y a algunas fracciones de ultraizquierda. Por otra parte, los datos duros que surgen de la investigación judicial desmienten ya con elocuencia las hipótesis envenenadas que culpaban a la Gendarmería como fuerza y a la autoridad política de una desaparición forzada. Una cosa es el exceso eventual de algún efectivo y otra una operación planificada, que se encuadraría como delito imprescriptible. La ausencia de huellas genéticas en los vehículos de Gendarmería ha desvirtuado testimonios dudosos; otros (como cierto presunto avistaje con binoculares desaparecidos) se desmienten solos. Un boleto de dos tramos El horizonte luce, así, despejado para la visión macrista; tanto, que ya se ha instalado con firmeza en su cúpula la idea de que habrá un segundo período. “"El plan de Macri está concebido para que dure ocho años", acaba de proclamar el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. Ayuda a ese optimismo la posibilidad de que, incentivadas por la notoria presencia de la señora de Kirchner, las fuerzas centrífugas que muchas veces han amenazado al peronismo terminen cristalizando esta vez una división permanente. El amplio espectro peronista (que desde su origen incluyó corrientes de origen conservador, radical, nacionalista, liberal, socialista y hasta comunista y trotskista) más de una vez se expresó en divisiones circunstanciales en el terreno electoral que, sin embargo, a poco andar terminaban resumiéndose en procesos de unidad y se disciplinaban contradictoriamente bajo un nuevo liderazgo. Hubo grupos(“ neoperonistas” se los llamaba entonces) que intentaron usufructuar la larga proscripción de Perón y después volvieron al redil (aunque algunos se mantuvieron como partidos provinciales autónomos); hubo un intento montonero de desafiar al peronismo con un partido propio (el “peronismo auténtico”), que tuvo mala performance y corta vida y se desvaneció. El antecedente radical Es probable que esta vez la división entre una rama kirchnerista y un amplio conglomerado federal antikirchnerista, postkirchnerista y hasta exkirchnerista termine cristalizando en la fractura, con dos formaciones políticas diferenciadas permanentemente, del mismo modo en que el radicalismo atravesó etapas de división, en ciertos casos temporaria y en otros, persistente. El antipersonalismo radical, nacido en 1924, constituido como UCR Antipersonalista y derrotado electoralmente por Hipólito Yrigoyen en 1928, colaboraría más tarde con el gobierno del general Agustín Justo y triunfaría sobre la UCR tradicional en la elección de 1938. El presidente electo entonces fue un antipersonalista: Roberto Marcelino Ortiz. La UCR ntipersonalista desaparecería en la década siguiente y buena parte de sus cuadros serían reabsorbidos por la tradicional UCR. El naciente peronismo de 1945 suscitó otra división: la UCR Junta Renovadora fue la fracción radical que, seducida por el movimiento descamisado, terminaría fusionándose en el nuevo partido de poder, aportándole muchos cuadros políticos y legisladores, así como el primer vicepresidente electo de Perón: Hortensio Quijano. El golpe militar que derrocó a Perón en 1955 provocaría una nueva escisión. El sector intransigente (crítico con las autoridades castrenses y abierto a la vinculación con el peronismo) impuso en la convención partidaria la candidatura presidencial de Arturo Frondizi con vistas a las elecciones de 1958. Otro amplio sector, con la guía de Ricardo Balbín, constituyó, como reacción, otro partido. El frondizismo fue UCR Intransigente y sus opositores, UCR del Pueblo. Esa división se cristalizó por años, si bien el sector de Frondizi, después de que la presidencia de éste fue suprimida por un golpe de palacio, avanzó hacia un cambio de nombre: terminó llamándose Movimiento de Integración y Desarrollo, adoptando así una denominación más actual y programática que la que ofrecía la vieja sigla. Cristina como obstáculo y como esperanza Hay señales claras de que hoy es el peronismo el que avanza hacia una experiencia de fractura persistente. Un amplísimo espectro cuyo eje está constituido por la mayoría de los gobernadores peronistas no está dispuesto a compartir espacio con el kirchnerismo. Sergio Massa y Florencio Randazzo rechazaron airadamente los llamados a la unidad lanzados por la señora de Kirchner. Miguel Pichetto anunció que no la quiere a ella en su bloque peronista del Senado (“Así como la señora armó un partido, es esperable que esa fuerza tenga su correlato en la vida parlamentaria, con la conformación de un bloque propio, que deberá denominarse Unidad Ciudadana"). Pese al título de ganadora de las PASO bonaerenses, la señora de Kirchner camina por un sendero de paulatino aislamiento, agravado por el posicionamiento que ella y sus sicofantes adoptaron frente al caso Maldonado. Ya se observan los preparativos de fuga de muchos intendentes del Gran Buenos Aires cuyas fuerzas locales todavía figuran en listas compartidas con ella. Después del escrutinio de octubre la mayoría de ellos irán a buscar la sombra del peronismo federal. La señora de Kirchner se esfuerza –con suerte muy dudosa- por fortalecer su facción. Ha empezado a aceptar entrevistas con periodistas independientes y aspira a usar esas oportunidades para relegitimarse y ofrecer alguna respuesta a las imputaciones jurídicas y políticas que sobrelleva . Prometió, por caso, que no será candidata presidencial “si soy un obstáculo para que gane el peronismo en 2019”. En rigor, la mayoría del peronismo político no sólo no termina de creer esas palabras sino que entiende que ella constituye un obstáculo sea o no candidata, pues su mera presencia contaminaría al peronismo con el tufo que la opinión pública atribuye a la gestión K. Todo parece empujar a que la señora de Kirchner confirme después de octubre en el terreno político la escisión que inició como táctica electoral al crear su Unidad Ciudadana al margen del Partido Justicialista. El gobierno ve en esos signos la perspectiva de un peronismo dividido durante un período relativamente extenso y considera que esa es una ventaja para sus propios planes. Imagina que el fraccionamiento impedirá que el peronismo consiga reconstituirse y formular una propuesta competitiva para los comicios presidenciales de 2019. De la plausible premisa del fraccionamiento no necesariamente se deriva, sin embargo, la conclusión optimista del oficialismo. La política no se rige por la regla de cálculo. Jorge Raventos

BASTA DE POLÍTICAS CORRECTAS !!!!

¡BASTA DE POLÍTICAS CORRECTAS! Malú Kikuchi (16/9/2017) El ministerio de educación de la Ciudad de Buenos Aires, estudió, discutió y optó por una reforma imprescindible del sistema educativo en el ciclo secundario. Que el proyecto es perfectible, por supuesto, todo proyecto lo es. Que era necesario, nadie lo puede discutir. Es la 1ª vez, en años, que se reforma en serio el secundario, dejando de lado el tema de los salarios docentes. Discutieron educación, una educación adecuada al siglo XXI. Hasta ahora seguíamos con la enciclopedista educación decimonónica. Y a partir de Google muchas materias dejan de tener sentido. No por las materias en sí, que todas son necesarias, sino que las repuestas están casi todas en Google. Hay que enseñarles a los chicos a preguntar. La inteligencia artificial está a la vuelta de la esquina, no se puede seguir enseñando la historia a través de fechas, hay que enseñar las causa. No se puede seguir enseñando geografía a través de nombres de ríos o montañas, hay que enseñarla a través de lo que pueden producir, respetando siempre las leyes de la naturaleza, que el ambientalismo es fundamental. El ministerio de educación de la Ciudad osó anticipar los cambios que se producirán a partir del 2018 y la reacción de los alumnos fue tomar colegios. Empezaron el 8/9 con 14 tomas, hoy son 27, entre ellas la del Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini, que dependen de la Universidad de Buenos Aires y no del ministerio de la ciudad. Solidaridad, le dicen. O simplemente ganas de “hacer lío”, el Papa se los pidió en Río de Janeiro y se sabe que los estudiantes de todos los tiempos necesitan rebelarse contra la autoridad, sueñan con cambiar el mundo, con dejar su marca sobre el planeta. Es comprensible. Lo que no se comprende es que tomen edificios públicos y que nadie se atreva a sacarlos de ahí. Tomar un edificio público es un delito. Ende los chicos están cometiendo un delito. Un delito que nadie reprime, ni pone a los chicos en su lugar. El rector del Buenos Aires, Gustavo Zorzoli (también el del Pellegrini, Leandro Rodrígez), aclaró que a partir del 14/9 se computarán ausencias a los alumnos que se tomaron la libertad de tomar el colegio. Y un docente del colegio, Néstor di Miglia, consideró que la toma era legítima porque se había decidido en una asamblea (de estudiantes) y que poner ausencias era “intimidatorio”. Néstor di Miglia es agregado gremial de ADEMYS, uno de los 17 gremios de la educación de la Ciudad. Con esa premisa, si los chicos deciden en asamblea borrar matemáticas del secundario, será legítimo. Los chicos reclaman por una reforma que no son quiénes para cuestionar, no han estudiado educación. Alegan ante la posibilidad, que deberían agradecer, de hacer una pasantía durante 5º año, la mitad de cada clase, que ellos no van a trabajar gratis. Las pasantías de jóvenes son un privilegio que muchos han tenido y sabido aprovechar. Hay más. Exigen: La aparición con vida de Maldonado, poner fin a la violencia de género en los colegios ¿?, solución a la desaparición de “pibes”, sólo les falta exigir que el sol salga de noche y que llueva hacia arriba. Ellos exigen cuando lo que deben hacer es estudiar. Privilegio que tienen y no valoran. No saben las luchas que se libraron para que ellos pudieran hacerlo. Y la culpa, no es de ellos. Antes que nadie de los padres que lo permiten, quizás hasta lo alienten. O lo que es peor, no dicen nada porque temen enojar o molestar a sus hijos; son amigos de sus hijos, compinches, no ejercen como padres. Es demasiado difícil decir que no, pero es obligación de los padres enseñar que No es muchas veces la respuesta más adecuada. Siguen las autoridades, las de los colegios en primer lugar, que no se animan ni siquiera a poner “ausente” a los delincuentes juveniles que como algo normal, tomaron sus propios colegios, porque hay cosas que no les gustan. Por último, las autoridades del gobierno de la ciudad, que no aplican la ley. Los colegios tomados deben ser desalojados, ya. En los 80, Naciones Unidas puso de moda lo “políticamente correcto”. Tenían buenas intenciones, pero de ellas esta tapizado el camino al infierno. Y ahí estamos, de tanto miedo a no ser políticamente correctos, el temor paraliza a padres, rectores, ministras. Con miedo no se educa. Con miedo no se moldea una generación. Con miedo no se forma una nación. “Políticamente correcto es un concepto que describe lenguaje, ideas políticas o comportamientos con los que se procura minimizar la posibilidad de ofensa hacia grupos étnicos, culturales o religiosos”. El concepto es encomiable, pero si nos paraliza para actuar, cuando hacerlo es imperativo, entonces, ¡basta de políticas correctas! ¡Actúen! P.D-: Por “cansancio” los chicos levantaron 4 tomas, no porque un decreto, una norma, una ley lo exigen, no porque el principio de autoridad de padres, rectores y el ministerio de educación los obligaran, lo hicieron porque se “cansaron” de jugar a la revolución. Es triste y preocupante. ¡Pobre Argentina!

TRAGEDIA ANUNCIADA

Tragedia anunciada “El que no quiera vivir sino entre justos, que viva en el desierto”. Séneca Voy a decirlo claro: la utilización política de la desaparición de Santiago Maldonado anuncia, mal que nos pese como sociedad, una inevitable tragedia. Sólo el Gobierno se beneficiaría con su aparición con vida, ya que todos los demás actores, principales y secundarios, de este drama lo necesitan ausente para siempre o, lisa y llanamente, muerto. La hipocresía y la necesidad política llevan a estos últimos a reclamar, permanentemente y en cualquier ámbito, la aparición con vida de este joven, pero el costo que pagarían Cristina Elisabet Fernández y la Unidad Ciudadana, Horacio Perro Verbitsky y el CELS, Adolfo Pérez Esquivel y su inexplicable Premio Nobel de la Paz, Hebe de Bonafini y las Madres, Estela Carlotto y las Abuelas, H.I.J.O.S, Facundo Jones Huala (¿Jones Wallace?) y su falsa RAM, Quebracho y tantos otros subversivos si llegara a encontrarse ileso al tatuador sería inmenso. Son demasiados quienes resultarían perjudicados, y tan carentes de límites morales, que resulta imposible imaginar siquiera un final feliz. A la luz del párrafo anterior, desde mi punto de vista indiscutible, el reclamo y el escándalo construido alrededor del caso suenan, literalmente, repugnantes. ¿De qué se disfrazarían todos los nombrados y los idiotas útiles que siempre los acompañan si un buen día se lo encontrara?, ¿se refugiarían en el silencio, sin pedir siquiera disculpas, como hicieron cuando quedó demostrado que los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble no eran hijos de desaparecidos, después de años de canalla persecución física y moral encabezada nada menos que por la propia ex Presidente? Después del fallido intento de utilizar a la economía y al inexistente ajuste como motores de la campaña electoral, la intención de utilizar el tema Maldonado (de por sí, indiscutiblemente preocupante), como ariete para voltear sucesivamente a la Gendarmería (blanco especial por su rol esencial en las pericias por el asesinato de Alberto Nisman, amén de brazo armado del Estado), a la Ministro de Seguridad y, por elevación, al propio Presidente de la República, se ha revelado como un idéntico fracaso. Todo el escándalo que han armado hasta ahora, incluyendo el embarrado de la investigación con la implantación de testigos y documentos falsos, no sólo no ha disminuido un ápice la intención de voto a Cambiemos en las próximas legislativas sino que, por el contrario, ésta se ha incrementado y, salvo que ocurra algo extraordinario, convertirá a la ex Presidente en la renovada “mariscala” de la derrota en el territorio más peronista del país. El jueves la ex Presidente concedió a Infobae, representada por Luis Novaresio, la primera entrevista a un medio hostil desde que asumió en 2011. Pese a que el periodista se comportó con –para mi gusto- demasiado buenos modales, la noble viuda demostró que conserva en plenitud sus reconocidas virtudes histriónicas, aplaudidas hasta por Francis Ford que la calificó como una soberbia actriz pero, sobre todo, su enorme cinismo. Cada vez que recibió una pregunta que hubiera podido complicarla, hizo una “verónica” taurina y pidió hablar del presente y no del pasado. Huyó hacia adelante comparándose con Mauricio Macri y la corrupción que, según dijo, lo rodea; no reconoció ninguno de la pléyade de males con los cuales arrasó el país hasta los cimientos y negó firmemente su responsabilidad en cada uno de los innumerables latrocinios cometidos. Dada la obvia y contemporánea aceleración que han impuesto, con su finísimo olfato, los jueces federales a los procesos por corrupción que afectan a Cristina Kirchner, sus hijos, sus ministros y sus cómplices y testaferros de toda laya, es dable suponer que los conflictos violentos, en las calles y en el sur, se incrementarán en similar medida, por lo cual veremos escenarios complicados en la materia hasta, al menos, el 22 de octubre; el narcotráfico, preocupado por la exitosa campaña en su contra que encabeza Patricia Bullrich, se ocupará de la financiación. Algo de eso ya se percibe en las numerosas amenazas de bombas e injustificadas y crecientes tomas de escuelas en la ciudad de Buenos Aires por alumnos k-ideologizados, bancados por padres imbéciles y maestros politizados. En la materia, debemos reconocer que somos un país rarísimo y absurdo, donde todo está subvertido; es más, creo que estamos todos locos. Valgan como ejemplos dos sucesos de esta misma semana: los sindicatos vinculados con la navegación aérea hicieron una huelga salvaje para frenar el ingreso de nuevos y más baratos operadores a ese mercado, pese a que han asumido el compromiso de crear miles de puestos de trabajo; y, como dije, los estudiantes, que debieran aspirar a una rápida salida laboral, ocuparon colegios para rechazar la posibilidad de realizar, durante el último año del ciclo secundario, pasantías en empresas y organismos públicos de la especialidad que han elegido, arguyendo que se transformarían en mano de obra esclava. El seguro ingreso de la noble viuda al Senado, aún cuando para el 10 de diciembre acumule más procesamientos –recuerde el reciente y favorable fallo de la Corte en relación con el caso de Carlos Menem, afectado de idéntica incapacidad moral- continuará actuando como revulsivo al interior del PJ, pero será obligada a conformar un bloque separado por la Unidad Ciudadana, que no tiene nada que ver con el tradicional movimiento. Se habrá quedado, entonces, sin su decisiva influencia sobre la voluntad de los gobernadores feudales que, hasta ahora, le han guardado fidelidad; me refiero a las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, La Pampa, Santa Cruz, San Luis y San Juan, en muchas de las cuales, además, el kirchnerismo perderá en octubre por amplio margen. El peronismo sabe mucho de la importancia de la “caja”, disciplinadora tradicional de la política, y esta se encuentra hoy en manos de Cambiemos, por lo cual es presumible que se sienta inclinado a negociar su apoyo a las leyes que el Gobierno necesita. La señora enfrenta ya la causa más complicada, que la vincula al encubrimiento del terrorismo que voló la sede de la AMIA, y que fuera anunciada por el Fiscal Alberto Nisman, asesinado antes de poder explicarla ante el Congreso; en ella, la acusación pretende que sea procesada por un delito de lesa humanidad y, si lo consigue, transformará el tema en imprescriptible. Por lo demás, en los próximos días será elevada a juicio oral la megacausa unificada por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a Lázaro Báez y los retornos que pagaron a su familia ese testaferro y otros socios, como Cristóbal López, donde se ha probado la asociación ilícita que encabezaban don Néstor y, luego, Cristina misma. Y tiene otras preocupaciones adicionales porque, mientras ella y su hijo Máximo se encontrarán amparados por los fueros parlamentarios que les evitarán la detención, no ocurrirá lo mismo en el caso de su hija Florencia, acusada ya de la comisión de una larga lista de delitos gravísimos y no excarcelables; y siempre estará pendiente la espada de Damocles de los “arrepentidos”, dispuestos a negociar la reducción de su pena complicando a sus superiores en la organización corrupta. Finalmente, le ha llegado la hora de pagar por el gigantesco daño producido, a costa de la vida de tantos argentinos, con el sólo objeto de enriquecerse sin tasa. Bs.As., 16 Sep 17 Enrique Guillermo Avogadro Abogado Tel. (+5411) ò (011) 4807 4401/02

martes, 12 de septiembre de 2017

CRIMINAL DE GUERRA

El primer ministro de Israel en visita a Argentina Netanyahu: criminal de guerra y “huésped de honor” Héctor Bernardo Rechazado en Europa por crímenes de lesa humanidad, Netanyahu llega a Argentina para promocionar la industria armamentística y de espionaje israelí. Rafael Araya Masry, analista especializado en Medio Oriente, aseguró que “las armas que se utilizan para atacar al pueblo palestino ahora llegan para reprimir a los argentinos”. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visitará Argentina desde este lunes hasta el miércoles 13, día en que continuará su gira regional. A pesar de que Netanyahu está acusado de haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, y de la gran cantidad de denuncias en su contra por las constantes violaciones de derechos humanos que realiza el Estado de Israel, el gobierno argentino lo recibirá con honores y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por iniciativa del PRO, lo nombrará “huésped de honor”. Netanyahu no sólo genera un gran rechazo entre los organismos de derechos humanos, la comunidad palestina en Argentina, los movimientos sociales y las organizaciones políticas. Un importante sector de la comunidad judía de Argentina y de sus referentes rechazaron públicamente su presencia en el país. El primer ministro israelí genera el repudio de gran parte de la comunidad internacional. Los gobiernos europeos han criticado duramente la política de ocupación de los territorios palestinos que el gobierno israelí realiza con sus colonos, incluso el expresidente norteamericano Barack Obama chocó en varias oportunidades con el líder sionista. Rafael Araya Masry, analista de política internacional especializado en Medio Oriente, aseguró que “si bien es derecho de cada Estado soberano invitar a quién quiera a visitar su territorio, lo que es cuestionable es la calidad de los invitados”. “Cuando hablamos de un personaje como Benjamín Netanyahu, que tiene detrás de él una estela de asesinatos, de crímenes selectivos, de encarcelamientos, de bombardeos indiscriminados contra la población civil en la Franja de Gaza, asentamientos ilegales en los territorios destinados a construir el futuro Estado palestino, no se está hablando de un personaje cualquiera”, agregó. “Es un hombre acusado de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Recibirlo de esta forma marca un giró dramático en las relaciones internacionales que ha decidido tener el gobierno del presidente Macri”, continuó. Masry señalo que “Netanyahu es una persona que, en lugar de ser recibido con alfombra roja y ser declarado ‘huésped de honor’ por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, tendría que ser seriamente cuestionado por la violación constante de los derechos humanos”. “Las organizaciones argentinas de derechos humanos, partidos políticos, organizaciones sociales y religiosas han convocado a una gran manifestación para el martes 12 de septiembre a las 16 hs, con punto de reunión en Avenida de Mayo y 9 de Julio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para rechazar la presencia de Netanyahu en Argentina, porque representa un insulto a toda la lucha por los derechos humanos que se ha llevado adelante en nuestro país”, remarcó el especialista. Masry destacó que “la manifestación será absolutamente pacífica y demostrará que no nos da igual a los argentinos, a los latinoamericanos, recibir a un personaje tan nefasto como Netanyahu”. El primer ministro israelí llegará a Argentina con un grupo de treinta empresarios vinculados a empresas de seguridad y espionaje de su país. Masry aseguró que “las armas que se utilizan para atacar al pueblo palestino ahora llegan para reprimir a los argentinos. Netanyahu viene a venderle a Argentina su industria militar y su industria de electrónica dedicada al espionaje”. En la misma línea, Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Argentino Palestinas, aseguró que “la venida de Netanyahu es una gran afrenta a toda la lucha por los derechos humanos que tuvo nuestro país. Argentina se había convertido en un baluarte de los derechos humanos al condenar a los criminales que habían ensombrecido nuestro suelo. Recibir a un criminal de guerra, un criminal de lesa humanidad como es Netanyahu, es intentar borrar toda nuestra historia”. “Netanyahu es un hombre muy cuestionado en todo el mundo. Es muy cuestionado por la implantación de las nuevas colonias en territorio palestino. Eso ha llevado a que en algunos lugares se sostenga un boicot de inversiones. O sea, ha perdido socios económicos que le compraban la tecnología y viene a buscar nuevos socios aquí”, señaló. Rabi también se refirió a la agresión de la que fueron víctimas miembros de la Asamblea del Pueblo de San Telmo, quienes denunciaron que, cuando se encontraban pegando afiches en repudio a la visita de Netanyahu, fueron interceptados por personal de seguridad de la Embajada de Israel, esposados e ingresados a la sede diplomática en lo que claramente fue una detención ilegal, ya que el personal de la entidad no tiene la potestad de realizar detenciones. Los miembros de la Asamblea aseguraron que fueron amenazados antes de ser puestos en libertad. En ese sentido, Rabi remarcó que “esto da muestras de la impunidad y la soberbia israelí. Esta actitud debería ser sancionada por la Cancillería y deberían, por lo menos, llamar al embajador y presentarle quejas formales, pero no creo que suceda”.

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lunes, 11 de septiembre de 2017

ANTECEDENTE LESA

[Politica] Cese de prisión preventiva en causa de "lesa" - Importante antecedente TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE LA PLATA​ NRO. 1 La Plata, 6 de septiembre de 2017. AUTOS Y VISTOS: el presente incidente nro. FLP 373/2011/TO1/95, caratulado “TORINO, Juan María s/ Legajo de prórroga de prisión preventiva”, en trámite ante este Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1; y CONSIDERANDO: I. Que corrida que fuera la vista a las partes, a fs. 46/51, obra la presentación de las Dras. Patiño, Molinari, Godoy y el Dr. Palacio, en la que manifestaron que la prisión preventiva oportunamente decretada contra el imputado Juan María Torino debe ser prorrogada. A fin de fundamentar su presentación, como primera medida citaron los hechos que se investigan en la presente causa, y puntualmente los delitos que se le imputan a Torino, los que son considerados delitos de lesa humanidad. Seguidamente, realizaron un análisis del juzgamiento de estos delitos desde el regreso de la democracia hasta la actualidad, destacando según​ ​su parecer​ ​que​ ​ello conlleva una evidente dificultad en lo que respecta al trámite en líneas generales y fundamentalmente en la recolección probatoria. Señalaron que según su postura, resulta aplicable lo prescripto por el art. 319 del Código Procesal Penal de la Nación y a fin de fundamentarlo, citaron el fallo “Acosta, Jorge Eduardo” de nuestro máximo tribunal, particularmente en lo que se refiere a delitos de lesa humanidad. A su vez, para reforzar su postura, se refirieron a la sanción de la ley 27.156, en la cual se establece que el denominado “dos por uno” no es aplicable a la categoría de delitos de lesa humanidad, y la previa manifestación de la sociedad en ese mismo sentido. Finalmente, apelando a la experiencia que este Tribunal tiene en la tramitación de juicios de estas características, destacaron la significación que posee sobre la salud psicofísica de los testigos víctimas y sus familias la acción de la justicia como factor reparatorio y de protección de sus vidas, y enfatizaron en que no prorrogar la prisión preventiva, a su vez, implicaría un acto de impunidad, y por último, que la circunstancia de que el juicio no se lleve adelante aún es responsabilidad del Poder Judicial, por lo cual solicitaron se fije fecha de debate oral a la mayor brevedad. II. Que a fs. 53/56 los Dres. Marcelo Rodolfo Molina, Fiscal General y Juan Martín Nogueira, Fiscal Ad Hoc, ambos de la Unidad Fiscal Federal, solicitaron se disponga la prórroga de la prisión preventiva que viene cumpliendo Juan María Torino, en los términos del art. 3 de la ley 24.390, reformada por la 25.430. Para fundar la petición, recordaron que el art. 1 de la ley 24.390 establece que la prisión preventiva no podrá ser superior a los dos años, sin que se haya dictado sentencia, salvo que la cantidad de delitos atribuidos, o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de la misma en el plazo señalado, en cuyo caso podrá prorrogarse por un año más, por resolución fundada. De seguido, expresaron que el texto de la norma no implanta un límite legal máximo a la duración de la cautelar, sino que denota la intención del legislador de que no contenga plazos legales automáticos por el mero paso del tiempo. Y señalaron que, en tal sentido, la ley 25.430 – reglamentaria del art. 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,​ ha consagrado legislativamente la doctrina del plazo judicial (in re A., Jorge Eduardo y otro s/ recurso de casación A. 93, L. XLV. Procuración General de la Nación 10/3/2010). Destacaron que así lo ha considerado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al expresar que el plazo previsto en la ley admite excepciones en supuestos de peligro procesal y por la gravedad del delito atribuido. En esa dirección, aludieron a los precedentes “Bramajo”, “Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ recurso de casación”, rto. el 8/5/2012, y “Sánchez Reisse” (Fallos 321:1328) del Alto Tribunal. En sentido coincidente, invocaron los fallos “Godoy, Pedro Santiago s/ recurso de casación” y “Erlan, Ramón Antonio s/ recurso de casación” de la Cámara Federal de Casación Penal, destacando que el último de ellos, alude que el plazo de prisión preventiva de la ley 24.390, con su modificatoria, no obliga a la liberación automática del detenido por el mero transcurso del tiempo cuando se trata de un imputado por crímenes de lesa humanidad. Indicaron que el artículo 3 de la ley 24.390 otorga al Ministerio Público la facultad de oponerse a la libertad del imputado tomando en cuenta la gravedad del hecho, cuando concurrieran alguna de las circunstancias previstas en el artículo 319 del C.P.P.N. o hubieran existido articulaciones manifiestamente dilatorias por parte de la defensa. Recordaron que esta última norma establece que “puede restringirse la excarcelación si existe una presunción fundada de que, de concedérsela, el imputado intentará eludir la acción de la justicia o entorpecerá la investigación”, extremos sujetos a interpretación iuris tantum. Sobre este punto, manifestaron que estos riesgos deben evaluarse conforme a las reglas de la sana crítica racional, sin que ese análisis obligue a tener certeza sobre su existencia, pues al tratarse de riesgos son, justamente, posibles consecuencias futuras. Al respecto, citaron el caso “Jabour, Yamil s/ recurso de casación” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto revocó la resolución que había concedido la excarcelación al acusado por delitos calificados como de “lesa humanidad”, en virtud de la extrema gravedad de los hechos imputados y la pena en expectativa. Y agregaron que en el caso de autos, “el riesgo procesal no puede descartarse teniendo en cuenta la especial gravedad de los delitos imputados y la manera en que fueron cometidos. En efecto, para la comisión de estos hechos los autores se ampararon en la clandestinidad, lo que dificultó considerablemente la investigación posterior por parte de la justicia. Es por ello que permitir la libertad provisoria de aquellas personas respecto de las que se ha logrado un cierto grado de probabilidad sobre su participación en los hechos y, por lo tanto, de quienes se presupone que conocieron aquellos mecanismos clandestinos que rodearon a los sucesos investigados, pondría en riesgo el avance de las actuaciones…”(v. fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, in re “A.A.A.D. s/ cese de prisión preventiva”, de 18/2/2010, Expte. 5548/III). Indicaron que en el mismo sentido se manifestó la CFCP en el citado fallo “Godoy”. Asimismo, destacaron los temperamentos adoptados por las Salas I (causa FLP 737/2013), II (causa FLP 373/2011/TO1/37/7/CFC46), III (causa FMZ 82037390/2013/TO1/8/CFC1) y IV (causa CFP 14216/2003/533/CGC11CA328 y FSA​ 76000151/2012/TO1/26/CFC/23) de la Cámara Federal de Casación Penal, en el marco de las cuales convalidaron los argumentos que sustentan la prolongación de las prisiones preventivas de los imputados en los autos de mención. En lo que respecta al caso de autos y la gravedad de los hechos imputados a Torino, destacaron que el encausado se encuentra procesado como partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de torturas, por la intervención que le cupo en los delitos ocurridos en Brigada de Investigaciones de San Justo, en su carácter de Subsecretario de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En ese sentido, los señores Fiscales señalaron que, al formular el requerimiento de elevación a juicio en el marco de esta causa, la fiscalía le atribuyó al encausado la intervención, en carácter de partícipe secundario, formando parte de un aparato organizado de poder (art. 46 C.P.) en los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravada por haberse cometido con violencias o amenazas reiterado en ochenta y un (81) oportunidades y por haber durado más de un mes, en treinta y un (33) casos, aplicación de tormentos agravada por ser la víctima un perseguido político, y delito de sustracción, retención y ocultamiento en el caso de María Lavalle . A su vez, respecto de la existencia riesgos procesales que justifican el rechazo de la excarcelación en los términos del artículo 319 del C.P.P.N., los Fiscales manifestaron que “Estos riesgos deben evaluarse conforme a las reglas de la sana crítica racional, sin que ese análisis obligue a tener certeza sobre su existencia, pues al tratarse de riesgos son, justamente, posibles consecuencias futuras.”. Coligieron que de todo lo expuesto se desprenden las razones que justifican la prórroga de la cautelar, en virtud de la gravedad de los hechos imputados, la obligación del Estado Argentino de investigar, juzgar y sancionar tales delitos, la complejidad en la investigación y en la recolección de pruebas derivada del modo clandestino en que actuó la organización criminal, y la pena en expectativa que podría caberle al imputado Torino. Por otra parte, los Fiscales tuvieron en cuenta que el imputado se encuentra detenido, en el marco de estas actuaciones, desde el 8 de marzo de 2012. En ese sentido, destacando que las partes han ofrecido la prueba, lo que evidencia que la causa concentra un avance procesal lindante a la realización del juicio, circunstancia que justifica la prorroga de la prisión preventiva. En ese orden, los Fiscales solicitaron se evalúe la posibilidad de fijar fecha para la pronta realización del debate. III. Que llegado el momento de resolver El señor Juez Nelson Javier Jarazo dijo: Conocidos los antecedentes de la cuestión a decidir anticipo desde ya ─apartándome del criterio que otrora sostuve─ que he de acoger una solución afín al cese del encarcelamiento preventivo de Juan María Torino en las presentes actuaciones. Como premisa, corresponde señalar que el imputado Juan María Torino, conforme al requerimiento fiscal de elevación a juicio glosado a fs. 10.910/11.063 de las actuaciones principales, viene acusado de ser partícipe secundario, formando parte de un aparato organizado de poder(art. 46 del C.P.) de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravada por haberse cometido con violencias o amenazas reiterada en ochenta y un (81) oportunidades, y por haber durado más de un mes (agravante que se aplica hasta el momento a treinta y uno (31) de los casos, sin perjuicio de lo que surja en el debate oral) en los términos del art. 144 bis inc. 1° del C.P., con la agravante prevista en el último párrafo de dicho artículo, en cuanto remite a los incs. 1° y 5° del art. 142 del mismo cuerpo normativo; y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde, agravada por ser la víctima un perseguido político en los términos del art. 144 ter primer y segundo párrafo C.P., según ley 14.616 – vigente al momento de los hechosen perjuicio de todas las víctimas; y en el caso de María Lavalle la calificación alternativa que proponemos es la del delito de sustracción, retención y ocultamiento; todos ellos en concurso real y calificados como delitos contra el Derecho de Gentes, en particular como Crimen de Genocidio y delitos de Lesa Humanidad de manera concurrente o alternativamente como delitos de Lesa Humanidad (art. 118 C.N.; art. 2 inc. a, b, c, e de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio –Decreto Ley 6286/1956;​ art. 45; 144 bis inc. 1° del C.P., con la agravante prevista en el último párrafo de dicho artículo, en cuanto remite al inc. 1° y al inc. 5° del art. 142 del mismo cuerpo normativo; 144 ter primer y segundo párrafo C.P., según Ley 14.616 y Ley 20.642 –vigentes al momento de los hechos;​ art. 146 y 55 del C.P.). Conocido el tenor de la acusación debo señalar, por un lado, y en estrecha vinculación con aquello que es objeto de decisión, que el nombrado se encuentra detenido para la presente encuesta desde el 8 de marzo de 2012, es decir, lleva cumplidos a la fecha en prisión preventiva: cinco (5) años, cinco (5) meses y veintinueve (29) días. Por otro, que el trámite de la causa, terminada la etapa de la instrucción, discurre la etapa preliminar del juicio, destinada al estudio de la prueba ofrecida por las partes a los fines de su proveimiento, de acuerdo a lo establecido por el art. 356 del Código Procesal Penal de la Nación. Cumplido con ello, corresponde a renglón seguido fijar la audiencia para el debate. Esta última circunstancia, estrechamente vinculada a la situación que transita el tribunal integrado por jueces subrogantes, pone de manifiesto el estado de incertidumbre en orden a la fecha en la cual podrá ver resuelta su situación procesal el nombrado, ante la ley y la sociedad, de un modo definitivo y aúna un nuevo argumento, a efectos de ponderar la razonabilidad del lapso que cumple en detención cautelar, es decir, la posibilidad de que en lo inmediato se materialice el juicio que decida sobre el fondo del asunto. Ahora bien, ante este panorama, corresponde advertir que el plazo máximo de detención prescripto en el art. 1º de la Ley 24.390 regulatorio del art. 7º inciso 5º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos​ ​sin​ que se haya dictado sentencia, se encuentra cumplido y sobradamente superado. Y, aun cuando es cierto, no fija la norma citada en el tiempo que menciona un plazo de gracia para disponer la inmediata libertad del procesado –conforme pacífica jurisprudencia del CSJN Fallos 319:1840, luego ratificada con el texto de la ley 24.390 reformado en Fallos 330:5082​ ​sí​ establece –a mi modo de ver​ ​un​ vallado insorteable a efectos de excluir de su consideración aquellas causales sobre las cuales puede fundarse la prórroga que prescribe el citado artículo 1. Esta circunstancia, impone entonces el deber de examinar la cuestión en el marco del artículo 3 de la mencionada normativa para decidir sobre la procedencia, o no, del cese de la prisión preventiva. En ese cometido, es necesario advertir que, es ésta la séptima ocasión en la que se solicita la prórroga de la prisión preventiva del nombrado y, en ese contexto temporal y normativo dentro del cual debe ser escrutada la situación procesal de Torino a efectos de decidir el mantenimiento o no de su encierro cautelar gravedad​ del delito atribuido, existencia de riesgos procesales (en substancia: la presunción de que el imputado intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones) y la interposición de articulaciones manifiestamente dilatorias por parte de la defensa,​ el Ministerio Público Fiscal hizo hincapié, para proponer su continuidad superado​ los plazos legales y judiciales,​ en las dos primeras circunstancias individualizadas en el art. 3. Ahora bien, al procesado Juan María Torino se le imputan una pluralidad de hechos que, sin lugar a dudas, revisten una gravedad inusitada, característica que corresponde afirmar no sólo reparando en la sanción penal con la que se encuentran conminados los sucesos acusados, sino porque, a su vez, han sido calificados, conforme la acusación fiscal, como delitos de lesa humanidad, con las consabidas particularidades que a ellos se le atribuyen y fueron afirmadas en diversos precedentes de la CSJN a partir de los casos “Arancibia Clavel” y “Simón”. Estos hechos, como se ha dicho a través de reiterados pronunciamientos, han revelado una definida “complejidad” para su investigación, habida cuenta que fueron la concepción y el producto de un plan sistemático elaborado y puesto en práctica por agentes estatales que llevaron a cabo su comportamiento en la más absoluta clandestinidad, a la que se sumó el posterior ocultamiento y destrucción de las pruebas de su accionar. Asimismo, cierto es reconocerlo, ya que no ha sido ajeno a este último dato, llevó muchos años llegar a su pesquisa y juzgamiento definitivo pues leyes de autoamnistía y las​ denominadas leyes de perdón –obediencia debida y punto finalcontribuyeron sin lugar a duda a​ esa demora y a la consecuente desaparición de las evidencias, para dificultar la inmediata dilucidación de los sucesos en cuestión. Sin embargo, no puede afincarse a esta altura del proceso y en razón del estadio procesal al que ha arribado la presente encuesta, la objeción al cese de la prisión preventiva en esos datos pues, la pesquisa de los hechos quedó cerrada y su instrucción cumplida en debida forma habilitando el requerimiento de elevación producido por el representante del Ministerio Público Fiscal a la instancia de juicio razón por la cual el concepto o la idea de “complejidad” no puede ya ser sostenida con predicamento y mucho menos vincularla ahora con la voluminosidad de las actuaciones –ya que una no es sinónimo de la otra​ ​para​ proponer el mantenimiento del encierro. Lo expuesto lo es sin perjuicio de insistir en que, después de más de cinco (5) años, cinco (5) meses y veintinueve (29) días en prisión preventiva, si bien ese dato autoriza la prórroga del encarcelamiento, sólo es posible acudir a él en el marco y en el plazo a que alude el art. 1 de la ley 24.390, que, como dijimos, no ha perdido vigencia en este pasaje de la norma pues sólo puede dar sustento a la extensión del lapso de dos años por otro año más. Entonces, vueltos sobre las legítimas y correctas pautas a considerar, aun cuando la antes mencionada –“gravedad de los hechos” en el marco del art. 3 de la ley 24.390puede considerarse relevante debe, no obstante, valorarse junto al resto de los motivos esgrimidos en disfavor del cese de la prisión preventiva, para establecer si, en su razonada comprensión, arroja elementos fundados a efectos de sostener un pronóstico de fuga o entorpecimiento de las investigaciones y/o realización del derecho material como sólido presupuestos para mantener el encierro cautelar. Cabe insistir, nuevamente aquí, en que las actuaciones se encuentran en la etapa de evaluación de los ofrecimientos de prueba propuestos por las partes para su proveimiento art. 356 del Código Procesal Penal de la Nación,​ razón por la cual una nueva circunstancia abona la soltura ya que (sorteada también la “pluralidad de los hechos” como fundamento del encarcelamiento cautelar habida cuenta que se ha superado el lapso prescripto por el art. 1 de la ley 24.390 para su vigencia), ese dato permite afirmar que su libertad no entrañaría o daría lugar a una eventual intromisión en el devenir de la pesquisa, argumento, por otro lado, que no parece consistente a la luz de los antecedentes que ilustran el curso de la presente encuesta. Dicho en otras palabras, establecido con el grado de certeza que es dable reconocerle a los relevamientos producidos en el transcurso de la instrucción, el rol que se le adjudica al nombrado y las pruebas en las que reposa la presunta vinculación a los hechos que son materia de este legajo, según la acusación, no parece que los antecedentes que sirvieron para fundar – entonces​ ​su​ procesamiento y justificar su encarcelamiento preventivo, cuanto la prueba a producir en el debate a consecuencia de ello, puedan gravitar como objeción a la soltura de Juan María Torino a título de riesgo procesal –peligro de fuga o de alteración de alguna o de todas ellas. Desde otro perfil, no dejo de reparar que, según la imputación que se le dirige en la pieza acusatoria, el procesado se habría valido –en su momento​ ​de​ una especial posición dentro de la estructura estatal para la comisión de los delitos endilgados lo que permitiría presumir, según se deduce de las afirmaciones esgrimidas en objeción del cese de la prisión preventiva, que de recuperar su libertad podría recurrir a ella a los fines de poner en riesgo el avance de las actuaciones. Mas, entiendo que dicha aseveración, en abstracto, no cuenta con elementos que le den sustento más allá de un marco conjetural, a lo menos en el caso concreto, toda vez que desde la fecha en que fue detenido no se han opuesto obstáculos desde el Estado mismo o​ a través de alguna de sus estructuras​ ​a​ la investigación y/o juzgamiento de los sucesos que le fueron imputados a Juan María Torino. Tampoco lo han hecho en procura de sustraer al nombrado de la investigación, circunstancia que pone de manifiesto el grado al que ha arribado este legajo en la etapa del juicio. Menos aún se ha verificado, de parte de agentes o ex agentes estatales, cuando no paraestatales –reconocidos como tales,​ algún tipo de injerencia o bien inquietudes particulares tendentes a obstaculizar o impedir el curso de la causa o a sustraer al procesado de sus alternativas y conclusión, cualquiera fuere su resultado. Desde otro extremo, pero siempre dentro del concepto que vengo considerando, no observo que pueda afincarse la idea de prorrogar la medida cautelar en examen en la solitaria remisión a la sanción que prevé y/o supone la tipificación legal acusada a los sucesos por los que se lo trae a juicio, ya que aun cuando resulta relevante –grave por cierto,​ no puede sustentarse en ella la permanencia del encarcelamiento preventivo, so riesgo de perder éste su naturaleza cautelar para asumir ribetes de una verdadera pena. En efecto, si bien es cierto que la seriedad de una infracción criminal como la severidad de la sanción penal en expectativa, importan una pauta valorativa en la que puede afirmarse el riesgo de elusión del detenido, no es menos cierto que ese elemento de convicción se inspira en criterios retributivos, por manera tal que, su empleo a los fines de fundar una prisión preventiva debe ser prudentemente ponderada pues, cuando ese argumento se utiliza para sustentar un encarcelamiento prolongado previo a una eventual sentencia de condena, desvirtúa el efecto cautelar de aquélla para convertirla en un sustituto de la pena privativa de la libertad. Por otra parte, la conceptualización de los delitos aquí examinados como configurativos de crímenes contra la humanidad, si bien ha llevado a modificar el estándar de algunas cuestiones v.gr. el régimen de la prescripción de la acción penal; laxitud de la prueba, entre otros aspectos legales y judiciales​ ​ante​ la entidad de las afrentas que trascienden a los individuos que se vieron afectados por esas conductas para proyectar sus efectos sobre la sociedad toda, no puede llevar a la supresión de las garantías y derechos que le asisten al imputado, entre ellos el de ser juzgado dentro de un plazo razonable y, de no ser posible ello, que continúe el proceso en libertad , sobre todo, cuando la detención pierde su naturaleza cautelar en razón de la prolongación del trámite por razones extrañas al procesado (art. 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), ya que ninguna norma hay que anule este principio convencional, legal y expresamente incorporado a nuestro sistema constitucional (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional). Es dable considerar también que no hay pronóstico de reincidencia –para la hipótesis de recaer condena en estos autos​ ​y​ tampoco puede afincarse en las características y modalidades de los sucesos enrostrados la objeción a la soltura, por las diversas razones hasta aquí expresadas en punto a los prolongados encierros cautelares y su conexión con las condenas anticipadas. Desde otro perfil, pero en ese mismo orden de ideas que pongo de manifiesto, los​ peligros procesales que justificaron en su momento la adopción de la medida cautelar adoptada​ por el magistrado de la instrucción –art. 312 del Código Procesal Penal de la Nación​ ​y​ su​ mantenimiento, luego, por más de cinco (5) años, cinco (5) meses y veintinueve (29) días no pueden validarse sine die obstaculizando el cese de la prisión preventiva ya que, en esos términos, carece ella de toda razonabilidad, idea que aún más se robustece, si se tiene en cuenta que, en este caso en particular, la libertad de Juan María Torino no se hará efectiva por encontrarse sometido a ese mismo régimen en el marco de la causa Nº 737/2013, caratulada “Minicucci, Federico y otros s/ privación ilegal de la libertad y tormentos” del registro de este Tribunal Oral. En esa misma línea argumental, es menester destacar, que el imputado ha sido beneficiado con el instituto del arresto domiciliario desde los albores de la instrucción, y desde aquella época ha cumplido su detención sin infringir las obligaciones impuestas, por manera tal, que su actitud permite inferir que ante el cese de la medida de coerción que pesa sobre él, no asumirá una actitud elusiva. Cerrando este análisis, cabe señalar también, a efectos de agotar el tema, que la demora en la celebración del juicio no resulta atribuible a articulaciones dilatorias de la defensa o a una actitud remisa del procesado sino, en todo caso, a la particular tramitación que impuso el objeto procesal examinado en el expediente ─concretamente la pluralidad de los hechos y su complejidad, datos sobradamente superados─ que, más allá de constituir el sostén legítimo de sus primigenias prórrogas, en la actualidad carecen de fundamento y no puede valorarse en su perjuicio ya que, como dije, perdieron entidad y legitimidad. En definitiva, en mi criterio, el lapso transcurrido desde su anotación para estos autos y el desenvolvimiento de la causa desde entonces –de cara a la implementación de las diligencias procesales necesarias e indispensable dirigidas a la finalización de esta encuestapone en crisis​ la razonabilidad del tiempo transcurrido sin que se haya definido aún, de una vez y para siempre –ante la ley y la sociedad,​ la situación procesal de Juan María Torino a​ lo que no podemos sustraer la incertidumbre que aún pesa en orden a la fecha en que su situación procesal podrá ser tratada y definida en el marco de un debate,​ por manera tal que su libertad deviene fundada, no advirtiendo, a su vez, que examinada su situación, como se ha visto, en el marco del art. 3 de la mencionada ley, ante la oposición fiscal, emerjan objetivos elementos de los que derivar la​ existencia de un riesgo procesal de fuga o a la realización del derecho material. Por los argumentos expuestos, excedidos los plazos de ley como también los judiciales, razonablemente decididos que pudieron fundar la permanencia de Juan María Torino en detención cautelar, deviene imperativo ordenar el cese de la prisión preventiva en estos autos medida​ que no se hará efectiva por encontrarse detenido a disposición de este Tribunal Oral en el marco de la causa nº Nº 737/2013, caratulada “Minicucci, Federico y otros s/ privación ilegal de la libertad y tormentos” del registro de este Tribunal Oral​ ​y​ subordinar su libertad al estricto cumplimiento de las siguientes cláusulas compromisorias: a) Presentarse ante este Tribunal en el lapso improrrogable de 48 horas a partir de recuperar la libertad; b) Fijar domicilio, del que no podrá apartarse por más de 24 horas sin autorización del Tribunal; c) Someterse al cuidado del Patronato de Liberados correspondiente; d) Comparecer ante la Secretaría del Tribunal con una periodicidad de 15 días. Además, entiendo que debe ordenarse y comunicarse a las autoridades correspondientes la prohibición de salida del país del nombrado en las presentes actuaciones Tal mi voto. El señor Juez Alejandro Daniel Esmoris dijo: Que adhiero al voto del colega preopinante, por compartir sus argumentos. Por ello, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, RESUELVE: I. NO HACER LUGAR a la prórroga de la prisión preventiva requerida por los representantes del Ministerio Público Fiscal y la querella, y en consecuencia, DISPONER LA LIBERTAD de JUAN MARÍA TORINO, la que no se hará efectiva por permanecer detenido en el marco de la causa Nº 737/2013, caratulada “Minicucci, Federico y otros s/ privación ilegal de la libertad y tormentos” del registro de este Tribunal Oral (art. 3° y 4 in fine de la ley 24.390, texto según ley 25.430).​ ​ II. IMPONER a JUAN MARÍA TORINO, en caso de recuperar la libertad, el cumplimiento de las siguientes cláusulas compromisorias, bajo apercibimiento, en caso de inobservancia, de revocar su libertad: a) Presentarse ante este Tribunal en el lapso improrrogable de 48 horas a partir de recuperar la libertad; Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE LA PLATA NRO. 1 b) Fijar domicilio, del que no podrá apartarse por más de 24 horas sin autorización del Tribunal. c) Someterse al cuidado del Patronato de Liberados correspondiente; d) Comparecer ante la Secretaría del Tribunal con una periodicidad de 15 días. III. DISPONER LA PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS, debiendo librarse oficios haciendo saber esta decisión a todos las fuerzas de seguridad y a los organismos de control de ingreso y egreso del país. IV. DIFERIR LA EFECTIVIZACIÓN DEL CESE DE LA PRISIÓN PREVENTIVA HASTA EL MOMENTO EN QUE ESTA DECISIÓN QUEDE FIRME (art. 4, última parte, de la ley 24.390). V. COMUNICAR la presente resolución al Consejo de la Magistratura y a la Cámara Federal de Casación Penal (art. 9 ídem). Regístrese, ofíciese y notifíquese. Ante mí: Fecha de firma: 06/09/2017 Firmado por: ALEJANDRO DANIEL ESMORIS, JUEZ SUBROGANTE Firmado por: NELSON JAVIER JARAZO Firmado(ante mi) por: MARIA VERONICA MICHELLI, SECRETARIA DE CAMARA

GEMELAS - 115 MENTIRAS

115 mentiras sobre los atentados del 11 septiembre por David Ray Griffin* - 4 /11/ 2006 Sigue sin haber una versión oficial sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001. No se ha abierto investigación judicial alguna sobre los propios atentados ni la menor investigación parlamentaria. No hay más que una versión gubernamental recogida en un informe presentado por una comisión presidencial. El profesor David Ray Griffin, autor de una obra de referencia en la que estudia ese informe, encontró en ese texto 115 mentiras aquí enumeradas. Para cada mentira nos referiremos a los análisis que hace el profesor David Ray Griffin en su obra Omisiones y manipulaciones de la Comisión Investigadora. Las cifras que aparecen entre paréntesis se refieren a las páginas de la edición original estadounidense de ese libro. 1. Omisión de la prueba de que por lo menos 6 de los supuestos secuestradores aéreos (entre ellos Waled al-Shehri, acusado por la Comisión de haber apuñaleado a una azafata del vuelo UA11 antes del choque del avión contra la torre norte del World Trade Center) están vivos actualmente (19-20). 2. Omisión de pruebas sobre Mohamed Atta (como su pronunciada inclinación por la bebida, por la carne de puerco y las exhibiciones eróticas privadas o lap dances) que contradicen las afirmaciones de la Comisión de que Atta se había convertido en un fanático religioso (20-21). 3. Confusión voluntariamente creada alrededor de las pruebas que demuestran que Hani Hanjur era tan mal piloto que nunca hubiera sido capaz de lograr estrellar un avión de pasajeros contra el Pentágono (21-22). 4. Omisión del hecho que las listas de pasajeros (flight manifests) que se hicieron públicas no contenían ningún nombre árabe (23). 5. Omisión del hecho que nunca, ni antes ni después del 11 de septiembre, se ha visto que un incendio haya provocado el desplome total de un edificio con estructura de acero (25). 6. Omisión del hecho que los incendios de las Torres Gemelas no fueron ni extremadamente extensos ni especialmente intensos y que ni siquiera duraron mucho tiempo comparados con otros incendios ocurridos en rascacielos (con estructuras) similares sin que estos últimos se desplomaran (25-26). 7. Omisión del hecho que, dada la hipótesis que el incendio provocó los derrumbes, la torre sur, que fue golpeada después que la torre norte y afectada por un incendio de menor intensidad, no debería haber sido la primera en desplomarse (26). 8. Omisión del hecho que el edificio n°7 del World Trade Center (contra el cual no se estrelló ningún avión y que sólo sufrió pequeños incendios muy localizados) también se desplomó, hecho sobre el cual la Agencia Federal para el Manejo de Situaciones de Emergencia (FEMA) confesó que no podía ofrecer ninguna explicación (26). 9. Omisión del hecho que el derrumbe de las Torres Gemelas (y el del edificio n°7) presenta al menos 10 características de haber sido producto de una demolición controlada (26-27). 10. Afirmación según la cual el núcleo de la estructura de cada una de las Torres Gemelas era «un pozo de acero vacío», afirmación que niega la presencia de 47 columnas de acero macizo que eran en realidad el centro de cada torre. Según la teoría del «apilamiento de pisos» (the «pancake theory») que explica los derrumbes, varias decenas de metros de esas columnas de acero macizo debieran haber quedado en pie (27-28). 11. Omisión de la declaración de Larry Silverstein [el propietario del WTC], declaración según la cual el propio Silverstein en coordinación con los bomberos decidió «demoler» –en lenguaje técnico (to «pull»)– el edificio n°7 (28). 12. Omisión del hecho que el acero de los edificios del WTC fue rápidamente recogido del lugar de los hechos y enviado al extranjero por vía marítima ANTES de que pudiera ser analizado en busca de huellas de explosivos (30). 13. Omisión del hecho que el edificio n°7 había sido evacuado antes de su derrumbe, lo implica que la razón que se dio oficialmente para acelerar lo más posible la recogida del acero [en aquel lugar] (porque podía haber sobrevivientes bajo los escombros) no tenía ningún sentido en el caso de este edificio (30). 14. Omisión de la declaración del alcalde R. Giuliani quien dijo que se le advirtió de antemano que el WTC iba a derrumbarse (30-31). 15. Omisión del hecho que Marvin Bush, hermano del presidente estadounidense, y su primo Wirt Walker III eran los directores de la compañía encargada de garantizar la seguridad del WTC (31-32). 16. Omisión del hecho que el ala oeste del Pentágono, [la misma que fue impactada el 11 de septiembre], era precisamente, por diversas razones, la que menos posibilidades tenía de ser blanco de los terroristas de al-Qaeda (33-34). 17. Omisión de toda discusión tendiente a determinar si los daños que sufrió el Pentágono correspondían realmente con los daños que podría haber provocado el impacto de un Boeing 757 desplazándose a varios cientos de kilómetros por hora (34). 18. Omisión del hecho que existen fotos que demuestran que la fachada del ala oeste no se derrumbó hasta 30 minutos después del impacto y que el orificio de entrada es demasiado pequeño para el diámetro de un Boeing 757 (34). 19. Omisión de todo testimonio contradictorio sobre la presencia o la ausencia de pedazos visibles de un Boeing 757, ya sea dentro o fuera del Pentágono (34-36). 20. Ausencia total de discusión tendiente a determinar si el Pentágono disponía de un sistema de defensa antimisiles capaz de derribar un avión de pasajeros, aún cuando la Comisión sugirió que los terroristas de al-Qaeda decidieron no atacar una central nuclear precisamente porque pensaron que esta dispondría de ese tipo de defensa (36). 21. Omisión del hecho que las imágenes provenientes de diferentes cámaras (incluyendo las de la gasolinera que se encuentra frente al Pentágono, confiscadas por el FBI inmediatamente después del impacto) podrían ayudar a determinar qué fue realmente lo que impactó el Pentágono (37-38). 22. Omisión de la alusión del secretario de Defensa D. Rumsfeld a «un misil[ utilizado] para golpear [el Pentágono]» (39). 23. Aprobación aparente de la respuesta, totalmente insatisfactoria, a la pregunta tendiente a saber por qué los agentes del Servicio Secreto permitieron que el presidente Bush permaneciera en la escuela de Sarasota cuando, según la versión oficial, deberían haber pensado que un avión secuestrado podía tener esa misma escuela como blanco (41-44). 24. Fracaso en explicar por qué el Servicio Secreto no pidió una escolta de aviones de caza para [el avión presidencial] Air Force One (43-46). 25. Afirmaciones según las cuales en el momento en que el cortejo presidencial llegó a la escuela [de Sarasota], ninguno de los asistentes sabía que varios aviones habían sido secuestrados (47-48). 26. Omisión del informe según el cual el secretario de Justicia John Ashcroft había recibido una advertencia para que dejara de viajar en líneas aéreas comerciales antes del 11 de septiembre (50). 27. Omisión de la afirmación de David Schippers de que, basándose en informaciones provenientes de agentes del FBI sobre posibles ataques en el sur de Manhattan, él había tratado infructuosamente de transmitir dicha información al secretario de Justicia John Ashcroft durante las 6 semanas anteriores al 11 de septiembre (51). 28. Omisión de toda mención sobre el hecho que agentes del FBI afirmaron tener conocimiento de los blancos y fechas de los ataques [terroristas] mucho antes de los hechos (51-52). 29. Afirmación, mediante una refutación circular que da la cuestión por resuelta, de que el desacostumbrado volumen de compras de acciones en baja antes del 11 de septiembre no implica que los compradores supieran de antemano que los ataques iban a producirse (52-57). 30. Omisión de los informes según los cuales el alcalde [de San Francisco] Willie Brown y ciertos responsables del Pentágono fueron advertidos de que no debían tomar el avión del 11 de septiembre (57). 31. Omisión del informe según el cual Osama ben Laden, que ya en aquel entonces era el criminal más buscado por Estados Unidos, fue atendido en julio de 2001 por un doctor estadounidense en el hospital estadounidense de Dubai y que recibió allí la visita de un agente local de la CIA (59). 32. Omisión de los artículos que sugieren que, después del 11 de septiembre, el ejército estadounidense permitió deliberadamente la fuga de Osama ben Laden (60). 33. Omisión de informes, entre ellos el que reportaba la visita del jefe de los servicios de inteligencia de Arabia Saudita a Osama ben Laden en el hospital de Dubai, que entran en contradicción con la versión oficial de que la familia de Ben Laden y su país han renegado de este (60-61). 34. Omisión del resumen de Gerald Posner sobre el testimonio de Abu Zubaydah, según el cual tres miembros de la familia real saudita (que murieron los tres misteriosamente con sólo 8 días de intervalo) estaban financiando a al-Qaeda y conocían de antemano la realización de los ataques del 11 de septiembre (61-65). 35. Desmentido de la Comisión sobre el descubrimiento de una prueba del financiamiento de los sauditas a al-Qaeda (65-68). 36. Desmentido de la Comisión sobre el descubrimiento de una prueba que demuestra que dinero perteneciente a la esposa del príncipe Bandar, la princesa Haifa, fue entregado a agentes de al-Qaeda (69-70). 37. Desmentido, que simplemente ignoró la diferencia existente entre vuelos privados y vuelos comerciales, sobre el hecho que el vuelo privado en el que varios sauditas viajaron el 13 de septiembre desde Tampa hasta Lexington violó los reglamentos sobre el espacio aéreo establecidos en aquella fecha (71-76). 38. Desmentido sobre la autorización extendida a varios sauditas para que salieran del territorio de Estados Unidos poco después del 11 de septiembre sin que esas personas fuesen sometidas a una investigación apropiada (76-82). 39. Omisión de la prueba que demuestra que el príncipe Bandar obtuvo una autorización especial de la Casa Blanca para los vuelos de los sauditas (82-86). 40. Omisión de la afirmación de Coleen Rowley según la cual responsables del Cuartel General del FBI habían visto el memo de Phoenix del agente Kenneth Williams (89-90). 41. Omisión del hecho que el agente del FBI en Chicago Robert Wright afirma que el Cuartel General del FBI cerró su investigación sobre una célula terrorista y trató posteriormente de intimidarlo para impedir que publicara un libro en el que relata sus experiencias (91). 42. Omisión de la prueba que demuestra que el Cuartel General del FBI saboteó el intento de Coleen Rowley y de otros agentes [del FBI] de Minneapolis de obtener una orden de búsqueda para conseguir la computadora de Zacarias Moussaoui (91-94). 43. Omisión de las tres horas y media de testimonio que prestó ante la Comisión la ex traductora del FBI Sibel Edmonds que, según una carta que ella misma hizo pública y que dirigió al presidente [de la Comisión] Kean, revelaba serias disimulaciones por parte de responsables del FBI en relación con el 11 de septiembre y dentro del propio Cuartel General del FBI (94-101). 44. Omisión del hecho que el general Mahmud Ahmad, jefe del ISI [los Servicios de Inteligencia pakistaníes], se encontraba en Washington una semana antes del 11 de septiembre y que se reunió allí con el director de la CIA, George Tenet, así como con otros altos responsables estadounidenses (103-04). 45. Omisión de la prueba que demuestra que Ahmad, el jefe del ISI [los Servicios de Inteligencia pakistaníes] ordenó el envío de 100 000 dólares a Mohamed Atta antes del 11 de septiembre (104-07). 46. Afirmación de la Comisión de que no encontró prueba alguna de que algún gobierno extranjero, incluyendo al de Pakistán, haya financiado a agentes de al-Qaeda (106). 47. Omisión del informe según el cual la administración Bush presionó a Pakistán para que Ahmad fuese destituido de su cargo de jefe del ISI después de la divulgación de la información que revelaba que este había ordenado el envío de dinero del ISI a Mohamed Atta (107-09). 48. Omisión de la prueba que el ISI (y no sólo al-Qaeda) se encontraba detrás del asesinato de Ahmad Shah Massud (el comandante de la Alianza del Norte en Afganistán) que se produjo precisamente después de un encuentro que duró una semana entre responsables de la CIA y del ISI (110-112). 49. Omisión de la prueba que demuestra que el ISI está implicado en el secuestro y posterior asesinato de Daniel Pearl, periodista del Wall Street Journal (113). 50. Omisión del informe de Gerald Posner según el cual Abu Zubaydah afirmó que un oficial militar pakistaní, Mushaf Ali Mir, que mantenía estrechos vínculos con el ISI y con al-Qaeda sabía de antemano de los ataques del 11 de septiembre (114). 51. Omisión de la predicción que hizo, en 1999, Rajaa Gulum Abbas, agente del ISI, de que las Torres Gemelas «se derrumbarían» (114). 52. Omisión del hecho que el presidente Bush y otros miembros de su administración se refirieron repetidamente a los ataques del 11 de septiembre como «oportunidades» (116-17). 53. Omisión del hecho que el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano («The Project for the New American Century»), muchos de cuyos miembros se convirtieron en figuras claves de la administración Bush, publicó en el año 2000 un documento que decía que un «nuevo Pearl Harbour» ayudaría a conseguir fondos para una rápida transformación tecnológica del aparato militar estadounidense (117-18). 54. Omisión del hecho que Donald Rumsfeld, quien fue presidente de la comisión del US Space Command y había recomendado aumentar el presupuesto destinado a este, se valió de los ataques del 11 de septiembre, en la tarde de ese mismo día, para garantizar esos fondos (119-22). 55. No se mencionó que las tres personas responsables del fracaso de los esfuerzos por prevenir los ataques del 11 de septiembre (el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, el general Richard Myers y el general Ralph Eberhart) eran también los tres principales promotores del US Space Command (122). 56. Omisión del hecho que Unocal había declarado que los talibanes no podían garantizar la seguridad adecuada para emprender la construcción de sus pipelines (para petróleo y gas) a partir de la cuenca del Caspio y a través de Afganistán y Pakistán (122-25). 57. Omisión del informe según el cual representantes de Estados Unidos dijeron durante un encuentro, en julio de 2001, que ya que los talibanes rechazaban su proposición de construir un oleoducto, una guerra contra ellos comenzaría en octubre (125-26). 58. Omisión del hecho que en su libro, publicado en 1997, Zbigniew Brzezinski escribía ya que para que Estados Unidos pueda mantener su predominio global es necesario que ese país controle el Asia central, con sus vastos recursos petrolíferos, y que un nuevo Pearl Harbour sería útil para obtener el apoyo de la opinión pública estadounidense a esos designios imperiales (127-28). 59. Omisión del hecho que miembros claves de la administración Bush, entre ellos Donald Rumsfeld y su delegado Paul Wolfowitz, se esforzaron durante muchos años por desatar una nueva guerra contra Irak (129-33). 60. Omisión de los apuntes de las conversaciones de Donald Rumsfeld correspondientes al 11 de septiembre que demuestran que este estaba decidido a utilizar los ataques como pretexto para desatar una guerra contra Irak (131-32). 61. Omisión de la declaración que aparece en el Proyecto para un Nuevo Siglo Americano, según la cual «la necesidad de una fuerte presencia estadounidense en el Golfo va más allá del tema del régimen de Sadam Husein» (133-34). 62. Afirmación según la cual el protocolo de la FAA (Federal Aviation Agency) sobre lo sucedido el 11 de septiembre requería un largo proceso de aplicación que tenía que pasar por varias etapas de la cadena de mando cuando el propio Informe Oficial [de la Comisión] cita pruebas de lo contrario (158). 63. Afirmación según la cual en aquellos días sólo dos bases de la fuerza aérea estadounidense del sector noreste del NORAD (North American Aerospace Defense Command o Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte) mantenían cazas en alerta y, en particular, que no había aviones de combate en alerta en las bases de McGuire y de Andrews (159-162). 64. Omisión del hecho que la base Andrews de la fuerza aérea estadounidense tenía varios aviones de caza en alerta permanente (162-64). 65. Aceptación de la doble afirmación según la cual el coronel Marr, del NEADS (North East Air Defense Sector), tenía que comunicarse telefónicamente con un superior para que este lo autorizara a enviar aviones de caza desde [la base] de Otis y que necesitó 8 minutos para realizar esa llamada (165-66). 66. Aprobación de la afirmación según la cual la pérdida de la señal del transpondedor de un avión hace prácticamente imposible la localización de la nave por los radares militares estadounidenses (166-67). 67. Afirmación según la cual la intercepción de Stewart Payne no demostró que el tiempo de respuesta del NORAD en el caso del vuelo AA11 fue extraordinariamente lento (167-69). 68. Afirmación según la cual los cazas de la base de Otis se mantuvieron en tierra durante 7 minutos después de haber recibido la orden de despegue porque no sabían adónde volar (174-75). 69. Afirmación según la cual las fuerzas armadas estadounidenses no sabían del desvío del vuelo UA175 hasta las 9h30, momento exacto en que este vuelo se estrelló contra la torre sur del WTC (181-82). 70. Omisión de toda explicación sobre (a) la razón por la cual un informe anterior del NORAD, según el cual la FAA notificó a los militares el desvío del vuelo UA175 a las 8h43, se considera ahora como falso y (b) cómo fue que ese informe, si era falso, pudo ser publicado y se mantuvo como válido durante cerca de 3 años (182). 71. Afirmación según la cual la FAA no estableció la teleconferencia sino a partir de las 9h20 de aquella mañana (183). 72. Omisión del hecho que un memo de Laura Brown, de la FAA, afirma que la teleconferencia se estableció sobre las 8h50 y que trató precisamente sobre el desvío del vuelo UA175 (183-84, 186). 73. Afirmación según la cual la teleconferencia del NMCC, (Centro de Mando Militar o National Military Command Center) no comenzó antes de las 9h29 (186-88). 74. Omisión, en la afirmación de la Comisión de que el vuelo AA77 no se desvió de su trayectoria antes de las 8h45, del hecho que la hora mencionada en informes anteriores fue las 8h46 (189-90). 75. Fracaso en mencionar que el anuncio de la caída de un jet en Kentucky, poco después del momento en que el vuelo AA77 desapareciera del radar de la FAA, fue tomada lo bastante en serio por los responsables de la FAA y de la unidad antiterrorista del FBI como para que estos la enviaran a la Casa Blanca (190). 76. Afirmación según la cual el vuelo AA77 voló durante cerca de 40 minutos por el espacio aéreo estadounidense en dirección a Washington sin ser detectado por los radares militares (191-92). 77. Fracaso en explicar, si el anterior informe del NORAD según el cual se le informó a este –a las 9h24– que la trayectoria del vuelo AA77 era «incorrecta», cómo fue que ese informe erróneo pudo salir a la luz, o sea que se trata de saber si los responsables del NORAD mintieron o si fueron «embaucados» durante cerca de tres años (192-93). 78. Afirmación según la cual los aviones de combate de Langley, que según dijera primeramente el NORAD fueron enviados a interceptar el vuelo AA77, fueron realmente desplegados como respuesta a un informe erróneo de un controlador (no identificado) de la FAA de las 9h21 de que el vuelo AA11 se encontraba aún en vuelo y que se dirigía hacia Washington (193-99). 79. Afirmación según la cual los militares no fueron contactados por la FAA sobre el probable secuestro del vuelo AA77 antes del impacto contra al Pentágono (204-12). 80. Afirmación de que Jane Garvey no se sumó a la videoconferencia de Richard Clarke hasta las 9h40, o sea después del impacto contra el Pentágono (210). 81. Afirmación de que ninguna de las teleconferencias logró coordinar la FAA y las respuestas de los militares a los secuestros porque «ninguna [de las mismas] incluía a los responsables adecuados en el seno de la FAA y del Departamento de Defensa », aunque Richard Clarke dice que su propia videoconferencia incluía a la directora de la FAA Jane Garvey, al secretario de Defensa Donald Rumsfeld y al general Richards Myers, jefe interino de las Fuerzas Armadas (211). 82. Afirmación de la Comisión según la cual esta no sabía qué miembros del Departamento de Defensa participaron en la videoconferencia con Richard Clarke cuando el propio Clarke afirma en su libro que se trataba de Donald Rumsfeld y del general Myers (211-212). 83. Aprobación de la afirmación del general Myers de que él se encontraba en el Capitolio durante los ataques sin mencionar el informe contradictorio de Richard Clarke, según el cual Myers estaba en el Pentágono y participó en la videoconferencia con Clarke (213-17). 84. Fracaso al mencionar la contradicción entre el testimonio de Clarke sobre los movimientos de Rumsfeld de aquella mañana y las declaraciones del propio Rumsfeld (217-19). 85. Omisión del testimonio del secretario de Transporte Norman Mineta ante la propia Comisión, testimonio según el cual el vicepresidente Cheney y las demás [personas presentes] en el refugio subterráneo habían sido advertidas a las 9h26 de que un avión se acercaba al Pentágono (220). 86. Afirmación según la cual los responsables del Pentágono no sabían que un avión se estuviera acercando a ellos antes de las 9h32, las 9h34 o las 9h36, o sea sólo minutos antes que el edificio fuera impactado (223). 87. Aceptación de dos versiones que se contradicen entre sí sobre el aparato que impactó el Pentágono: una que describe la ejecución de una espiral de 330 grados hacia abajo (un «picado a gran velocidad») y otra en la que no se menciona esa maniobra (222-23). 88. Afirmación según la cual los cazas provenientes de Langley, que supuestamente recibieron la orden de despegar rápidamente para proteger Washington del «vuelo fantasma AA11» no estaban en lo absoluto cerca de Washington porque fueron enviados hacia el océano por error (223-24). 89. Omisión de todas las pruebas que sugieren que lo que impactó el Pentágono no fue el vuelo AA77 (224-25). 90. Afirmación según la cual la FAA no informó a los militares sobre el desvío del vuelo UA93 antes de que este se estrellara (227-29, 232, 253). 91. Doble afirmación de que el NMCC no monitoreó la conferencia iniciada por la FAA y no pudo por consiguiente conectar a la FAA con la teleconferencia iniciada por el NMCC (230-31). 92. Omisión del hecho que el Servicio Secreto dispone de medios que le permiten tener conocimiento de todo lo que hace la FAA (233). 93. Omisión de toda investigación sobre las razones que llevaron al NMCC a comenzar su propia teleconferencia si, como dijo Laura Brown –de la FAA–, eso no forma parte del protocolo standard (234). 94. Omisión de toda investigación sobre por qué el general Montague Winfield no solamente fue reemplazado por un «bisoño» (a rookie), el capitán Leidig, como director de operaciones del NMCC sino que abandonó además el mando cuando estaba claro que el Pentágono se encontraba ante una crisis sin precedente (235-36). 95. Afirmación según la cual la FAA notificó (de forma errónea) al Servicio Secreto, entre las 10h10 y las 10h15, que el vuelo UA93 se encontraba todavía en vuelo y se dirigía hacia Washington (237). 96. Afirmación según la cual el vicepresidente Cheney no dio la autorización para disparar hasta las 10h10 (varios minutos después de la caída del vuelo UA93) y que esa autorización no fue transmitida a la fuerza aérea hasta las 10h31 (237-41). 97. Omisión de todas las pruebas que indican que el vuelo UA93 fue derribado por un avión militar (238-39, 252-53). 98. Afirmación según la cual [el zar del contraterrorismo] Richard Clarke no recibió el pedido de autorización de fuego hasta las 10h25 (240). 99. Omisión del testimonio del propio Clarke, que sugiere que este recibió el pedido de autorización de fuego hacia las 9h50 (240). 100. Afirmación según la cual Cheney no bajó al refugio subterráneo del PEOC [o CPOU (siglas correspondientes a Centro Presidencial de Operaciones de Urgencia]) hasta las 9h58 (241-44). 101. Omisión de los múltiples testimonios, entre ellos los de Norman Mineta [secretario de Transporte] ante la propia Comisión, testimonios según los cuales el [vicepresidente] Cheney se encontraba en el CPOU antes de las 9h20 (241-44). 102. Afirmación según la cual la autorización para derribar un avión civil tenía que ser otorgada por el presidente (245). 103. Omisión de informes según los cuales el coronel Marr ordenó derribar el vuelo UA93 y el general Winfield indicó que él mismo y otros [oficiales] esperaban en el NMCC que un caza alcanzara el vuelo UA93 (252). 104. Omisión de informes que indican que había dos aviones de caza en el aire a varios kilómetros de New York y tres a sólo 320 kilómetros de Washington (251). 105. Omisión del hecho que había por lo menos 6 bases militares con cazas en estado de alerta en la región noreste de Estados Unidos (257-58). 106. Aprobación de la afirmación del general Myers de que el NORAD había definido su misión solamente en términos de defensa contra amenazas dirigidas [hacia Estados Unidos] desde el extranjero (258-62). 107. Aprobación de la afirmación del general Myers de que el NORAD no había previsto la posibilidad de que un grupo de terroristas pudiera utilizar aviones de pasajeros secuestrados como misiles (262-63). 108. Fracaso en poner en perspectiva la significación del hecho, presentado en el propio Informe, o en mencionar otros hechos que prueban que el NORAD sí había efectivamente previsto la amenaza que podía representar la posible utilización de aviones de pasajeros secuestrados como misiles (264-67). 109. Fracaso en explorar la implicaciones de la cuestión de saber cómo pudieron influir la maniobras militares («war games») programadas para aquel día en el fracaso de los militares en los intentos por interceptar los aviones de pasajeros secuestrados (268-69). 110. Fracaso en discutir la posibilidad que el desarrollo de la Operación Northwoods haya favorecido los ataques del 11 de septiembre (269-71). 111. Afirmación (presentada para explicar por qué los militares no recibieron la información sobre los aviones secuestrados con tiempo suficiente para lograr interceptarlos) según la cual el personal de la FAA falló inexplicablemente unas 16 veces en la aplicación de los procedimientos normales (155-56, 157, 179, 180, 181, 190, 191, 193, 194, 200, 202-03, 227, 237, 272-75). 112. Fracaso en mencionar que la proclamada independencia de la Comisión se vio fatalmente comprometida por el hecho que su director ejecutivo, Philip Zelikow, era prácticamente miembro de la administración Bush (7-9, 11-12, 282-84). (ndt: era colaborador cercano de Condoleeza Rice) 113. Fracaso en mencionar que la Casa Blanca trató primeramente de impedir la creación de la Comisión [Oficial de Investigación sobre los Ataques Terroristas del 11 de Septiembre] y que obstaculizó después el trabajo de esta, como lo hizo al asignarle un presupuesto extremadamente restringido (283-85). (ndt: Presupuesto estimado en 15 millones de dólares cuando el film de ficción «Vuelo 93» de Paul Greengrass costó 18 millones y «World Trade Centre» de Oliver Stone costó CUATRO VECES MÁS, o sea 60 millones de dólares. En lo tocante al primer punto, la creación de la Comisión no se produjo hasta después de 441 días de los ataques y el presidente Bush propuso que fuera presidida por Henry Kissinger… para luego retractarse ante las violentas críticas de la opinión pública contra esa proposición.) 114. Fracaso en mencionar que el presidente de la Comisión, la mayoría de los demás miembros de la Comisión, y por lo menos la mitad del personal de la misma tenía serios conflictos de intereses (285-90, 292-95). 115. Fracaso de la Comisión, la cual se vanagloriaba de que la presentación de su informe final había tenido lugar «sin disensión», en mencionar que esto fue posible únicamente porque Max Cleland, el miembro de la Comisión más crítico en cuanto a la actuación de la Casa Blanca –juró incluso «que no sería cómplice de un tratamiento parcializado de las informaciones»–, tuvo que renunciar a su puesto dentro de la Comisión para poder aceptar un cargo en el Banco Export-Import y que la Casa Blanca dio a conocer su nominación para ese cargo únicamente después que las críticas emitidas por Cleland se hicieron especialmente directas (290-291). Terminaré precisando que concluí mi estudio del texto que he dado en llamar «el informe Kean-Zelikow» escribiendo lo siguiente: Finalmente, el Informe de la Comisión Investigadora sobre el 11 de septiembre, lejos de evacuar mis dudas en cuanto a una complicidad oficial, no hizo más que confirmarlas. ¿Qué podría llevar a los responsables encargados de la redacción de ese informe final a montar una superchería de tanta envergadura si no el intento de enmascarar enormes crímenes? (291). David Ray Griffin Ancien professeur de logique et de théologie à l’université de Claremont Dos obras del profesor David Ray Griffin han sido publicadas en francés: Le Nouveau Pearl Harbor y Omissions et manipulations de la commission d’enquête sur le 11 Septembre. La traducción de ambos títulos estuvo a cargo del comandante Pierre-Henri Bunel y fueron publicadaas en 2006 por las ediciones Demi-lune.