GOBERNABILIDAD

Panorama político nacional de los últimos siete días Las amenazas a la gobernabilidad El Foro de Davos le ofreció a Mauricio Macri un escenario temprano y óptimo para empezar a cumplir uno de sus objetivos: volver a ubicar a la Argentina en el mundo. Lo hizo con inteligencia: llevó de acompañante al dirigente opositor individualmente más representativo (Sergio Massa, con una fuerza política nueva que él creó y conduce, sacó el 20 por ciento de los votos en una primera vuelta polarizada) y el que más rápidamente se ubicó en una actitud colaborativa. Así, Macri no se presentó como una estrella solitaria, sino como presidente de una Argentina plural, sólida, moderna, abierta al diálogo y dispuesta a asumir compromisos y responsabilidades en el mundo. Todos indica que el mensaje fue recibido: Macri , Massa, la canciller Susana Malcorra, el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay hablaron con autoridades de Estados Unidos, el Reino Unido, Israel, Francia, con empresarios de las grandes corporaciones, con inversores. Vuelven al país con el viento en las velas. Ya de regreso, hay que atender los asuntos domésticos. La política y la gobernabilidad El gobierno de Macri transita aún el llamado período de gracia. El receso del Congreso lo faculta a gobernar con decretos, pero prácticamente dentro de un mes, tendrá que hacer pasar leyes por Cámaras legislativas en las que su coalición Cambiemos está en minoría (particularmente en el Senado, donde la representación del Frente para la Victoria mantiene un alto peso residual). Macri navega impulsado por la corriente de opinión pública que lo llevó a la Casa Rosada. Aunque en las urnas Mauricio Macri obtuvo 52 por ciento de los votos, las encuestas levantadas a un mes de iniciada la gestión muestran que el respaldo (imagen positiva, confianza en el gobierno) se ha extendido. Sergio Massa, que procura componer con el gobierno los cimientos de un nuevo sistema político expresando una oposición razonable que ejerce el apoyo crítico, se beneficia con la misma ola de aprobación a Macri. En rigor, su rédito es proporcionalmente mayor: obtiene porcentajes de simpatía similares a los del presidente (y hasta un poco mayores), pero no parte de un 52 por ciento en las urnas, sino de un 20 por ciento en la primera vuelta. La foto de la actualidad es elocuente: la sociedad que pidió el cambio quiere que el cambio avance y premia a los que colaboran con él (incluso a los críticos razonables). El kirchnerismo cerril expresa todo lo contrario: una oposición nostálgica y completa que, además, simula una fuerza que ya no tiene. Confesión implícita: ahora promueve la “micromilitancia”. Levantan palcos encabezados por Gujillermo Moreno, Luis D’Elía, Bonafini y La Cámpora. Las dimensiones liliputienses y las presencias rocambolescas ahuyentan inclusive a kirchneristas moderados. Tribulaciones peronistas Si Sergio Massa, desde el Frente Renovador (y cerca de él, José Manuel De la Sota desde el peronismo-nunca-kirchnerista) avanzan viento en popa con su postura de apoyo crítico/oposición constructiva al gobierno de Macri, en el peronismo que se mantiene aún bajo la sombrilla del Frente para la Victoria se produce una tendencia en el mismo sentido: se trata de no quedar pegados al negativismo que se predica desde Calafate (que desemboca en un apostolado faccioso, intenso…y “piantavotos”) y de evitar al mismo tiempo que sean Massa y De la Sota los beneficiarios del realismo político de los peronistas. En ese movimiento se genera una policromía de posturas y fuertes pulsiones disgregatorias contenidas instintivamente por la antigua cuestión: “¿desparramados qué hacemos?”. Sin duda el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey ha sido el más audaz en sostener una oposición constructiva al gobierno desde las filas de lo que fuera el kirchnerismo. Inclusive como vocero informal de la campaña de Daniel Scioli, cuestionó en su momento la política económica de Cristina Kirchner y Kicillof y sostuvo la necesidad de negociar rápidamente con los holdouts, lo que anticipa cuál será su posición ante la negociación que encara ahora Macri. Un poco más reticente, pero con una filosofía muy próxima, se mueve en los últimos tiempos el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto. Los intendentes de la provincia de Buenos Aires que torcieron la decisión de Cristina Kirchner y sus camporistas y forzaron la aprobación del presupuesto provincial, constituyeron otra brigada en el hoy desordenado ejército peronista/FPV: se mostraron como interlocutores necesarios y disponibles en el distrito y negociaron con la gobernadora María Eugenia Vidal los términos del presupuesto y la distribución automática de fondos a sus municipios, con atribución a obras que ellos contratarán. Si en estos sectores más dispuestos al diálogo hay también una apertura a conversar sobre el peronismo del futuro con el eje Massa-De la Sota, otras corrientes son más reticentes. Particularmente la que enlaza a Daniel Scioli con el actual presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza. Desde allí se describe a Massa como el culpable de la victoria de Macri (porque rompió con el FPV en 2013 y enfrentó a Scioli en 2015) y se enfrenta a Macri como expresión de “las corporaciones”. Esta corriente queda ubicada en la frontera, diferenciada del kirchnerismo cerril pero no tanto como para cerrarse a próximas alianzas en la pelea por la conducción del PJ. Respaldos y recursos Por cierto, a ninguno de estos sectores les cayó bien la frase de Mauricio Macri en Davos en la que presentó a Massa como “probable conductor del PJ en los próximos meses”. Se puede especular sobre la intención del Presidente al decir eso: ¿quiso meter púa en la discusión interna del justicialismo? ¿Quiere “designar las autoridades del peronismo por DNU”, como dramatizó Scioli? Es probable que la intención del Presidente no fuera doméstica, sino un mensaje a los observadores extranjeros: exhibir la convivencia y cooperación entre un oficialismo no peronista y una porción destacada de la oposición que tiene raigambre peronista. Más allá de los fuegos de artificio, lo que se discute son las condiciones de la gobernabilidad en los meses próximos. Cada sector quiere acumular fuerza para tener un lugar más relevante en las negociaciones inevitables. Esa búsqueda los aleja del cristinismo puro y duro que, irónicamente, les resulta útil como amenaza. Los gobernadores peronistas se reúnen entre ellos preparar con números en la mano la próxima conversación con el gobierno por los recursos de la coparticipación y la distribución de inversiones y obras públicas. Saben que el gobierno necesita que los senadores que les responden apoyen leyes fundamentales que proponga el oficialismo y reformas, como la de la “ley cerrojo” que ahora impediría prácticamente cerrar un acuerdo con los holdouts (en este caso saben asimismo que, sin arreglar con esos acreedores, el financiamiento seguirá cerrado o inalcanzable para el país…y también para sus provincias). Como para desmentir a quienes sospecharon que la mención de Macri a Massa como “probable conductor” del peronismo había tenido intención divisionista, el gobierno nacional hizo un aporte (involuntario) para unir el abigarrado colectivo justicialista: en paralelo con el traspaso a la Capital de la porción metropolitana de la Policía Federal decidió mejorar la cuota de coparticipación de la Ciudad Autónoma de 1,40 a 3,75 por ciento. Macri se había comprometido a “traspasar la policía con fondos” y, en ese sentido, cumplió con la palabra empeñada. Aunque los recursos asignados a la Capital no saldrán de los fondos de las provincias, sino que serán aportados por el Tesoro Nacional, los gobernadores entienden que el nuevo porcentaje porteño disminuye los coeficientes de sus provincias y las perjudica. La situación hace un poco más difícil la tarea del ministro de Interior, Rogelio Frigerio, que es el principal encargado de tejer los acuerdos con las provincias y detiene momentáneamente las fuerzas centrífugas que operan sobre los bloques legislativos del Frente para la Victoria. La amenaza de los hechos Aunque las tensiones entre fuerzas políticas pueden incidir –a veces decisivamente- en la cuestión de la gobernadilidad, por ahora ese frente está satisfactoriamente contenido. Las verdaderas amenazas para la gobernabilidad están en las cosas. Por ejemplo, hay que poner orden en el desbarajuste económico heredado. Los precios relativos están tan desquiciados que, por caso, en el terreno energético, se subsidia a los productores (la nafta se encarece) porque el precio mundial del petróleo baja y se subsidia a los consumidores de electricidad y gas con tarifas largamente inferiores a las que determina su costo. Mientras se encara esa tarea, es imprescindible sostener la situación de la población más vulnerable, promover la inversión, expandir la economía y mejorar la productividad y la competitividad. En ese marco, es preciso introducir reformas en la estructura del Estado que permitan recuperar su control efectivo -hoy parcialmente enajenado por intereses particulares y redes delictivas- y avanzar en eficacia y modernización. Particularmente en el campo de la educación y la salud. Y, obvio, la seguridad. Emergencia y derribos Una derivación de extrema importancia de la aún inconclusa novela de la triple fuga ha sido la declaración de emergencia en materia de seguridad. El escape, la persecución y la recaptura de los tres presos fue una muestra de la situación calamitosa en que se encuentran los instrumentos destinados a garantizar la seguridad ciudadana: deficiencias estructurales, falta de estrategias, corrupción y, en sectores, colonización criminal. Ese estado de cosas (coronado con la célebre frase de Aníbal Fernández: “la inseguridad es una sensación”) venía siendo condenado por la sociedad y las campañas electorales testimoniaron un consenso que fue compartido incluso por el candidato oficialista. La declaración de la emergencia le proporciona al gobierno herramientas legales para cambiar radicalmente el rumbo. Se cuestiona nuevamente el decisionismo oficial (resuelve por decreto sin esperar los consensos parlamentarios), y se critica particularmente el punto que autoriza el derribo de aviones no identificados. Lo cierto es que había un consenso y la emergencia ha sido decretada por la realidad, ¿por qué estaría mal actuar sin demoras? En cuanto a la alarma por los derribos, la medida de excepción que se ha previsto sólo puede tomarse después de agotar una minuciosa lista de procedimientos previos que indiquen sin lugar a dudas que se trata de aviones hostiles (del narcotráfico, del terrorismo, del contrabando) cuya clandestinidad evidenciaría la violación de la soberanía aérea del país. Otro dato: la norma de derribo ya había sido decretada anteriormente (en reserva y en más de una oportunidad) por los gobiernos kirchneristas, por caso, en ocasión de visitas como las de Fidel Castro y Hugo Chávez, razón por la cual los cuestionamientos de la ex ministra Nilda Garré (“Es aplicar la pena de muerte sin juicio previo”), si estuvieran justificados equivaldrían a escupir al cielo. Algunos críticos (Margarita Stolbizer, por caso) han discutido los derribos con el argumento de que el comercio de drogas no usa los vuelos clandestinos, sino los legales o los barcos. En tal caso la alarma no se justifica: si no hay vuelos hostiles, no habrá derribos. De hecho, una medida semejante tiene ya vigencia en otros países de la región (Brasil, por caso) y no se ha aplicado, porque los ilegales, sabiendo de su existencia, aceptan antes la intimación de aterrizar e identificarse. Cuando se habla de “guerra al narcotráfico” es preciso sacar la consecuencias: esta no es una guerra que se gane principalmente tirando tiros (hay que educar, mejorar la situación social, hacer inteligencia, destruir redes financieras, etc.). Pero es obvio que frente al crimen organizado que llega a colonizar porciones del Estado y a controlar franjas de territorio el uso de la fuerza no puede ser excluido. Epílogo: el caso de Milagro Salas Gobernabilidad es hacer respetar la ley y la autoridad. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ha decidido hacer respetar la voluntad de sus conciudadanos, que en diciembre votaron un gobierno, no dos. La dirigente de Tupac Amaru había construido un gobierno paralelo en la provincia y pretende mantener ese privilegio. Pero ya no cuenta con el amparo del poder central. La clave de la degeneración de la Tupac Amaru hay que buscarla en el poder kirchnerista. La organización de Milagro Salas no ha sido siempre lo que es hoy: empezó siendo un movimiento social bien estructurado y pasablemente administrado. Por comparación, la Tupac Amaru fue un testimonio de la corrupción temprana de otras semejantes de la época (las de D’Elía o las del tándem Bonafini-Shocklender,“Sueños Compartidos”). La Tupac Amaru organizó, creó escuelas, fábricas y talleres, construyó efectivamente barrios y viviendas, mientras otros inclumplían los objetivos aunque cobraban los dineros oficiales. Lo que hizo la Tupac Amaru lo hizo, ciertamente, empleando recursos estatales y usurpando paulatinamente funciones del Estado. En el camino, generó su propia “fuerza policial” para hacerse obedecer. El mecanismo terminó de desbarrancarse cuando Salas fue definitivamente cooptada por el kirchnerismo y pudo disfrutar un poder omnímodo que ya era disfuncional para el gobernador peronista anterior y que ahora sólo subversivamente puede existir en las mismas condiciones. Morales hace lo que debe hacer cuando impide esa función. Pero su desafío no se agota allí: debe mostrar que el estado jujeño es más eficiente y honesto que la estructura de Salas para cumplir las expectativas de los sectores vulnerables de la provincia. Jorge Raventos