FUMATA BLANCA.

Panorama político nacional de los últimos siete días Fumata blanca: el acuerdo del Gobierno con provincias y gremios Finalmente hubo fumata blanca entre gobernadores y poder central. Siguiendo la línea de Mendieta, el perro vizachiano que inventó Roberto Fontanarrosa (“Negociemos, Inodoro”), tanto el poder central como las provincias y la CGT , pese a chumbarse por los medios, consiguieron acortar sus diferencias. Así, las reformas que el gobierno venía impulsando (laboral, fiscal, previsional) avanzaron esta última semana, aunque tuvieron que asimilar los recortes y modificaciones impuestos por el indispensable trapicheo que incluyó también los amagues de empresarios que resisten cargas impositivas o caída de protecciones. Ahora, después del cierre del paquete en las mesas de negociación, viene el tiempo de formalizar los acuerdos, algo que queda a cargo de las Cámaras. Se supone que, llegada la hora, habrá allí mayorías dispuestas a convertir lo negociado en leyes. Negociemos, Inodoro Los negociadores oficiales no sólo cedieron bastante (particularmente ante los gremios), sino que terminaron inclusive consintiendo cambios en su plan de modificación del sistema de actualización de los haberes jubilatorios (que se aplica también a subsidios sociales), un punto en el que habían advertido que no se tocaría ni una coma. De hecho esa modificación aparecía como la clave de la bóveda de las reformas. Con el método de actualización que impulsaba el Poder Ejecutivo se encogían los aumentos a los trabajadores pasivos y se congelaba en términos reales sus ingresos (que se actualizarían en términos nominales cada tres meses, no de acuerdo al índice de la canasta de jubilados, sino al generalmente inferior del incremento general de precios). Por la vía de ese recorte previsional y de subsidios sociales, el plan del Ejecutivo esperaba ahorrar más de 100.000 millones de pesos, una suma que permitiría compensar a la provincia de Buenos Aires (recibirá casi la mitad de ese monto por sus reclamos referidos al Fondo del Conurbano) sin afectar a las restantes provincias, a las que, por otra parte, se les reparará el abandono progresivo del gravamen a los ingresos brutos. Los gobernadores y los jubilados Aunque a la mesa de los acuerdos no haya estado sentada ninguna representación sólida de los jubilados, el gobierno tuvo que retroceder en esas aspiraciones. Desde la mesa de los gobernadores se le transmitió a la Casa Rosada que esa modificación estaba destinada a a crear un gran ruido político complicaría el paso de los acuerdos por el Congreso y que, sin cambiar también esa propuesta, los propios acuerdos no podrían concretarse. Los líderes legislativos vinculados a las provincias habían registrado la atmósfera pesada que llegaba a sus bloques desde la calle y lo transmitieron a los gobernadores, que por cierto cuentan con su propio olfato político. El gobierno decidió escuchar la advertencia: en la Casa Rosada se sabía que el tema de la actualización de jubilaciones y subsidios también provocaba resistencias en un número de legisladores oficialistas. Se decidió, así, garantizar que ningún jubilado con 30 años de aportes acreditados gane menos que el 82 por ciento de un sueldo mínimo. Y que las actualizaciones trimestrales de los ingresos previsionales serán superiores a la inflación del período registrada por el INDEC. Puede alegarse que el sueldo mínimo que serviría de piso es muy bajo. También que los índices generales de inflación no reflejan adecuadamente la canasta de gastos de los jubilados. Todo se puede perfeccionar. Los jubilados probablemente encontrarán formas de hacerse oír por los políticos, por los gremios, por los medios y, por cierto, por una Iglesia que ha renovado su conducción y acentúa la prédica bergogliana contra “la cultura del descarte”. En cualquier caso, el aporte de los gobernadores contribuyó ya a mejorar políticamente la propuesta original del Ejecutivo y confirma así la virtud de la búsqueda de acuerdos y el trabajo colaborativo. Lo que no queda claro aún es con qué ahorros alternativos (o con cuáles recursos complementarios) financiará el poder central los compromisos que asume. La deconstrucción del cristinismo Por el momento se atiende más a la buena noticia de los acuerdos (un paso hacia la consolidación del nuevo sistema político) que a la letra más fina de estos. También ayuda a asordinar ese interrogante el ruido que se desprende de la deconstrucción del cristinismo. Una oleada epistolar, condimentada con expresiones en redes sociales y declaraciones pone de manifiesto la rápida fragmentación del liderazgo de la señora de Kirchner, imputada por varios de quienes fueron sus acendrados y notorios fieles de abandonar a su suerte a “leales que están presos por leales”. Aníbal Fernández, Guillermo Moreno y Luis D’Elía, tal vez anticipándose a avatares propios, se quejaron de que la Señora dejara en banda a Julio De Vido y a Amado Boudou. De Vido se había expresado por carta propia y por voz de su esposa. Alessandra Minnicelli, quien se quejó de que la expresidente “ ha tenido un gesto bastante inhumano hacia mi familia”. Se refería a aquella declaración de CFK, que textualmente había dicho: “"No pongo las manos en el fuego ni por De Vido ni por nadie. Las manos en el fuego, por mí y por mis hijos". Desde la forzada calma del penal donde aguarda ser juzgado, De Vido había respondido a esa frase con otra muy intencionada: “En realidad yo no conozco a nadie, y usted lector seguramente tampoco, que ponga las manos en el fuego y no se queme”. Un mensaje de familia a familia. Aníbal Fernández, golpeado lateralmente por casos como el FIFAgate y las confesiones del ex directivo de Torneos Y Competencias, Alejando Burzaco,ha decidido tomar distancia de la Unidad Ciudadana de la señora de Kirchner, un club que en realidad no mostraba mucho interés en tenerlo como socio. Se trata de signos de dispersión que hay que ubicar en un contexto en el que el peronismo poskirchnerista busca su propio destino, trata de reubicarse mirando al futuro y de despegarse de personajes y procedimientos “piantavotos”, es decir, cuestionados por la opinión pública. En ese clima son muchos los que consideran que el piantavotos es el otro. Mientras el cristinismo se dispersa y la jefatura de la expresidente es sometida a la acción del fuego amigo, la liga de los gobernadores y sus expresiones legislativas comienzan a perfilarse como una primera línea de reagrupamiento, en contacto con la fuerza sindical. El poder de los jueces Entretanto, la Justicia suma su propio escenario y su súbito vértigo a ese contexto. No siempre con la alegría del gobierno. En rigor, las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial no atraviesan tiempos sosegados. La opinión pública no está satisfecha con la Justicia y ese hecho ejerce presión sobre el gobierno. También sobre los jueces, que tratan de mejorar su imagen apelando al ímpetu y a la espectacularidad. Desde la política (y desde el gobierno) se observa con perplejidad esa tendencia y se analiza con inquietud el riesgo de que los procedimientos que hoy son empleados sobre personajes como Boudou o De Vido, basados en una extensión de los criterios preventivos asentada en un reciente fallo redactado por el juez Martín Irurzun, puedan eventualmente ser aplicados a funcionarios actuales o futuros o a amigos del poder. Si la política amparó antes y castiga ahora a un juez como el camarista Eduardo Freiler, los magistrados que hasta hace poco hacían gala de morosidad y benevolencia en asuntos referidos a la política y los funcionarios, ahora cobran dinamismo y rigor para invadir ese territorio. En el fondo, parece haber una puja para desplazar el disgusto público a terreno ajeno. Jorge Raventos