JUSTICIA-POLÍTICA-VIOLENCIA

Panorama político nacional de los últimos siete días Justicia, política y violencia El fallo del juez federal Claudio Bonadío que esta semana procesó y pidió el desafuero de la expresidente Cristina Kirchner y dictó la prisión preventiva a varios ex funcionarios K (entre ellos, el ex canciller Héctor Timerman y el ex secretario Legal y Técnico, Carlos Zanini) desplazó de las coberturas mediáticas temas como la búsqueda del ARA San Juan o el hecho de que en el Sur se está gestando una guerrilla de nuevo tipo. Famosa como es por la feracidad de sus campos, Argentina se destaca más aún por la fertilidad con que genera temas conmocionantes y la velocidad con la que parece consumirlos. Las noticias se suceden vertiginosamente y a menudo unas reemplazan a otras y las empujan o las devuelven temporaria (y a veces largamente) a la penumbra. La Justicia y la política Pedir el desafuero y promover la prisión preventiva de un ex mandatario no es poca cosa. Acusar a ese ex funcionario de traición a la patria implica palabras aún mayores y las consecuencias provocan, naturalmente, una conmoción. Son muchos los especialistas que, aún considerando bochornoso el acuerdo con Irán promovido por el gobierno de Cristina Kirchner (y aprobado por el Congreso), lo caracterizan como no pasible de acción judicial alguna, por tratarse de un acto de gobierno legítimo dentro del marco de las decisiones políticas. Evidentemente, el juez Bonadío se basó en un criterio distinto, actuó apoyándose en una densa investigación que ya había iniciado el asesinado fiscal Alberto Nisman. Si su fallo requiere corrección, la lógica institucional prevé los pasos para hacerlo. De todos modos, la política y la opinión pública se mueven con ritmos a menudo más veloces que la Justicia. Y el fallo suscitó consecuencias políticas inmediatas. La señora de Kirchner encontró un argumento plausible para victimizarse y para instrumentar una contraofensiva, culpando al Poder Ejecutivo por la medida del juez y alegando que se trataba de ese modo de amordazar o debilitar las denuncias de la oposición contra las reformas que promueve el gobierno. Así, la presunta víctima (de un desafuero en rigor impracticable) pasaba a adquirir una centralidad temporaria que la realidad y los números le niegan (3 de cada 4 senadores peronistas se han inscripto en el bloque “federal” liderado por Miguel Pichetto e inspirado por los gobernadores de ese signo, tomando distancia del que comandará la señora de Kirchner). Sucede que el explosivo fallo de Bonadío alteró la atmósfera de negociación -tensa pero encarrilada- que reinaba entre el oficialismo y el llamado “peronismo constructivo”. Nadie quiso aparecer asociado a una decisión judicial obviamente inconsulta y para la mayoría, “excesiva”. En esta columna se había señalado hace algunas semanas que desde la política (y desde el gobierno) se observaba con preocupación “la conducta de los jueces que tratan de mejorar su imagen pública apelando al ímpetu y a la espectacularidad”. Se señalaba asimismo “el riesgo de que los procedimientos que hoy son empleados sobre personajes como Boudou o De Vido, basados en una extensión de los criterios preventivos asentada en un reciente fallo redactado por el juez Martín Irurzun, puedan eventualmente ser aplicados a funcionarios actuales o futuros o a amigos del poder”. En rigor, el peligro reside en que los excesos de la política sean combatidos con excesos de la Justicia. El nuevo sistema político nacido de la derrota del kirchnerismo en 2015 se ha tomado un tiempo para reaccionar: el peronismo senatorial que lidera Pichetto anunció enseguida que no concederá el desafuero a ningún miembro de la Cámara si no existe una sentencia firme contra él; el oficialismo, por su parte, anuncia que propondrá una ley que restrinja las medidas judiciales preventivas. Esa coincidencia tienda a poner límites a eventuales invasiones de la Justicia así como al empleo político de la victimización por parte del mundo K obligado a frecuentar los tribunales. Las reformas, en remojo Si en algo benefició al gobierno la sensación suscitada por el fallo de Bonadío fue que por algunas horas el espacio mediático que ocupaban las protestas de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan quedó invadido por las peripecias de la expresidente y los otros encausados. De todos modos, el saldo general fue más vidrioso. Ahora el gobierno tiene que remar por las reformas que busca en una atmósfera más pesada que la que imperaba antes del fallo. De las tres grandes reformas que el oficialismo celebraba una semana atrás, sólo parece garantizada hoy la fiscal (que es la que interesa directamente a los gobernadores); la laboral no se tratará por el momento, se posterga hasta las ordinarias de 2018. En cuanto a la módica reforma previsional (básicamente, el rediseño del cálculo con el que se actualizan los haberes jubilatorios), es dudosos que pueda pasar el examen de la Cámara Baja con su texto actual, que ni siquiera complace a figuras fuertes de la coalición gobernante (caso Elisa Carrió). Con todo, la Casa Rosada puede mostrarse satisfecha con los logros parciales: al menos ha conseguido abrir debates que parecían imposibles. El desafío del indigenismo armado El riesgo de la sucesión de temas políticos que irrumpen en el escenario reside en que lo urgente desplace lo importante. El tema de la defensa nacional es un asunto trascendental que quedó bajo los focos por la gravísima pérdida del ARA San Juan y también por el desafío insurgente de una nueva guerrilla en la Patagonia argentina. Y que es imperioso mantener en el escenario. La Resistencia Ancestral Mapuche que opera en la Patagonia argentina es todavía un fenómeno en gestación, pero conviene no considerarla aisladamente; se trata de una extensión de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), que hace años despliega su acción en territorio chileno y es considerada allí una organización terrorista. La CAM reivindica la recuperación de la cultura mapuche y se caracteriza como un “anticapitalismo indianista”. Aunque en sus documentos invoca una “cosmovisión mapuche” que está, afirman, “en contradicción insalvable con el pensamiento occidental”, la CAM admite que. en su elaboración política, emplea “ciertas herramientas de análisis que pueden ser consideradas winka (el materialismo histórico por ejemplo)”. ¿Marxismo indiano? En cualquier caso, lo que caracteriza el desafío de la CAM no es tanto su narrativa ideológica, sino la combinación de ese argumento con una acción, que pretende, como ellos señalan, “poner freno a las relaciones de mercado por medio de la acción directa, ya sea a través de las recuperaciones de tierras, los sabotaje y/o boicot a la presencia del capital nacional y trasnacional “. En el plano operativo, la CAM “terceriza” los atentados en células independientes que funcionan con autonomía, los llamados Órganos de Resistencia Territorial (ORT), una especie de sistema de “franquicias” que funciona con grupos independientes de la CAM. Así lo explicó la CAM un año atrás: “Daremos libertad de acción a nuestros ORT-CAM, los cuales podrán definir sus acciones de acuerdo a sus criterios, respetando nuestra ética, normas y fundamentos políticos estratégicos como organización mapuche”. Fuerza propia o impotencia El vínculo entre la RAM local y la CAM chilena estaría encuadrado en esa lógica que, sin ser idéntica, tiene rasgos semejantes a la que pone en práctica Estado Islámico para cubrir bajo su paraguas a grupos de espontáneos y “lobos sueltos” de distintas latitudes. Habría que entender el desafío como un fenómeno de contaminación que no reconoce la frontera política entre Argentina y Chile, sino que la atraviesa. De hecho, es más que probable que una acción más enérgica del estado chileno sobre la insurgencia mapuche del otro lado de la cordillera (como sería previsible en un gobierno de Miguel Piñera) determine un repliegue de fuerzas de ese extremismo hacia territorio argentino: un espacio escasamente custodiado y con un sistema defensivo que no tiene siquiera capacidad de disuasión por los límites operativos y políticos en los que se mueve. Y con una problemática de base que muestra reivindicaciones legítimas de los pueblos originarios que el Estado ha desatendido e incumplido, ofreciendo así otro flanco vulnerable para la acción insidiosa. Es preciso, en primer lugar, poner en marcha una política auténticamente integradora, en el marco de la Constitución. Paralelamente es indispensable actualizar conceptos y adecuarlos a la realidad y a los tiempos. La muralla que, por ejemplo, se pretendió erigir prohibiendo a las Fuerzas Armadas la acción en temas considerados “de seguridad interior” responde a un concepto anacrónico. ¿Dónde es afuera y dónde adentro en casos como este, en los que se asiste a acciones coordinadas de sectores que dicen encarnar una identidad que atraviesa, enfrenta y niega la realidad del Estado Nacional? En un orden cosas más amplio: ¿cómo afrontar con ese viejo criterio de “interior” -“exterior” ese aspecto creciente de la guerra contemporánea que se da en el ciberespacio? Lo urgente puede conmocionar. De hecho, es razonable que circunstancias como el procesamiento de altos funcionarios recientes ocupen la atención pública. Es esencial, sin embargo, que la polémica sobre hechos judiciables se libre al ámbito de los Tribunales y que la política se ocupe con intensidad de las cuestiones de fondo que influyen sobre el poder o la impotencia de la Argentina y los argentinos. Jorge Raventos