CASO MALDONADO

Panorama político nacional de los últimos siete días El caso Maldonado, entre la ideología y la violencia Desde principios de agosto, cuando algunas organizaciones que invocan la defensa de los derechos humanos caracterizaron el hecho como una “desaparición forzada”, el enigma sobre el paradero desconocido de Santiago Maldonado, un joven artesano bonaerense radicado en Esquel, se ha transformado en tema dominante en los medios y las redes sociales. También en la calle: el último viernes algunas decenas de miles de manifestantes reclamaron en la Plaza de Mayo la aparición de Maldonado y un puñado de algunas decenas de entre ellos se enfrentaron más tarde con las fuerzas de seguridad y protagonizaron desmanes. No hay dudas de que el caso de Maldonado es inquietante y perturbador, pero la altísima repercusión que lo distingue no parece depender tanto de esos rasgos (que comparte con muchísimos acontecimientos análogos en una Argentina en la que la inseguridad no es una mera sensación), sino de otro factor que fue develado esta semana por la siempre rotunda Hebe de Bonafini: “Maldonado era un militante”. La frase de Bonafini no sólo dice. También insinúa. Afirma, en principio, una condición que avalaría la resonancia privilegiada del hecho: ser “militante” supondría un rango especial, por encima del de mero ciudadano o el de ser humano (Bonafini lo subraya al justificar las diferencias entre la actual movilización por Maldonado y la asordinada atención que el gobierno anterior dedicó a la aún inexplicada desaparición de Julio López). Pero además, al conjugar el verbo en tiempo pasado (“era”), Bonafini sugiere que la ausencia de Maldonado es definitiva. Para ella, como para una extensa red de personas y organizaciones que comparten su pensamiento –muchas de las cuales marcharon el viernes último- el caso Maldonado no es enigmático ya que todos ellos dan por sentado (sostenidos hasta ahora por su íntima convicción antes que por pruebas concretas) que el artesano fue víctima de una desaparición forzada, responsabilizan por ella a la Gendarmería y al gobierno de Macri y evocan la muerte tanto en sus consignas (“Con vida lo queremos”) como en las comparaciones que trazan entre este hecho y los de la represión en tiempos de la tiranía procesista. No piden que se investigue intensamente el caso, se desentrañe lo ocurrido y se juzguen las responsabilidades una vez comprobadas: ellos ya han definido culpas y culpables. Obvio: la señora de Kirchner ha tomado esa misma bandera para agitarla en la campaña que lleva a la elección de octubre. Cautelosa, ella sólo necesita mostrar la foto de Maldonado y emplear la palabra “desaparición”: su discurso es completado por el que despliegan sus epígonos voluntarios e involuntarios y se nutre en el terreno cultivado por el pensamiento políticamente correcto. Más allá de lo electoral Conviene no juzgar el caso Maldonado ni exclusiva ni centralmente por el uso político-electoral que se le está dando. Hay dimensiones más trascendentes para analizarlo. Por un lado está el ángulo de la inseguridad y de las dificultades que afronta el Estado para garantizar desde la vida de las personas al orden público, así como para investigar y resolver delitos o siniestros. La suerte de individuos, familias, aviones o mercancías puede convertirse durante plazos indefinidos en un agujero negro inescrutable. ¿No habrá relación entre esta impotencia estatal y los niveles de desjerarquización y vilipendio sufridos por las estructuras profesionales de defensa y de seguridad del país, golpeadas sin fin con la excusa que proporcionaron los tiranos castrenses de la década del 70? Casi medio siglo más tarde sería hora de hacer un balance más ajustado de aquellos años de plomo en lugar de permitir la continuidad, en el plano cultural, de una ofensiva que los prolonga en el presente y que, sobre todo, obstaculiza la posibilidad de que el país tenga una política de defensa y de seguridad interior. Mirada desde otro plano, la desaparición de Maldonado ha estimulado una prédica ambigua e irresponsable que se cubre con la bandera de los “pueblos originarios”. Al parecer, Maldonado acompañaba ( o “era militante”, como explicó Bonafini) las acciones de un grupo minoritario y radicalizado que responde al nombre de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), tiene existencia tanto en la Patagonia argentina como en la chilena y desafía a ambos estados nacionales reivindicando como objetivo una suerte de separatismo autonómico para cuya concreción “todos los medios son buenos” (incluyendo los violentos, que ya ha practicado a ambos lados de la Cordillera). Es preciso señalar que la mayoría de la comunidad de origen mapuche del país, más allá de sus propias reivindicaciones, ha tomado distancia de las prácticas radicalizadas y de las ideas separatistas de RAM, y se considera parte de la sociedad argentina. También hay que apuntar que los mapuches no son un “pueblo originario” en la Patagonia argentina: penetraron en ella desde Chile poco tiempo antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata y desalojaron a los habitantes allí preexistentes, los tehuelches. New age y pachamamismo El ideologismo urbano consume a menudo productos exóticos. En algunos sectores sociales se inclina por los cultos orientales con el tono new age; en otros, es capaz de adherir a un indigenismo fundamentalista (“pachamamismo” lo llamó ácidamente el boliviano Andrés Soliz Rada, primer ministro de energía de Evo Morales) financiado desde el exterior y partidario y aspirante a segregar la Patagonia de la Argentina. Por cierto, hay que diferenciar el reclamo legítimo de que el Estado defienda a sus ciudadanos de la violencia, enfrente con eficacia los desafíos de la inseguridad y dé respuesta sobre la suerte de Maldonado y de otras víctimas, de los aprovechamientos políticos, las erupciones violentas y los delirios ideologistas. Desde el pantano de las ideologías, una organización gremial docente ha planteado un plan difusión en las escuelas que, con la desaparición de Maldonado como carátula, mezcla y combina ingredientes de confusión y adoctrinamiento: prejuzga sobre la situación, reitera slogans del pasado, incurre en lugares comunes sobre los pueblos originarios y omite todo comentario sobre las propuestas secesionistas de las organizaciones violentas que invocan el irredentismo mapuche así como del hecho de que ese irredentismo pone en tela de juicio los derechos argentinos sobre las Malvinas y aparece sostenido por organizaciones asentadas en Gran Bretaña. Se trata de una propaganda facciosa cubierta bajo el manto de las buenas intenciones y va más allá de lo político electoral: expresa métodos y líneas de pensamiento y acción que el país debería dejar atrás. El caso Maldonado ha conseguido sobreimprimirse a la competencia electoral que culminará en octubre. Constituye un terreno resbaloso para el gobierno que, por déficit de pensamiento político consolidado, le ha cedido la cancha al kirchnerismo y a la izquierda y no encuentra ni palabras ni hechos para defenderse de los ataques interesados. A los partidos de la coalición oficialista parece que les han comido la lengua los ratones y tratan de pasar el mal momento disfrazados de árbol. Por sentido de la conservación el gobierno no cedió, hasta el momento, al reclamo de que aparte a la ministro de Defensa, Patricia Bullrich, a quien el activismo le imputa que haya defendida a sus subordinados de la Gendarmería de las culpabilizaciones prejuiciosas. Si cubrir desvíos, excesos o ilegalidades constituiría una conducta obviamente reprobable, sostener sin demagogia el respeto a las instituciones del Estado y la defensa de sus servidores debería considerarse un mérito. Jorge Raventos