PANORAMA

Entre Boudou, Griesa y el Mundial de Fútbol El procesamiento de Amado Boudou por delitos ligados a la corrupción era previsible, pero en el oficialismo lo esperaban para más adelante, “para después del Mundial”. El juez Ariel Lijo estimó que ya tenía elementos suficientes para actuar, tanto sobre el vicepresidente como sobre algunos de sus amigos, sobre un alto funcionario de la AFIP y sobre dos miembros de la familia Ciccone. El ex jefe de gabinete de Boudou en el ministerio de Economía, Guido Forcieri, que faltó a la indagatoria del magistrado excusándose con sus actuales tareas como representante argentino ante el Banco Mundial, puede engrosar la lista de procesados en algunas semanas. El Mundial no alcanzó Contra las previsiones de Jorge Capitanich, el Mundial de Fútbol no le otorgó una pausa de calma al gobierno. Primer vicepresidente procesado de la historia argentina, Boudou entraña para la Casa Rosada un costo actual y, sobre todo, amenazas futuras. La protección política que la Presidente decidió extenderle a su elegido de 2011 erosiona su autoridad remanente en las filas de un peronismo preocupado por otros quebrantos que sufre su fuerza con vistas al desafío electoral del año próximo. La pulseada con los holdouts y con el tribunal neoyorquino que conduce el juez Thomas Griesa también forma parte de las desdichas que el mes de junio le regaló a la señora de Kirchner. Su gobierno avanza hacia la estación final de ese conflicto (el cumplimiento del fallo que benefició a bonistas que no aceptaron las reestructuraciones de 2005 y 2010), pero lo hace de modo sinuoso y pendenciero, algo que mantiene en vilo a los mercados y distancia el acceso a un financiamiento normal, como el que obtienen otros países de la región (desde Brasil a Bolivia o Ecuador). Busca tardíamente apoyos políticos internacionales y expone, no menos extemporáneamente, argumentos que no empleó antes de la negativa de la Corte, porque estaba persuadido de que el máximo Tribunal de Estados Unidos le daría la razón o, al menos, le otorgaría tiempo. Después de que la Corte desistió de tratar su apelación (y después de desfogarse con cuestionamientos al tribunal neoyorquino, el gobierno había pedido que Griesa ("Du Señoría", en ese caso) abriera una instancia negociadora. El juez lo hizo: designó a un responsable de ese espacio, que ya empezó a funcionar. Pese a eso, el ministro Axel Kicillof y la Presidente decidieron consignar en el Banco of New York el pago a los bonistas reestructurados, en un virtual desafío al juzgado, que había resuelto que ese pago fuera simultáneo con el pago a los bonistas beneficiados por su fallo. ¿Pretendía Kicillof que Griesa confiscara esos fondos y los dedicara a pagar a los holdouts? El juez no hizo eso y tampoco decidió considerarse desacatado. Ordenó al Bank of New York que devolviera los fondos al gobierno argentino. “Nada es más importante que llegar a un acuerdo, el resto son detalles”, dijo. Si Kicillof pensaba culparlo por impedir el pago argentino a los bonistas que negociaron (algo que hizo en un comunicado el viernes), él dejó claro que está cumpliendo con el pedido de Buenos Aires de abrir una negociación y que, con “explosiones como la que han tenido”, ponen en riesgo esa negociación. Argentina tiene hasta el último día para pagar su cuota de deuda reestructurada sin caer en default por ese motivo, pero los mercados considerarán que el default se produce si la negociación de New York con los holdouts concluye sin éxito. De un consenso a otros Tras la negativa de la Corte Suprema de Estados Unidos a tratar la apelación presentada por el gobierno de la señora de Kirchner en relación con el fallo que benefició a los holdouts se suscitó en el país un interesante debate que, si bien se mira, trasciende ese punto específico. Más allá de las posturas que cada uno de los actores políticos hubiera adoptado en el pasado (e inclusive del fraseo argumental que cada uno viene empleando en este caso o de los motivos que lo empujaron) el hecho es que el conjunto del espectro coincidió finalmente en rechazar la vía del default y en que el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado es de interés nacional. En el fondo (y aunque muchos de los protagonistas no terminen de sacar las conclusiones o pretendan disimularlas) lo que esa convergencia traduce es un rechazo y una rectificación de las políticas de aislamiento que se han venido practicando en los últimos años. Se va abriendo paso un nuevo consenso, que se apoya en la comprensión de que las concepciones económicas autárquicas constituyen un arcaísmo en una sociedad mundial donde la tendencia abrumadoramente determinante es la globalización, la integración productiva. Los países que más se desarrollan son los que aceptan con realismo los retos que impone el mundo tal cual es. Aislamiento equivale a atraso. Basta mirar el mapa. El nuevo consenso que tiende a establecerse acepta o admite que esas son las reglas de juego. Cuanto más veloz y consecuentemente se enraíce ese consenso, en mejores condiciones estará el país de aprovechar sus capacidades y las oportunidades que ofrece el mundo. Pero el país necesita otros consensos fundamentales. Algunos de ellos se deducen de aquél; son, si se quiere, corolarios. Otros requieren una elaboración específica. Uno, de vital significación, se refiere a la integración social del país. Hay muchas razones de orden moral para argumentar sobre la necesidad de que la Argentina se desarrolle pensando no sólo en cifras frías, sino en la suerte de las personas de carne y hueso. Pero el asunto no tiene sólo un costado moral, sino también uno práctico, referido al interés nacional. En el estadio actual de la sociedad mundial, con una influencia vertiginosamente creciente de la tecnología y el conocimiento, las naciones necesitan potenciar al conjunto de sus recursos humanos para no perder el tren del desarrollo y la integración. Los puestos de trabajo están cada vez más ligados a niveles de formación con grados de exigencia siempre mayores. No se llega a esos niveles desde situaciones de marginación. La vulnerabilidad social condena a quienes la sufren a la declinación personal. Y a los países que no toman medidas para erradicarla, en naciones decadentes y surcadas por el conflicto. En la última semana se conoció el dramático caso de una adolescente entrerriana que tenía bajas calificaciones por hambre. Lamentablemente, esa situación no es un hecho aislado. Los datos de la Encuesta de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina muestran que en el año 2013 más de 2 millones de menores sufrieron situaciones de hambre y casi tres millones de niños y adolescentes padecen por la insatisfacción de necesidades básicas. El INDEC, que rechaza esas cifras, en febrero dejó de publicar sus propias canastas de precios que permiten calcular el índice de pobreza. Implícitamente, una confesión. Sin embargo, otros datos que sí proporciona el ente oficial son suficientemente elocuentes. La mitad de las familias argentinas cobra menos de 8.000 pesos; la mitad de los trabajadores con calificación operativa recibe 4.700 pesos o menos; la mitad de los no calificados, menos de 2500. Todas esas cifras ilustran los resultados de la llamada “década ganada”. La propuesta de Francisco Se ha venido desarrollando este fin de semana en Mar del Plata el foro de la Semana Social, un encuentro auspiciado y organizado por la Iglesia que congregará líderes de todas las fuerzas políticas, sindicalistas de todas las tendencias, empresarios e intelectuales. Foros como este, impulsado por la consigna del Papa de dar prioridad a lo social, representan una ocasión excepcional para empezar a darle forma a un consenso sobre lo social que sea consistente con aquél que rechaza el aislamiento internacional. La promoción social no puede confundirse con distribucionismo irresponsable; se trata, en cambio, de construir una plataforma para que todos estén en condiciones de adaptarse a la sociedad de conocimiento y trabajar dignamente en ese contexto. Esto que reclama, a su vez, consensos sobre educación y sobre productividad. Es preciso que los argentinos se formen en los valores que dan continuidad y solidez a la comunidad, y en los saberes que permiten integrarse al mundo del siglo XXI. Y es indispensable que la producción y el trabajo argentinos estén en condiciones de sostenerse genuinamente, con productividad creciente, en un paisaje planetario en el que la integración económica coexiste con una fuerte competencia. La cultura del encuentro que propicia el Papa Bergoglio estimula la posibilidad de discutir estas cuestiones con ánimo constructivo, con espíritu de unión nacional, con la mirada puesta en el desarrollo justo y equitativo de la Argentina, el hogar común. Jorge Raventos