sábado, 30 de septiembre de 2017

DIAGNÓSTICOS

Panorama político nacional de los últimos siete días Los sombríos diagnósticos del kirchnerismo Ingresando ya en el mes de las elecciones, todas las proyecciones de los encuestadores vaticinan (con diferencias levísimas) que la lista de Cambiemos se quedará con el triunfo en la decisiva provincia de Buenos Aires. Los analistas que trabajan para el kirchnerismo no son una excepción. En el Instituto Patria reciben datos que no difieren demasiado de los que maneja el oficialismo. La señora de Kirchner parece resignada al segundo puesto. Esgrime el argumento de que lo que está en disputa es la segunda banca de senador, por la que compiten su compañero Jorge Taiana y la representante macrista Gladys González. Lo que la señora insinúa es que no perderá ella, sino Taiana. Un diagnóstico interesado Asediada por la perspectiva de una caída, la ex presidente recorre ahora más medios que los que visitó durante su último período y en las entrevistas que concede difunde un diagnóstico sombrío, sesgado (y errado) sobre la situación política. A ella no le interesa tanto acertar en el análisis como que éste sea funcional a sus propósitos. Y estos consisten en retener, incluso en la derrota, un botín electoral significativo para abroquelarse tras ese número rodeada de un equipo intenso de activistas. No necesita poderes adivinatorios para anticipar que los tiempos próximos prometen desventuras para ella y para su círculo. Lo que ella transmite, sin embargo, es que la travesía del desierto que inició con sus fieles dos años atrás será un viaje breve porque el gobierno de Cambiemos tiene sus días contados en razón del modelo económico de ajuste y empobrecimiento colectivo que, según ella, se despliega desde el poder. La expresidente acaba de reiterar sus conceptos ante el corresponsal en Buenos Aires del diario madrileño El País; dibujó un horizonte penumbroso: “Hoy en Argentina tenemos un endeudamiento feroz. En el conurbano bonaerense han vuelto a tener dos dígitos de desempleo, el poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, se ha derrumbado, la inflación ha crecido exponencialmente y el déficit fiscal también. Esto ya se probó. Esto ya lo vivimos en la década de la plata dulce durante la dictadura.¿Qué va a pasar cuando Argentina no se pueda endeudar más?” Para la señora es indispensable reforzar los malos augurios y acentuar los tonos oscuros con los que pinta al gobierno de Mauricio Macri para minimizar los sacrificios que intuyen sus seguidores y disuadir a estos de la tentación de buscar destinos más prometedores. Los datos objetivos no la acompañan demasiado: la pobreza, según las investigaciones actuales, ha retrocedido no sólo en relación al aumento que había experimentado en el primer año de gobierno de Macri, sino también comparada con la herencia que legó el último gobierno K. El gradualismo macrista no liquidó los planes sociales (como habían varticinado los voceros kirchneristas), sino que más bien incrementó su alcance y utiliza pragmáticamente la caja de herramientas económicas para reducir la inflación y estimular el consumo. Entusiasmo oficialista A diferencia de ella, los empresarios descuentan, en virtud del cambio de situación y de expectativas, que Cambiemos se impondrá en la provincia de Buenos Aires y se fortalecerá en el conjunto del país; un cambio que alienta expectativas reeleccionistas. Hasta sus competidores del peronismo no kirchnerista advierten esa posibilidad. “Cambiemos es una fuerza en ascenso- observó el jefe de los senadores justicialistas, Miguel Pichetto- . Y han demostrado que saben ganar elecciones”. El mal análisis de la señora de Kirchner evoca el error análogo de la cúpula de Cambiemos en vísperas de las elecciones de 2015. En aquella ocasión, el sector hegemónico de la coalición apostó a la polarización total con el kirchnerismo partiendo de un diagnóstico desacertado: daban por sentada una crisis del sector externo que volcaría a la protesta a una mayoría ciudadana en reclamo de cambios. Esa crisis del sector externo no se verificó; el gobierno consiguió empujarla hacia adelante y endosarla al período siguiente. Pese al error de diagnóstico, Macri tgriunfo en el tramo decisivo de la elección presidencial gracias a una desastrosa decisión de su antecesora: ella designó a Aníbal Fernández como candidato K a gobernador bonaerense y así dio vuelta el resultado en la provincia principal y, por arrastre, en el ballotage presidencial que sobrevendría. Su conducción llevó el peronismo a la derrota y lo instaló a Macri en la Casa Rosada. Es significativo que tanto aquel error de diagnóstico de Cambiemos como este análisis de la señora de Kirchner a contramano de los hechos objetivos, han sido y son fundamento de políticas polarizadoras, que simplifican exasperadamente la realidad y reducen todos los problemas a uno solo: “el Mal es monopolio de la otra parte, el Bien somos nosotros”.. A juzgar por los números, ese maniqueísmo no abarca a toda la sociedad que, de acuerdo a lo visto en las PASO, sólo le dio a esas facciones un tercio y otro tercio de los votos. Y que, ni siquiera con la tensión polarizadora agudizada con vistas a las urnas de octubre, se resignará a eternizar la grieta. En rigor, lo que ya se puede observar es que, pese a las tácticas polarizadoras, protagonistas importantes tejen la tela de posibles acuerdos de convivencia para después de octubre. Esos acuerdos están en la lógica íntima de la situación política. Más allá del entusiasmo que por estos días embarga al oficialismo y a la evidencia de que está fortaleciendo, no hay chance de quje en los próximos dos años se pueda consolidar una hegemonía plena de Cambiemos que le otorgue autosuficiencia e independencia del resto de las fuerzas parlamentarias, provinciales y sociales. Y si esto es válido para la fuerza que ejerce el gobierno, la fuerza del Presidente, lo es más para los otros jugadores: gobernadores, bloques parlamentarios competitivos, sindicatos, empresarios. Para construir se requiere un sistema de fuerzas que se asiente en acuerdos. Y, aunque la señora de Kirchner lo desee, no hay ninguna fuerza, como la que ella quiere diseñar, que pueda sabotear el juego colectivo desde la soledad de un extremo. Acuerdo y ejercicio del poder El fortalecimiento del gobierno vendrá en parte de las urnas, pero también de su flexibilidad y capacidad para alcanzar acuerdos y tejer sociedades con los demás actores constructivos y, por cierto, de la gestión que sea capaz de producir. Los acuerdos necesarios no excluyen (más bien edxigen) el ejercicio ponderado del poder para recortar con decisión obstáculos que traban el desarrollo y la convivencia. La detención del jefe platense del sindicato de la Construcción no fue cuestionada –como subrayó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca- por ningún dirigente sindical. Tampoco fuer resistida por la conducción de su propio gremio. Por el contrario, ésta acompañó la medida con una intervención propia de la seccional infectada. El Presidente destacó su decisión de barrer (o ayudar a barrer) conductas análogas.a las que se adjudica al dirigente sindical detenido, en todos los sectores estratégicos, sin excluir el empresario, del que él mismo proviene. En un período en el que se abren posibilidades de convergencia y construcción y cuando el gobierno de Cambiemos se entusiasma con su fortalecimiento potencial, vale la pena escuchar exhortaciones prudentes como este que el analista Eduardo Fidanza publicó ayer en su habitual columna del diario La Nación: “A un partido de desempeño luminoso, que ha prometido ética además de bienes materiales, hay que advertirle el lado oscuro: parecerse subrepticiamente al grupo que desplaza, sustituir los negocios de ellos por los propios, procurarse medios de comunicación y una Justicia adictos, enamorarse de sus herramientas sin considerar alternativas, ningunear a los aliados, postergar reformas estructurales por estimulantes de coyuntura, actuar con soberbia, despreciar la sensibilidad histórica y social, inventarse un círculo rojo de donde provienen todas las ideas antiguas, perjudiciales e incorrectas. Esta entelequia se parece demasiado a los sectores concentrados de Néstor y Cristina”. Los riesgos que avisa Fidanza son, si se quiere, más creíbles que los diagnósticos oscuros que dibuja el aislado mundo K. Jorge Raventos

LUCHAR CONTRA LAS MAFIAS.

LUCHAR CONTRA LAS MAFIAS Malú Kikuchi (30/9/2017) El corajudo y justo juez Giovanni Falcone, asesinado por la mafia en Palermo, Sicilia (Italia), en 1992, con una bomba que asesinó también a su mujer y a sus dos guardaespaldas, decía: “La primera condición para luchar contra el crimen organizado es aceptar que existe. Lo segundo es tener la íntima convicción que al combatirlo, estamos haciendo un país mejor.” Hace no mucho, Macri le declaró la guerra a la mafia de los juicios laborales y el ministro Cabrea el día de la Industria dijo que, “necesitamos que las provincias adhieran a la ART para terminar con este flagelo.” Nuestra Argentina está intrusada por distintas mafias, todas ellas devastadoras para la ciudadanía. Ninguna de ellas puede funcionar sin que el poder intente ignorarlas, o las proteja, o directamente se asocie con ellas. Hemos tenido muchas mafias, algunas todavía están vigentes. La mafia del PAMI, la de ANSES, la de los medicamentos, la del oro, la del correo, la de la aduana, la de la trata, la del lavado de dinero, la de los narcos. Y la gremial. No todos los gremialistas son mafiosos, pero muchos lo son. El hecho de la reelección indefinida es casi un aliciente para generar negocios truchos al margen de la ley. Usan la presión, el soborno, la extorsión y el miedo. Tienen un enorme poder, el de poder paralizar el país y hacerle la vida imposible al gobierno, de paso a la población que harta de huelgas, cortes y escraches, termina echando al presidente de turno. Pero, casi con incredulidad, nos enteramos en febrero de este año que el intocable Omar “el Caballo” Suarez, secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), era detenido. Gran trabajo de la abogada Gladys González, que aportó las pruebas. Hoy es candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires por Cambiemos. El “Caballo” extorsionaba a los barcos mercantes que arribaban y partían. Amasó una fortuna en casas, autos, campos y todo aquello que fuera síntoma de riqueza. En marzo, un mes después de la detención del “Caballo”, los costos portuarios habían bajado un 40%. Con más incredulidad aún, el 27/9, la policía detenía a otro intocable, Juan Pablo “el Pata” Medina, dueño y señor de la sucursal del sindicato de la construcción, UOCRA, filial La Plata. Hombre de armas, amenazó con paralizar las obras de la provincia de Buenos Aires y de incendiarla. Lo detuvieron de todas maneras. Extorsionando empresas constructoras, paralizaba las obras si no le pagaban lo que exigía. Así dejó sin trabajo a 16.000 albañiles. Mientras, él tenía 1.000 autos, varias casas, un yate, un avión, un helicóptero… La detención de “el Caballo” Suárez y “el Pata” Medina, son dos logros del poder judicial que parece descontar el triunfo de Cambiemos en las elecciones del 22 de octubre próximo. Quizás esto sea un cambio de rumbo en ¿la Justicia? ¿O de ser distintos los resultados electorales todo dará marcha atrás y los sindicalistas volverán a ser intocables señores feudales en sus gremios? La Argentina necesita cambiar con desesperación, ser transparente, castigar a los culpables, terminar con la impunidad que ensucia a todos, ya que no se sabe quién es quién, ni quien hace algo indebido o no. Ojalá esto sea solo el primer paso hacia otro país, un país donde los inversores tengan seguridades de poder invertir para generar el trabajo de calidad que tanta falta hace. El problema para creerlo reside en que hemos sido engañados muchas veces y desde hace mucho tiempo. Primero la Justicia debe actuar, luego una reforma laboral es imprescindible. La reelección debe tener un límite de 2 períodos, la mochila de los costos laborales debe disminuir, no en desmedro de los trabajadores, sino para no enriquecer indebidamente a los jefes de los sindicatos y para poder ganar competitividad en el exterior. Producir más y mejor a precios atractivos. ¿Es mucho pedir? Empezamos y terminamos con Giovanni Falcone. “Cualquier campaña antimafia que nace alentada por miedo, o búsqueda de rédito político, o necesidad de calmar reclamos de la opinión pública, está condenada al fracaso. Combatir mafias es una misión de largo plazo que requiere pruebas, testimonios y sentencias judiciales. Necesita instituciones.” La pregunta acuciante es: ¿tenemos esas instituciones funcionando?

ALGO SÍ PASA

Algo sí pasa “La Justicia es el pan del pueblo; siempre está hambriento de ella”. René de Chateaubriand En nuestro país se ha hecho carne una afirmación que sostiene que “aquí nunca pasa nada”, referida en especial a las consecuencias penales que la corrupción debiera generar para sus autores. Hasta ahora, y salvo contadísimas y notorias excepciones, el más que moroso Poder Judicial dio la razón a quienes así lo creían. Sin embargo, el claro avance de Cambiemos en las PASO, que se ampliará tras el seguro triunfo de este mes, hizo que los jueces federales en lo criminal, poseedores de las narices más profesionales del planeta, se atropellaran en la puerta de los tribunales orales para elevar a juicio las innumerables causas que afectan a los capitostes del gobierno kirchnerista, incluyendo a la propia Presidente, jefa única de la monstruosa asociación ilícita que organizó con su marido muerto. Están hoy sentados, ante estos mismos magistrados en los cuales tanto confiaron en el pasado por razones claramente crematísticas, Cristina Elisabet Fernández, el ex Vicepresidente Amado Boudou, el ex super Ministro de Planificación y actual Diputado -¡qué vergüenza!- Julio de Vido, y decenas de emblemáticos secretarios de Estado (Guillermo Moreno, Daniel Cameron, Roberto Baratta, Daniel Reposo, etc.), presidentes de empresas públicas, responsables de entes autárquicos, funcionarios de todos los niveles y algunos empresarios demasiado expuestos como para eludir su conversión en blancos indeseados. Pero es claro que no todo termina allí. Esta leve brisa de decencia, que comenzó a soplar hace un año y medio con la caída de Norberto Oyarbide, está empezando a defenestrar a actuales jueces, como Eduardo Freiler, Carlos Rozanski, Raúl Reynoso y Alberto Hergott. Lamento que el Gobierno prefiera aceptar la renuncia de algunos de estos impresentables magistrados, que acceden así a una jubilación privilegiada, a que deban enfrentar el largo proceso del juicio político y, en algunos casos, hasta causas penales por corrupción. Esas caídas no son suficientes y los vientos deberán soplar más fuerte, pues es sabido que no son pocos los jueces que debieran ser expulsados de sus cargos por indignidad moral para encontrarse por encima de sus conciudadanos y decidir sobre su libertad y su patrimonio. Y, por supuesto, debería incluir en la lista a la inefable Procuradora General de la Nación, doña Alejandra ¡Giles! Carbó y a la recua de fiscales militantes con que ha colonizado los tribunales de todo el país, siempre dispuestos a entorpecer la gestión del Gobierno y a prestarse a participar del circo romano en que se juzga a los militares pero nunca a los terroristas. Por si no hubiera suficientes artistas en escena, ahora se ha sumado el complejo elenco de los eternos dirigentes gremiales, como Omar Caballo Suárez y Juan Pablo Pata Medina, paradigmáticos y violentos extorsionadores de los empresarios de sus respectivos rubros, a los cuales se sumarán pronto otros colegas en el delito. Es que, puesta a investigar seriamente, la Justicia debería hacerse una panzada con las inmensas fortunas personales que detentan estos caraduras, tan volubles, que tanto daño hacen al país invocando los teóricos intereses de sus afiliados, como ha sido el reciente caso de la férrea oposición a las aerolíneas low cost. Pero, como se ha visto en Brasil, la obra purificadora no tendrá un final feliz hasta que hagan acto de presencia en la misma la multitud de empresarios que han lucrado sin tasa y sin medida con los contratos con el Estado, al cual han dejado postrado de inanición a fuerza de sobreprecios u falsedades inconclusas que, siempre, hemos terminando pagando con nuestros exorbitantes impuestos. Está en pleno trámite legislativo el proyecto de ley que responsabiliza penalmente a las compañías en los hechos de corrupción, y es probable que veamos su sanción en los próximos días. Sin embargo, y tal como dijera el Juez Sergio Moro, líder de las investigaciones relacionadas con el proceso del Lava Jato, que ha llevado a la cárcel a decenas de políticos, funcionarios y empresarios brasileños con gravísimas condenas –al ex Gobernador de Rio de Janeiro, Sergio Cabral, le impusieron ¡45 años! de prisión- no bastará con esa norma, sino que resultará indispensable contar también con el instrumento de la delación premiada, que tan buenos frutos diera en nuestro vecino país. Precisamente, esa monumental causa judicial ha puesto de relieve un aspecto poco conocido, en la medida es que es la primera vez que aparece nítida la transnacionalidad de la enorme maquinaria de corrupción montada. Y así, sin caer en teorías conspirativas, ha quedado expuesta su íntima vinculación con el Foro de San Pablo, fundado en 1990 por el Partido dos Trabalhadores (PT), comandado por Luiz Inácio Lula da Silva. La izquierda latinoamericana se convenció que el camino militar –recorrido por las organizaciones terroristas que asolaron nuestro continente en los 70’s y 80’s- no tenía posibilidad de llegar al destino deseado, e invento esa falacia del “socialismo del siglo XXI”, que conlleva la destrucción de las instituciones más caras a nuestros sentimientos: la república, la democracia representativa, las iglesias, las familias y, por supuesto, los ejércitos. Rápidamente, y dada la comunidad de objetivos políticos, el Foro logró la adhesión incondicional de los líderes populistas (en algunos casos, verdaderos cleptómanos) de la región, se llamaran Hugo Chávez (Venezuela), Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia), Michelle Bachelet (Chile), José Pepe Mujica (Uruguay), Dilma Rousseff (Brasil), Daniel Ortega (Nicaragua) y, claro, Néstor y Cristina Kirchner (Argentina), y cuenta con gran apoyo financiero transnacional de los grandes carteles de la droga. Pese a que se incorporaron al mismo los sanguinarios miembros de las FARC colombianas, del Sendero Luminoso peruano, de los distintos frentes terroristas chilenos y conspicuos integrantes de Montoneros y ERP argentinos, al menos por ahora trocaron los fusiles por los libros de la Escuela de Frankfort, de Antonio Gramsci, de Ernesto Laclau y de tantos otros profetas de esta destructiva religión. Entre los concretos objetivos de ese nefasto Foro, en realidad como uno de sus instrumentos, está definido el incentivo a los movimientos indigenistas en la región. Éstos se han hecho presentes desde hace décadas en el sur de Chile, donde los mapuches sí han optado por la vía terrorista con asesinatos, incendios, bombas y sabotajes de toda índole. El Gobierno de la Coalición gobernante ha sido por demás tolerante, pese a disponer de una específica legislación represiva, y ello ha permitido no solamente la perduración de estas acciones violentas sino su traslación hacia territorio argentino, donde esta etnia arribó en 1833, aunque sólo muy recientemente ha adoptado posiciones insurreccionales y separatistas. Los descerebrados y los malintencionados que apoyan las disparatadas reivindicaciones territoriales de estos autoproclamados “pueblos originarios” no se han detenido a pensar que el año -1833- en que los mapuches realmente cruzaron la cordillera de los Andes y se instalaron aquí, es exactamente el mismo en que los colonizadores argentinos de las islas Malvinas fueron desalojados militarmente por los británicos; entonces, y en función de esa igual antigüedad, la misma calificación y los mismos derechos deberían reconocerse a los invasores ingleses. Este es el desafío que la Argentina tiene por delante, y en función de ese buen combate, está obligada a fortalecer sus instituciones y respaldar a las personas que se encargan de la defensa y de la seguridad del territorio nacional y de los ciudadanos; lo que hemos visto en estos días, con los feroces ataques a la Gendarmería y a la Ministro Patricia Bullrich va, precisamente, en dirección contraria. Bs.As., 30 Sep 17 Enrique Guillermo Avogadro Abogado Tel. (+5411) ò (011) 4807 4401/02

sábado, 23 de septiembre de 2017

POLARIZACIÓN

Panorama político nacional de los últimos siete días Lo que crece más allá de la polarización Si bien en las operaciones electorales sigue imperando la lógica de la polarización, conviene observar un poco más atrás para comprender cuál será el clima político después de las urnas de octubre. En rigor, lo electoral propiamente dicho ha pasado a un segundo plano pese a que ya se ha iniciado el tiempo de campañas. Los timbreos y las giras de los candidatos no parecen incidir más que ínfimamente en la opinión de los ciudadanos. En cuanto a las apariciones periodísticas, aunque alcanzan cierta repercusión, pueden resultar contraproducentes: varios estudios demoscópicos muestran que la señora de Kirchner fue muy escuchada cuando respondió al primer reportaje en años con un periodista independiente, pero también que la intención de votar por ella decayó cuatro puntos porcentuales después de esa entrevista. Quizás por cautela, entonces, los dos candidatos más votados en las PASO bonaerenses–el oficialista Esteban Bullrich y la expresidente- vienen gambeteando con excusas la posibilidad de un debate público. Ella dice que no quiere que el espectáculo sea organizado por un canal de televisión privado (en referencia a TN, que habitualmente ha organizado esos shows políticos) y propone a cambio alguna universidad pública bonaerense, con participación de docentes y estudiantes de la carrera de comunicación. Supone probablemente que ese ámbito representa un hándicap en su favor. Esteban Bullrich, por su parte, toma distancia de esa iniciativa y afirma que él tiene un compromiso con TN. Es evidente que (al menos por ahora) ni una ni otro quieren encontrarse en el mismo lugar, circunstancia que naturalmente imposibilita el debate. Los otros candidatos a senadores bonaerenses –Sergio Massa, Florencio Randazzo y Néstor Pitrola- reclaman debatir donde sea sin subterfugios. Pero son Bullrich y la señora de Kirchner - uno y otro- los que determinan si el encuentro se produce o no. Alcanzaría con que uno de los dos tomara distancia del debate para volverlo impracticable. De hecho, la señora de Kirchner viene sugiriendo que el debate lo protagonicen Jorge Taiana (su escolta en la boleta de senadores) y Gladys González, la número dos de la lista de Cambiemos. “Yo y Bullrich ya estamos seguros de que seremos senadores –argumenta CFK-. Lo que está en juego es quién será el tercer senador, si Taiana o la candidata del Pro”. En fin, que la campaña muestra una lógica de consignismo y maniobras de fuga de lo que sea discusión de ideas y propuestas. Los “casos”: Nisman, Maldonado, estudiantes La primera plana, entonces, se cubre con el tratamiento de “casos”: el caso Nisman (que ha adquirido nuevo vuelo con la pericia desarrollada por la Gendarmería, que postula y fundamenta la hipótesis de que el fiscal fue asesinado por dos personas), el caso Maldonado (la inexplicada desaparición de un artesano simpatizante de sectores radicalizados de la comunidad mapuche, que sectores del kirchnerismo procuran atribuir a la Gendarmería y al gobierno nacional), las tomas de colegios secundarios de la ciudad de Buenos Aires (en oposición a una reforma pedagógica que, más allá de sus eventuales méritos o buenas intenciones, el gobierno porteño intenta aplicar verticalmente, sin debate ni participación de docentes, padres, alumnos y especialistas). Cada uno de esos casos atrapa fragmentos de opinión pública -a veces superpuestos y alineados, otras, divorciados y confrontados- que las facciones procuran conectar con la dialéctica electoral y sus opciones. El oficialismo esparce la idea de que las movilizaciones estudiantiles en la ciudad de Buenos Aires son piloteadas desde atrás por el kirchnerismo. Puede ser que detrás de esa interpretación conspirativa haya algún atisbo de realidad; cabe de todos modos preguntarse si un tratamiento más abierto y una comunicación más eficaz de parte de las autoridades porteñas no le habrían hecho más difícil la tarea a esa agitación. Es plausible, también, que los embates kirchneristas contra el papel de la Gendarmería en el tema Maldonado puedan vincularse con las conclusiones del análisis de esa fuerza sobre el caso Nisman, que evidentemente complican a quienes, durante la presidencia de la señora de Kirchner, participaron en la (morosa, deficiente) investigación sobre la muerte del fiscal que había denunciado a la titular del Poder Ejecutivo y a su canciller de faltas gravísimas. En cualquier caso, para defenderse de esos ataques el gobierno adoptó, durante los primeros tramos de la investigación del caso, una actitud de lejanía y frialdad que afectó la credibilidad de su compromiso ante la sospechosa desaparición de un ciudadano. Así, se puso en situación vulnerable ante presiones interesadas y hasta ante la presencia de organizaciones violentas que discuten al Estado argentino. Pichetto y los gobernadores Más allá del escenario de la polarización y de los “casos” que dispersan la atención de la opinión pública, lo que se puede observar es que protagonistas importantes tejen ya la tela de posibles acuerdos de convivencia para después de octubre. Esos acuerdos están en la lógica íntima de la situación política. Cualquiera sea el resultado de la elección de octubre, no hay chance de que ninguna fuerza (en primer lugar el oficialismo, aunque sea el que más votos consiga) se instale en una situación de hegemonía y de autonomía tal que le permita independizarse del resto de las fuerzas parlamentarias, provinciales y sociales. Así sea en distintos grados y con distintos instrumentos a su disposición, todos necesitan de todos. No hay un jugador en condiciones de ganar todas las manos. Es cierto que –como declaró el último jueves Miguel Pichetto, jefe de los senadores peronistas en un acto de la revista Movimiento 21- “algunos creen que cuanto peor, mejor. Y esperan que el Gobierno se autodestruya para poder ganar”. Pero esa postura, que Pichetto atribuyó implícitamente a la señora de Kirchner, queda prácticamente aislada cuando todos los sectores constructivos del sistema político se mueven con mirada de mediano y largo plazo. Pichetto ya da señales de cómo serán las cosas en el Congreso: búsqueda de diálogos para garantizar la gobernabilidad, tanto en la dimensión del Estado nacional como de las provincias y respaldo a una reforma social y a reformas de la productividad en las que participen el movimiento obrero, los empresarios y los movimientos sociales. El senador escucha sobre todo a los gobernadores y a los gremios. Frente a los que postulan una oposición sistemática del peronismo al gobierno, Pichetto argumentó: “Este gobierno no es una dictadura, son un gobierno democrático, expresan un capitalismo moderno.” Y aconsejó a la audiencia peronista que lo escuchaba: “No hay que subestimar al Gobierno; saben cómo ganar elecciones. El peor error del peronismo sería subestimar al Gobierno”. Triaca y los gremios Las conversaciones que el ministro Jorge Triaca mantiene con las conducciones sindicales caminan también en sendero de los acuerdos. El ministro practica una gimnasia que no todos en el gobierno imitan: mantener canales abiertos, escuchar a sus interlocutores, explicar con claridad los objetivos oficiales y tomar distancia de ideas ajenas que se le puedan atribuir. Así, ha dado garantías de que las reformas laborales que el gobierno busca no tienen que ver con las que puso en marcha Brasil bajo la presidencia Temer ni pretende poner en discusión el régimen legal tradicional de la organización sindical en Argentina. Despejar esas dudas fundamentales ha servido ya para que se disipara la perspectiva de una huelga general o un plan de lucha como el que impulsan sectores minoritarios del movimiento obrero. La conducción gremial más responsable sabe que no puede actuar aislada del conjunto del peronismo. Y la mayoría del peronismo (que hoy está representada por los gobernadores) no quiere desgastar su fuerza en hostilidades contra el poder nacional que conduce Macri. Quiere convivir con él (lo que no excluye regateos, pulseadas y conflictos moderados) reconstruir el justicialismo como fuerza política y competir electoralmente ofreciendo una alternativa superadora. Eco de esas reflexiones, el mismo jueves en el que habló Pichetto (y en el mismo escenario) el sindicalista Hugo Quintana, después de tomar distancia de las consignas favorables a un plan de lucha (“Sería inoportuno”, dijo), planteó que había que actuar con estrategia y con paciencia: “Prepararnos para 2019, y si no tenemos éxito, para el 21, o el 23...”. Por detrás de los “casos” y de las tácticas polarizadoras se entrevé la posibilidad de los acuerdos de consolidación del sistema político. Jorge Raventos

IDEAS FALSAS.....

IDEAS FALSAS, CAUSAS INVENTADAS Jorge Ossona Las narraciones mitológicas contienen siempre un ideal heroico útil para resolver los déficits identitarios congénitos de las sociedades modernas. Uno de las más candentes de la Argentina de nuestros días es el de la “nación mapuche”. Un fenómeno que, como todo aquel que procede de la Patagonia profunda, suele pasar inadvertido para el público de los grandes centros urbanos del país. En determinado momento, un hecho o una escalada lo ponen sobre el tapete de las discusiones nacionales. Tal es el caso de la desaparición del joven artesano Santiago Maldonado, presuntamente solidario con la “causa” del “pueblo originario” austral. Al menos en lo que va de la década, su expresión más gregaria, la Resistencia Ancestral Mapuche, contabiliza en las provincias de Neuquén, Chubut y Rio Negro setenta y siete atentados bajo la forma de asesinatos e incendios, secuestros extorsivos, robo de ganado y la destrucción de joyas del patrimonio turístico del país. Tal es el caso del incendio de la añosa estación El Maitén y la consiguiente parálisis del convoy a vapor “La Trochita” que ha debido reducir su recorrido de 400 kilómetros a apenas unos 20. El “mapuchismo” no constituye un fenómeno aislado sino que se inscribe en el más vasto del multiculturalismo emergente de la globalización y de la revolución tecnológica comenzada con el fin de la Guerra Fría. Como toda etapa de aceleración del cambio social suscita reacciones que idealizan nostálgicamente al pasado feliz de un pueblo étnicamente puro y moralmente sano corrompido por sucesivas afrentas de la modernidad capitalista injusta y enajenante. Hemos ahí la huella de algunos “intelectuales” indiscernibles de los imanes islamistas que están sembrando el terror en Europa. La impostura reaccionaria se diseña con el infinito menú de retazos contemporáneos evocativos de la mentada “causa ancestral”. Por caso, el relato explota problemas reales como el justo reclamo de comunidades aborígenes por tierras en disputa en los confines patagónicos, o las promesas incumplidas de gobiernos demagógicos como aquel que les prometió la administración de los parques nacionales de la región. Su resentimiento con la sociedad moderna induce a los líderes étnicos a abrazar la causa inventada proveyéndolos de armas y de apoyo logístico en contra del “enemigo”. En los pliegues de la “pureza”, sin embargo, también se ocultan algunos designios inconfesables como el robo de tierras o el tráfico de drogas a ambos lados de la frontera. Los conocen; pero también los toleran como insumo inevitable del “cuanto peor, mejor”. Los ideólogos no son, obviamente, “originarios”. A lo sumo, abusan de algunos valores culturales de las comunidades estratégicamente elegidas fraguando la conversión a sus también inventados “valores milenarios”. Reproducen, sin embargo, un conjunto de repertorios extraídos de la modernidad occidental como la revolución, la anarquía y el antiimperialismo. No resulta difícil detectar en la impostura la sombra de viejos pensadores europeos decimonónicos que, como Georges Sorel y su ideal de “violencia redentora”, dejaron su huella indeleble en las pesadillas del XX. Con esos ingredientes pretéritos amalgaman una causa contemporánea que recurre a la Historia para trazar las líneas de la guerra entre “el bien” y “el mal”. De un lado de la trinchera, la conquista española, el imperialismo ingles del siglo XIX, los Estados Nacionales “genocidas” hasta el neoliberalismo global de nuestros días. Del otro, los antiguos “araucanos” desagregados en sus diversas variantes tribales hasta llegar a los mapuches actuales. Valdivia, Roca, Benetton y Macri de un lado; Calfucura, Catriel y Facundo Jones Huala, del otro. Colecciones indiscernibles del Cambalache discepoliano. Hay otro escenario menos visible pero crucial del combate entre “el bien” y la pérfida razón moderna: las aulas. Sus destinatarios son jóvenes ávidos de una identidad sólida que los convierta en parte de un colectivo justiciero. Pululan por allí los apóstoles de los ideólogos enseñando el mensaje liberador e induciendo a los estudiantes a la violencia irredenta en las calles contra la policía, el “Estado represor”, y el “sistema”; ogro fantasmagórico de sus trillados repertorios conspirativos. Los más extremos, incluso, los invitan a confraternizar con los “pueblos originarios” selectos sumándose a su lucha directa. El resultado sobre los jóvenes “laburados”, lejos de su pretendido igualitarismo, destaca significativamente la diferencia elitista. Se auto perciben como los elegidos, dotados de un falso sentimiento de superioridad cultivado en el activismo fraterno entre pares de otras causas análogas: desde el género y la sexualidad hasta un neo hippismo artístico de indumentaria snob y prácticas entre naturistas y espiritualistas asociadas al consumo de alucinógenos. El resultado: miles de chicos que terminan, como poco, contagiados de la frustración y el resentimiento de sus formadores “setentistas”. Desactivar este proceso silencioso y gregario que en nombre de la democracia y de la libertad atentan en su contra constituye uno de los grandes desafíos de los próximos años. Tan difícil como la gobernabilidad de sus estragos culturales desintegradores. Enrique Guillermo Avogadro Abogado Tel. (+5411) ò (011) 4807 4401/02

viernes, 22 de septiembre de 2017

COMPLICADOS....,PERO

SÉ QUE ESTÁN COMPLICADOS, PERO… Malú Kikuchi (23/9/2017) Nos están pasando demasiadas cosas que deben evitarse y no se evitan. Sabemos que el gobierno de Cambiemos tiene muchos problemas con demasiadas aristas, la herencia ha sido terrible y difícil de remontar. Pero hay hechos que no se explican. Sabemos que la corrupción K fue institucionalizada, que casi todos los órganismos de control trabajaban para dar protección a los ladrones y no para proteger los dineros del pueblo. Sabemos que la Argentina debe cambiar de conductas y de conceptos (muy difícil), sabemos que después de la insoportable era K, este gobierno cree en el diálogo por encima de cualquier otra cosa, y eso es bueno. Pero… En una casa de familia, los padres tratan de dialogar con sus hijos, de explicarles porque hay cosas que se pueden hacer y otras que no. A veces da resultado, otras no. Es entonces que los padres aclaran: Mientras vivas en esta casa, se cumplen las reglas de esta casa, cuando te vaya a vivir por tu cuenta, pondrás tus reglas, pero ahora son las nuestras. Creo que todos hemos pasado por esto, como hijos y como padres. Por eso es difícil entender que el gobierno tolere actitudes de parte de ciertos grupos que atentan directamente contra la ley. Y si el gobierno no hace respetar la ley, entramos en la anarquía, paso previo a otros males. Los alumnos de la ciudad de Buenos Aires no están de acuerdo con la reforma educativa del año próximo. No la aceptan y toman colegios. Tomar un edificio público o privado, es un delito penado por la ley. Sin dejar de cuestionar a los padres, ¿qué esperan los rectores de colegios tomados para dejar libres a los “revolucionarios”? Nada de ausentes, libres. Si se hubiera tomado esta medida con 40 chicos, no habría tomas. Pero el gobierno prefiere “dialogar”. Y no importa si la reforma se lleva a cabo, el precedente es nefasto. Al alumno que no le guste algo, junta un grupito, algo muy simple a esa edad, y a tomar colegios. ¡Qué ejemplo! El jefe de Gobierno de la Ciudad dice que se puede desarmar un corte de calle de 50 personas, pero no de 500. ¿Por qué dejar que lleguen a 500 si pueden detener a 50? Con las policías unificadas, no hay excusas. Van deteniendo los primeros 50 y luego a los otros y a los otros. Las calles no se cortan ni en La Habana, ni en Miami. La gente no anda por la calle con la cara tapada y palos en la mano. La ley no lo permite. No se hace. En cuanto al invento mapuche, por más que sea un tema provincial y seamos federales, el asunto empieza a ser demasiado serio como para que no intervenga la Nación: secesión territorial, nada menos. RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), grupo terrorista, adiestrado en el manejo de armas por las FARC (estaba explicado en el disco dura de la computadora de Raúl Reyes, Angostura, Ecuador 1/3/2008), crece. Desde tiempos K, grupos mapuches (la mayoría se sienten argentinos y son gente de bien), vienen ocupando tierras, hoteles, montañas, iglesia (católica) y colegios privados. Nadie hizo nada. Ni el intendente al que le correspondía la zona, ni el gobernador y mucho menos el gobierno K. RAM, ni argentinos, ni chilenos, “mapuches”, pretenden un territorio que no les corresponde (son invasores llegados de Chile), que se encuentra entre el río Colorado y el río Negro, al que sueñan sumar el sur de Chile. Todo ese territorio, en principio del Pacífico al Atlántico, conformaría “The Mapuche Nation”, por ahora con sede en Bristol, Nº6 Lodge Street, Reino Unido. El problema chileno le corresponde a Chile. El nuestro es peor. Los mapuches son araucanos, “inmigrantes”, la mayoría adaptada a la Argentina, pero estos grupos terroristas que ensalzan a Marx, adoran a Fidel y odian al capitalismo, pretenden arrancarnos un pedazo de Nación. Está penado por el Código Penal, desde el artículo 214 al 218; está tipificado como traición a la Patria, y lo es. ¿Por qué más allá de intentar un diálogo imposible, el gobierno nacional no toma medidas en serio? Facundo Jones Huala debe ser deportado a Chile donde lo espera un juicio por incendio, asesinato y otras menudencias. El simple enunciado del deseo de partir la Argentina es criminal. ¿Por qué no se los juzga? Ni siquiera se les obliga a devolver todo aquello que han ocupado ilegalmente. ¿Somos un país sin ley, el “far west” del siglo XXI? Tenemos leyes, tenemos un gobierno legítimo votado por el pueblo, ¿por qué no actúan? Ya no es el huevo de la serpiente, la serpiente nació, hay que acabar con ella antes de que siga creciendo y acabe con nuestra unidad territorial.

Pacificación Nacional Definitiva: CARTA DE LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS POR LA JUSTICIA...

Pacificación Nacional Definitiva: CARTA DE LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS POR LA JUSTICIA...: Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017. S.E.R. Mons. Héctor Aguer Arzobispo de La Plata P  r  e  s  e  n  t  e Excelencia: ...

sábado, 16 de septiembre de 2017

PANORAMA- LA GRIETA

Panorama político nacional de los últimos siete días La grieta peronista alienta la ilusión del oficialismo A días de que se lance formalmente la campaña de las elecciones de octubre, el gobierno recibe encuestas que le vaticinan un triunfo en la provincia de Buenos Aires. La pequeña diferencia que permitió la victoria de Cristina Kirchner en las PASO (un 0,2 por ciento) se revertiría el mes próximo a una ventaja de entre 3 y 5 puntos en beneficio de Esteban Bullrich, el candidato de Mauricioi Macri y María Eugeni a Vidal. La intención kirchnerista de ganar terreno responsabilizando al gobierno por la desaparición del artesano Santiago Maldonado , presentándolo como una continuidad maquillada de la dictadura de los años ’70, nunca penetró fuera del círculo ideologizado que rodea al mundo K y a algunas fracciones de ultraizquierda. Por otra parte, los datos duros que surgen de la investigación judicial desmienten ya con elocuencia las hipótesis envenenadas que culpaban a la Gendarmería como fuerza y a la autoridad política de una desaparición forzada. Una cosa es el exceso eventual de algún efectivo y otra una operación planificada, que se encuadraría como delito imprescriptible. La ausencia de huellas genéticas en los vehículos de Gendarmería ha desvirtuado testimonios dudosos; otros (como cierto presunto avistaje con binoculares desaparecidos) se desmienten solos. Un boleto de dos tramos El horizonte luce, así, despejado para la visión macrista; tanto, que ya se ha instalado con firmeza en su cúpula la idea de que habrá un segundo período. “"El plan de Macri está concebido para que dure ocho años", acaba de proclamar el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. Ayuda a ese optimismo la posibilidad de que, incentivadas por la notoria presencia de la señora de Kirchner, las fuerzas centrífugas que muchas veces han amenazado al peronismo terminen cristalizando esta vez una división permanente. El amplio espectro peronista (que desde su origen incluyó corrientes de origen conservador, radical, nacionalista, liberal, socialista y hasta comunista y trotskista) más de una vez se expresó en divisiones circunstanciales en el terreno electoral que, sin embargo, a poco andar terminaban resumiéndose en procesos de unidad y se disciplinaban contradictoriamente bajo un nuevo liderazgo. Hubo grupos(“ neoperonistas” se los llamaba entonces) que intentaron usufructuar la larga proscripción de Perón y después volvieron al redil (aunque algunos se mantuvieron como partidos provinciales autónomos); hubo un intento montonero de desafiar al peronismo con un partido propio (el “peronismo auténtico”), que tuvo mala performance y corta vida y se desvaneció. El antecedente radical Es probable que esta vez la división entre una rama kirchnerista y un amplio conglomerado federal antikirchnerista, postkirchnerista y hasta exkirchnerista termine cristalizando en la fractura, con dos formaciones políticas diferenciadas permanentemente, del mismo modo en que el radicalismo atravesó etapas de división, en ciertos casos temporaria y en otros, persistente. El antipersonalismo radical, nacido en 1924, constituido como UCR Antipersonalista y derrotado electoralmente por Hipólito Yrigoyen en 1928, colaboraría más tarde con el gobierno del general Agustín Justo y triunfaría sobre la UCR tradicional en la elección de 1938. El presidente electo entonces fue un antipersonalista: Roberto Marcelino Ortiz. La UCR ntipersonalista desaparecería en la década siguiente y buena parte de sus cuadros serían reabsorbidos por la tradicional UCR. El naciente peronismo de 1945 suscitó otra división: la UCR Junta Renovadora fue la fracción radical que, seducida por el movimiento descamisado, terminaría fusionándose en el nuevo partido de poder, aportándole muchos cuadros políticos y legisladores, así como el primer vicepresidente electo de Perón: Hortensio Quijano. El golpe militar que derrocó a Perón en 1955 provocaría una nueva escisión. El sector intransigente (crítico con las autoridades castrenses y abierto a la vinculación con el peronismo) impuso en la convención partidaria la candidatura presidencial de Arturo Frondizi con vistas a las elecciones de 1958. Otro amplio sector, con la guía de Ricardo Balbín, constituyó, como reacción, otro partido. El frondizismo fue UCR Intransigente y sus opositores, UCR del Pueblo. Esa división se cristalizó por años, si bien el sector de Frondizi, después de que la presidencia de éste fue suprimida por un golpe de palacio, avanzó hacia un cambio de nombre: terminó llamándose Movimiento de Integración y Desarrollo, adoptando así una denominación más actual y programática que la que ofrecía la vieja sigla. Cristina como obstáculo y como esperanza Hay señales claras de que hoy es el peronismo el que avanza hacia una experiencia de fractura persistente. Un amplísimo espectro cuyo eje está constituido por la mayoría de los gobernadores peronistas no está dispuesto a compartir espacio con el kirchnerismo. Sergio Massa y Florencio Randazzo rechazaron airadamente los llamados a la unidad lanzados por la señora de Kirchner. Miguel Pichetto anunció que no la quiere a ella en su bloque peronista del Senado (“Así como la señora armó un partido, es esperable que esa fuerza tenga su correlato en la vida parlamentaria, con la conformación de un bloque propio, que deberá denominarse Unidad Ciudadana"). Pese al título de ganadora de las PASO bonaerenses, la señora de Kirchner camina por un sendero de paulatino aislamiento, agravado por el posicionamiento que ella y sus sicofantes adoptaron frente al caso Maldonado. Ya se observan los preparativos de fuga de muchos intendentes del Gran Buenos Aires cuyas fuerzas locales todavía figuran en listas compartidas con ella. Después del escrutinio de octubre la mayoría de ellos irán a buscar la sombra del peronismo federal. La señora de Kirchner se esfuerza –con suerte muy dudosa- por fortalecer su facción. Ha empezado a aceptar entrevistas con periodistas independientes y aspira a usar esas oportunidades para relegitimarse y ofrecer alguna respuesta a las imputaciones jurídicas y políticas que sobrelleva . Prometió, por caso, que no será candidata presidencial “si soy un obstáculo para que gane el peronismo en 2019”. En rigor, la mayoría del peronismo político no sólo no termina de creer esas palabras sino que entiende que ella constituye un obstáculo sea o no candidata, pues su mera presencia contaminaría al peronismo con el tufo que la opinión pública atribuye a la gestión K. Todo parece empujar a que la señora de Kirchner confirme después de octubre en el terreno político la escisión que inició como táctica electoral al crear su Unidad Ciudadana al margen del Partido Justicialista. El gobierno ve en esos signos la perspectiva de un peronismo dividido durante un período relativamente extenso y considera que esa es una ventaja para sus propios planes. Imagina que el fraccionamiento impedirá que el peronismo consiga reconstituirse y formular una propuesta competitiva para los comicios presidenciales de 2019. De la plausible premisa del fraccionamiento no necesariamente se deriva, sin embargo, la conclusión optimista del oficialismo. La política no se rige por la regla de cálculo. Jorge Raventos

BASTA DE POLÍTICAS CORRECTAS !!!!

¡BASTA DE POLÍTICAS CORRECTAS! Malú Kikuchi (16/9/2017) El ministerio de educación de la Ciudad de Buenos Aires, estudió, discutió y optó por una reforma imprescindible del sistema educativo en el ciclo secundario. Que el proyecto es perfectible, por supuesto, todo proyecto lo es. Que era necesario, nadie lo puede discutir. Es la 1ª vez, en años, que se reforma en serio el secundario, dejando de lado el tema de los salarios docentes. Discutieron educación, una educación adecuada al siglo XXI. Hasta ahora seguíamos con la enciclopedista educación decimonónica. Y a partir de Google muchas materias dejan de tener sentido. No por las materias en sí, que todas son necesarias, sino que las repuestas están casi todas en Google. Hay que enseñarles a los chicos a preguntar. La inteligencia artificial está a la vuelta de la esquina, no se puede seguir enseñando la historia a través de fechas, hay que enseñar las causa. No se puede seguir enseñando geografía a través de nombres de ríos o montañas, hay que enseñarla a través de lo que pueden producir, respetando siempre las leyes de la naturaleza, que el ambientalismo es fundamental. El ministerio de educación de la Ciudad osó anticipar los cambios que se producirán a partir del 2018 y la reacción de los alumnos fue tomar colegios. Empezaron el 8/9 con 14 tomas, hoy son 27, entre ellas la del Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini, que dependen de la Universidad de Buenos Aires y no del ministerio de la ciudad. Solidaridad, le dicen. O simplemente ganas de “hacer lío”, el Papa se los pidió en Río de Janeiro y se sabe que los estudiantes de todos los tiempos necesitan rebelarse contra la autoridad, sueñan con cambiar el mundo, con dejar su marca sobre el planeta. Es comprensible. Lo que no se comprende es que tomen edificios públicos y que nadie se atreva a sacarlos de ahí. Tomar un edificio público es un delito. Ende los chicos están cometiendo un delito. Un delito que nadie reprime, ni pone a los chicos en su lugar. El rector del Buenos Aires, Gustavo Zorzoli (también el del Pellegrini, Leandro Rodrígez), aclaró que a partir del 14/9 se computarán ausencias a los alumnos que se tomaron la libertad de tomar el colegio. Y un docente del colegio, Néstor di Miglia, consideró que la toma era legítima porque se había decidido en una asamblea (de estudiantes) y que poner ausencias era “intimidatorio”. Néstor di Miglia es agregado gremial de ADEMYS, uno de los 17 gremios de la educación de la Ciudad. Con esa premisa, si los chicos deciden en asamblea borrar matemáticas del secundario, será legítimo. Los chicos reclaman por una reforma que no son quiénes para cuestionar, no han estudiado educación. Alegan ante la posibilidad, que deberían agradecer, de hacer una pasantía durante 5º año, la mitad de cada clase, que ellos no van a trabajar gratis. Las pasantías de jóvenes son un privilegio que muchos han tenido y sabido aprovechar. Hay más. Exigen: La aparición con vida de Maldonado, poner fin a la violencia de género en los colegios ¿?, solución a la desaparición de “pibes”, sólo les falta exigir que el sol salga de noche y que llueva hacia arriba. Ellos exigen cuando lo que deben hacer es estudiar. Privilegio que tienen y no valoran. No saben las luchas que se libraron para que ellos pudieran hacerlo. Y la culpa, no es de ellos. Antes que nadie de los padres que lo permiten, quizás hasta lo alienten. O lo que es peor, no dicen nada porque temen enojar o molestar a sus hijos; son amigos de sus hijos, compinches, no ejercen como padres. Es demasiado difícil decir que no, pero es obligación de los padres enseñar que No es muchas veces la respuesta más adecuada. Siguen las autoridades, las de los colegios en primer lugar, que no se animan ni siquiera a poner “ausente” a los delincuentes juveniles que como algo normal, tomaron sus propios colegios, porque hay cosas que no les gustan. Por último, las autoridades del gobierno de la ciudad, que no aplican la ley. Los colegios tomados deben ser desalojados, ya. En los 80, Naciones Unidas puso de moda lo “políticamente correcto”. Tenían buenas intenciones, pero de ellas esta tapizado el camino al infierno. Y ahí estamos, de tanto miedo a no ser políticamente correctos, el temor paraliza a padres, rectores, ministras. Con miedo no se educa. Con miedo no se moldea una generación. Con miedo no se forma una nación. “Políticamente correcto es un concepto que describe lenguaje, ideas políticas o comportamientos con los que se procura minimizar la posibilidad de ofensa hacia grupos étnicos, culturales o religiosos”. El concepto es encomiable, pero si nos paraliza para actuar, cuando hacerlo es imperativo, entonces, ¡basta de políticas correctas! ¡Actúen! P.D-: Por “cansancio” los chicos levantaron 4 tomas, no porque un decreto, una norma, una ley lo exigen, no porque el principio de autoridad de padres, rectores y el ministerio de educación los obligaran, lo hicieron porque se “cansaron” de jugar a la revolución. Es triste y preocupante. ¡Pobre Argentina!

TRAGEDIA ANUNCIADA

Tragedia anunciada “El que no quiera vivir sino entre justos, que viva en el desierto”. Séneca Voy a decirlo claro: la utilización política de la desaparición de Santiago Maldonado anuncia, mal que nos pese como sociedad, una inevitable tragedia. Sólo el Gobierno se beneficiaría con su aparición con vida, ya que todos los demás actores, principales y secundarios, de este drama lo necesitan ausente para siempre o, lisa y llanamente, muerto. La hipocresía y la necesidad política llevan a estos últimos a reclamar, permanentemente y en cualquier ámbito, la aparición con vida de este joven, pero el costo que pagarían Cristina Elisabet Fernández y la Unidad Ciudadana, Horacio Perro Verbitsky y el CELS, Adolfo Pérez Esquivel y su inexplicable Premio Nobel de la Paz, Hebe de Bonafini y las Madres, Estela Carlotto y las Abuelas, H.I.J.O.S, Facundo Jones Huala (¿Jones Wallace?) y su falsa RAM, Quebracho y tantos otros subversivos si llegara a encontrarse ileso al tatuador sería inmenso. Son demasiados quienes resultarían perjudicados, y tan carentes de límites morales, que resulta imposible imaginar siquiera un final feliz. A la luz del párrafo anterior, desde mi punto de vista indiscutible, el reclamo y el escándalo construido alrededor del caso suenan, literalmente, repugnantes. ¿De qué se disfrazarían todos los nombrados y los idiotas útiles que siempre los acompañan si un buen día se lo encontrara?, ¿se refugiarían en el silencio, sin pedir siquiera disculpas, como hicieron cuando quedó demostrado que los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble no eran hijos de desaparecidos, después de años de canalla persecución física y moral encabezada nada menos que por la propia ex Presidente? Después del fallido intento de utilizar a la economía y al inexistente ajuste como motores de la campaña electoral, la intención de utilizar el tema Maldonado (de por sí, indiscutiblemente preocupante), como ariete para voltear sucesivamente a la Gendarmería (blanco especial por su rol esencial en las pericias por el asesinato de Alberto Nisman, amén de brazo armado del Estado), a la Ministro de Seguridad y, por elevación, al propio Presidente de la República, se ha revelado como un idéntico fracaso. Todo el escándalo que han armado hasta ahora, incluyendo el embarrado de la investigación con la implantación de testigos y documentos falsos, no sólo no ha disminuido un ápice la intención de voto a Cambiemos en las próximas legislativas sino que, por el contrario, ésta se ha incrementado y, salvo que ocurra algo extraordinario, convertirá a la ex Presidente en la renovada “mariscala” de la derrota en el territorio más peronista del país. El jueves la ex Presidente concedió a Infobae, representada por Luis Novaresio, la primera entrevista a un medio hostil desde que asumió en 2011. Pese a que el periodista se comportó con –para mi gusto- demasiado buenos modales, la noble viuda demostró que conserva en plenitud sus reconocidas virtudes histriónicas, aplaudidas hasta por Francis Ford que la calificó como una soberbia actriz pero, sobre todo, su enorme cinismo. Cada vez que recibió una pregunta que hubiera podido complicarla, hizo una “verónica” taurina y pidió hablar del presente y no del pasado. Huyó hacia adelante comparándose con Mauricio Macri y la corrupción que, según dijo, lo rodea; no reconoció ninguno de la pléyade de males con los cuales arrasó el país hasta los cimientos y negó firmemente su responsabilidad en cada uno de los innumerables latrocinios cometidos. Dada la obvia y contemporánea aceleración que han impuesto, con su finísimo olfato, los jueces federales a los procesos por corrupción que afectan a Cristina Kirchner, sus hijos, sus ministros y sus cómplices y testaferros de toda laya, es dable suponer que los conflictos violentos, en las calles y en el sur, se incrementarán en similar medida, por lo cual veremos escenarios complicados en la materia hasta, al menos, el 22 de octubre; el narcotráfico, preocupado por la exitosa campaña en su contra que encabeza Patricia Bullrich, se ocupará de la financiación. Algo de eso ya se percibe en las numerosas amenazas de bombas e injustificadas y crecientes tomas de escuelas en la ciudad de Buenos Aires por alumnos k-ideologizados, bancados por padres imbéciles y maestros politizados. En la materia, debemos reconocer que somos un país rarísimo y absurdo, donde todo está subvertido; es más, creo que estamos todos locos. Valgan como ejemplos dos sucesos de esta misma semana: los sindicatos vinculados con la navegación aérea hicieron una huelga salvaje para frenar el ingreso de nuevos y más baratos operadores a ese mercado, pese a que han asumido el compromiso de crear miles de puestos de trabajo; y, como dije, los estudiantes, que debieran aspirar a una rápida salida laboral, ocuparon colegios para rechazar la posibilidad de realizar, durante el último año del ciclo secundario, pasantías en empresas y organismos públicos de la especialidad que han elegido, arguyendo que se transformarían en mano de obra esclava. El seguro ingreso de la noble viuda al Senado, aún cuando para el 10 de diciembre acumule más procesamientos –recuerde el reciente y favorable fallo de la Corte en relación con el caso de Carlos Menem, afectado de idéntica incapacidad moral- continuará actuando como revulsivo al interior del PJ, pero será obligada a conformar un bloque separado por la Unidad Ciudadana, que no tiene nada que ver con el tradicional movimiento. Se habrá quedado, entonces, sin su decisiva influencia sobre la voluntad de los gobernadores feudales que, hasta ahora, le han guardado fidelidad; me refiero a las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, La Pampa, Santa Cruz, San Luis y San Juan, en muchas de las cuales, además, el kirchnerismo perderá en octubre por amplio margen. El peronismo sabe mucho de la importancia de la “caja”, disciplinadora tradicional de la política, y esta se encuentra hoy en manos de Cambiemos, por lo cual es presumible que se sienta inclinado a negociar su apoyo a las leyes que el Gobierno necesita. La señora enfrenta ya la causa más complicada, que la vincula al encubrimiento del terrorismo que voló la sede de la AMIA, y que fuera anunciada por el Fiscal Alberto Nisman, asesinado antes de poder explicarla ante el Congreso; en ella, la acusación pretende que sea procesada por un delito de lesa humanidad y, si lo consigue, transformará el tema en imprescriptible. Por lo demás, en los próximos días será elevada a juicio oral la megacausa unificada por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a Lázaro Báez y los retornos que pagaron a su familia ese testaferro y otros socios, como Cristóbal López, donde se ha probado la asociación ilícita que encabezaban don Néstor y, luego, Cristina misma. Y tiene otras preocupaciones adicionales porque, mientras ella y su hijo Máximo se encontrarán amparados por los fueros parlamentarios que les evitarán la detención, no ocurrirá lo mismo en el caso de su hija Florencia, acusada ya de la comisión de una larga lista de delitos gravísimos y no excarcelables; y siempre estará pendiente la espada de Damocles de los “arrepentidos”, dispuestos a negociar la reducción de su pena complicando a sus superiores en la organización corrupta. Finalmente, le ha llegado la hora de pagar por el gigantesco daño producido, a costa de la vida de tantos argentinos, con el sólo objeto de enriquecerse sin tasa. Bs.As., 16 Sep 17 Enrique Guillermo Avogadro Abogado Tel. (+5411) ò (011) 4807 4401/02

martes, 12 de septiembre de 2017

CRIMINAL DE GUERRA

El primer ministro de Israel en visita a Argentina Netanyahu: criminal de guerra y “huésped de honor” Héctor Bernardo Rechazado en Europa por crímenes de lesa humanidad, Netanyahu llega a Argentina para promocionar la industria armamentística y de espionaje israelí. Rafael Araya Masry, analista especializado en Medio Oriente, aseguró que “las armas que se utilizan para atacar al pueblo palestino ahora llegan para reprimir a los argentinos”. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visitará Argentina desde este lunes hasta el miércoles 13, día en que continuará su gira regional. A pesar de que Netanyahu está acusado de haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, y de la gran cantidad de denuncias en su contra por las constantes violaciones de derechos humanos que realiza el Estado de Israel, el gobierno argentino lo recibirá con honores y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por iniciativa del PRO, lo nombrará “huésped de honor”. Netanyahu no sólo genera un gran rechazo entre los organismos de derechos humanos, la comunidad palestina en Argentina, los movimientos sociales y las organizaciones políticas. Un importante sector de la comunidad judía de Argentina y de sus referentes rechazaron públicamente su presencia en el país. El primer ministro israelí genera el repudio de gran parte de la comunidad internacional. Los gobiernos europeos han criticado duramente la política de ocupación de los territorios palestinos que el gobierno israelí realiza con sus colonos, incluso el expresidente norteamericano Barack Obama chocó en varias oportunidades con el líder sionista. Rafael Araya Masry, analista de política internacional especializado en Medio Oriente, aseguró que “si bien es derecho de cada Estado soberano invitar a quién quiera a visitar su territorio, lo que es cuestionable es la calidad de los invitados”. “Cuando hablamos de un personaje como Benjamín Netanyahu, que tiene detrás de él una estela de asesinatos, de crímenes selectivos, de encarcelamientos, de bombardeos indiscriminados contra la población civil en la Franja de Gaza, asentamientos ilegales en los territorios destinados a construir el futuro Estado palestino, no se está hablando de un personaje cualquiera”, agregó. “Es un hombre acusado de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Recibirlo de esta forma marca un giró dramático en las relaciones internacionales que ha decidido tener el gobierno del presidente Macri”, continuó. Masry señalo que “Netanyahu es una persona que, en lugar de ser recibido con alfombra roja y ser declarado ‘huésped de honor’ por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, tendría que ser seriamente cuestionado por la violación constante de los derechos humanos”. “Las organizaciones argentinas de derechos humanos, partidos políticos, organizaciones sociales y religiosas han convocado a una gran manifestación para el martes 12 de septiembre a las 16 hs, con punto de reunión en Avenida de Mayo y 9 de Julio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para rechazar la presencia de Netanyahu en Argentina, porque representa un insulto a toda la lucha por los derechos humanos que se ha llevado adelante en nuestro país”, remarcó el especialista. Masry destacó que “la manifestación será absolutamente pacífica y demostrará que no nos da igual a los argentinos, a los latinoamericanos, recibir a un personaje tan nefasto como Netanyahu”. El primer ministro israelí llegará a Argentina con un grupo de treinta empresarios vinculados a empresas de seguridad y espionaje de su país. Masry aseguró que “las armas que se utilizan para atacar al pueblo palestino ahora llegan para reprimir a los argentinos. Netanyahu viene a venderle a Argentina su industria militar y su industria de electrónica dedicada al espionaje”. En la misma línea, Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Argentino Palestinas, aseguró que “la venida de Netanyahu es una gran afrenta a toda la lucha por los derechos humanos que tuvo nuestro país. Argentina se había convertido en un baluarte de los derechos humanos al condenar a los criminales que habían ensombrecido nuestro suelo. Recibir a un criminal de guerra, un criminal de lesa humanidad como es Netanyahu, es intentar borrar toda nuestra historia”. “Netanyahu es un hombre muy cuestionado en todo el mundo. Es muy cuestionado por la implantación de las nuevas colonias en territorio palestino. Eso ha llevado a que en algunos lugares se sostenga un boicot de inversiones. O sea, ha perdido socios económicos que le compraban la tecnología y viene a buscar nuevos socios aquí”, señaló. Rabi también se refirió a la agresión de la que fueron víctimas miembros de la Asamblea del Pueblo de San Telmo, quienes denunciaron que, cuando se encontraban pegando afiches en repudio a la visita de Netanyahu, fueron interceptados por personal de seguridad de la Embajada de Israel, esposados e ingresados a la sede diplomática en lo que claramente fue una detención ilegal, ya que el personal de la entidad no tiene la potestad de realizar detenciones. Los miembros de la Asamblea aseguraron que fueron amenazados antes de ser puestos en libertad. En ese sentido, Rabi remarcó que “esto da muestras de la impunidad y la soberbia israelí. Esta actitud debería ser sancionada por la Cancillería y deberían, por lo menos, llamar al embajador y presentarle quejas formales, pero no creo que suceda”.

Pacificación Nacional Definitiva: ESCUELAS DE TESTIGOS

Pacificación Nacional Definitiva: ESCUELAS DE TESTIGOS: A propósito de estos testigos mapuches que testimoniaron en la causa Maldonado, quisiera recordar la vigencia de las llamadas escuelas ...

Pacificación Nacional Definitiva: MI HIJA LAURA

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Pacificación Nacional Definitiva: EL RETORNO DE LA BARBARIE

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lunes, 11 de septiembre de 2017

ANTECEDENTE LESA

[Politica] Cese de prisión preventiva en causa de "lesa" - Importante antecedente TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE LA PLATA​ NRO. 1 La Plata, 6 de septiembre de 2017. AUTOS Y VISTOS: el presente incidente nro. FLP 373/2011/TO1/95, caratulado “TORINO, Juan María s/ Legajo de prórroga de prisión preventiva”, en trámite ante este Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1; y CONSIDERANDO: I. Que corrida que fuera la vista a las partes, a fs. 46/51, obra la presentación de las Dras. Patiño, Molinari, Godoy y el Dr. Palacio, en la que manifestaron que la prisión preventiva oportunamente decretada contra el imputado Juan María Torino debe ser prorrogada. A fin de fundamentar su presentación, como primera medida citaron los hechos que se investigan en la presente causa, y puntualmente los delitos que se le imputan a Torino, los que son considerados delitos de lesa humanidad. Seguidamente, realizaron un análisis del juzgamiento de estos delitos desde el regreso de la democracia hasta la actualidad, destacando según​ ​su parecer​ ​que​ ​ello conlleva una evidente dificultad en lo que respecta al trámite en líneas generales y fundamentalmente en la recolección probatoria. Señalaron que según su postura, resulta aplicable lo prescripto por el art. 319 del Código Procesal Penal de la Nación y a fin de fundamentarlo, citaron el fallo “Acosta, Jorge Eduardo” de nuestro máximo tribunal, particularmente en lo que se refiere a delitos de lesa humanidad. A su vez, para reforzar su postura, se refirieron a la sanción de la ley 27.156, en la cual se establece que el denominado “dos por uno” no es aplicable a la categoría de delitos de lesa humanidad, y la previa manifestación de la sociedad en ese mismo sentido. Finalmente, apelando a la experiencia que este Tribunal tiene en la tramitación de juicios de estas características, destacaron la significación que posee sobre la salud psicofísica de los testigos víctimas y sus familias la acción de la justicia como factor reparatorio y de protección de sus vidas, y enfatizaron en que no prorrogar la prisión preventiva, a su vez, implicaría un acto de impunidad, y por último, que la circunstancia de que el juicio no se lleve adelante aún es responsabilidad del Poder Judicial, por lo cual solicitaron se fije fecha de debate oral a la mayor brevedad. II. Que a fs. 53/56 los Dres. Marcelo Rodolfo Molina, Fiscal General y Juan Martín Nogueira, Fiscal Ad Hoc, ambos de la Unidad Fiscal Federal, solicitaron se disponga la prórroga de la prisión preventiva que viene cumpliendo Juan María Torino, en los términos del art. 3 de la ley 24.390, reformada por la 25.430. Para fundar la petición, recordaron que el art. 1 de la ley 24.390 establece que la prisión preventiva no podrá ser superior a los dos años, sin que se haya dictado sentencia, salvo que la cantidad de delitos atribuidos, o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de la misma en el plazo señalado, en cuyo caso podrá prorrogarse por un año más, por resolución fundada. De seguido, expresaron que el texto de la norma no implanta un límite legal máximo a la duración de la cautelar, sino que denota la intención del legislador de que no contenga plazos legales automáticos por el mero paso del tiempo. Y señalaron que, en tal sentido, la ley 25.430 – reglamentaria del art. 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,​ ha consagrado legislativamente la doctrina del plazo judicial (in re A., Jorge Eduardo y otro s/ recurso de casación A. 93, L. XLV. Procuración General de la Nación 10/3/2010). Destacaron que así lo ha considerado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al expresar que el plazo previsto en la ley admite excepciones en supuestos de peligro procesal y por la gravedad del delito atribuido. En esa dirección, aludieron a los precedentes “Bramajo”, “Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ recurso de casación”, rto. el 8/5/2012, y “Sánchez Reisse” (Fallos 321:1328) del Alto Tribunal. En sentido coincidente, invocaron los fallos “Godoy, Pedro Santiago s/ recurso de casación” y “Erlan, Ramón Antonio s/ recurso de casación” de la Cámara Federal de Casación Penal, destacando que el último de ellos, alude que el plazo de prisión preventiva de la ley 24.390, con su modificatoria, no obliga a la liberación automática del detenido por el mero transcurso del tiempo cuando se trata de un imputado por crímenes de lesa humanidad. Indicaron que el artículo 3 de la ley 24.390 otorga al Ministerio Público la facultad de oponerse a la libertad del imputado tomando en cuenta la gravedad del hecho, cuando concurrieran alguna de las circunstancias previstas en el artículo 319 del C.P.P.N. o hubieran existido articulaciones manifiestamente dilatorias por parte de la defensa. Recordaron que esta última norma establece que “puede restringirse la excarcelación si existe una presunción fundada de que, de concedérsela, el imputado intentará eludir la acción de la justicia o entorpecerá la investigación”, extremos sujetos a interpretación iuris tantum. Sobre este punto, manifestaron que estos riesgos deben evaluarse conforme a las reglas de la sana crítica racional, sin que ese análisis obligue a tener certeza sobre su existencia, pues al tratarse de riesgos son, justamente, posibles consecuencias futuras. Al respecto, citaron el caso “Jabour, Yamil s/ recurso de casación” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto revocó la resolución que había concedido la excarcelación al acusado por delitos calificados como de “lesa humanidad”, en virtud de la extrema gravedad de los hechos imputados y la pena en expectativa. Y agregaron que en el caso de autos, “el riesgo procesal no puede descartarse teniendo en cuenta la especial gravedad de los delitos imputados y la manera en que fueron cometidos. En efecto, para la comisión de estos hechos los autores se ampararon en la clandestinidad, lo que dificultó considerablemente la investigación posterior por parte de la justicia. Es por ello que permitir la libertad provisoria de aquellas personas respecto de las que se ha logrado un cierto grado de probabilidad sobre su participación en los hechos y, por lo tanto, de quienes se presupone que conocieron aquellos mecanismos clandestinos que rodearon a los sucesos investigados, pondría en riesgo el avance de las actuaciones…”(v. fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, in re “A.A.A.D. s/ cese de prisión preventiva”, de 18/2/2010, Expte. 5548/III). Indicaron que en el mismo sentido se manifestó la CFCP en el citado fallo “Godoy”. Asimismo, destacaron los temperamentos adoptados por las Salas I (causa FLP 737/2013), II (causa FLP 373/2011/TO1/37/7/CFC46), III (causa FMZ 82037390/2013/TO1/8/CFC1) y IV (causa CFP 14216/2003/533/CGC11CA328 y FSA​ 76000151/2012/TO1/26/CFC/23) de la Cámara Federal de Casación Penal, en el marco de las cuales convalidaron los argumentos que sustentan la prolongación de las prisiones preventivas de los imputados en los autos de mención. En lo que respecta al caso de autos y la gravedad de los hechos imputados a Torino, destacaron que el encausado se encuentra procesado como partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de torturas, por la intervención que le cupo en los delitos ocurridos en Brigada de Investigaciones de San Justo, en su carácter de Subsecretario de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En ese sentido, los señores Fiscales señalaron que, al formular el requerimiento de elevación a juicio en el marco de esta causa, la fiscalía le atribuyó al encausado la intervención, en carácter de partícipe secundario, formando parte de un aparato organizado de poder (art. 46 C.P.) en los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravada por haberse cometido con violencias o amenazas reiterado en ochenta y un (81) oportunidades y por haber durado más de un mes, en treinta y un (33) casos, aplicación de tormentos agravada por ser la víctima un perseguido político, y delito de sustracción, retención y ocultamiento en el caso de María Lavalle . A su vez, respecto de la existencia riesgos procesales que justifican el rechazo de la excarcelación en los términos del artículo 319 del C.P.P.N., los Fiscales manifestaron que “Estos riesgos deben evaluarse conforme a las reglas de la sana crítica racional, sin que ese análisis obligue a tener certeza sobre su existencia, pues al tratarse de riesgos son, justamente, posibles consecuencias futuras.”. Coligieron que de todo lo expuesto se desprenden las razones que justifican la prórroga de la cautelar, en virtud de la gravedad de los hechos imputados, la obligación del Estado Argentino de investigar, juzgar y sancionar tales delitos, la complejidad en la investigación y en la recolección de pruebas derivada del modo clandestino en que actuó la organización criminal, y la pena en expectativa que podría caberle al imputado Torino. Por otra parte, los Fiscales tuvieron en cuenta que el imputado se encuentra detenido, en el marco de estas actuaciones, desde el 8 de marzo de 2012. En ese sentido, destacando que las partes han ofrecido la prueba, lo que evidencia que la causa concentra un avance procesal lindante a la realización del juicio, circunstancia que justifica la prorroga de la prisión preventiva. En ese orden, los Fiscales solicitaron se evalúe la posibilidad de fijar fecha para la pronta realización del debate. III. Que llegado el momento de resolver El señor Juez Nelson Javier Jarazo dijo: Conocidos los antecedentes de la cuestión a decidir anticipo desde ya ─apartándome del criterio que otrora sostuve─ que he de acoger una solución afín al cese del encarcelamiento preventivo de Juan María Torino en las presentes actuaciones. Como premisa, corresponde señalar que el imputado Juan María Torino, conforme al requerimiento fiscal de elevación a juicio glosado a fs. 10.910/11.063 de las actuaciones principales, viene acusado de ser partícipe secundario, formando parte de un aparato organizado de poder(art. 46 del C.P.) de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravada por haberse cometido con violencias o amenazas reiterada en ochenta y un (81) oportunidades, y por haber durado más de un mes (agravante que se aplica hasta el momento a treinta y uno (31) de los casos, sin perjuicio de lo que surja en el debate oral) en los términos del art. 144 bis inc. 1° del C.P., con la agravante prevista en el último párrafo de dicho artículo, en cuanto remite a los incs. 1° y 5° del art. 142 del mismo cuerpo normativo; y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde, agravada por ser la víctima un perseguido político en los términos del art. 144 ter primer y segundo párrafo C.P., según ley 14.616 – vigente al momento de los hechosen perjuicio de todas las víctimas; y en el caso de María Lavalle la calificación alternativa que proponemos es la del delito de sustracción, retención y ocultamiento; todos ellos en concurso real y calificados como delitos contra el Derecho de Gentes, en particular como Crimen de Genocidio y delitos de Lesa Humanidad de manera concurrente o alternativamente como delitos de Lesa Humanidad (art. 118 C.N.; art. 2 inc. a, b, c, e de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio –Decreto Ley 6286/1956;​ art. 45; 144 bis inc. 1° del C.P., con la agravante prevista en el último párrafo de dicho artículo, en cuanto remite al inc. 1° y al inc. 5° del art. 142 del mismo cuerpo normativo; 144 ter primer y segundo párrafo C.P., según Ley 14.616 y Ley 20.642 –vigentes al momento de los hechos;​ art. 146 y 55 del C.P.). Conocido el tenor de la acusación debo señalar, por un lado, y en estrecha vinculación con aquello que es objeto de decisión, que el nombrado se encuentra detenido para la presente encuesta desde el 8 de marzo de 2012, es decir, lleva cumplidos a la fecha en prisión preventiva: cinco (5) años, cinco (5) meses y veintinueve (29) días. Por otro, que el trámite de la causa, terminada la etapa de la instrucción, discurre la etapa preliminar del juicio, destinada al estudio de la prueba ofrecida por las partes a los fines de su proveimiento, de acuerdo a lo establecido por el art. 356 del Código Procesal Penal de la Nación. Cumplido con ello, corresponde a renglón seguido fijar la audiencia para el debate. Esta última circunstancia, estrechamente vinculada a la situación que transita el tribunal integrado por jueces subrogantes, pone de manifiesto el estado de incertidumbre en orden a la fecha en la cual podrá ver resuelta su situación procesal el nombrado, ante la ley y la sociedad, de un modo definitivo y aúna un nuevo argumento, a efectos de ponderar la razonabilidad del lapso que cumple en detención cautelar, es decir, la posibilidad de que en lo inmediato se materialice el juicio que decida sobre el fondo del asunto. Ahora bien, ante este panorama, corresponde advertir que el plazo máximo de detención prescripto en el art. 1º de la Ley 24.390 regulatorio del art. 7º inciso 5º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos​ ​sin​ que se haya dictado sentencia, se encuentra cumplido y sobradamente superado. Y, aun cuando es cierto, no fija la norma citada en el tiempo que menciona un plazo de gracia para disponer la inmediata libertad del procesado –conforme pacífica jurisprudencia del CSJN Fallos 319:1840, luego ratificada con el texto de la ley 24.390 reformado en Fallos 330:5082​ ​sí​ establece –a mi modo de ver​ ​un​ vallado insorteable a efectos de excluir de su consideración aquellas causales sobre las cuales puede fundarse la prórroga que prescribe el citado artículo 1. Esta circunstancia, impone entonces el deber de examinar la cuestión en el marco del artículo 3 de la mencionada normativa para decidir sobre la procedencia, o no, del cese de la prisión preventiva. En ese cometido, es necesario advertir que, es ésta la séptima ocasión en la que se solicita la prórroga de la prisión preventiva del nombrado y, en ese contexto temporal y normativo dentro del cual debe ser escrutada la situación procesal de Torino a efectos de decidir el mantenimiento o no de su encierro cautelar gravedad​ del delito atribuido, existencia de riesgos procesales (en substancia: la presunción de que el imputado intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones) y la interposición de articulaciones manifiestamente dilatorias por parte de la defensa,​ el Ministerio Público Fiscal hizo hincapié, para proponer su continuidad superado​ los plazos legales y judiciales,​ en las dos primeras circunstancias individualizadas en el art. 3. Ahora bien, al procesado Juan María Torino se le imputan una pluralidad de hechos que, sin lugar a dudas, revisten una gravedad inusitada, característica que corresponde afirmar no sólo reparando en la sanción penal con la que se encuentran conminados los sucesos acusados, sino porque, a su vez, han sido calificados, conforme la acusación fiscal, como delitos de lesa humanidad, con las consabidas particularidades que a ellos se le atribuyen y fueron afirmadas en diversos precedentes de la CSJN a partir de los casos “Arancibia Clavel” y “Simón”. Estos hechos, como se ha dicho a través de reiterados pronunciamientos, han revelado una definida “complejidad” para su investigación, habida cuenta que fueron la concepción y el producto de un plan sistemático elaborado y puesto en práctica por agentes estatales que llevaron a cabo su comportamiento en la más absoluta clandestinidad, a la que se sumó el posterior ocultamiento y destrucción de las pruebas de su accionar. Asimismo, cierto es reconocerlo, ya que no ha sido ajeno a este último dato, llevó muchos años llegar a su pesquisa y juzgamiento definitivo pues leyes de autoamnistía y las​ denominadas leyes de perdón –obediencia debida y punto finalcontribuyeron sin lugar a duda a​ esa demora y a la consecuente desaparición de las evidencias, para dificultar la inmediata dilucidación de los sucesos en cuestión. Sin embargo, no puede afincarse a esta altura del proceso y en razón del estadio procesal al que ha arribado la presente encuesta, la objeción al cese de la prisión preventiva en esos datos pues, la pesquisa de los hechos quedó cerrada y su instrucción cumplida en debida forma habilitando el requerimiento de elevación producido por el representante del Ministerio Público Fiscal a la instancia de juicio razón por la cual el concepto o la idea de “complejidad” no puede ya ser sostenida con predicamento y mucho menos vincularla ahora con la voluminosidad de las actuaciones –ya que una no es sinónimo de la otra​ ​para​ proponer el mantenimiento del encierro. Lo expuesto lo es sin perjuicio de insistir en que, después de más de cinco (5) años, cinco (5) meses y veintinueve (29) días en prisión preventiva, si bien ese dato autoriza la prórroga del encarcelamiento, sólo es posible acudir a él en el marco y en el plazo a que alude el art. 1 de la ley 24.390, que, como dijimos, no ha perdido vigencia en este pasaje de la norma pues sólo puede dar sustento a la extensión del lapso de dos años por otro año más. Entonces, vueltos sobre las legítimas y correctas pautas a considerar, aun cuando la antes mencionada –“gravedad de los hechos” en el marco del art. 3 de la ley 24.390puede considerarse relevante debe, no obstante, valorarse junto al resto de los motivos esgrimidos en disfavor del cese de la prisión preventiva, para establecer si, en su razonada comprensión, arroja elementos fundados a efectos de sostener un pronóstico de fuga o entorpecimiento de las investigaciones y/o realización del derecho material como sólido presupuestos para mantener el encierro cautelar. Cabe insistir, nuevamente aquí, en que las actuaciones se encuentran en la etapa de evaluación de los ofrecimientos de prueba propuestos por las partes para su proveimiento art. 356 del Código Procesal Penal de la Nación,​ razón por la cual una nueva circunstancia abona la soltura ya que (sorteada también la “pluralidad de los hechos” como fundamento del encarcelamiento cautelar habida cuenta que se ha superado el lapso prescripto por el art. 1 de la ley 24.390 para su vigencia), ese dato permite afirmar que su libertad no entrañaría o daría lugar a una eventual intromisión en el devenir de la pesquisa, argumento, por otro lado, que no parece consistente a la luz de los antecedentes que ilustran el curso de la presente encuesta. Dicho en otras palabras, establecido con el grado de certeza que es dable reconocerle a los relevamientos producidos en el transcurso de la instrucción, el rol que se le adjudica al nombrado y las pruebas en las que reposa la presunta vinculación a los hechos que son materia de este legajo, según la acusación, no parece que los antecedentes que sirvieron para fundar – entonces​ ​su​ procesamiento y justificar su encarcelamiento preventivo, cuanto la prueba a producir en el debate a consecuencia de ello, puedan gravitar como objeción a la soltura de Juan María Torino a título de riesgo procesal –peligro de fuga o de alteración de alguna o de todas ellas. Desde otro perfil, no dejo de reparar que, según la imputación que se le dirige en la pieza acusatoria, el procesado se habría valido –en su momento​ ​de​ una especial posición dentro de la estructura estatal para la comisión de los delitos endilgados lo que permitiría presumir, según se deduce de las afirmaciones esgrimidas en objeción del cese de la prisión preventiva, que de recuperar su libertad podría recurrir a ella a los fines de poner en riesgo el avance de las actuaciones. Mas, entiendo que dicha aseveración, en abstracto, no cuenta con elementos que le den sustento más allá de un marco conjetural, a lo menos en el caso concreto, toda vez que desde la fecha en que fue detenido no se han opuesto obstáculos desde el Estado mismo o​ a través de alguna de sus estructuras​ ​a​ la investigación y/o juzgamiento de los sucesos que le fueron imputados a Juan María Torino. Tampoco lo han hecho en procura de sustraer al nombrado de la investigación, circunstancia que pone de manifiesto el grado al que ha arribado este legajo en la etapa del juicio. Menos aún se ha verificado, de parte de agentes o ex agentes estatales, cuando no paraestatales –reconocidos como tales,​ algún tipo de injerencia o bien inquietudes particulares tendentes a obstaculizar o impedir el curso de la causa o a sustraer al procesado de sus alternativas y conclusión, cualquiera fuere su resultado. Desde otro extremo, pero siempre dentro del concepto que vengo considerando, no observo que pueda afincarse la idea de prorrogar la medida cautelar en examen en la solitaria remisión a la sanción que prevé y/o supone la tipificación legal acusada a los sucesos por los que se lo trae a juicio, ya que aun cuando resulta relevante –grave por cierto,​ no puede sustentarse en ella la permanencia del encarcelamiento preventivo, so riesgo de perder éste su naturaleza cautelar para asumir ribetes de una verdadera pena. En efecto, si bien es cierto que la seriedad de una infracción criminal como la severidad de la sanción penal en expectativa, importan una pauta valorativa en la que puede afirmarse el riesgo de elusión del detenido, no es menos cierto que ese elemento de convicción se inspira en criterios retributivos, por manera tal que, su empleo a los fines de fundar una prisión preventiva debe ser prudentemente ponderada pues, cuando ese argumento se utiliza para sustentar un encarcelamiento prolongado previo a una eventual sentencia de condena, desvirtúa el efecto cautelar de aquélla para convertirla en un sustituto de la pena privativa de la libertad. Por otra parte, la conceptualización de los delitos aquí examinados como configurativos de crímenes contra la humanidad, si bien ha llevado a modificar el estándar de algunas cuestiones v.gr. el régimen de la prescripción de la acción penal; laxitud de la prueba, entre otros aspectos legales y judiciales​ ​ante​ la entidad de las afrentas que trascienden a los individuos que se vieron afectados por esas conductas para proyectar sus efectos sobre la sociedad toda, no puede llevar a la supresión de las garantías y derechos que le asisten al imputado, entre ellos el de ser juzgado dentro de un plazo razonable y, de no ser posible ello, que continúe el proceso en libertad , sobre todo, cuando la detención pierde su naturaleza cautelar en razón de la prolongación del trámite por razones extrañas al procesado (art. 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), ya que ninguna norma hay que anule este principio convencional, legal y expresamente incorporado a nuestro sistema constitucional (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional). Es dable considerar también que no hay pronóstico de reincidencia –para la hipótesis de recaer condena en estos autos​ ​y​ tampoco puede afincarse en las características y modalidades de los sucesos enrostrados la objeción a la soltura, por las diversas razones hasta aquí expresadas en punto a los prolongados encierros cautelares y su conexión con las condenas anticipadas. Desde otro perfil, pero en ese mismo orden de ideas que pongo de manifiesto, los​ peligros procesales que justificaron en su momento la adopción de la medida cautelar adoptada​ por el magistrado de la instrucción –art. 312 del Código Procesal Penal de la Nación​ ​y​ su​ mantenimiento, luego, por más de cinco (5) años, cinco (5) meses y veintinueve (29) días no pueden validarse sine die obstaculizando el cese de la prisión preventiva ya que, en esos términos, carece ella de toda razonabilidad, idea que aún más se robustece, si se tiene en cuenta que, en este caso en particular, la libertad de Juan María Torino no se hará efectiva por encontrarse sometido a ese mismo régimen en el marco de la causa Nº 737/2013, caratulada “Minicucci, Federico y otros s/ privación ilegal de la libertad y tormentos” del registro de este Tribunal Oral. En esa misma línea argumental, es menester destacar, que el imputado ha sido beneficiado con el instituto del arresto domiciliario desde los albores de la instrucción, y desde aquella época ha cumplido su detención sin infringir las obligaciones impuestas, por manera tal, que su actitud permite inferir que ante el cese de la medida de coerción que pesa sobre él, no asumirá una actitud elusiva. Cerrando este análisis, cabe señalar también, a efectos de agotar el tema, que la demora en la celebración del juicio no resulta atribuible a articulaciones dilatorias de la defensa o a una actitud remisa del procesado sino, en todo caso, a la particular tramitación que impuso el objeto procesal examinado en el expediente ─concretamente la pluralidad de los hechos y su complejidad, datos sobradamente superados─ que, más allá de constituir el sostén legítimo de sus primigenias prórrogas, en la actualidad carecen de fundamento y no puede valorarse en su perjuicio ya que, como dije, perdieron entidad y legitimidad. En definitiva, en mi criterio, el lapso transcurrido desde su anotación para estos autos y el desenvolvimiento de la causa desde entonces –de cara a la implementación de las diligencias procesales necesarias e indispensable dirigidas a la finalización de esta encuestapone en crisis​ la razonabilidad del tiempo transcurrido sin que se haya definido aún, de una vez y para siempre –ante la ley y la sociedad,​ la situación procesal de Juan María Torino a​ lo que no podemos sustraer la incertidumbre que aún pesa en orden a la fecha en que su situación procesal podrá ser tratada y definida en el marco de un debate,​ por manera tal que su libertad deviene fundada, no advirtiendo, a su vez, que examinada su situación, como se ha visto, en el marco del art. 3 de la mencionada ley, ante la oposición fiscal, emerjan objetivos elementos de los que derivar la​ existencia de un riesgo procesal de fuga o a la realización del derecho material. Por los argumentos expuestos, excedidos los plazos de ley como también los judiciales, razonablemente decididos que pudieron fundar la permanencia de Juan María Torino en detención cautelar, deviene imperativo ordenar el cese de la prisión preventiva en estos autos medida​ que no se hará efectiva por encontrarse detenido a disposición de este Tribunal Oral en el marco de la causa nº Nº 737/2013, caratulada “Minicucci, Federico y otros s/ privación ilegal de la libertad y tormentos” del registro de este Tribunal Oral​ ​y​ subordinar su libertad al estricto cumplimiento de las siguientes cláusulas compromisorias: a) Presentarse ante este Tribunal en el lapso improrrogable de 48 horas a partir de recuperar la libertad; b) Fijar domicilio, del que no podrá apartarse por más de 24 horas sin autorización del Tribunal; c) Someterse al cuidado del Patronato de Liberados correspondiente; d) Comparecer ante la Secretaría del Tribunal con una periodicidad de 15 días. Además, entiendo que debe ordenarse y comunicarse a las autoridades correspondientes la prohibición de salida del país del nombrado en las presentes actuaciones Tal mi voto. El señor Juez Alejandro Daniel Esmoris dijo: Que adhiero al voto del colega preopinante, por compartir sus argumentos. Por ello, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, RESUELVE: I. NO HACER LUGAR a la prórroga de la prisión preventiva requerida por los representantes del Ministerio Público Fiscal y la querella, y en consecuencia, DISPONER LA LIBERTAD de JUAN MARÍA TORINO, la que no se hará efectiva por permanecer detenido en el marco de la causa Nº 737/2013, caratulada “Minicucci, Federico y otros s/ privación ilegal de la libertad y tormentos” del registro de este Tribunal Oral (art. 3° y 4 in fine de la ley 24.390, texto según ley 25.430).​ ​ II. IMPONER a JUAN MARÍA TORINO, en caso de recuperar la libertad, el cumplimiento de las siguientes cláusulas compromisorias, bajo apercibimiento, en caso de inobservancia, de revocar su libertad: a) Presentarse ante este Tribunal en el lapso improrrogable de 48 horas a partir de recuperar la libertad; Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE LA PLATA NRO. 1 b) Fijar domicilio, del que no podrá apartarse por más de 24 horas sin autorización del Tribunal. c) Someterse al cuidado del Patronato de Liberados correspondiente; d) Comparecer ante la Secretaría del Tribunal con una periodicidad de 15 días. III. DISPONER LA PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS, debiendo librarse oficios haciendo saber esta decisión a todos las fuerzas de seguridad y a los organismos de control de ingreso y egreso del país. IV. DIFERIR LA EFECTIVIZACIÓN DEL CESE DE LA PRISIÓN PREVENTIVA HASTA EL MOMENTO EN QUE ESTA DECISIÓN QUEDE FIRME (art. 4, última parte, de la ley 24.390). V. COMUNICAR la presente resolución al Consejo de la Magistratura y a la Cámara Federal de Casación Penal (art. 9 ídem). Regístrese, ofíciese y notifíquese. Ante mí: Fecha de firma: 06/09/2017 Firmado por: ALEJANDRO DANIEL ESMORIS, JUEZ SUBROGANTE Firmado por: NELSON JAVIER JARAZO Firmado(ante mi) por: MARIA VERONICA MICHELLI, SECRETARIA DE CAMARA