PRENTACION DE JURISTAS
AAJ denuncia a la ONU la perversa injerencia del gobierno de Macri
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Agosto de 2018
Al Sr. Diego García-Sayán
Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH)
8-14 Avenue de la Paix 1211
Ginebra 10, Suiza
S/D
De nuestra mayor consideración:
En nuestros caracteres de Presidente, y Secretario General, respectivamente, de la Asociación Americana de Juristas, con domicilio en 240 West 98 Street, 9F, New York , NY 10025 nos dirigirnos a Usted solicitándole intervención en la situación que afecta grave y notoriamente la independencia judicial en la República Argentina habida cuenta de una gran cantidad de hechos reveladores de una clara política de estado de dominación y control del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo Nacional, que se describen a continuación.
Nuestra intervención tiende a llamar su atención, solicitándole evalúe formular una comunicación urgente al Estado Argentino sobre la situación general de vulneración sistemática de la independencia judicial.
I.- Contexto general de vulneración de la independencia judicial en la República Argentina.
A partir de la asunción como Presidente de la Nación el 10 de diciembre de 2015, Mauricio Macri inició de inmediato una política de sometimiento del Poder Judicial, comenzando por el Decreto nº 83/15 (Anexo I), mediante el cual intentó, eludiendo el proceso constitucional, designar “en comisión” a dos nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir al 40 por ciento de la cabeza del Poder Judicial compuesta por cinco magistrados reducida a tres luego de las renuncias de los doctores Raúl E. Zaffaroni y Carlos Fayt.
El 29 de diciembre de 2015 el Presidente Mauricio Macri dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) nº 257/15 (Anexo II), por el cual restringió la autarquía económica y financiera del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. La norma debilitó dichos organismos, al limitar sus competencias constitucionales -estatuidos como poderes públicos independientes y autónomos en la estructura del Estado Nacional-, sujetándolos al control forzado del Poder Ejecutivo. Sobre esta última problemática se acompaña copia de la presentación realizada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
A partir de ese movimiento inicial, sobrevinieron multitud de presiones (i) sobre integrantes del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, (ii) sobre abogadas y abogados defensores en causas vinculadas a violaciones de derechos humanos y, también, (iii) reiteradas intromisiones del Poder Ejecutivo sobre procesos en trámite, particularmente en lo que terminó siendo una persecución desatada contra líderes políticos y sociales de la oposición.
Panorámicamente, individualizamos en lo que sigue algunos de casos sobresalientes de un evidente avance del Poder Ejecutivo sobre los operadores del Derecho, que compromete gravemente la independencia del Poder Judicial y, en definitiva, el Estado de Derecho.
A modo de introito, citamos al Presidente Macri en su declaración más inaceptable: “buscaremos otros jueces que nos representen”
II.- El caso de la Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó.
El Poder Ejecutivo Nacional públicamente intentó lograr la renuncia de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó —designada en el año 2012 mediante el procedimiento legal vigente, con acuerdo del Senado, prestado por una amplia mayoría muy superior a la de miembros del partido de gobierno de ese momento, a la vez que a degradar y restar jerarquía y peso político institucional al Ministerio Público Fiscal en su conjunto, mediante intervenciones de funcionarios y hostigamiento mediático de las grandes empresas de comunicación aliadas al gobierno. Los mensajes requerían la renuncia de la Procuradora General, dando “un paso al costado” para que el nuevo presidente pudiera designar en su lugar a un candidato “de su confianza”, desconociendo los mecanismos constitucionales y legales de destitución previstos, y violentando los principios de autonomía e independencia del Ministerio Público Fiscal.
En algunas de las notas periodísticas, también se amenazó a Gils Carbó con una eventual “reactivación” de causas penales en su contra si no renunciaba, mientras que funcionarios del nuevo gobierno anunciaban su acortamiento del mandato (vitalicio) o destitución, por decreto. Este es el contexto general en que, al no producirse la renuncia, se recortan funciones, se socava la estabilidad e inmunidades funcionales, se quita facultades indispensables para el organismo y, en definitiva, se degrada su independencia y autonomía.
Se agrega material periodístico en abundancia (Anexo III).
III.- Avances sobre el Consejo de la Magistratura.
En la búsqueda de un “proceso de depuración” en los tribunales federales, pues “hay dos jueces federales que deberían dar un paso al costado”, el Gobierno urdió maniobras para destituir a los miembros de la oposición en el Consejo de la Magistratura y designar a simpatizantes suyos o políticamente dóciles.
Se agrega material periodstico (Anexo IV).
IV.- Estigmatización de la Justicia Laboral y de abogadas y abogados laboralistas.
Siendo la profesión de abogado y su protección objeto de distintos instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, el Presidente Mauricio Macri pública y reiteradamente descalificó tanto a los Jueces del Fuero Laboral como a los abogados laboralistas.
Un caso saliente es el de Héctor Recalde, diputado de Frente para la Victoria, abogado de larga trayectoria en el fuero laboral, calificado como “mafioso” por el Presidente Macri.
Se agrega material periodístico (Anexo V) .
V.- Persecución a profesionales del Derecho y activistas de derechos humanos.
Simultáneamente, se produjeron actos de inocultable persecución a abogados intervinientes en casos de lesa humanidad o derechos humanos, como la promoción artificiosa de denuncias en su contra (caso del Dr. Luis Hernán Paz, abogado de la diputada del Parlasur Milagro Sala, a quien se le instruyó ante la Fiscalía 4 de Jujuy una causa por supuestas amenazas, o el de la Dra. Elizabeth Gómez Alcorta, a quien se promovió una causa penal por usurpación de títulos y honores por haberse presentado en una de las causas sin tener matrícula federal, siendo que agregó una constancia de la Cámara Federal de San Martín que la habilitaba), víctima, además de un sospechoso robo en su estudio, o atentados en la casa particular del Dr. Jorge F. Cholvis, presidente del Instituto Arturo E. Sampay, y denunciante, junto a los dres. Arístides Corti y Eduardo S. Barcesat, del actual presidente de la República Ing. Mauricio Macri, tanto por la negociación con los “fondos buitres”, como por la investigación de la actividad desarrollada por el Presidente y otros funcionarios a través de sociedades “off shore”, o la descalificación pública del Juez Provincial Rubén Marigo.
La Dra. Paula Álvarez Carreras y el Dr. Néstor Ariel Ruarte, el 7 de junio de 2016 fueron sancionados económicamente por el juez Pablo Pullén Llermanos por haber presentado un hábeas corpus a favor de las personas privadas de su libertad en el Penal de Mujeres de Alto Comedero –donde también se encontraba alojada la diputada del Parlasur Milagro Sala- porque, en pleno invierno, debían ducharse con agua helada. La Cámara de Apelaciones anuló la sanción. Por otro lado, el Dr. Ruarte sufrió en dos oportunidades roturas de los vidrios de su vehículo y su madre fue amenazada telefónicamente. El 27 de octubre de 2017, el Sr. Juez Pullén Llermanos, en un nuevo fallo ilegal y arbitrario multó a la Dra. Paula Álvarez Carreras y al Dr. Luis Paz con la suma de 20 mil pesos a cada uno por haber presentado una recusación que consideró “maliciosa”. Esto último en un caso sobre el cual el presidente Macri declaró públicamente y con referencia a la parlamentaria Milagro Sala, violando la presunción de inocencia, que “a los argentinos nos parece que cometió delitos”.
En julio de 2018, el abogado y defensor de derechos humanos Iván Bordón fue detenido en la ciudad de Tostado, cuando se encontraba representando legalmente a una familia durante un allanamiento. Las fuerzas policiales que llevaban a cabo el allanamiento le impidieron observar el procedimiento y, cuando el defensor se quejó, fue golpeado y detenido por los efectivos policiales bajo la figura de “resistencia a la autoridad”. Existen casos como el abogado de derechos humanos César Sivo, quien recientemente sufrió pintadas en su casa, amenazas, rotura de vidrios en su automóvil.
Todo ello es sin duda otra muestra de la presión que se ejerce sobre los abogados y jueces actuantes en causas de violación de los Derechos Humanos.
VI.- Presiones sobre Magistrados y Fiscales.
Sin pretender agotar la nómina de vulneraciones del Poder Ejecutivo sobre la Magistratura, mencionamos las siguientes (en cada caso se acompaña el correspondiente material periodístico):
● Raúl Eugenio Zaffaroni. Diputados oficialistas presentaron un proyecto de resolución para que la Cámara baja pida su remoción como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por lo que definió como “su manifiesta inhabilidad moral, su actuación partidista incompatible con sus funciones y su reiterada desvalorización de los principios democráticos”. La iniciativa, impulsada por Fernando Iglesias, lleva también las firmas del titular del interbloque de Cambiemos en la Cámara baja, Mario Negri, del jefe de la bancada del PRO, Nicolás Massot y de Pablo Tonelli.
● Luis Federico Arias. Un legislador del partido gobernante (Cambiemos) solicitó un jury contra dicho magistrado después de que interviniera en un conflicto entre el gobierno de la Pcia. de Buenos Aires y el gremio de docentes . Se adjuntan otros trabajos periodísticos sobre la misma persecución. Finalmente, el Juez Luis Federico Arias terminó siendo destituido, básicamente por el contenido de sus pronunciamientos no alineados con las políticas gubernamentales.
● Carlos Rozanski, ex juez federal del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, tribunal que condenó a gran parte de los represores en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la última dictadura, fue hostigado hasta lograr su renuncia.
● Eduardo Freiler. Camarista Federal, hostigado por sus votos (causa Papel Prensa), y por no acompañar una ofensiva judicial contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, fue víctima de una deleznable maniobra urdida para modificar la composición del Consejo de la Magistratura, y así lograr la mayoría requerida para acusarlo ante el Jurado de Enjuiciamiento, órgano que lo destituyó.
● Daniel Rafecas. Juez Federal, señaló que no hubo delito por parte de Cristina Fernández de Kirchner en la firma del memorándum con Irán, fue denunciado por representantes del partido de gobierno (Elisa Carrió) y con dictamen acusatorio de Angel Rozas, pero todavía no lograron la mayoría requerida en el Consejo de la Magistratura ara acusarlo.
● Daniel Rafecas y Ariel Lijo, Jueces Federales, fueron denunciados por el supuesto “cajoneo” de causas a partir de una supuesta auditoría realizada por ONGs allegadas al partido gobernante.
● Martina Forns, Jueza Federal de San Martín, quien había emitido una resolución que frenó el aumento de las tarifas de la electricidad fue públicamente descalificada por funcionarios del Poder Ejecutivo (Aranguren)
● Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, Camaristas Laborales, a quienes les fue promovido juicio político por parte del Ministerio de Trabajo por un fallo en favor de la paritaria bancaria.
● Luis Raffaghelli, Juez Laboral, titular de la Asociación de Jueces del Trabajo, fue descalificado públicamente por funcionarios del Gobierno.
● Carlos Rossi, Juez interviniente en la causa del crimen de la estudiante Micaela García en la ciudad entrerriana de Gualeguay perpetrado por un hombre que fue excarcelado por él, fue públicamente descalificado por el Presidente Macri y el Ministro Garavano.
● Gabriela Baigún, Fiscal quien se pronunció a favor de la liberación de Luis D’Elía y Carlos Zannini fue públicamente descalificada por ello.
● Federico Delgado, Fiscal, fue denunciado por investigar a Gustavo Arribas (jefe de los servicios de inteligencia, AFI), en una causa de corrupción; y fue separado de causas como la denominada “Panamá Papers”
● Gabriela Boquín, Fiscal Comercial, interviniente en la causa del concurso preventivo de la empresa Correo Argentino de la familia Macri, fue objeto de presiones por parte del Poder Ejecutivo.
● Sebastián Casanello, Juez Federal, recibió presiones para que incriminara a la ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner .
La nómina es más extensa (por ejemplo, se recortaron funciones al Asesor Tutelar Gustavo Moreno, y se pretende su desplazamiento, etc.). Han habido presiones sobre magistrados mediante solicitadas firmadas por dirigentes o del partido gobernante, y las ha habido con toda intensidad sobre fiscales.
V.- Graves intromisiones del Poder Ejecutivo en procesos en trámite.
Conjuntamente con una inadmisible intromisión de los medios de información en procesos en trámite (con titulares como “procesarán” , quedará “cerca del procesamiento” , “irá preso” , dictarían la prisión preventiva , un testimonio “clave” compromete a fulano , o lo “complica” , “confirmarán el procesamiento” , etc.), también ha habido pronunciamientos públicos de funcionarios del poder ejecutivo sobre juicios en curso, intentando intercalar decisiones en su favor o en contra de la oposición. Por ejemplo: El Poder Ejecutivo está inquieto por la presión internacional para que liberen a Milagro Sala, pero apoya al gobernador Morales de Jujuy” , responsable del mantenimiento de su encarcelamiento, o “Macri celebró la reactivación de la denuncia contra Cristina. El presidente dijo que le “cayó bien” el fallo de Casación y cuestionó al juez Rafecas por no haber investigado”.
Ello contraviene frontalmente la Observación General 32 del Comité de Derechos Humanos (ART 14 EL DERECHO A UN JUICIO IMPARCIAL Y A LA IGUALDAD ANTE LOS TRIBUNALES Y CORTES DE JUSTICIA, PIDCP (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) , 90 PERIODO DE SESIONES 2007, que nítidamente establece en su apartado nº 19, que “[xxx]. Toda situación en que las funciones y competencias del poder judicial y del poder ejecutivo no sean claramente distinguibles o en la que este último pueda controlar o dirigir al primero es incompatible con el concepto de un tribunal independiente.”
VI.- Conclusiones.
El actual Gobierno, de la República Argentina entró de lleno en un período oscuro en el que la subordinación de la Justicia a las necesidades políticas del poder ya es inocultable.
La actual desarticulación de toda independencia del Poder Judicial no tiene precedentes en el país.
La Asociación Americana de Juristas acude a Ud. en pos de una comunicación urgente al Estado Argentino que ponga de resalto la situación general de vulneración sistemática de la independencia judicial y al intento de disciplinar a los jueces competentes y a los abogados de derechos humanos.
Sin otro particular, lo saludamos con nuestra más distinguida consideración.
sábado, 29 de septiembre de 2018
JURISTAS
PRENTACION DE JURISTAS
AAJ denuncia a la ONU la perversa injerencia del gobierno de Macri
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Agosto de 2018
Al Sr. Diego García-Sayán
Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH)
8-14 Avenue de la Paix 1211
Ginebra 10, Suiza
S/D
De nuestra mayor consideración:
En nuestros caracteres de Presidente, y Secretario General, respectivamente, de la Asociación Americana de Juristas, con domicilio en 240 West 98 Street, 9F, New York , NY 10025 nos dirigirnos a Usted solicitándole intervención en la situación que afecta grave y notoriamente la independencia judicial en la República Argentina habida cuenta de una gran cantidad de hechos reveladores de una clara política de estado de dominación y control del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo Nacional, que se describen a continuación.
Nuestra intervención tiende a llamar su atención, solicitándole evalúe formular una comunicación urgente al Estado Argentino sobre la situación general de vulneración sistemática de la independencia judicial.
I.- Contexto general de vulneración de la independencia judicial en la República Argentina.
A partir de la asunción como Presidente de la Nación el 10 de diciembre de 2015, Mauricio Macri inició de inmediato una política de sometimiento del Poder Judicial, comenzando por el Decreto nº 83/15 (Anexo I), mediante el cual intentó, eludiendo el proceso constitucional, designar “en comisión” a dos nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir al 40 por ciento de la cabeza del Poder Judicial compuesta por cinco magistrados reducida a tres luego de las renuncias de los doctores Raúl E. Zaffaroni y Carlos Fayt.
El 29 de diciembre de 2015 el Presidente Mauricio Macri dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) nº 257/15 (Anexo II), por el cual restringió la autarquía económica y financiera del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. La norma debilitó dichos organismos, al limitar sus competencias constitucionales -estatuidos como poderes públicos independientes y autónomos en la estructura del Estado Nacional-, sujetándolos al control forzado del Poder Ejecutivo. Sobre esta última problemática se acompaña copia de la presentación realizada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
A partir de ese movimiento inicial, sobrevinieron multitud de presiones (i) sobre integrantes del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, (ii) sobre abogadas y abogados defensores en causas vinculadas a violaciones de derechos humanos y, también, (iii) reiteradas intromisiones del Poder Ejecutivo sobre procesos en trámite, particularmente en lo que terminó siendo una persecución desatada contra líderes políticos y sociales de la oposición.
Panorámicamente, individualizamos en lo que sigue algunos de casos sobresalientes de un evidente avance del Poder Ejecutivo sobre los operadores del Derecho, que compromete gravemente la independencia del Poder Judicial y, en definitiva, el Estado de Derecho.
A modo de introito, citamos al Presidente Macri en su declaración más inaceptable: “buscaremos otros jueces que nos representen”
II.- El caso de la Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó.
El Poder Ejecutivo Nacional públicamente intentó lograr la renuncia de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó —designada en el año 2012 mediante el procedimiento legal vigente, con acuerdo del Senado, prestado por una amplia mayoría muy superior a la de miembros del partido de gobierno de ese momento, a la vez que a degradar y restar jerarquía y peso político institucional al Ministerio Público Fiscal en su conjunto, mediante intervenciones de funcionarios y hostigamiento mediático de las grandes empresas de comunicación aliadas al gobierno. Los mensajes requerían la renuncia de la Procuradora General, dando “un paso al costado” para que el nuevo presidente pudiera designar en su lugar a un candidato “de su confianza”, desconociendo los mecanismos constitucionales y legales de destitución previstos, y violentando los principios de autonomía e independencia del Ministerio Público Fiscal.
En algunas de las notas periodísticas, también se amenazó a Gils Carbó con una eventual “reactivación” de causas penales en su contra si no renunciaba, mientras que funcionarios del nuevo gobierno anunciaban su acortamiento del mandato (vitalicio) o destitución, por decreto. Este es el contexto general en que, al no producirse la renuncia, se recortan funciones, se socava la estabilidad e inmunidades funcionales, se quita facultades indispensables para el organismo y, en definitiva, se degrada su independencia y autonomía.
Se agrega material periodístico en abundancia (Anexo III).
III.- Avances sobre el Consejo de la Magistratura.
En la búsqueda de un “proceso de depuración” en los tribunales federales, pues “hay dos jueces federales que deberían dar un paso al costado”, el Gobierno urdió maniobras para destituir a los miembros de la oposición en el Consejo de la Magistratura y designar a simpatizantes suyos o políticamente dóciles.
Se agrega material periodstico (Anexo IV).
IV.- Estigmatización de la Justicia Laboral y de abogadas y abogados laboralistas.
Siendo la profesión de abogado y su protección objeto de distintos instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, el Presidente Mauricio Macri pública y reiteradamente descalificó tanto a los Jueces del Fuero Laboral como a los abogados laboralistas.
Un caso saliente es el de Héctor Recalde, diputado de Frente para la Victoria, abogado de larga trayectoria en el fuero laboral, calificado como “mafioso” por el Presidente Macri.
Se agrega material periodístico (Anexo V) .
V.- Persecución a profesionales del Derecho y activistas de derechos humanos.
Simultáneamente, se produjeron actos de inocultable persecución a abogados intervinientes en casos de lesa humanidad o derechos humanos, como la promoción artificiosa de denuncias en su contra (caso del Dr. Luis Hernán Paz, abogado de la diputada del Parlasur Milagro Sala, a quien se le instruyó ante la Fiscalía 4 de Jujuy una causa por supuestas amenazas, o el de la Dra. Elizabeth Gómez Alcorta, a quien se promovió una causa penal por usurpación de títulos y honores por haberse presentado en una de las causas sin tener matrícula federal, siendo que agregó una constancia de la Cámara Federal de San Martín que la habilitaba), víctima, además de un sospechoso robo en su estudio, o atentados en la casa particular del Dr. Jorge F. Cholvis, presidente del Instituto Arturo E. Sampay, y denunciante, junto a los dres. Arístides Corti y Eduardo S. Barcesat, del actual presidente de la República Ing. Mauricio Macri, tanto por la negociación con los “fondos buitres”, como por la investigación de la actividad desarrollada por el Presidente y otros funcionarios a través de sociedades “off shore”, o la descalificación pública del Juez Provincial Rubén Marigo.
La Dra. Paula Álvarez Carreras y el Dr. Néstor Ariel Ruarte, el 7 de junio de 2016 fueron sancionados económicamente por el juez Pablo Pullén Llermanos por haber presentado un hábeas corpus a favor de las personas privadas de su libertad en el Penal de Mujeres de Alto Comedero –donde también se encontraba alojada la diputada del Parlasur Milagro Sala- porque, en pleno invierno, debían ducharse con agua helada. La Cámara de Apelaciones anuló la sanción. Por otro lado, el Dr. Ruarte sufrió en dos oportunidades roturas de los vidrios de su vehículo y su madre fue amenazada telefónicamente. El 27 de octubre de 2017, el Sr. Juez Pullén Llermanos, en un nuevo fallo ilegal y arbitrario multó a la Dra. Paula Álvarez Carreras y al Dr. Luis Paz con la suma de 20 mil pesos a cada uno por haber presentado una recusación que consideró “maliciosa”. Esto último en un caso sobre el cual el presidente Macri declaró públicamente y con referencia a la parlamentaria Milagro Sala, violando la presunción de inocencia, que “a los argentinos nos parece que cometió delitos”.
En julio de 2018, el abogado y defensor de derechos humanos Iván Bordón fue detenido en la ciudad de Tostado, cuando se encontraba representando legalmente a una familia durante un allanamiento. Las fuerzas policiales que llevaban a cabo el allanamiento le impidieron observar el procedimiento y, cuando el defensor se quejó, fue golpeado y detenido por los efectivos policiales bajo la figura de “resistencia a la autoridad”. Existen casos como el abogado de derechos humanos César Sivo, quien recientemente sufrió pintadas en su casa, amenazas, rotura de vidrios en su automóvil.
Todo ello es sin duda otra muestra de la presión que se ejerce sobre los abogados y jueces actuantes en causas de violación de los Derechos Humanos.
VI.- Presiones sobre Magistrados y Fiscales.
Sin pretender agotar la nómina de vulneraciones del Poder Ejecutivo sobre la Magistratura, mencionamos las siguientes (en cada caso se acompaña el correspondiente material periodístico):
● Raúl Eugenio Zaffaroni. Diputados oficialistas presentaron un proyecto de resolución para que la Cámara baja pida su remoción como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por lo que definió como “su manifiesta inhabilidad moral, su actuación partidista incompatible con sus funciones y su reiterada desvalorización de los principios democráticos”. La iniciativa, impulsada por Fernando Iglesias, lleva también las firmas del titular del interbloque de Cambiemos en la Cámara baja, Mario Negri, del jefe de la bancada del PRO, Nicolás Massot y de Pablo Tonelli.
● Luis Federico Arias. Un legislador del partido gobernante (Cambiemos) solicitó un jury contra dicho magistrado después de que interviniera en un conflicto entre el gobierno de la Pcia. de Buenos Aires y el gremio de docentes . Se adjuntan otros trabajos periodísticos sobre la misma persecución. Finalmente, el Juez Luis Federico Arias terminó siendo destituido, básicamente por el contenido de sus pronunciamientos no alineados con las políticas gubernamentales.
● Carlos Rozanski, ex juez federal del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, tribunal que condenó a gran parte de los represores en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la última dictadura, fue hostigado hasta lograr su renuncia.
● Eduardo Freiler. Camarista Federal, hostigado por sus votos (causa Papel Prensa), y por no acompañar una ofensiva judicial contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, fue víctima de una deleznable maniobra urdida para modificar la composición del Consejo de la Magistratura, y así lograr la mayoría requerida para acusarlo ante el Jurado de Enjuiciamiento, órgano que lo destituyó.
● Daniel Rafecas. Juez Federal, señaló que no hubo delito por parte de Cristina Fernández de Kirchner en la firma del memorándum con Irán, fue denunciado por representantes del partido de gobierno (Elisa Carrió) y con dictamen acusatorio de Angel Rozas, pero todavía no lograron la mayoría requerida en el Consejo de la Magistratura ara acusarlo.
● Daniel Rafecas y Ariel Lijo, Jueces Federales, fueron denunciados por el supuesto “cajoneo” de causas a partir de una supuesta auditoría realizada por ONGs allegadas al partido gobernante.
● Martina Forns, Jueza Federal de San Martín, quien había emitido una resolución que frenó el aumento de las tarifas de la electricidad fue públicamente descalificada por funcionarios del Poder Ejecutivo (Aranguren)
● Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, Camaristas Laborales, a quienes les fue promovido juicio político por parte del Ministerio de Trabajo por un fallo en favor de la paritaria bancaria.
● Luis Raffaghelli, Juez Laboral, titular de la Asociación de Jueces del Trabajo, fue descalificado públicamente por funcionarios del Gobierno.
● Carlos Rossi, Juez interviniente en la causa del crimen de la estudiante Micaela García en la ciudad entrerriana de Gualeguay perpetrado por un hombre que fue excarcelado por él, fue públicamente descalificado por el Presidente Macri y el Ministro Garavano.
● Gabriela Baigún, Fiscal quien se pronunció a favor de la liberación de Luis D’Elía y Carlos Zannini fue públicamente descalificada por ello.
● Federico Delgado, Fiscal, fue denunciado por investigar a Gustavo Arribas (jefe de los servicios de inteligencia, AFI), en una causa de corrupción; y fue separado de causas como la denominada “Panamá Papers”
● Gabriela Boquín, Fiscal Comercial, interviniente en la causa del concurso preventivo de la empresa Correo Argentino de la familia Macri, fue objeto de presiones por parte del Poder Ejecutivo.
● Sebastián Casanello, Juez Federal, recibió presiones para que incriminara a la ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner .
La nómina es más extensa (por ejemplo, se recortaron funciones al Asesor Tutelar Gustavo Moreno, y se pretende su desplazamiento, etc.). Han habido presiones sobre magistrados mediante solicitadas firmadas por dirigentes o del partido gobernante, y las ha habido con toda intensidad sobre fiscales.
V.- Graves intromisiones del Poder Ejecutivo en procesos en trámite.
Conjuntamente con una inadmisible intromisión de los medios de información en procesos en trámite (con titulares como “procesarán” , quedará “cerca del procesamiento” , “irá preso” , dictarían la prisión preventiva , un testimonio “clave” compromete a fulano , o lo “complica” , “confirmarán el procesamiento” , etc.), también ha habido pronunciamientos públicos de funcionarios del poder ejecutivo sobre juicios en curso, intentando intercalar decisiones en su favor o en contra de la oposición. Por ejemplo: El Poder Ejecutivo está inquieto por la presión internacional para que liberen a Milagro Sala, pero apoya al gobernador Morales de Jujuy” , responsable del mantenimiento de su encarcelamiento, o “Macri celebró la reactivación de la denuncia contra Cristina. El presidente dijo que le “cayó bien” el fallo de Casación y cuestionó al juez Rafecas por no haber investigado”.
Ello contraviene frontalmente la Observación General 32 del Comité de Derechos Humanos (ART 14 EL DERECHO A UN JUICIO IMPARCIAL Y A LA IGUALDAD ANTE LOS TRIBUNALES Y CORTES DE JUSTICIA, PIDCP (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) , 90 PERIODO DE SESIONES 2007, que nítidamente establece en su apartado nº 19, que “[xxx]. Toda situación en que las funciones y competencias del poder judicial y del poder ejecutivo no sean claramente distinguibles o en la que este último pueda controlar o dirigir al primero es incompatible con el concepto de un tribunal independiente.”
VI.- Conclusiones.
El actual Gobierno, de la República Argentina entró de lleno en un período oscuro en el que la subordinación de la Justicia a las necesidades políticas del poder ya es inocultable.
La actual desarticulación de toda independencia del Poder Judicial no tiene precedentes en el país.
La Asociación Americana de Juristas acude a Ud. en pos de una comunicación urgente al Estado Argentino que ponga de resalto la situación general de vulneración sistemática de la independencia judicial y al intento de disciplinar a los jueces competentes y a los abogados de derechos humanos.
Sin otro particular, lo saludamos con nuestra más distinguida consideración.
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