COSTO DE LOS CHORROS

Costos de gestionar mal el delito por Martin Tetaz Economista, profesor de la UNLP y la UNNoBA, investigador del Instituto de Integración Latinoamericana (IIL) e investigador visitante del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (CEDLAS) CADA UNO DE LOS 28.273 PRESOS LE CUESTA AL ESTADO PROVINCIAL $12.730 POR MES La mano se hizo amiga de lo ajeno, rápido pero con naturalidad. Aprovechando los movimientos del colectivo, dos dedos trabaron pinza sobre el celular de gama media que terminó perdiéndose entre la anatomía delantera de una piba chorra que no debía pasar los 20 años. Los pasajeros hicieron el trabajo de la fuerza pública, rodearon a la ladrona y gracias a la calma que puso el improvisado líder de la resistencia, la cosa no pasó a mayores, porque en otra de las tantas realizaciones posibles de la historia vuela un bife y la gente descarga la angustia acumulada, con forma de linchamiento. Según la última encuesta del Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas (LICIP) de la Universidad Di Tella, en 37,9% de los hogares sufrieron un delito en los últimos 12 meses, siendo la medición 4,1 puntos porcentuales peor que la del mismo mes del año pasado. En contraste, el presupuesto que la provincia de Buenos Aires destina a la función seguridad asciende a 18.430.984.000 por año, habiendo crecido 27,9% en términos reales (descontando la inflación) en los últimos 6 años, y cada uno de los 28.273 presos le cuesta al Estado provincial $12.730 por mes (de acuerdo con el presupuesto destinado al servicio penitenciario). En síntesis, gastamos más plata en policías, dilapidamos más dinero en cárceles y presos, pero el sistema no funciona. Al fin de cuentas, el deficiente servicio de seguridad que provee el Gobierno le cuesta a cada uno de los bonaerenses 1.117 pesos por año (a una familia tipo, por lo tanto, le cuesta casi 4.500 pesos anuales), lo que obliga a pensar si no existen formas más baratas de resolver el problema de la inseguridad, o si en todo caso no se puede garantizar más y mejor seguridad con todo ese dinero. ¿PARA QUÉ SIRVEN LAS CÁRCELES? El artículo 18 de la Constitución Nacional reza: "Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice". Pero la pregunta que surge, es si son realmente necesarias y si no hay otro método que pueda lograr los mismos objetivos de rehabilitación social, de manera más eficiente; esto es: insumiendo menores costos o logrando mejores resultados. Por ejemplo, Rafael Di Tella y Ernesto Schargrodsky demostraron en una notable investigación científica que los presos que habían sido liberados luego de cumplir condenas domiciliarias con tobilleras magnéticas tenían entre un 47 y un 59% menos de probabilidad de reincidir que los que habían cumplido su condena en una cárcel. Si el objetivo es la rehabilitación social, pues una baja tasa de reincidencia puede ser interpretada como un resultado exitoso. Alternativamente, y siempre pensando en delitos contra la propiedad, puede pensarse en hacer que el derecho penal sea más parecido al civil, eliminando las penas de cárcel por penas pecuniarias en las que el delincuente tenga que resarcir a la víctima. El Juez penal Ricardo Rojas ha postulado una idea parecida a ésta en el libro "Las contradicciones del Derecho Penal". MEJOR PREVENIR QUE CURAR El segundo mejor escenario posible es por supuesto aquel en el que todos los delincuentes terminan en la cárcel. Estados Unidos, por ejemplo, es el octavo país del mundo con más robos (133 cada 100.000 habitantes, según Naciones Unidas), pero tienen también la tasa más alta de presos, con 707 reclusos cada 100.000 habitantes. El mejor país del mundo, sin embargo, es aquel en el que no se cometen los delitos y que por lo tanto, además de ser más seguro, no necesita tirar dinero a la basura en cárceles. Japón es el país con menos robos en el planeta, con sólo 4 cada 100.000 personas, siendo lógicamente uno de los que tiene menos gente en la cárcel, con sólo 51 presos cada 100.000 habitantes. Holanda, Alemania, Finlandia y Noruega son también ejemplos a seguir en el mismo sentido. Obviamente no se me escapa que culturalmente estamos muy lejos de los japoneses y que socioeconómicamente no somos Alemania, pero hay algunas cosas que podemos hacer con decisión y poco dinero, para reducir el delito. La primera es procurar la eliminación del uso de efectivo. Esto se lograría masificando tarjetas, haciendo obligatorio (y subsidiado por el Estado) el Posnet, y aprovechando las potencialidades de la SUBE que podría ser usada como una tarjeta pre paga en todo tipo de comercios. Además, para terminar con los vivos, cada vez que un negocio pone "Tarjetas suspendidas momentáneamente por problemas de sistema" habría que cerrarle el local hasta que resuelva sus "problemas de sistema" y esté en condiciones de trabajar. La segunda medida sería supeditar la conexión de una línea a la presentación de la factura de compra del celular, borrando así de un plumazo uno de los principales tipos de robos que ocurren hoy en nuestro país. Un sistema análogo puede implementarse para la compra de repuestos de autos, donde en oportunidad de la VTV se revisen la procedencia de las autopartes, prohibiendo la carga de nafta a quienes no pasen el control. Muerto el perro, se acabó la rabia, decía el refrán. Sin botín, no hay chorros, sería la nueva versión.