El riesgo de malversar los valores
por Alejandro Katz
La anomia argentina se exacerba si desde el poder se fomenta una cultura política que relativiza y justifica conductas impropias
La lista de reproches que es posible hacer a la larga década kirchnerista es extensa y variada, y en ella encuentran su lugar buena parte de las patologías del poder. Entre ellos, quiero evocar dos, con los que tienen un marcado aire de familia hechos del tiempo presente.
En primer lugar, la malversación que el kirchnerismo hizo de algunos conceptos que, para muchos, eran portadores de valores intensamente apreciados: derechos, justicia, inclusión, equidad, derechos humanos. Palabras todas a las que llevará tiempo restituir un sentido pleno, que no evoque las peores prácticas ocultas detrás de declaraciones de bellas intenciones.
El otro reproche es también debido a una malversación: la de la oportunidad, extraordinaria, que, como resultado de las condiciones creadas por la crisis de principio de siglo y el incremento del precio de las commodities, hubiera permitido al gobierno comenzar a revertir el largo ciclo de deterioro social y económico de nuestro país.
Los episodios que tuvieron por protagonista a un ministro del actual gobierno habían puesto una vez más en riesgo un léxico que, como aquel, también nos resulta importante y que no querríamos ver vulnerado como lo fue el otro. Un léxico que incluye palabras como república, virtud cívica, justicia, honestidad, transparencia. Y, ahora como entonces, está también en juego otra oportunidad no menos extraordinaria, esta vez la de iniciar un proceso de reparación institucional que la sociedad -o gran parte de ella- exige y cuyos costos está dispuesta en esta ocasión a tolerar como respuesta a los excesos de los años previos.
El decreto presidencial de ayer, que limita el nepotismo en la administración, es un buen paso en el sentido de reponer el valor de algunas de las palabras cuyo sentido importa y debe por tanto ser preservado.
Sin embargo, no es suficiente para borrar el aire de familia entre aquellas prácticas del gobierno anterior y las del actual. Estas no son resultado del azar, sino de una cultura política compartida a la que yo llamaría "la cultura política del adversativo", cuya frase clásica -"roba, pero hace"- se modula en infinidad de variantes siempre con la misma estructura. En ellas, la aceptación de que una conducta es inadecuada o directamente ilegal (ser corrupto, evadir impuestos, emplear en negro) es inmediatamente relativizada por una sentencia posterior ("pero es buena persona", "pero es eficiente", "pero genera empleo").
Habitualmente, la primera afirmación es objetiva y la segunda, subjetiva, o, en todo caso, la primera es la más fuerte y la segunda, la más débil: si una práctica ilegal es algo que podría ser demostrado, el carácter de "buena persona", tantas veces invocado en estos días, no es más que una declaración subjetiva, difícilmente comprobable. El derecho de utilizar frases adversativas de este tipo, por lo demás, es exclusivo de quien ejerce el poder: solo el poderoso tiene la potestad de absolver por el incumplimiento de una norma o de una ley argumentando una supuesta virtud del infractor; para los demás ciudadanos tal posibilidad no existe.
La anomia argentina, la escasa voluntad de nuestra sociedad por cumplir con la ley, que Carlos Nino describió con precisión y crudeza hace más de 35 años, no hace más que exacerbarse cuando la ciudadanía escucha que desde el poder se relativiza la conducta anómica con argumentos pobres, que solo pueden tener un efecto en la realidad porque son pronunciados por quien tiene el poder de sancionar o disculpar, pero no la razón para persuadir. Pero, además de dar legitimidad a la anomia, esta práctica refuerza la tribalización de la sociedad, alineando en veredas opuestas a quienes son parte del grupo del poder y aceptan las explicaciones, y a quienes son parte de la oposición y las rechazan.
Muchas veces la exculpación se sostiene en un argumento estratégico según el cual la sanción de la conducta indebida no resulta conveniente porque con ella se beneficia a un antagonista o porque se balancea el daño producido con la utilidad de las prestaciones que provee el mismo agente que lo produjo. Así, no se exige la renuncia de un ministro que viola a la vez la ley y los valores porque ello sería "hacerles el juego" a "los corruptos" con los que aquel debe negociar o porque "es muy eficiente en su tarea".
La subordinación del razonamiento moral y del imperio de la ley a la estrategia política contribuye a destruir lo que es común y necesario para todos a cambio de favorecer lo que es útil para algunos. La cultura política democrática, que exige que todos los ciudadanos sean libres e iguales y que la sociedad sea un sistema justo de cooperación, es sustituida por la defensa de los intereses de un grupo cuyos miembros dejan de ser iguales a los otros, y pasan a gozar de derechos que no comparten con el resto de los ciudadanos.
Así, la acción de gobierno pierde legitimidad, ya que su fundamento democrático radica en que todos confían en que también los demás se subordinen al imperio de un conjunto definido de leyes y de reglas, cuya vigencia no puede en ningún caso ser relativizada mediante la introducción de una sentencia adversativa gracias a la cual los poderosos establecen las razones por las que algunos quedan exculpados en caso de incumplimiento. En términos de John Rawls, los ciudadanos implicados en las actividades políticas tienen un deber civil que los obliga a justificar sus decisiones solamente a partir de valores y normas públicos, objetivos y compartidos.
En cuanto los gobernantes introducen el adversativo en la argumentación comienzan a recorrer el camino que hace que la función pública deje de tener por fin el servicio del bien común y se convierta, contra todo propósito inicial, en un fin en sí mismo, porque los únicos "valores públicos" a los que es posible recurrir para justificar una decisión deben estar relacionados con aquellas exigencias de la cultura política democrática, es decir, con la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos y con la imparcialidad de los términos de la cooperación social.
Pero cambiar la sociedad exige cambiar radicalmente esa cultura política. La clase dirigente debe comprender que, si las desigualdades de nuestro país resultan moralmente insoportables, económicamente insostenibles y políticamente aberrantes, el mantenimiento de privilegios por parte del poder -económico, político- lesiona profundamente la idea misma de comunidad, la posibilidad, ya precaria y sumamente lastimada, de construir un espacio público de calidad en el que los ciudadanos puedan encontrarse unos con otros, intercambiar sus opiniones y debatir sus diferencias, en la búsqueda de soluciones colectivas a los problemas comunes.
Y ese espacio público no hará más que seguir deteriorándose si en él los argumentos de quienes ejercen el poder siguen fundándose sobre los adversativos. Ese uso del lenguaje refuerza aquellos privilegios, cancela la deliberación pública y alinea a la sociedad en posiciones confrontativas, además de estimular la propensión a la indiferencia respecto de la ley. La cultura política del adversativo es, en definitiva, contraria a la cultura política democrática a la que aspiramos y que nos merecemos.
miércoles, 31 de enero de 2018
MALVERSAR VALORES
El riesgo de malversar los valores
por Alejandro Katz
La anomia argentina se exacerba si desde el poder se fomenta una cultura política que relativiza y justifica conductas impropias
La lista de reproches que es posible hacer a la larga década kirchnerista es extensa y variada, y en ella encuentran su lugar buena parte de las patologías del poder. Entre ellos, quiero evocar dos, con los que tienen un marcado aire de familia hechos del tiempo presente.
En primer lugar, la malversación que el kirchnerismo hizo de algunos conceptos que, para muchos, eran portadores de valores intensamente apreciados: derechos, justicia, inclusión, equidad, derechos humanos. Palabras todas a las que llevará tiempo restituir un sentido pleno, que no evoque las peores prácticas ocultas detrás de declaraciones de bellas intenciones.
El otro reproche es también debido a una malversación: la de la oportunidad, extraordinaria, que, como resultado de las condiciones creadas por la crisis de principio de siglo y el incremento del precio de las commodities, hubiera permitido al gobierno comenzar a revertir el largo ciclo de deterioro social y económico de nuestro país.
Los episodios que tuvieron por protagonista a un ministro del actual gobierno habían puesto una vez más en riesgo un léxico que, como aquel, también nos resulta importante y que no querríamos ver vulnerado como lo fue el otro. Un léxico que incluye palabras como república, virtud cívica, justicia, honestidad, transparencia. Y, ahora como entonces, está también en juego otra oportunidad no menos extraordinaria, esta vez la de iniciar un proceso de reparación institucional que la sociedad -o gran parte de ella- exige y cuyos costos está dispuesta en esta ocasión a tolerar como respuesta a los excesos de los años previos.
El decreto presidencial de ayer, que limita el nepotismo en la administración, es un buen paso en el sentido de reponer el valor de algunas de las palabras cuyo sentido importa y debe por tanto ser preservado.
Sin embargo, no es suficiente para borrar el aire de familia entre aquellas prácticas del gobierno anterior y las del actual. Estas no son resultado del azar, sino de una cultura política compartida a la que yo llamaría "la cultura política del adversativo", cuya frase clásica -"roba, pero hace"- se modula en infinidad de variantes siempre con la misma estructura. En ellas, la aceptación de que una conducta es inadecuada o directamente ilegal (ser corrupto, evadir impuestos, emplear en negro) es inmediatamente relativizada por una sentencia posterior ("pero es buena persona", "pero es eficiente", "pero genera empleo").
Habitualmente, la primera afirmación es objetiva y la segunda, subjetiva, o, en todo caso, la primera es la más fuerte y la segunda, la más débil: si una práctica ilegal es algo que podría ser demostrado, el carácter de "buena persona", tantas veces invocado en estos días, no es más que una declaración subjetiva, difícilmente comprobable. El derecho de utilizar frases adversativas de este tipo, por lo demás, es exclusivo de quien ejerce el poder: solo el poderoso tiene la potestad de absolver por el incumplimiento de una norma o de una ley argumentando una supuesta virtud del infractor; para los demás ciudadanos tal posibilidad no existe.
La anomia argentina, la escasa voluntad de nuestra sociedad por cumplir con la ley, que Carlos Nino describió con precisión y crudeza hace más de 35 años, no hace más que exacerbarse cuando la ciudadanía escucha que desde el poder se relativiza la conducta anómica con argumentos pobres, que solo pueden tener un efecto en la realidad porque son pronunciados por quien tiene el poder de sancionar o disculpar, pero no la razón para persuadir. Pero, además de dar legitimidad a la anomia, esta práctica refuerza la tribalización de la sociedad, alineando en veredas opuestas a quienes son parte del grupo del poder y aceptan las explicaciones, y a quienes son parte de la oposición y las rechazan.
Muchas veces la exculpación se sostiene en un argumento estratégico según el cual la sanción de la conducta indebida no resulta conveniente porque con ella se beneficia a un antagonista o porque se balancea el daño producido con la utilidad de las prestaciones que provee el mismo agente que lo produjo. Así, no se exige la renuncia de un ministro que viola a la vez la ley y los valores porque ello sería "hacerles el juego" a "los corruptos" con los que aquel debe negociar o porque "es muy eficiente en su tarea".
La subordinación del razonamiento moral y del imperio de la ley a la estrategia política contribuye a destruir lo que es común y necesario para todos a cambio de favorecer lo que es útil para algunos. La cultura política democrática, que exige que todos los ciudadanos sean libres e iguales y que la sociedad sea un sistema justo de cooperación, es sustituida por la defensa de los intereses de un grupo cuyos miembros dejan de ser iguales a los otros, y pasan a gozar de derechos que no comparten con el resto de los ciudadanos.
Así, la acción de gobierno pierde legitimidad, ya que su fundamento democrático radica en que todos confían en que también los demás se subordinen al imperio de un conjunto definido de leyes y de reglas, cuya vigencia no puede en ningún caso ser relativizada mediante la introducción de una sentencia adversativa gracias a la cual los poderosos establecen las razones por las que algunos quedan exculpados en caso de incumplimiento. En términos de John Rawls, los ciudadanos implicados en las actividades políticas tienen un deber civil que los obliga a justificar sus decisiones solamente a partir de valores y normas públicos, objetivos y compartidos.
En cuanto los gobernantes introducen el adversativo en la argumentación comienzan a recorrer el camino que hace que la función pública deje de tener por fin el servicio del bien común y se convierta, contra todo propósito inicial, en un fin en sí mismo, porque los únicos "valores públicos" a los que es posible recurrir para justificar una decisión deben estar relacionados con aquellas exigencias de la cultura política democrática, es decir, con la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos y con la imparcialidad de los términos de la cooperación social.
Pero cambiar la sociedad exige cambiar radicalmente esa cultura política. La clase dirigente debe comprender que, si las desigualdades de nuestro país resultan moralmente insoportables, económicamente insostenibles y políticamente aberrantes, el mantenimiento de privilegios por parte del poder -económico, político- lesiona profundamente la idea misma de comunidad, la posibilidad, ya precaria y sumamente lastimada, de construir un espacio público de calidad en el que los ciudadanos puedan encontrarse unos con otros, intercambiar sus opiniones y debatir sus diferencias, en la búsqueda de soluciones colectivas a los problemas comunes.
Y ese espacio público no hará más que seguir deteriorándose si en él los argumentos de quienes ejercen el poder siguen fundándose sobre los adversativos. Ese uso del lenguaje refuerza aquellos privilegios, cancela la deliberación pública y alinea a la sociedad en posiciones confrontativas, además de estimular la propensión a la indiferencia respecto de la ley. La cultura política del adversativo es, en definitiva, contraria a la cultura política democrática a la que aspiramos y que nos merecemos.
MACRO FRACASO
UE-Mercosur
Otro macro(n)fracaso de Macri
Rodolfo Koé Gutiérrez
La firma del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea sumó un nuevo revés ante la posición de Francia de continuar protegiendo al sector ganadero de ese país, pese al desmedido afán de los gobiernos de Argentina y Brasil, encabezados por Mauricio Macri y el golpista Michel Temer.
La decisión de ambos gobiernos de bajar banderas, que despertara a fin de año temor y desconfianza entre los empresarios, trabajadores e industriales conosureños, no fue suficiente para traspasar los obstáculos que impone un importante lobby empresario europeo y los líderes de la Comisión Europea, un organismo supranacional que tomó carácter propio.
Macri fue a buscar en Francia un gesto que no consiguió. El presidente de Francia, Emmanuel Macron se manifestó públicamente en favor de continuar protegiendo al sector ganadero de su país. El próximo martes hay una nueva reunión por el acuerdo en Bruselas.
En Europa los industriales a favor del acuerdo, discuten contra el lobby agrícola que frena el acercamiento. Macri fue a buscar a Francia un gesto que no consiguió. El próximo martes hay una nueva reunión por el acuerdo en Bruselas.
Los gobiernos conosureños, en especial Argentina y Brasil, desde fines del año pasado tratan de anunciar con bombos y platillos el acuerdo que ya lleva dos décadas negociándose. Pero Macron le dio un nuevo parate al anuncio. Macri intentó superar con él las diferencias en relación a dos temas comerciales emblemáticos (carne y biocombustibles) ante el ostracismo europeo de ofrecer una mayor apertura para las exportaciones mercosureñas.
De la filtración de 19 textos de las negociaciones confidenciales de la UE y los gobiernos del Mercosur (de las que dio cuenta el economista Jorge Marchini), dos asumen temas que no habían sido puestos en el conocimiento público: los capítulos de los entendimientos alcanzados -o en debate pendiente- que se han venido elaborando en forma secreta, incluyendo los relacionados con servicios , inversión y comercio electrónico que pueden restringir y/o distorsionar en una medida inédita la capacidad de regulación económica y financiera de los países mercosureños.
Entre las filtraciones puestas al descubierto llama en particular el capítulo relacionado con la solución de diferencias, ya que pone en evidencia cómo podrían ser forzados los países del Mercosur a ceder soberanía jurídica y aceptar exigencias aún mayores que las definidas por Europa en otros TLCS con países periféricos.
La UE podría demandar a los gobiernos del Mercosur en un tribunal internacional por no cumplir con el TLC y si el país mercosureño perdiera, la UE podría elevar los aranceles de importación para los productos del Mercosur hasta que estos cambiaran normas, políticas y acciones de forma de cumplir con los fallos.
Las filtraciones demuestran que no solo la UE ha profundizado sus demandas exigiendo una mayor liberalización para la participación de las empresas europeas en las compras públicas de los países del Mercosur, inhibiendo una herramienta tradicional elemental para la promoción de nuevas industrias y servicios de economías con menor grado de desarrollo
Asimismo, sumó la exigencia de mayor flexibilización y menor control en las normas de origen, lo cual permitiría dar mayor penetración, por ejemplo, a las muy conocidas marcas europeas de prendas de vestir y diseño, para poder generar la mayor parte del valor de su producción en países con bajos costos para ser presentados, etiquetados y contar las ventajas de liberalización “europea” para su penetración en los mercados sureños.
Impuso, además, sus demandas de una mucho mayor protección de la propiedad intelectual para extender y profundizar privilegios monopólicos, lo que llevaría a un aumento sustancial de precios de medicamentos, restringiendo el desarrollo de la industria farmacéutica local de genéricos y limitando aún más el acceso a la salud a ellos.
Un análisis señala que los sectores manufactureros argentinos que mayor impacto podrían recibir son el automotor, maquinaria y bienes de capital y el químico, aunque las cámaras representativas de casi todos los industriales han manifestado públicamente sus reparos con el acuerdo. En Brasil también se esperan consecuencias industriales negativas. Su manufactura tiene más potencial exportador, aunque también se perjudicaría si Argentina, su principal cliente en el capítulo industrial, accede a los productos europeos sin aranceles.
Uruguay y Paraguay tienen un sector industrial mínimo, con lo cual el impacto negativo es casi nulo. De hecho, Uruguay llegó a plantear la firma un acuerdo de libre comercio con China. Europa podría perder mercado en manos sudamericanas en determinados sectores agrícolas, como en carnes, etanol, vinos, lácteos y cereales.
Más allá de la mayor productividad del Mercosur en algunos de estos sectores y de la posibilidad de la baja de aranceles en Europa, hay relativo consenso alrededor de la idea de que los subsidios europeos no van a mermar y por lo tanto el acceso a ese mercado, incluso con la firma del acuerdo, no se allanará. Esa cerrazón europea la vivieron en carne propia Australia y Nueva Zelanda, que también trataron de negociar un relajamiento de las normas proteccionistas, pero no lo lograron a causa del fuerte lobby agrícola.
El analista Eduardo Febbro indica –desde París- que el mundo sin fronteras ni regulaciones pegajosas que constituye la tabla de la ley de los liberales del mundo tiene muros muy sólidos. Mauricio Macri no los pudo atravesar, pese a haber hecho los deberes que Occidente exige de todo candidato que quiera atraer a los nuevos colonialistas, es decir, los inversores.
El acuerdo comercial chocó con las “líneas rojas” que planteó el presidente francés. Incondicional de un mundo circulante y enemigo de cualquier aislamiento, Macron no despejó las trabas que desde hace décadas bloquean la firma del pacto entre los dos bloques. Las expectativas de arrancar un gesto de Macron para liberar el acuerdo eran más que escasas luego de que, la víspera, durante un encuentro con agricultores franceses en el centro de Francia, Macron les dijera que le presentaría a Mauricio Macri “líneas rojas que Francia no desea sobrepasar”. Y así fue.
Si bien España y Alemania han variado su postura, Francia lidera el grupo de tres países más hostiles a los avances con el Mercosur: los otros son Polonia e Irlanda. Hay varios puntos en discordia, empezando por el etanol. La UE impone un límite de 600 mil toneladas de etanol. La oferta es inaceptable para el bloque sudamericano. Las patentes y el sector bovino son otras de las líneas rojas. El Mercosur reclama muchos más espacios para la exportación. La oferta del sur es demasiado frondosa según los europeos. Estos temas ya impidieron que el pacto se firmara en 2017 en la Argentina durante la conferencia de la Organización Mundial de Comercio.
Esta semana se iniciará otro ciclo de negociaciones en Bruselas. Sin embargo, la decepción parisina fue considerable. Las posiciones son, por ahora, inconciliables: Francia pide demasiado para respetar sus líneas rojas y les deja a los miembros del Mercosur, en particular a la Argentina y Brasil, la responsabilidad de ceder. París miró ya con muy malos ojos las concesiones que hizo la Comisión Europea en lo que atañe al etanol y la carne a cambio de una mayor apertura para su sector automotriz.
martes, 30 de enero de 2018
LA PUTATIVA
La tensa e histórica mala relación de Hebe de Bonafini con la justicia argentina
por Luis Gasulla
La titular de las Madres de Plaza de Mayo volvió a resistir una orden judicial
El juez Comercial Javier Cosentino había ordenado inventariar los bienes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, pero Hebe de Bonafini no lo permitió. Nueva pelea de la referente de los derechos humanos con los jueces argentinos y las razones por las que Bonafini cree que está por encima de la ley.
"No les vamos a abrir, van a tener que romper todo", confesó la titular de las Madres de Plaza de Mayo a Víctor Hugo Morales minutos antes de la llegada de once integrantes del Juzgado Comercial Nº8 a cargo de Javier Cosentino en la sede de las Madres ubicada a metros del Congreso de la Nación, en la calle Yrigoyen 1584. Cosentino que, en agosto del 2010, fue el encargado de ejecutar la quiebra de Ciccone Calcográfica y se animó a calificar como "llamativo" el plan de pagos que la AFIP de Ricardo Echegaray le había realizado a la firma, tiene a su cargo las decenas de demandas civiles contra la Asociación presidida por Bonafini desde 1979 por incumplimiento del pago de indemnizaciones a 6500 trabajadores de Sueños Compartidos.
Siete años después de la salida de los hermanos Schoklender de la Fundación de Bonafini y de la caída del proyecto de inclusión social y construcción de viviendas más ambicioso de los gobiernos kirchneristas, 100 trabajadores continúan reclamando por sus indemnizaciones y cargas sociales. A las cargas, no se les depositaron durante los años en que trabajaron para la histórica referente de los derechos humanos. Es el caso de Luis Aranda, ex trabajador en la Villa 15, que desde el 30 de noviembre del 2011 reclama $24.891,20 tal como acredita el documento al que accedió Infobae. Fue uno de los cuatro trabajadores que sufrieron amenazas del entorno de Bonafini luego de animarse a reclamar en Plaza de Mayo a la referente, durante las tradicionales marchas de los jueves a las 15:30. Hoy está desocupado, sufre esclerosis lateral amiotrófica y sigue pidiendo justicia por sus cuatro hijos y su esposa que lo acompaña.
"No seremos legales, pero sí legítimas". Es la frase que Hebe repitió a mediados de los años noventa cuando un inspector de la DGI del menemismo se presentó en sus oficinas para averiguar los estados contables de la Asociación. Lo echaron cuando atinó a presentarse. Años después, Bonafini expandió sus actividades e inauguró la calesita en la Plaza de los dos Congresos sin autorización de nadie. Pablo Schoklender fue testigo de las coimas que se pagaban a dos trabajadores de Edesur para "colgarse del cable" y no pagar la luz. Así lo hicieron durante la "década ganada".
En el 2005, cuando nació la Fundación de las Madres –se divide de la Asociación- la Inspección General de Justicia hizo la vista gorda. Nadie les pidió un balance contable. Tampoco a nadie le llamó la atención que la tercerización de la construcción de viviendas en una Fundación se tercerizaba, nuevamente, en una flamante empresa constructora del director de esa Fundación: Meldorek. 1294 millones pasaron por las manos de Bonafini y Schoklender. Miles de esos cheques se cambiaban en las cuevas financieras que, funcionarios del Ministerio de Planificación, les asesoraba a los directivos de la Fundación para que así lo hiciesen.
Decenas de contratos de construcción de viviendas hoy son investigados en una causa judicial que tiene a su cargo Marcelo Martínez De Giorgi –heredero de la investigación del jubilado juez Norberto Oyarbide-.
En agosto de 2016, Hebe de Bonafini se negó a declarar ante el juez. De Giorgi se presentó en la sede de las Madres a tomarle declaración en un hecho inédito en la historia judicial argentina. El tuiter oficial de las Madres explicó que "En la feria la connivencia del Ejecutivo y el Partido Judicial se evidencia una vez más. Para realizar un trámite nombran nuevo síndico y escribano sin notificar a las Madres lo que representa una violación de las garantías constitucionales". ¿Desde cuándo los allanamientos se avisan previamente? La misma pregunta se hizo el abogado defensor de un grupo de trabajadores despedidos sin causa cuando reclamar por trabajo era una traición a la Patria o un invento mediático.
Otra vez, Hebe de Bonafini resistió una orden judicial. Como cuando la citó a declarar como testigo el ex juez Oyarbide. Pronto le explicaron que tenía protección política –Aníbal Fernández le colocó gente de su extrema confianza para asesorarla judicial y mediáticamente- y se presentó a responder preguntar coordinadas previamente. Sin embargo, sus respuestas generaron más dudas. A fines del 2016, De Giorgi la procesó por sus desmanejos en Sueños Compartidos. La causa no tuvo arrepentidos y aún no fue elevada a juicio oral. Espera la decisión de la Cámara Federal para confirmar los procesamientos de los imputados –Bonafini, los hermanos Schoklender, José Francisco López, entre otros- y la situación de la hija de Hebe –Alejandra-. También se espera la decisión de la Cámara sobre si acepta la apelación de la UIF, en relación con la falta de mérito dictada por el juez a Julio De Vido, y de los referentes políticos locales en que se realizaron la construcción de las viviendas (Jorge Capitanich, Gerardo Zamora, entre otros ex gobernadores).
"No sé cómo les da la cara, no les da vergüenza, a ustedes y a quienes los mandan", les dijo Bonafini a los empleados del juez Cosentino. Hebe siempre descreyó de los jueces y de la justicia argentina. Desde la CONADEP, durante el gobierno de Raúl Alfonsín –a la que se negó a colaborar, mucho menos, a integrar- hasta los tiempos kirchneristas. Es que, en aquellos años, en que pasó a engrosar las filas de un partido político –contradiciendo sus históricas declaraciones y constitución de las Madres en los ochenta-, también se peleó con la justicia. En medio de la discusión de la ley de medios pidió tomar los pasillos de los tribunales. Enjuició periodistas en Plaza de Mayo mientras visitaba despachos de funcionarios para obtener pauta publicitaria para su radio –con algunos problemas legales en el ex Comfer de Julio Bárbaro- y con Amado Boudou para obtener un millonario Fondo del Bicentenario. Coordinó con los funcionarios del gobierno de Cristina Fernández evitar pagar las cargas sociales a los trabajadores y echó a todo aquel que osaba criticar a su hijo adoptivo. Desde ya, Vicente Zito Lema no cobró indemnización alguna. Eran otros tiempos…
"Este Gobierno nos quiere arrodillar, vienen a buscar todo para destruirlo", lanzó ayer Bonafini. Hoy la justicia comercial intenta que ex trabajadores como Luis Aranda reciban las migajas de lo que quedó de los tiempos en que la referente de los derechos humanos se manejaba al margen de la ley porque lo que importaba no es lo legal sino ser legítimo. Como si la ley no abarcase a los próceres ni tampoco a los ídolos de barro.
INDEFENSOS
Argentina carece de aviones, buques o regimientos con capacidad de defender
Por General de Brigada (R) José Luis Figueroa 30 de enero de 2018
Punto de partida.
Nuestra República, la que amamos todos los argentinos, desde el lugar en que nos encontremos física, política o ideológicamente, carece, desde hace muchos años, de avión, buque de guerra o regimiento en capacidad de defender la tierra donde proyectamos nuestras vidas, nacen nuestros hijos y enterramos a nuestros padres.
Habiendo estabilizado la situación política general, se percibe a la actual administración decidida a tomar medidas que reviertan la situación heredada, caracterizada por la desarticulación de todas las áreas del estado.
En lo referido a nuestra situación en Defensa Nacional (DN), en países serios, solo sería consentida un día después de una derrota militar catastrófica y, en tiempo de paz, sólo acompañada de funcionarios juzgados y condenados por mal desempeño de sus funciones públicas.
El presidente Mauricio Macri, quien manifiesta la necesidad de cambio y convoca a recuperar el país, se presenta convencido en replantear la gestión de Defensa sin dilaciones, ni atajos de coyuntura. Las medidas que se tomen caracterizarán y juzgarán en el futuro su gestión, por ello se aprecia oportuno exponer reflexiones y proposiciones sobre la DN.
Cultural y políticamente, en nuestro país se identifica y concibe la Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas como un mismo concepto, por ello la dirigencia política introdujo el concepto de FF.AA instrumento militar de la DN, asumiendo la responsabilidad del gobierno y control de las FF.AA. Fracasaron.
Por motivos históricos de política interna, se ha llevado a identificar como núcleo de las dificultades y eje de las acciones a las FF.AA, cuando el verdadero problema a resolver es la Defensa Nacional. Las FF.AA son una respuesta a las necesidades de la Defensa Nacional, por ello es necesario precisar conceptos.
El primer concepto es la Defensa Nacional como un tema de Estado, a abordar, definir y concebir por las fuerzas mayoritarias, por medio de consensos y acuerdos medulares.
Este abordaje, definición y concepción de la defensa Nacional debe elaborar básicamente el escenarios internacional y nacional y su influencia para Argentina, sus proyectos e intereses.
Definido estos aspectos surgirán necesidades y requerimiento para los distintos actores del Estado, básicamente la confección de las leyes que contengan esa concepción y la gestión del poder ejecutivo para desarrollarla, la cual entre otros aspectos incluye la concepción del empleo de las FF.AA, su doctrina, diseño, despliegue y equipamiento.
Momentos de reflexión
Las medidas adoptadas durante la administración anterior han sido mayoritariamente perversas y aceleraron la destrucción de las Fuerzas hasta dejarlas en el estado actual. Luego de dos años de aletargamiento se comienzan a tomar medidas que trasuntan un deseo de cambio y superación.
Pero nuevamente el problema se focaliza en las FF.AA, sin definir la defensa nacional y sus exigencias. Esto es como si a un enfermo se le cambia el remedio sin conocer la enfermedad: se podrá gastar o ahorrar dinero, pero sin diagnóstico y terapia correcta el problema persiste o se agrava.
Las medidas que se adoptan
⦁ Actualización de leyes relacionadas a defensa como la ley de Personal Militar y la ley de reserva.
⦁ Venta de patrimonio del estado bajo responsabilidad de las FFAA.
⦁ Redespliegue y reorganización de las fuerzas e inclusive equipamiento.
Estas medidas pueden ser desarrolladas bajo dos perspectivas. Una, desde las necesidades de la defensa nacional, donde pueden ser necesarias e inclusive insuficientes. Otra, desde una visión meramente economicista. El primer caso conlleva una política de estado de DN, fruto de consensos y acuerdos de las mayorías. Todas las medidas pueden ser necesarias e inclusive insuficientes, pero deben surgir de una concepción de DN compartida por las Mayorías.
La modificación de la ley de personal militar será eficiente y consistente cuando sean el fruto de un replanteo integral de la situación de defensa, su antigüedad no es pretexto para modificarla intempestivamente, no se puede regular el capital humano sin definir la política que lo contenga (pareciese ser que la ley universitaria de 1918 es moderna con 100 años y la ley de personal militar con menos de 50 es vieja).
La vertiginosidad de los tiempos hace vetustos y prescindibles un sinnúmero de terrenos, instalaciones e infraestructura, a la vez que surgen necesidades de otros.
La comprensible y lógica venta de terrenos en desuso y productivos, se debería realizar una vez contemplada la disponibilidad de terrenos e instalaciones para el despliegue y el adiestramiento de las unidades militares que se organicen y asegurado los fondos que las fuerzas perciben por la explotación de los mismos.
Con respecto a la organización, el despliegue y el equipamiento de las fuerzas, durante las últimas décadas se han realizado costosos e inconducentes experimentos, muchos cambios son necesarios, pero deben surgir de estudios y planeamientos, a partir de definiciones estratégicas surgidas de acuerdos y consensos entre las fuerzas políticas.
Conclusión parcial
Antes de iniciar un viaje es imprescindible saber a donde, por donde y como ir y cuando el viaje es compartido es necesario acordar y consensuar reglas de juego, objetivos y caminos.
La encrucijada en que se encuentra la DN del país es de una gravedad que de ninguna manera puede ser resuelta como una gestión de gobierno más. Se debe conformar por consenso una real política de estado.
. El cambio pendiente.
. La gestión de Defensa debe mantener su norte y modificar la indefensión del país y evitar esfuerzos en la gestión de aspectos aleatorios de la Defensa como los organismos previsionales, Universidad de la defensa, Obras sociales, etc., es difícil pensar al ministerio de educación administrando la obra social de los docentes.
. La política de modernización del estado es una guía a seguir. Despolitizar la gestión, es una forma de respaldar las intenciones del presidente y los deseos de los ciudadanos de reducir los gastos políticos.
. Se mantiene los efectos de la discriminación del gobierno anterior al no ascender personal con familiares que prestaron servicios en los años 70, "portación de apellido" y la injusticia de postergar ascensos de oficiales participantes de Semana Santa, mientras otros en iguales condiciones ascendieron a las máximas jerarquías.
. Propuestas
. Acuerdos y consensos en el nivel de la alta política.
Con la defensa nacional a la deriva, sin articulación con la diplomacia, la inteligencia y la seguridad, es una obligación de estado lograr acuerdos y consensos entre las mayorías, a través de la institucionalidad y estabilidad que debe dar el Congreso, para establecer una política de estado que oriente y encuadre la gestión de defensa del país.
Sin este sustento las medidas actuales y las que eventualmente se tomen correrán el riesgo de ser un parche y derrochar recursos y esfuerzos del estado, para mostrar algún tipo de gestión en defensa.
Desprenderse de verdades mentirosas
De la concepción de la defensa nacional podrá surgir la necesidad de un redimensionamiento, ajustes y optimización, pero la gestión de defensa requiere consensos, acuerdos y seriedad. Históricamente las palabras optimización, racionalización, rediseño, reorganización, etc., etc., etc. solo han sido eufemismos para mutilar, empequeñecer.
Afirmar que existe una desproporción en el presupuesto de defensa al asignar un 85% en gasto de personal y un 15 en funcionamiento y equipamiento, es minimizar el hecho de asignar a defensa la mitad del presupuesto señalado por los estándares internacionales.
Puede coincidirse o no que sobran generales y coroneles con respecto a los soldados incorporados, pero sin mencionar que las organizaciones están dotadas con el 20% de los efectivos de soldados, es decir una verdad a media, que soslaya una problemática profunda y compleja.
Resulta inexplicable que el Estado invierta en "Gasto Social" millones del presupuesto en planes de diversa índole, para personas que la sociedad no las puede incorporar a las fuerzas del trabajo digno, pero les niega a las FFAA y a miles de hombres y mujeres que voluntariamente desean incorporarse a las fuerzas y fortalecer el sistema de DN.
Ciudadanos que tendrían la oportunidad de servir al país en un ámbito saludable donde podrían encarar un proyecto de vida que los entusiasme o comenzar su independencia económica para valerse por sí mismo.
La conducción estratégica y la gestión de defensa
Los distintos estamentos del estado deben participar en la elaboración de los escenarios geopolíticos/estratégicos futuros, que permitan orientar la DN, el desarrollo de las FFAA y las políticas derivadas, entre otras la de personal y de reservas. La incentivación de la industria de defensa con equipamientos de uso dual y con perspectiva de proveer a los países de la región, siendo una fuente de inversiones, enriquecimiento del país y trabajo.
Acordada la política de DN y sus principales lineamientos, en la esfera de la alta política, recién allí el ministerio de defensa debe avanzar en la instrumentación de las medidas necesarias, orientando y conduciendo la DN.
Abordar la defensa con una visión integral y actualizar el plexo legal
Se debe revisar y de ser necesario actualizar y reemplazar las leyes de defensa, de seguridad e inteligencia integralmente, lo contrario señala cuanto menos mala praxis en la conducción de la defensa nacional, es más de lo mismo, es irse por las ramas y expone la incapacidad de generar un cambio a esta decadencia, es carecer de discernimiento para definir los problemas reales. La defensa nacional impone un tratamiento integral.
La ley de defensa muy importante, para el afianzamiento institucional del País, fue el producto del último consenso virtuoso sobre las FFAA, cual era encuadrar las mismas al sistema democrático, cumplida su finalidad se puede acordar que técnicamente es limitada.
Una vez actualizada la ley de defensa, recién se estará en condiciones de avanzar sobre el resto de las leyes derivadas y con incumbencia en la materia, como la ley de personal militar, reservas, etc.
El reequipamiento
Hasta acordar con seriedad la política de defensa, es irresponsable iniciar un reequipamiento profundo de las FFAA.
Luego de haber recorrido más de 100.000 Km entre complejos industriales de defensa, en Europa y Asia se puede afirmar que existe a nivel global un fuerte interés de gobiernos y empresas en participar en los negocios de un descontado reequipamiento militar argentino, durante los próximos años o décadas.
Ello exige, seriedad a nivel internacional, trabajos interministeriales, controles cruzados entre autoridades civiles y militares y aprobación del Senado.
Conclusión final
Con la inteligencia que caracteriza a los argentinos, pero con abnegación, trabajo en equipo y humildad, se debe elegir el camino correcto y avanzar para modificar esta situación.
Es necesario sentar bases sólidas para el desarrollo de la DN y la reconstitución de FFAA con capacidades para cumplir sus misiones, avanzar con medidas y decisiones sin sustento en una política acordada, seria atentar con esta intención y repetir errores que han contribuido a conformar la presente situación.
La dirigencia argentina, señalada internacionalmente por el abandono y desinterés en la Defensa de su Nación, tiene la oportunidad histórica de asumir sus responsabilidades y revertir este estado de cosas.
Al margen de las relaciones personales los centros de poder políticos, económicos y financieros no considerarán seriamente al país, hasta que este se respete a sí mismo. Las relaciones se centrarán en la dimensión de la coyuntura y efímero de acuerdos de ocasión.
Con la gestión del presidente Macri, muchos pensamos, que estamos a la puerta de un cambio en todas las áreas de responsabilidad del Estado, incluyendo la DN.
Es impostergable que nuestro Presidente, como jefe de estado, en la plenitud de su rol de comandante en jefe de las FF.AA convoque a las mayorías institucionales y especialistas reconocidos a elaborar y acordar sin atajos una política Nacional de Defensa, que sirva y oriente la gestión del actual y futuros gobiernos y Estados mayores.
Por último: excusas, causas y razones hay muchas, pero ninguna justifica la indefensión nacional y se recuerda, nuestra República, la que amamos todos los argentinos carece de avión de combate, buque de guerra o mínimamente de una Regimiento en capacidad de combatir, defender o controlar el aire, el agua y la tierra en que vivimos, desarrollamos, procreamos y morimos.
El autor escribe esta nota con el antecedente de haber expresado estos conceptos como Jefe de Operaciones del Estado Mayor Conjunto en 2014 y siendo responsable del seminario sobre "las FFAA y la relación entre el plexo legal vigente y la doctrina, el planeamiento, la organización, el adiestramiento y su empleo" realizado con la participación de los estados mayores ante las autoridades ministeriales.
CORREOGATE
Correogate, la denuncia que Macri no pudo apagar
Ari Lijalad
La investigación de que destapó el escandaloso intento de autoperdón de 70 mil millones de pesos de Mauricio Macri a la empresa familiar Correo Argentino es uno de los pocos frentes judiciales que el presidente no ha podido controlar, pese a complicidad de jueces y fiscales.
El 8 de febrero de 2017 Mauricio Macri cumplió 58 años. Era su segundo cumpleaños como presidente, pero seguramente no hubo humor para festejos. Ese día, Nuestras Voces reveló el intentó condonarle a su familia más de 70.000 millones de pesos producto de la histórica deuda de Correo Argentino, una de las empresas de la familia Macri, con el Estado.
El escándalo del Correo fue tal que ni siquiera los medios oficialistas pudieron evitar mencionarlo. Y hasta el día de hoy, aunque parece estancado, es casi el único frente judicial que Macri no logró cerrar gracias a la complicidad de jueces y fiscales que dictaron sobreseimientos express para las causas que molestaron al Gobierno. Con todo, Macri y su familia aún no pagaron un peso de su deuda.
Corrupción, vaciamiento, conflictos de interés, y la eterna herencia de los empresarios cuyo único talento fue aprovecharse de un Estado que, ahora, controlan.
La pesada herencia
Los Macri han significado un costo muy alto para el país. Multiplicaron sus empresas y estatizaron sus deudas privadas en tiempos dictatoriales para pasar, ya en democracia, a encabezar la patria contratista de los 90. Uno de sus últimos trofeos fue la concesión del servicio postal que les otorgó Carlos Menem en 1997. A cambio, los Macri se comprometieron a pagar un canon semestral de 51.600.000 pesos durante los 30 años que durara la concesión. Pero al poco tiempo dejaron de pagar el canon y empezó el conflicto que dura hasta la actualidad. El 19 de septiembre de 2001, Correo Argentino presentó un concurso preventivo de acreedores ante la Justicia. Ya debían 296 millones de pesos. Hasta hoy, no pagaron un centavo.
Durante 15 años, algo totalmente anómalo, el concurso de Correo Argentino quedó inmerso en la bruma judicial. Que los Macri no pagaban sus deudas con el Estado era vox populi, pero la cuestión quedó fuera de la agenda pública durante años. En 2016, sin embargo, todo cambió. Macri, una vez presidente, mutó una vez más la relación de su familia con el Estado. Ahora ya no era algo externo con el que hacer negocios, sino el Estado directamente bajo su control. Así, de los dos lados del mostrador, buscó cerrar el asunto de la deuda del Correo con la solución más beneficiosa para sí mismo: condonándola.
Pero algo falló. El personaje clave de esta historia es la fiscala Gabriela Boquin, que advirtió la maniobra y logró abortarla. Aquel 8 de febrero de 2017, con un dictamen que ampliaba otro ya firmado el 30 de diciembre de 2016, desnudó la maniobra. Tal como reveló Nuestas Voces, la fiscala Boquin pidió que se rechace la homologación de un acuerdo entre la familia Macri y el Gobierno de Macri que, en sus palabras, legitimaba una propuesta que era “abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”.
No fue gratis para Boquin, que vivió desde la agresión pública del Gabinete Nacional hasta, como reveló el periodista Ariel Zak, sospechosas fallas en la custodia en la puerta de su casa.
En su dictamen, Boquin detallaba la operación. El día clave fue el 28 de junio de 2016, cuando se realizó una audiencia entre Correo Argentino y el Estado ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Fue todo un paso de comedia, cuyo inicio ya era sospechoso. Fue el Estado Nacional quien solicitó la audiencia el 19 de mayo de 2016 y “adelantó -según consta en el expediente- que podría prestar conformidad en caso de mejorarse la propuesta”.
El funcionario que encabezó la negociación, Juan Manuel Mocoroa, tenía órdenes expresas del entonces ministro de Comunicación Oscar Aguad de aceptar una propuesta exactamente igual a la que ofreció la familia Macri. Propuesta que, en lo concreto, implicaba una quita de 70.163 millones de pesos.
Recular en chancletas
Macri estuvo callado varios días. Salieron a defenderlo varios de sus funcionarios. El primero fue Mocoroa, que afirmó: “No le perdonamos ni un mango a Franco Macri, nada, ni siquiera los intereses”. Desde el Gobierno intentaron minimizar el tema y les aseguraron a los medios oficialistas que “la fiscal hizo una interpretación arbitraria y caprichosa”, pero no pudieron frenar el escándalo.
En Comodoro Py se radicaron 4 denuncias contra Macri, Aguad y otros funcionarios, que fueron unificadas por el juez Ariel Lijo y el fiscal Juan Pedro Zoni.
A las 48 horas la fiscala Boquin encontró nuevos elementos que empeoraron la situación. Tal como informó Nuestras Voces, Boquin presentó un nuevo dictamen donde denunciaba la mala fe procesal de la familia Macri. Mientras el gobierno de Macri le perdonaba a su familia más de 70.000 millones de pesos la misma familia Macri demandaba al Estado por 2.365 millones de pesos. La causa sigue abierta.
Las máximas autoridades de Gobierno salieron en defensa de Macri, pero pronto empezaron a notarse las contradicciones. Aguad, que en un principio dijo que Macri no sabía nada del asunto, luego reconoció que le había comentado el tema a Marcos Peña, el Jefe de Gabinete. Peña reconoció entonces que Aguad “nos ha mencionado al pasar que había que resolver este tema; con tranquilidad, nunca entramos en detalle ni en discusión porque le dijimos que se haga lo que corresponde, lo que tenga que ver con la ley”.
¿Foja cero?
Macri apreció 8 días después de que Nuestras Voces destapara este escándalo. Dio una conferencia de prensa y habló por primera vez del tema Correo Argentino. “Instruí a Aguad para volver a foja cero. No hay ningún hecho consolidado, no sucedió nada, no se pagó ni se cobró “, sostuvo. Esto mostraba la promiscuidad de esta operación. Macri le daba a Aguad instrucciones públicas sobre el tema, es decir, se metía en el tema que involucraba directamente a su familia. Aseguraba que una causa de miles de fojas volvía a foja cero, algo no sólo imposible, sino que, en todo caso, era una decisión de las juezas y no del presidente. Por último, cuando sostuvo que “no sucedió nada”, olvidó mencionar que el Estado había aceptado condonarle más de 70.000 millones de pesos a su familia. “Volvamos a la Justicia. Empecemos de cero. Queremos un acuerdo integral “, insistió Macri, en clara alusión a la estrategia de su familia de pagar su deuda con lo que le cobrara al Estado en otros juicios, algo que la Corte Suprema ya le había negado en 2009.
“Así como no participé en nada de lo que llevó a cabo el ministro Aguad, quiero estar alejado de cualquier mala interpretación “, insistió Macri. De nuevo las contradicciones: o su ministro no le informó sobre un tema clave de la gestión o Macri sabía y mintió.
Que no se note
Desde el estallido del escándalo del Correo el Gobierno tuvo un objetivo central: que no empañara la campaña electoral. Tuvo éxito, ya que logró erradicar el tema de los medios oficialistas y evitar su propagación en la agenda de campaña.
Los medios no fueron los únicos cómplices. Cuando la fiscala Boquin pidió que se filmara la nueva audiencia entre los Macri y el Estado, las juezas María Lila Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini se lo negaron.
No hubieran filmado mucho igual, ya que el Gobierno logró suspenderla. Antes de que comenzara la reunión, Juan Bernabé Araoz, apoderado del ministerio de Comunicación, presentó una nota donde pidió “la suspensión de la audiencia” y “la suspensión de todos los plazos que estuvieran corriendo en la presente causa por el término de ciento veinte días”. La excusa fueron los dos decretos para regular los conflictos de interés anunciados por Macri en la apertura de sesiones legislativas y que el Gobierno estaba preparando. Los 120 días pasaron y nunca más hubo ninguna audiencia para avanzar con el pago de las deudas de la familia presidencia.
Este medio también reveló que el Estado Nacional no fue el único que rechazó durante años las estrategias de la familia Macri para el pago de la deuda de Correo Argentino. El Banco Nación también se negó a aceptar propuestas de pago de una deuda que calificó técnicamente de irrecuperable.
Chau Balbin
El 13 de febrero, a los pocos días de revelado el escándalo, el fiscal Sergio Rodriguez, titular Procuraduría de Investigaciones, le pidió al Procurador del Tesoro Carlos Balbín que investigara lo sucedido en este expediente. Balbín ordenó un sumario administrativo y una auditoría sobre todo lo actuado en la causa Correo Argentino. Semanas después sería uno de los motivos principales de su salida del Gobierno.
La auditoría, hecha por el funcionario de carrera Guillermo García, arrojó un resultado a todas luces crítico para Macri. “No parece justo imputar las demoras que registra la causa exclusivamente al órgano judicial. También el Correo Argentino SA generó peticiones de todo tipo, varios de las cuales fueron sorprendentemente receptadas por los Tribunal y silenciosamente aceptadas por el Estado. En verdad, el Estado, activa o pasivamente, ha terminado, también, consintiendo con la marcada extensión del proceso”. La auditoría mostró a todos los responsables de este escándalo: los Macri-las juezas-algunos abogados (no todos) del Estado.
Con las auditorías en sus manos, Balbín firmó un memorándum que molestó a Macri, no sólo porque cuestionó la actitud de su familia para no pagar sus deudas, sino, y fundamentalmente, porque opinó sobre una cuestión central: el pago de los intereses.
Los intereses son clave para entender porqué este memorándum de Balbín molestó a Macri y su familia. Si bien la ley plantea (y el Gobierno usó esto como argumento) que los intereses se suspenden desde la presentación del concurso (o sea, desde 2001), para Balbín “la doctrina advierte que tal suspensión no es absoluta” y esta doctrina “podría ser invocada” en este caso. Esto pone en jaque a la familia Macri: hay miles de millones de pesos en juego.
Esta opinión, junto a las incipientes investigaciones del caso Odebrecht, fueron el detonante de la salida de Balbin del Gobierno.
Vaciamiento
A tiempo, la fiscala Boquin emitió un nuevo dictamen que denunciaba las maniobras de vaciamiento de Correo Argentino en beneficio de otras empresas del clan Macri. En un minucioso dictamen, Boquin reconstruyó cómo habían logrado, con la complicidad judicial de la jueza Marta Cirulli, sacar de las cuentas congeladas de Correo Argentino un total de 1.645.923 pesos y 185.213 dólares durante 2016. “La mayoría de los fondos detraídos habrían tenido como beneficiario final las arcas de las controlantes de la concursada (SOCMA-SIDECO)”, afirmó Boquin.
El dictamen de Boquin detalla todas las maniobras de vaciamiento de Correo Argentino, que en lugar de mantener sus fondos para el eventual pago de sus deudas una vez que concluyera su concurso de acreedores, se dedicó a transferir dinero a otras empresas de la familia Macri. Lo que se desprende del minucioso escrito de Boquin es que Correo Argentino hizo negocios con otras empresas del Grupo Macri que eran sus controlantes, negocios en los cuales no obtuvo ningún beneficio más que vaciarse y desviar dinero hacia otros negocios de la familia presidencial.
Los Macri lanzaron un repliegue táctico dentro de su estrategia de vaciamiento de Correo Argentino, pero lograron que tanto la jueza Cirulli como las sindicaturas que actúan en el concurso demoraran los peritajes sobre las cuentas de la familia Macri.
Lo mismo hizo el juez Lijo, que cajoneó más de tres meses los pedidos del fiscal Zoni para investigar los balances de las empresas Macri. En el medio, el Gobierno desplegó una fuerte operación de prensa combinada con una amenaza de juicio político contra Lijo, mientras la familia Macri acomodaba los papeles de sus compañías. La impunidad mediática de Macri es tan grande que blanquearon la situación en el diario oficialista La Nación. En diciembre, en un nuevo paso de comedia, Lijo les pidió que presenten los papeles ya acomodados a piacere.
La Auditoría General de la Nación (AGN), que tiene que expedirse sobre el caso, también se tomó su tiempo. Aún con los plazos vencidos, pasó la publicación de sus conclusiones par
Nepotismo por Correo
Alrededor del escándalo del Correo hay, al menos, dos casos en los que Macri utilizó una vez más su rol de presidente en su propio beneficio, aunque sea de forma indirecta.
Por un lado, propuso para conjuez de la Corte Suprema a Julio Cesar Rivera. Se trata de un ex apoderado de empresas de los Macri, e incluso el abogado que tramitó el divorcio del actual presidente con Isabel Menditeguy. Rivera está a cargo de la sindicatura general del concurso de acreedores de Correo Argentino, es decir, de controlar el normal devenir del caso. Algo que, a todas luces, no hizo y por lo que fue imputado penalmente junto a Macri en la causa penal que instruye el juez Lijo.
El segundo caso es el pedido enviado al Senado para nombrar jueza a Agustina Diaz Cordero, hija de la jueza que controla la causa de Correo Argentino hace más de 15 años. Tal como reveló Nuestras Voces, se trata del intento de designar a esta joven abogada, asesora del ministro de Justicia Germán Garavano, tras un proceso plagado de irregularidades
CAMBIO DE LIBRETO
Dólar alto y salarios bajos: el peligroso cambio de visión del Gobierno para reactivar la economía
por Carlos Arbia
El equipo económico del macrismo no ve con preocupación la escalada del dólar que comenzó en diciembre
El Gobierno cambió su visión. Apenas asumió Mauricio Macri, pensaba que para alcanzar un mayor crecimiento económico se debía bajar la inflación a través de una tasa de interés alta y un valor del dólar bajo, junto a una reducción del déficit fiscal. En cambio, desde los anuncios del 28 de diciembre, con la modificación de las metas de inflación, ahora el equipo económico considera que primero hay que bajar la tasa de interés con un dólar alto, sacrificando la inflación futura con reducción del déficit fiscal.
El objetivo sigue siendo el mismo: la reactivación. Pero la forma de llegar es diferente. Antes se lograba bajando la inflación y ahora, reduciendo la tasa de interés.
"Allí radica el principal peligro que enfrenta la economía: que una baja de la tasa de interés provoque una fuerte suba del dólar, que a su vez genere una mayor inflación y que los salarios se descontrolen y esto, en definitiva, provoque un efecto contrario al buscado: un menor crecimiento de la economía este año y el próximo, que complicará la reducción del déficit fiscal y las negociaciones salariales", explicó a Infobae un consultor económico de la city porteña.
El mismo especialista advirtió otro problema, que es que "la baja de la tasa de interés del 28,75 al 27,25% anual que hizo el BCRA, en un momento en el que la tasa del bono a 10 años sube en los Estados Unidos, generará que cada vez se dificulte más ir al mercado de capitales del exterior a buscar financiamiento". Y agregó: "La alta volatilidad en el mercado cambiario hizo poner nerviosos a muchos operadores del sistema financiero. Esa volatilidad es el mayor peligro porque genera una mayor presión en el mercado de pesos, que es donde el Gobierno debe financiarse en el futuro si se complica el financiamiento en el mercado internacional".
En este sentido, el especialista detalló que si un ahorrista renovó sus Lebacs todos los meses desde el 1º de enero del 2017 hasta el 1º de enero de este año "ganó un 26 % anual en pesos"; en cambio, si compró dólares "ganó un 18% anual en pesos". "El problema es la volatilidad del tipo de cambio", apuntó.
En ese aspecto hay que destacar que desde el Gobierno no ven con preocupación la suba del dólar que se produjo hasta el miércoles pasado, cuando la moneda estadounidense llegó a superar los 20 pesos por unidad y los bancos oficiales intervinieron para bajar el precio de la divisa.
Desde el Foro de Davos, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, le restó importancia a la fuerte suba que registró el dólar en los últimos días. La consideró "previsible", tras el reajuste de la meta de inflación para este año anunciado por Federico Sturzenegger y Nicolás Dujovne durante la conferencia de prensa en diciembre pasado.
Además, el ministro admitió: "Sabíamos que esto de alguna manera iba a producir una apreciación del tipo de cambio". Para Cabrera, la suba de unos 80 centavos que acumuló el dólar en la última semana, si bien era "algo que estaba calculado", "generó una volatilidad y un cierto nerviosismo en el mercado financiero que no esperábamos". Sin embargo, añadió que "a veces la volatilidad es buena para que no haya ganancias financieras extraordinarias, y un tipo de cambio más competitivo es positivo".
A esta volatilidad del tipo de cambio, que cerró el viernes en $ 19,75 pesos por dólar en el mercado minorista, se refirió el ex ministro de Economía Domingo Cavallo en su blog. "La alta volatilidad cambiaria, lejos de ayudar a aumentar la demanda de pesos como reserva de valor, tiene el efecto contrario", escribió.
Para Cavallo, esto refleja "un aumento de la incertidumbre en el mercado de cambios", en un país acostumbrado a que la inflación siempre termine desvalorizando a los pesos porque “hace que sea casi imposible que la gente común prefiera ahorrar en pesos antes que en dólares".
"No hablo de los financistas capaces de llevar adelante operaciones de arbitraje entre tasas internas y externa de interés, el carry trade en la jerga financiera, sino del ahorrista no sofisticado", apuntó Cavallo. Y agregó: "No debe sorprender que mientras el BCRA trata de aumentar la demanda de pesos pagando altas tasas sobre las Lebacs y succiona dólares de los carry traders, más de un millón de ahorristas compren y acumulen mensualmente miles de millones de dólares".
En este contexto, señaló que el Banco Central debería manejar su política monetaria de metas de inflación "no sólo con la tasa de interés sino con el tipo de cambio nominal".
Por su parte, el economista Javier Milei explicó a Infobae que "la suba que viene experimentando el dólar se va a trasladar a los precios". Además, sostuvo que la devaluación "no sirve para nada" y añadió que el Gobierno "está buscando mayor competitividad a través de la pérdida de poder de compra de los salarios". Para Milei las variables económicas "siguen alteradas" porque el Gobierno "no quiere tocar el gasto y reducir el déficit fiscal" ni hacer "el ajuste fiscal que corresponde". "La administración de Mauricio Macri quiere que todo el costo de tratar de mejorar la competitividad se pague con menores salarios en dólares del sector privado", apuntó.
Asimismo, el economista calificó como "una locura" cambiar las metas de inflación y dejar subir el dólar porque "el precio de los alimentos y muchos bienes esenciales para la gente están expresados en esa moneda", y entonces eso contribuirá a un aumento de la pobreza y la indigencia, por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. "Si vos devaluás y se te va a los precios, la devaluación no te sirve para nada, y además cae la demanda de dinero; sube primero el dólar, pero detrás van a subir los precios y van a caer los salarios medidos en dólares, por lo tanto, se van a complicar también las negociaciones salariales y no se va a recuperar el consumo privado que cayó el año pasado un 1%".
En el Gobierno sostienen se aplicarán "paritarias libres" y que el 15% de aumento es sólo "una referencia". Tampoco descartaron aplicar cláusula gatillo "si sirve para hacer crecer el salario real". Sin embargo, desde el Foro de Davos, el ministro Nicolás Dujovne dijo que "sin la cláusula gatillo sería más fácil el proceso de desinflación".
La intención del Gobierno de ponerle un límite a la discusión salarial ha puesto a los gremios opositores en alerta y fueron varios los sindicalistas que declararon que "el tope del 15% es una fantasía" que no iban a aceptar, explicó a Infobae una fuente cercana a la CGT.
La cláusula gatillo puede convertirse en un duro escollo para las futuras negociaciones salariales; pero el sindicalismo opositor prepara un fuerte contraataque y el nombre del instrumento que utilizarán es la ultractividad. La cual sostiene que los convenios colectivos mantienen su vigencia incluso después de su vencimiento hasta tanto sean reemplazados por un acuerdo nuevo. "Está incluido en las leyes laborales como la 14.250 y la 25.877 y ésta última establece en su artículo 13 que una convención colectiva de trabajo, cuyo término estuviera vencido, mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que una nueva convención colectiva la sustituya, salvo que se hubiese acordado lo contrario", detalló la fuente.
En los últimos días la mayoría de los sindicatos opositores han manifestado que "las cláusulas gatillo que fueron incorporadas en varias de las negociaciones más importantes del año pasado, como las de los Empleados de Comercio, los albañiles de UOCRA o los estatales de UPCN, y los bancarios de la Asociación Bancaria se mantendrán vigentes este año a pesar de la negativa del Gobierno en la medida que no sean sustituidas por acuerdos renovados".
Esto implica que si el Gobierno quiere "trabar" las discusiones salariales que no se ajusten al tope de 15% se podrán accionar las cláusulas de 2017. "Estas fueron las que permitieron compensar eventuales pérdidas por subas inflacionarias, y que deberían reajustar los sueldos cada mes al darse a conocer la suba del índice del costo de vida. La que la puso en práctica fue la Gobernadora María Eugenia Vidal para la paritaria docente", indicaron desde la CGT.
Este lunes, con el regreso del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se reanudarán las negociaciones del Gobierno con los gremios. Luego del arreglo de un aumento del 15 % sin cláusula gatillo para los Empleados de Comercio, viene el acuerdo de los bancarios.
El martes pasado la Asociación Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, no aceptó el aumento del 9 % que proponen las tres cámaras empresariales. Piden un 15 % con la cláusula gatillo y utilizan el argumento de la ultra actividad.
Desde el ministerio de Trabajo sostienen que "la ultra actividad es para los convenios colectivos, pero no para acuerdos con paritarias". También ponen en duda la cuota solidaria del 1% que algunos gremios como el de Palazzo descuentan a los no afiliados de manera compulsiva al igual que el aporte de 1% que hacen los bancos sobre su nómina salarial para financiar la obra social de los bancarios.
Habla la experiencia: JUBILADOS - Igualdad ante la Ley -
Habla la experiencia: JUBILADOS - Igualdad ante la Ley -: Cuando en años anteriores defendíamos en este espacio el derecho de los jubilados, fuimos criticados y agraviados por militantes ...
lunes, 29 de enero de 2018
POPULISMO
Anuncia el fin del populismo, pero se prepara para negociar
por Sergio Crivelli
En Europa Mauricio Macri aseguró que el país salió de un ciclo populista y entró en uno reformista sin crisis. Pero se prepara para negociar el ajuste con el peronismo menos beligerante.
La historia es circular. Otra vez a un presidente argentino es bien recibido en el exterior, mientras en casa se le acumulan los problemas y las críticas. En Moscú, Davos y París el mensaje de Mauricio Macri fue de un optimismo que la realidad desautoriza. Anunció un importante cambio de ciclo histórico que es más una expresión de deseos que un hecho verificable. Algo así como la contracara de una reciente profecía rencorosa de Eugenio Zaffaroni acerca de un apocalipsis económico más o menos inminente que se llevará al gobierno de Cambiemos antes de cumplir su mandato constitucional.
Ante los empresarios a los que intentaba convencer de que inviertan en el país Macri aseguró que el ciclo populista había concluido y que sin mediar una crisis estaba en marcha una etapa de reformas para que el país despegue económicamente de una vez por todas. Pero ni sus interlocutores más desprevenidos pueden creer eso: hace apenas un mes las calles de Buenos Aires ardieron con una violenta protesta que estuvo a centímetros de convertirse en tragedia. Una protesta incitada por dirigentes del "antiguo régimen" que no está en extinción ni mucho menos y que en cualquier nueva oportunidad pueden precipitar una verdadera crisis.
Es probable que Macri tampoco crea completamente en el optimismo de sus propias declaraciones y la derrota de un populismo que ya dura más de 70 años. Por eso resolvió no convocar a sesiones extraordinarias del Congreso y, según trascendió, tampoco va mandar proyectos controversiales en el período ordinario.
Con ambas decisiones busca preservar al peronismo "racional" que lo ayudó a legislar hasta ahora. La furia "K" desgasta no sólo al oficialismo sino también a los peronistas en el poder que están obligados a negociar por razones de caja. La estrategia, por lo tanto, parece haber pasado de la pulseada con los que están del otro lado de la grieta a esquivar en lo posible los escenarios de confrontación. Lo que se privilegia es la gobernabilidad. Así de complejo sigue siendo el panorama.
De este cambio, muy recomendado por el senador Miguel Pichetto, los únicos beneficiarios son los gobernadores y los colaboracionistas en general. Sin batallas parlamentarias, los jefes provinciales no quedarán desautorizados por los legisladores que los desobedecen e insisten en votar contra el gobierno. Además, recibirán más de lo que recibían. En realidad, la furia "K" termina beneficiando involuntariamente a sus adversarios internos.
Algo semejante ocurre con los sindicalistas. Ya hay dos campos claros. Los que eluden cualquier choque con la Casa Rosada y los investigados por la Justicia, presos o en vía de estarlo. En este último grupo se encuentran los Moyano (Hugo y Pablo) que denuncian una persecución política con el mismo libreto de los funcionarios K actualmente tras las rejas.
Frente a un cuadro que se está enrareciendo el gobierno ha resuelto no presionar a los "accesibles". Parece haber dejado atrás la exigencia de un techo del 15% para los aumentos salariales y del fin de la cláusula gatillo. Tampoco quiere "estresar" los vínculos con los dirigentes gremiales propensos al diálogo.
La idea de bajar un cambio resulta la adecuada. El macrismo ganó holgadamente las elecciones hace apenas tres meses, pero tiene pendiente un fuerte ajuste que provocará turbulencias. Los números son inquietantes. En 2016 el déficit fiscal fue del 5,9% del PBI. El primario fue del 4,3% y el pago de intereses del 1,6%. En 2017 el déficit total fue récord, 6.1%, a pesar de que el déficit primario se bajó a 3,9%. Lo que se disparó fue el pago de intereses, 2,2%.
En resumen, por no cortar como debía el gasto primario el gobierno tomó deuda y terminó aumentando el déficit por el costo de los intereses, que ya representan un tercio del déficit total. Para frenar este proceso de deterioro de las cuentas pública debe "ordenar" el gasto a corto plazo.
¿Cómo aumentar la velocidad de ajuste sin abandonar un gradualismo de innegable rédito electoral? Esa es la pregunta que debe responder el gobierno en 2018. Quiere evitar los escenarios de confrontación, pero la cuenta regresiva no se detiene y el populismo está dispuesto a dar batalla, …aunque el presidente lo considere agotado.
SALLUSTRO
La muerte de Oberdan Sallustro
por Omar López Mato
Yo lo conocí a Oberdan Sallustro cuando tenía poco más de 10 años.
Lo había acompañado a mi padre a una visita a la casa de la familia en Córdoba, donde también conocí a sus hijos, algo mayores que yo.
Entonces mi padre era funcionario de Ferrocarriles Argentinos y estaban en tratativas por la compra de vagones construidos en el país con material argentino y mano de obra argentina (que hoy importamos de China).
Recuerdo a un señor amable que hablaba con acento italiano, a pesar de haber nacido en el Paraguay.
Años más tarde supe de su secuestro y muerte a manos del ERP. En ese tiempo, llegaban a nuestra casa cartas amenazadoras confeccionadas con letras cortadas de la revista 7 Días, en un collage macabro dónde nos amenazaban con bombas, secuestro o muerte.
Recuerdo vivamente esas amenazas multicolores mientras mis padres nos decían que no pensaban cambiar su forma de vida ni solicitar protección. Poco después los secuestraron a los hermanos Born y Montoneros se hizo de 60 millones de dólares (de los que a la fecha solo se ha recuperado una fracción). Si podían secuestrar a la familia más poderosa de América del Sur. ¿Qué podíamos hacer nosotros?
A lo largo de esos años fueron cientos los empresarios o funcionarios de empresas nacionales y extranjeras que sufrieron atentados, secuestros y muerte. Y también fueron miles las empresas que cerraron o se fueron del país. Argentina había dejado de ser un país confiable. La inseguridad, en todas sus formas, (jurídica, política, personal) se apoderó del país. ¿Puede un país progresar sin seguridad? ¿Puede un país progresar sin empresarios, sin líderes, sin innovadores, sin inversión? FIAT no volvió a fabricar trenes, Bunge y Born redujo su participación en empresas argentinas. ¿Alguien los puede culpar?
En 1970, el 5 % del país era pobre. Gracias a la prédica de “combatir el capital” hoy tenemos el 33 % de pobreza.
Cuando un país no es seguro, nadie invierte y los que lo hacen, pretenden compensaciones mayores. Entonces las cuentas no cierran.
Es una ley de la economía, que no todos están dispuestos a reconocer por cuestiones ideológicas, pero el mundo funciona así. No entenderlo, es parte de nuestra decadencia.
Aquellos que continuaron invirtiendo en el país quisieron una compensación mayor por los riesgos que corrían, o crearon sistemas de protección a los bienes que poseían a través de reaseguros corporativos que encarecían el proceso productivo.
Cuando una economía es insegura surgen las coaliciones cuasi oligopólicas que tienden a cerrar filas para protegerse de las fuerzas contrarias. Argentina se convirtió en un país corporativo, una serie de grupos de interés que peleaban entre sí con la intención de cortarle el cuello al contrincante.
Esta sórdida confabulación tiende a aumentar el costo argentino, agravado por el achicamiento de la producción, con un Estado hipertrofiado que solo vislumbra dos posibilidades: Endeudarse o aumentar impuestos.
Aumentar los impuestos siempre lleva a un achicamiento de la economía, más cuando el Estado se agranda para absorber la enorme cantidad de mano de obra que queda “colgada del pincel” (la llamada mendicidad disfrazada). La hipertrofia del Estado vuelve a crear más déficit y reavivar el círculo poco virtuoso. Pasó cuando se fue Perón, pasó cuando se fueron los militares, pasó cuando se fue Alfonsín, pasó cuando se fue Menem y ahora vuelve a repetirse con Cristina.
No queda otra que tratar de reducir el peso del Estado, con las consecuencias poco simpáticas que esto apareja.
Y todo esto empezó porque un grupo de pendejos mal entrazados quisieron jugar a ser una bizarra mezcla de Che Guevara con vicarios de Cristo. Tomaron la justicia en mano propia, y desataron una guerra sucia. Tanto la subversión como la represión prescindieron de la justicia y la civilidad, desatando una violencia retaliatoria que contagió a la justicia, convenciéndola que su función era una tarea supeditada a “los intereses superiores” y no a la búsqueda de la verdad.
Ahora, a casi medio siglo de este comienzo, tenemos la oportunidad de revertir esta situación y encaminar a este maltrecho país. Curiosamente (o no tanto) el conductor de esta enmienda es un empresario que sufrió la violencia en carne propia y perteneció a ese grupo que pretendió una mayor compensación por los riesgos que su tarea implicaba. Él está en mejores condiciones de entender los mecanismos poco virtuosos que tomó esta sociedad por falta de seguridad jurídica.
En realidad, todos debemos comprometernos en ese sinceramiento. Todos hemos sido culpables de pensamiento y palabra, obra u omisión. Todos tenemos una fracción de culpa en este desastre, pero hay que reconocerlo… y a aquellos que no lo reconozcan y continúen ligados a los viejos intereses, que se atengan a las consecuencias.
En estos 2 años hubo oportunidades de dialogo y de rectificación, pero muchos prefirieron seguir con sus prerrogativas, creídos que 70 años de impunidad le otorgaban el poder para perpetuarse. Nadie mejor que Barrionuevo lo verbalizó con su natural desparpajo, mientras grupos de izquierda mezclados con kirchneristas acorralados, ensayan la violencia en las calles como forma de presión (Ya que no ganan elecciones se dedican a ganar la calle. ¡La izquierda solo tiene 3 diputados)!
Hace medio siglo, con una democracia en funcionamiento con el poder ejercido por el partido mayoritario que estos “pendejos” habían votado, un grupo de idiotas avaló el uso de la violencia, innecesaria e ilegítima. La semana pasada se cumplieron 44 años de la toma de la guarnición de Azul atacada por el ERP, y que por primera vez en décadas se hace un acto por las víctimas de la subversión, sin embargo, pocos medios recogieron la noticia. Solo La Prensa lo puso en primera plana. ¿Tanto miedo le tienen los medios a la distorsión histórica impuesta por los “dueños” de los derechos humanos que solo consideran denigrantes los actos realizados por una parte contendiente?
Los violentos que hoy recurren a medidas de fuerza, incitados desde las sombras por grupos en la mira de la Justicia ¿tendrán el caradurismo de Firmenich, Abal Medina, ¿Vaca Narvaja, Pernía y tantos otros de recurrir a la clandestinidad, apelando a la desafortunada frase del general donde afirmaba que “la violencia de arriba genera la violencia de abajo”? ¿Qué violencia había ejercido Perón para generar la respuesta desmedida de Montoneros? ¿Cómo querían que reaccionara cuando les arrojaron a los pies el cadáver de Rucci? No, señores. Hay violentos psicopáticos que no necesitan razones y esos arrastran a los idiotas útiles, a los que no tienen problemas de vender al mejor postor cuando llega el momento de zafar.
Lamentablemente algunos medios han endiosado la imagen de estos redentores de la violencia que se valieron de un Fal para imponer sus ideas a fin de recrear una Cuba en la Argentina. Después de la experiencia soviética, china, cubana y de Venezuela, reproducir ese modelo es de imbéciles y esos son los que nos han gobernado hasta ahora, chorros, hipócritas e idiotas… y, además, golpistas como el impresentable de Zaffaroni.
Nos salvamos de ser Venezuela, pero nuestra suerte se puede agotar si no colaboramos con este gobierno. ¡Nos matamos por un 2 o un 3 % en paritarias conducidas por ladrones que atesoran millones de dólares en sus casas! ¿Y estos hipócritas son los que hablan de defensa de los pobres y justicia social? Un nuevo fracaso en este momento histórico es asomarse al abismo. El patriotismo no es solo cantar el himno y alentar a la selección, es poner el hombro para hacer todos los días un país mejor.
Omar López Mato
Médico y escritor
domingo, 28 de enero de 2018
Pacificación Nacional Definitiva: FUERZAS ARMADAS PARA ESTE SIGLO
Pacificación Nacional Definitiva: FUERZAS ARMADAS PARA ESTE SIGLO: El Portaaviones más poderoso del mundo - USS Ronald Reagan Para recuperar nuestra deteriorada capacidad defensiva es preciso rediseña...
CELIBATO.
¿El fin del celibato? La escasez de curas abre el camino a los religiosos casados
El Papa cree que debe analizarse la posibilidad de que hombres de probada fe puedan celebrar los sacramentos en ciertas circunstancias.
¿El fin del celibato? La escasez de curas abre el camino a los religiosos casados
Saludo. El Papa Francisco no cierra la puerta a la posibilidad de que hombres casados puedan celebrar sacramentos en algunas circunstancias.
Para algunos es apenas “un pasito” adelante, para otros el comienzo prudente de una revolución en la Iglesia, para los ultraconservadores y tradicionalista enemigos de Francisco es “un pretexto” a fin de contrabandear el fin del celibato obligatorio en el rito latino romano que representa el 90% del mundo católico. Oficialmente, la Iglesia, en presencia de una “emergencia sacramental” por la aguda escasez de sacerdotes en amplias zonas del mundo, como la inmensa Amazonia, estudia la posibilidad de que hombres maduros casados y con familia, de comprobada fe, pueden celebrar los sacramentos.
“Debemos analizar si los “viri probati” (del latín “hombres probados”) son una posibilidad”, afirmó el Papa argentino. Jorge Mario Bergoglio siempre ratificó que aunque no es un dogma de la Iglesia, está a favor del celibato obligatorio como un “don a la Iglesia”. Francisco sostiene que “el celibato libre no es una solución” “Debemos establecer cuáles tareas podrían asumir, por ejemplo, en comunidades aisladas. La Iglesia debe reconocer el momento justo en que el Espíritu pide algo”, agrega Bergoglio.
Los “viri probati” son una institución que se remonta al cristianismo primitivo. De los hombres ancianos casados de comprobada fe, que guían comunidades a menudo inaccesibles para los pocos sacerdotes de una diócesis, habla ya el Papa Clemente en el primer siglo de nuestra era.
Los “viri probati” fueron decayendo en el primer milenio cristiano. Pero en 1206 Inocencio III echó mano a ellos “para predicar contra la herejía donde haya escasez de clero”.
El Concilio Vaticano II incluyó en un documento la cuestión pero no pasó nada. En el Sínodo de Obispos de 2005 algunos padres sinodales plantearon la posibilidad de utilizar a los “hombres probados” en las zonas donde escaseaba el clero, pero la asamblea decidió excluir el tema como “camino a no recorrer”.
Francisco cree que hay que estudiar el problema “sin cerrazón ni rigidez”, evitando lecturas instrumentales e ideológicas.
El gran promotor de los “viri probati” como una solución práctica a una situación dramática es desde hace años el cardenal brasileño Claudio Hummes, emérito de San Pablo, que ha cumplido 83 años y sigue en la brecha. Sentado junto a su amigo Jorge Bergoglio, cuando al argentino lo hicieron Papa le dijo: “No te olvides de los pobres”. Fue prefecto para la Congregación del Clero en el Vaticano, un “ministerio” muy importante.
Francisco lo llamó una vez “un grande” y lo ha nombrado presidente de la red eclesial Panamazónica, que abarca los ocho países que ocupan el enorme espacio de seis millones de kilómetros cuadrados del llamado “pulmón del mundo”, el más extenso territorio tropical del planeta.
Francisco quiere que sean las Conferencias Episcopales nacionales las que reclamen la utilización de los “hombres probados” a los que se encomendará la evangelización y la celebración de los sacramentos. También habrá que establecer facultades y límites.
La Amazonia es el lugar ideal para actuar “ad experimentum”. Hace dos años, el obispo de Kingú, Erwin Kaüller, de origen austríaco, le escribió al Papa desde la diócesis más extensa de Brail, pidiéndole que examinara la cuestión de los “viri probati”. El obispo contó las dificultades enormes que sufre para llevar la asistencia espiritual a 700 mil fieles en 800 comunidades, con solo 27 sacerdotes.
Los hombres capaces, maduros, ya ejercitan hoy una guía espiritual en sus comunidades. Los pocos curas que aparecen una, dos y tres veces al año bendicen las hostias que son después distribuídas en ceremonias.
Hummes recuerda siempre que el celibato obligatorio es una disciplina y no un dogma de la iglesia. “Sabemos que muchos de los apóstoles eran casados. La Iglesia moderna debe tener en cuenta este aspecto si querrá seguir al paso con la historia”, afirma.
En 2019 tendrá lugar el Sínodo de la Panamazonia, convocado por el Papa, que abordará sin dudas la cuestión.
Algunos teólogos favorables al experimento con los “viri probati” recuerdan que en México más de 300 diáconos colaboran en las prácticas de asistencia espiritual, con el único vínculo de no poder celebrar la misa a los fieles. Son diáconos casados que ya han recibido una primera consagración”.
El actual “ministro” para el Clero del Vaticano, cardenal Beniamino Stella, que anunció el comienzo oficial del estudio de la cuestión de los “viri probati” recordó que una “perspertiva interesante” es la madurez y la responsabilidad de cada comunidad cristiana de la que pueden surgir los hombres maduros que, tras ser ordenados, “se ocuparían de garantizar la celebración eucarística (misas), el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la unción de los enfermos” .
“Recibiendo la orden sacra, estos ancianos se convertirían en ministros de la santificación que comunica Cristo, dispensadores de sus misterios, puentes del encuentro con Ël y de su mediación entre Dios y los hombres”, señaló el cardenal Stella.
La hipótesis de los “viri probati”, agregó el “ministro” para el Clero del Papa, “representaría una vuelta al inicio del cristianismo”. “Cada comunidad apartada y a menudo casi inaccesible podría expresar a sus propios ancianos para la presencia de la Eucaristía, mientras que los ministros ordenados célibes al ser itinerantes se ocuparían de la animación y la formación de las comunidades”.
El cardenal Stella aseguró que la eventual ordenación de los viri probati en algunas zonas del mundo “no afectaría la figura del sacerdote célibe, tal y como se ha consolidado a lo largo de siglos de historia. Sobre el tema, el camino y la discusión acaban de comenzar”.
C Z DESARMADEROS.
Exclusivo: cómo trabaja la peligrosa "mafia de los desarmaderos"
La red criminal se diversificó y abarca de tráfico de drogas a cambio de camionetas. Piratería del asfalto y venta de piezas usadas y de descarte como si fuesen nuevas. El año pasado se batieron récords en el secuestro de autopartes robadas, pero el negocio continúa
Por Andrés Klipphan 27 de enero de 2018
La habitación está en penumbras. La ventana con persianas a medio a abrir. Dos luces bajo consumo reflectan sobre la mesa redonda haces cenitales que se concentran en una lámina rectangular dominada por un cuadro en colores pasteles celeste, azul y verde. En el círculo central destaca la frase "Delitos contra el automotor". De allí surgen flechas y casilleros que revelan la nueva estructura de estas bandas mafiosas que antes solo se dedicaban al robo de vehículos para después venderlos a los desarmaderos barriales que solían estar amparados por parte de la policía de la zona y punteros políticos. Con el correr de los años, la corrupción, que alcanzó a la Justicia, permitió que estas redes criminales se diversificaran de la manera que hoy está impresa en la cartulina que ante Infobaedespliegan los detectives que desde hace dos años decidieron dar batalla al crimen organizado.
Las palabras "Falsificación", "Desarmado", "Adulteración", "Robo/Hurto", resaltadas en verde pálido destacan como los delitos primarios que se desprenden del robo automotor que se comete tanto en la vía pública como bajo la modalidad de "entradera" que suele terminar de manera sangrienta. De cada uno de estos rectángulos, se desprenden flechas celestes y rojas que señalan otros rectángulos, pero azules, que encierran otras ideas fuerza como "Venta", "Armado de Vehículos", "Autopartes", "Falsificación Documentos", "Venta Ilegal".
A estas palabras se le suman dos hasta ahora novedosas y que necesitarán una explicación detallada por la calidad y la peligrosidad del delito que encierran: "Packaging" y "SCRAP". El SCRAP son las autopartes con fallas y que son muy peligrosas si se colocan en un automóvil, que las automotrices, a través de empresas por lo general tercerizadas, las destinan únicamente para su destrucción.
Sin embargo, las nuevas organizaciones dedicadas al delito automotor logran infiltrarse o corromper a empleados de estas empresas que terminan traficando por un importante monto de dinero las piezas que deberían ser destruidas, esto es, compactadas o fundidas.
Con la complicidad de los comerciantes y talleristas, o estafándolos en su buena fe, los reducidores logran introducir las piezas falladas, como cigüeñales, carburadores, bujías, condensadores, correas de distribución o cualquier parte del motor al circuito comercial con el peligro vial que esto significa, porque al ser piezas defectuosas pueden generar graves accidentes.
Junto a estas piezas denominadas SCRAP, las bandas incorporan también piezas recuperadas de los autos robados que son tratadas con solventes para limpiarlas y darles aspecto de nuevas. El circuito se completa con el armado del "Packaging" imitado a la perfección y que lo fabrican en imprentas y carpinterías propias, toda una pyme destinada al delito.
Investigaciones complejas
Alrededor de la mesa, y con la vista clavada en el colorido cuadro sinóptico y las estadísticas delictuales, están ubicados funcionarios y comisarios de la Subsecretaría de Investigación del Delito Organizado y Complejo, a cargo de Rodrigo Bonini, de la División de Investigaciones contra el Automotor, y de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina. Todos ellos, que dependen de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, son los responsables de desarmar estas mafias a través de investigaciones complejas.
"Detrás de los desarmaderos está la industria del robo automotor que está teñida de sangre", opina ante Infobae el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, y afirma: "Hemos revertido mucha inacción de años para desincentivar esta actividad violenta e ilegal".
Una de las acciones concretas contra el crimen organizado a la que refiere el funcionario nacional es la que se realizó bajo el ala de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a través de la cual se detuvo a 32 personas y se secuestraron 59.074 repuestos y autopartes–robadas y de SCRAP– la mayoría de las cuales estaban listas para salir a la venta, ya que habían sido acondicionados en "packagings falsificados, con similitud a los originales de las compañías automotrices, para luego reinsertarlos nuevamente al mercado", según se lee en la causa 8084.
La mercadería incautada tenía un valor de $48.000.000. La propia jueza describe que estas piezas para automotores como Fiat, Peugeot, VW y Chevrolet, entre otras marcas, "son de alta peligrosidad para los usuarios de dichos repuestos ya que los mismos no rendían el control de calidad necesario para su utilización, presentando fallas imperceptibles para el cliente común".
La descomunal cantidad de piezas –pero también armas y drogas como cocaína y marihuana– fueron encontradas en 23 allanamientos realizados en locales y depósitos de Capital Federal, entre ellos en la calle Warnes. En el conurbano bonaerense, en distritos y localidades como 3 de Febrero; Quilmes, Tigre, General Pacheco y Martínez. Los operativos también se extendieron en varias direcciones de la provincia de Córdoba.
Allí no solo se secuestraron autopartes, piezas truchas a la venta y autos desarmados con pedido de captura, sino también camiones en los que se trasladaba la mercadería robada y hasta un cargamento de vino que estaba en la caja de uno de los vehículos de gran porte que había sido robado bajo la modalidad piratería del asfalto. Para ese tipo de faena, la banda contaba con un aparato para inhibir los rastreadores satelitales, en la jerga denominado "bicho", armas y varios handy sintonizados en la frecuencia policial.
Las escuchas
El jefe de la red mafiosa desbaratada, y que estaba compuesta por más de 30 integrantes, era comandada por José Luis Finucci, uno de los hombres que junto a Julio Fernando Sartori aparecen en una serie de escuchas telefónicas en las que hablan sin tapujos sobre las maniobras que llevaban adelante, y hasta los precios pactados por cada pieza que debía ser destinada a la destrucción.
En el organigrama que sobre esta organización armó la Superintendencia de Investigaciones Federales, de la cual depende la División de Investigaciones de Delitos contra el Automotor, consta, por ejemplo, que Sartori era el proveedor de las piezas SCRAP y que poseía al menos tres depósitos donde ocultaba la millonaria mercancía que debía ser destruida.
También la empresa de reciclaje que se llamaba "Recilit" y cuyo titular era Juan Emilio Podavini. En el expediente consta que Recilit había sido contratada por una importante empresa automotriz para destruir las piezas falladas, pero que buena parte de esos repuestos con daños estructurales eran vendidos bajo cuerda a la organización de Finucci. El diagrama se completa con las direcciones y los dueños de los depósitos y locales comerciales desde los que se vendían los repuestos ilegales al público multiplicando las ganancias.
El ex ministro de Seguridad bonaerense Juan Pablo Cafiero fue quien acuñó la frase de que las autopartes robadas y que se ponían a la venta estaban "manchadas con sangre". Una verdad absoluta, ya que casi el 30% del robo de autos termina con la víctima muerta o herida.
Las "pinchaduras" telefónicas legales ordenadas por la jueza Arroyo Salgado a los celulares y números fijos de la banda fueron el hilo conductor que les permitió tirar del hilo a los detectives nucleados en la Subsecretaría de Investigaciones del Delito Organizado y Complejo y llegar hasta lo más profundo de la organización.
El capo Finucci y Sartori, uno de sus principales proveedores de SCRAP, hablaban de esta manera:
Escucha 1:
—¿Cuántos condensadores de Fiat mandaste?
—Cien.
—¿Cien justo? ¿Cuántas cajas son?
—Y… vienen en cajas individuales. Por eso no sé de cuántos habrán hecho los paquetes…
—Cien condensadores de Fiat para…
—Para Palio, Siena…
—Cada unidad 800 pesos.
—800. Como quedamos.
—¿Qué más? ¿Me mandaste algo más?
—Te voy a mandar a partir del lunes los que restan de Peugeot. Te mandé 20, nada más.
—¿Cuántos faltan?
—Te tengo que mandar unos 100 más. Después de Bora te mande 36. Te tengo que mandar 18 más.
—Y mucho más no, porque no sale tanto.
—Aparte, creo que va a haber 100 o 120 de la Eco Sport.
—De eso condensadores hay un montón. ¿Y de la Toyota no conseguiste nada?
—De la Toyota tengo ahí de la nueva sin tapa. Me van a confirmar si me van a conseguir unos 40 o 50 (condensadores).
—Bueno, y la correa viscosa también.
—Esa ya la pedí. La correa viscosa viene en caja, como repuesto original.
Escucha 2
—Ahora agarré todo… El "SCRAP" (autopartes con fallas destinadas únicamente para su destrucción).
—Escuchame… ¿Y cuánta gente entra?
—No, no, no. El tema es que arranque con la compra de todo. El otro no pagaba y lo echaron a la mierda. Me dieron todo a mí.
—Ay, boludo…
—Me dieron todo el "SCRAP" del motor, caja, alternador, todo.
—¿Y los chabones que compran las piezas cómo saben que ganaste vos el "SCRAP"?
—No saben todavía. Saben que el otro chabón que antes compraba el "SCRAP" no pagó. Debe un millón de mangos y no lo paga, entonces "Chau, listo", se fue y quedé yo.
—¿Y el precio?
—Lo pagué caro. Lo pagué al precio del otro, pero nada, ya está. Quedé yo por el servicio que les vengo dando y porque les cumplo.
Escucha 3
—Escuchame. Tenemos que sacar una foto como que parezca que es una industria. Vos que estás en el gremio.
—Sí.
—¿No se te ocurre alguna forma, alguna manera que nosotros podamos entrar a Ford, WV, Chevrolet? No sé. A alguna de esas grosas. Yo creo que nos van a sacar a patadas.
—Yo tengo un amigo que tiene una estructurita con máquinas como para sacarles a los tipos un sello de alquiler o algo. Ahí se ven chapas compactadas. Piezas destruidas. Con unas buenas fotos de esas por ahí entramos y nos quedamos con el negocito (de SCRAP).
—Bueno, dale, dale, decile que vamos a hacer unas fotos para armar una carpeta para presentarle a Fiat y Peugeot. Las fotos las hacemos en un rato, no vamos a estar una semana.
—Dale, dale.
Las intercepciones telefónicas revelan a las claras cómo la banda de Finucci o se quedaba con el "negocio del SCRAP" comprando las piezas a descartar, o intentaban ingresar al negocio de manera legal para después traficar la mercadería fallada.
Récord de secuestros de autopartes
La variación de los porcentajes de secuestros de autopartes por parte de las fuerzas federales es descomunal. ¿Tan mal y tan poco se trabajó en combatir este delito complejo los años anteriores? Y si es así, ¿existía complicidad entre los delincuentes, la política y la Justicia? Cada quién tiene su respuesta, sin embargo hasta ahora no existe un expediente judicial que lo exponga.
Lo cierto es que según los datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, entre 2015 y 2016 el secuestro de autopartes se incrementó 5.880%. Es decir que, de las 10.599 piezas, se pasó a 633.822.
Dentro de la misma gestión, es decir entre los años 2016 y 2017, el aumento de autopartes incautadas fue del 519%. En esos 12 meses las piezas decomisadas a los delincuentes fueron 5.133.420 y ese número no es el final ya que sobre fin de diciembre se realizaron procedimientos que aún no fueron contabilizados.
El ascenso tiene que ver estrictamente con la cantidad de procedimientos realizados y las estructuras de las bandas desarticuladas. De los tres allanamientos realizados durante la gestión kirchnerista en todo el año 2015, se pasaron a 178 en 2016 y 2017.
La mayor cantidad de allanamientos se realizaron en la provincia de Buenos Aires, en total 43. Le siguió CABA con 25, santa Fe con 17 allanamientos, Córdoba y Neuquén con 9. En Misiones fueron 6 los operativos. Mucho más atrás en las estadísticas quedaron provincias como Entre Ríos, Tucumán y Chaco. Santa Fe fue la provincia donde mayor cantidad de autopartes se secuestraron: 3.001.908, una cifra que no se aproxima a la de Buenos Aires donde el número fue de 612.178 piezas y Misiones que quedó en el tercer lugar del podio con 600.500 unidades.
En esta última provincia, por ejemplo, se desmanteló uno de los desarmaderos de autos ilegales más grandes del país donde intervenían delincuentes no solo nacionales sino también brasileños y paraguayos. Una verdadera organización criminal con ribetes internacionales donde se fundía el tráfico de estupefacientes y lavado de dinero.
Estas bandas están fuertemente armadas y suelen defenderse a sangre y fuego cuando se enfrentan con los organismos de seguridad. En este sentido, las estadísticas son contundentes. De las 125 armas decomisadas a los delincuentes, 42 de ellas fueron halladas por la División Sustracción de Automotores.
Para dimensionar la estructura de estas complejas redes mafiosas, de esas 42 armas secuestradas, 28 estaban en poder de una sola organización desbaratada en la localidad de Campana, en el lote 584 del exclusivo Country Los Cardales.
En ese domicilio funcionaba un taller mecánico "fantasma" utilizado para adulterar la numeración de vehículos de alta gama que después terminaban en manos de terceros en el norte del país o en países limítrofes.
En esa misma propiedad, donde los jefes de la banda vivían a todo lujo, la banda falsificaba la documentación de los autos.
Entre otros elementos, la Dirección de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes y Sustracción de Automotores de la Policía Federal Argentina secuestró 10 armas largas tipo escopeta, 8 revólveres de distintos calibres, 7 pistolas, una granada de fabricación nacional, 30 cartuchos calibre 14; un revolver calibre .32 con numeración suprimida, un juego de esposas, tres uniformes militares utilizados para disimular operativos, sellos de distinto tipo y reparticiones, papeles apócrifos y, entre otros elementos, una moto Yamaha con secuestro vigente, una camioneta tipo furgón marca Ford Econoline, una Honda Storm y una Chevrolet Blazer.
La estructura
Según los documentos a los que accedió Infobae, estas redes cuentan con falsificadores para reemplazar la documentación original de los autos robados que son comercializados en el norte de nuestro país o en el exterior. Para eso, instalan verdaderas imprentas y roban o duplican los sellos y estampillas de las plantas verificadoras.
También tienen montados lujosos desarmaderos en la frontera con países limítrofes como Paraguay y Brasil, donde desguazan los vehículos robados en los tres países.
Aquí también es donde converge el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Camionetas de alta gama secuestradas en Capital Federal o en el Conurbano terminan, por ejemplo, en Misiones ya con documentación y numeración falsa entregada a bandas narco criminales a cambio de cocaína o marihuana que la misma banda que robó la 4×4 se encargará de revender a los narcos de villas como la 31, la 1-11-14 o la Rana para ser distribuida al menudeo por los traficantes.
Esta diversificación del delito original llevó a los investigadores a dividir en cuatro modalidades importantes los delitos contra el automotor:
1) Falsificación: Existen varios tipos, como la falsificación de la documentación; falsificación de las autopartes, y la de packaging para la venta de productos de descarte.
2) Desarmado: En el desarmado de un rodado se estableció que las autopartes eran revendidas en el mercado ilegal sin ningún tipo de autorización ni control. Los rodados que son desarmados son producto de otras actividades delictivas como ser el robo o el hurto.
3) Robo/Hurto: Los vehículos robados también son utilizados para la reventa en el país o en el extranjero, muchas veces a compradores inexpertos o porque fueron adulterados.
4) Adulteración: Se adultera tanto la documentación para estafar al comprador duplicando un rodado bueno por otro que poseía secuestro. También se adulteran las numeraciones de motores y/o chasis a los que luego se les regraba una numeración de otro rodado de similares características pero sin pedido de secuestro.
Como los narcotraficantes, las bandas dedicadas al delito automotor son de las que más dinero movilizan. Si bien no hay datos precisos, las autoridades nacionales estiman que estas organizaciones criminales amasan una fortuna que podría rondar entre los 4.500 y los 5.000 millones de pesos mensuales. Y esto solo con el producido de los más de 400 autos diarios que se roban en el país.
A esa cifra habría que sumarle el resto de las actividades ilegales, como la venta de SCRAP. Una ramificación de estas redes mafiosas muy peligrosa para el usuario y redituable para los delincuentes que ven potenciadas sus sangrientas ganancias.
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