TODO BIEN, ¿PERO HAY DECISIÓN POLÍTICA?
Malú Kikuchi (5/9/2020)
El Código Penal Nacional en su artículo
181 dice que: “Será reprimido con
prisión de seis meses a tres años: 1. El que por violencia, amenazas, engaños,
abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de
la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real
constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble,
manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes;
2. El que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o
alterare los términos o límites del mismo;
3. El que, con violencia o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un
inmueble.
El artículo 181 es claro, no deja dudas al respecto, el que lo infringe comete un delito. Lo sabe el Presidente de la Nación, abogado, especializado en derecho penal, profesor de derecho penal. Debería saberlo la antropóloga Sabina Frederic, ministra de Seguridad de la Nación; debería saberlo el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aunque sea economista.
Parece que se enteraron del artículo 181 recién el 3/9, hasta ese momento Frederic anunciaba que no le correspondía a seguridad el tema de las tomas de tierras en Mascardi, aunque sí le correspondía a seguridad denunciar a los que denunciaban las tomas. En cuanto a Kicillof, su ideología no le permitía tomar una posición acorde a derecho y apelaba a los derechos de los que necesitaban un lugar para vivir, refiriéndose a las tomas en su provincia.
El Presidente estaba ocupado por la “cuareterna”. También recordó las carencias habitacionales, cual si fuera un corresponsal llegado desde Finlandia a relatar los inverosímiles hechos que ocurren en la Argentina. Los intendentes PJ de la 3ª sección pusieron sus quejas y finalmente el artículo 181, se leyó.
Tanto el Presidente como Frederic y Kicillof siguen sin nombrar la palabra “delito”, no les sale. Pero se presentó un programa sobre seguridad para la provincia de Buenos Aires, dicen que es la más afectada por la inseguridad. Patrulleros, insumos policiales, a futuro 10.000 policías más (con el tiempo) y ahora 4.000 gendarmes y prefectos. Para la enorme provincia, es poco.
Además de desamparar en 4.000 efectivos a las provincias desde donde los retiran. Síndrome de sábana corta. En el anuncio, que agradecieron varios de los intendentes, el Presidente también habló de la construcción de dos nuevas cárceles muy necesarias para descomprimir las comisarías atiborradas.
Anuncios y promesas de gobiernos sobre el tema seguridad ha habido muchos, realidades, pocas. Entre falta de plata, siempre más necesaria para otras cosas, por ejemplo los sueldos de la política, generalmente se quedaron en anuncios y promesas. Supongamos que esta vez se harán realidad. Pero…
Los 4.000 efectivos federales más, sumados a los 3.000 enviados con anterioridad, más los 90.000 de la policía bonaerense, ¿serán suficientes en 3 turnos diarios para la enorme provincia de Buenos Aires? Obviamente, no. Mucho menos si a pesar de toda la tecnología que tendrán las fuerzas actuales, más los 10.000 policías bien educados en derechos humanos que llegarán con el tiempo, si la ideología de lo “políticamente correcto” sigue imperando, nada de todo eso será una sólida barrera para no dejar prosperar la inseguridad.
Las imprescindibles cárceles a construir, ¿serán sanas y limpias como lo indica la Constitución Nacional? Probablemente, sí. Pero ¿estarán habitadas por personas juzgadas y condenadas a través del debido proceso por jueces probos? ¿O estarán vacías gracias a jueces educados en las teorías de Zaffaroni?
La Constitución Nacional en su artículo 17 dice que: “La propiedad privada es inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley”. Señor Presidente, Señora Ministra de Seguridad de la Nación, Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, sólo hace falta leer a conciencia la Carta Magna y tener voluntad política para terminar con la inseguridad. Lo demás, aunque necesario, es cháchara.
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