EL FALLO

EL FALLO DE LA CORTE SALVÓ LA REPUBLICA Por el Dr. Jorge R. Enríquez (*) Como seguramente le habrá ocurrido a la inmensa mayoría de los argentinos, el pasado martes 18 de junio, sentí una profunda satisfacción cívica al conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fulminaba por inconstitucional el corazón de la reforma judicial kirchnerista tendiente a domesticar la Justicia, o sea, la ley modificatoria del Consejo de la Magistratura. La sentencia no sólo ratifica la férrea voluntad republicana de los magistrados, sino que se realiza en una situación de constante persecución y descalificación a los ministros de la Corte. Se había echado sobre el poder judicial independiente el peso de las ignominiosas presiones de todo el aparato político del Ejecutivo Nacional con la evidente intención de obtener una resolución favorable. La Corte no se amilanó y puso un freno al ejercicio abusivo del poder y tradujo en su sentencia la voluntad mayoritaria del pueblo argentino de seguir viviendo en una República. Como era esperable, el oficialismo criticó con toda dureza el fallo y a los miembros del Alto Tribunal que lo dictara, con un total desprecio por el Estado de Derecho, el principio de división de poderes y las instituciones de la República. Abundaron las diatribas, inflamadas de odio y fanatismo, alentadas desde el vértice del Poder Ejecutivo y ejecutadas obsecuentemente por los esbirros y aplaudidores de siempre. En la celebración del Día de la Bandera, que convirtió –como suele hacer- en un acto partidario que nos permitió anoticiarnos de que Manuel Belgrano había sido kirchnerista, Cristina Kirchner dijo que en 2015 le gustaría ser jueza de primera instancia, porque los jueces en la Argentina creen tener más poder que los legisladores y los presidentes. Para ello debería sortear dos obstáculos: 1) acreditar que es abogada, circunstancia que hasta ahora está envuelta en un halo de misterio; 2) acreditar que posee sólidos conocimientos jurídicos como para pasar exitosamente los exámenes del Consejo de la Magistratura. Esta última valla es casi insuperable, como puede colegirlo cualquiera que la escuche hablar de cuestiones legales. Sabemos, sin embargo, que la presidente no aspira a ejercer la función judicial, sino que simplemente quiso ser irónica y atacar a los jueces –y, en especial, a la Corte Suprema- por haber declarado la inconstitucionalidad de los aspectos sustanciales de la reforma al Consejo de la Magistratura. Según los corifeos del oficialismo, declarar la inconstitucionalidad de una ley sancionada por el Congreso es nada menos que actuar en contra del pueblo mismo. Pero como la propia Corte lo recordó en su fallo, el gobierno nacional impulsó la inconstitucionalidad de la ley de obediencia debida, también sancionada años antes por el Congreso. Entonces, ¿el control de constitucionalidad es un triunfo del pueblo cuando su resultado coincide con los deseos del kirchnerismo y un acto de traición a la patria cuando su resultado es adverso a esos deseos? Es tan burdo el argumento que corremos el riesgo de degradarnos a nosotros mismos al contestarlo. Es, no obstante, nuestro deber hacerlo, porque la palabra de la titular del Poder Ejecutivo, propalada ad infinitum por la cadena oficial y paraoficial de medios –que abarca más del 80% de los canales de TV y radios existentes- es recibida sin precauciones por mucha gente que no tiene por qué presumir que desde el la cima del poder se le miente en la cara de la forma más grosera. La Corte no usurpó funciones que no le corresponden. Tan sólo cumplió con su deber, que es el que desde 1862 les impone a todos los jueces federales la ley 27, la primera ley de organización de la justicia federal, cuando en su artículo 3º establece: “Uno de sus objetos es sostener la observancia de la Constitución nacional, prescindiendo, al decidir las causas, de toda disposición de cualquiera de los otros poderes nacionales que esté en oposición con ella”. Es eso lo que resolvió el alto tribunal. Otros casos admiten diversas interpretaciones. En este, toda la comunidad jurídica cerró filas en torno a la manifiesta incompatibilidad de la elección popular de abogados, jueces y académicos para integrar el Consejo de la Magistratura con el texto del artículo 114 de la Constitución. Es lamentable que un jurista de vasta trayectoria académica como el doctor Zaffaroni haya terminado de demostrar con su voto en disidencia que no forma parte de la Corte como un juez, sino como un operador político del Poder Ejecutivo. Ese compromiso partidario lo llevó al extremo de borrar con el codo en su voto lo que dijo como convencional constituyente en 1994. Por suerte, sus pares honraron el juramento que prestaron al asumir sus cargos: defendieron a la Constitución y salvaron a la República. (*) Crónica y Análisis publica el presente artículo por gentileza de su autor el Dr. Jorge R. Enríquez - Abogado - Periodista y ex legislador porteño.