PRESOS ARGENTINOS

Beneficios a presos: el reino del revés Causa estupor la resolución judicial que pretende mejorar las condiciones de los detenidos creando incompatibilidades a partir de un falso garantismo Tanto la ciudadanía como la comunidad jurídica recibieron con inusitada sorpresa la reciente sentencia de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los doctores Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Pedro David, según la cual, las personas que se encuentran detenidas en institutos carcelarios tendrían los mismos derechos que las personas en libertad que se encuentran trabajando bajo relación de dependencia. La Argentina asiste desde hace ya algunos años a un marcado aumento de la población carcelaria en relación directa con una profundización de la marginación y la desigualdad. La consiguiente sobrepoblación penal deja a la vista sólo una de las aristas del problema. Actualmente, la población penitenciaria alojada en cárceles federales asciende a 10.000 internos. El 19 por ciento de ellos tiene un trabajo por el que se percibe el salario mínimo, vital y móvil de $ 4400 mensuales, pero que no corresponden a las aproximadamente 200 horas mensuales que debería cumplir, sino sólo a 40 horas semanales de labor. Casi el 60% no trabaja, trabaja menos cantidad de horas o no tiene la posibilidad de emplearse. Alrededor del 20% de la población carcelaria es extranjera, son en buena parte presos por tráfico y contrabando de estupefacientes, por la falta de funcionamiento del instituto de la deportación. También se registra un notable aumento de mujeres purgando penas en comparación con 15 años atrás, sin políticas de género en este ámbito. Vale también destacar que el 50% de la población carcelaria tiene menos de 32 años, con baja escolaridad y antecedentes de trabajos precarios. La curiosa resolución judicial, dictada en un "hábeas corpus colectivo", iniciado por la Defensa Pública Oficial y la Procuración Penitenciaria de la Nación, plantea que deben equipararse los derechos laborales de los reclusos con los de quienes ejercen un trabajo en libertad, basándose en el principio de "igual remuneración por igual tarea". Conforme a este curioso encuadramiento sobre el denominado "régimen de trabajo intramuros", el recluso pasa a estar en posición de reclamar que se le reconozca un salario digno, aguinaldo, vacaciones, agremiación, horas extras, salario familiar y capacidad de considerarse despedido ante injuria laboral del empleador, con el correspondiente preaviso si fuese un despido sin causa. Resulta indiscutible que el trabajo en prisión constituye una forma de preservar la salud psíquica y física del recluso, que atenúa la vivencia del encierro. Pero compensar este esfuerzo con una forma de retribución que permita un ahorro para la persona que purga una condena es algo que debe revisarse debidamente para evitar caer en graves inconsistencias. Básicamente, porque no escapa a la consideración pública que la relación que se crea dista mucho de encuadrarse dentro de lo que se entiende por contrato de trabajo. Sin perjuicio de la manifiesta incompatibilidad de algunos de esos institutos, salta a la vista la ausencia del requisito previo de todo contrato laboral, esto es la libertad de contratación. El recluso no tiene la menor posibilidad de elegir empleador. En rigor, carece de cualquier fundamento argumentar que el propio Estado pueda ser el empleador de un preso, cuando el origen del vínculo está en la violación de la ley por la que corresponde compulsivamente una pena. Resulta esto tan cuestionable como considerar que el preso pueda ser empleado de su carcelero, del Servicio Penitenciario o del Estado mismo. Sería mucho más razonable en términos filosóficos aplicar también el concepto de "solidaridad" al que son tan afectas las actuales autoridades, para que de su trabajo el condenado a prisión aporte para cubrir los gastos que la manutención en reclusión genera, pues se requieren unos $ 5000 mensuales de inversión estatal mensual por cada preso. Esta práctica tiene lugar en países como Dinamarca y Alemania, y se estudia en Holanda. Sin ánimo de abundar en las múltiples situaciones de incompatibilidad entre un régimen como el carcelario y el contrato de trabajo, el hecho de que la sentencia emanara de un fuero penal que se autoconsideró idóneo para expedirse en la materia confirma en cierto modo que se trata de un vínculo, preso-Estado, que carece de los requisitos esenciales para ser calificado de laboral. En este marco, el titular de la Procuración Penitenciaria, Francisco Mugnolo, agregó que el derecho a considerar el beneficio de antigüedad de los presos sería pues posible y discutible. Imaginemos pues la ridícula paradoja de que aquel convicto cuyo delito mereció más años de condena pase a cobrar un salario comparativamente mayor que el de otros que recobrarán antes la libertad. Estas disparatadas situaciones podrían arrancar carcajadas al más circunspecto de los auditorios si no fuera porque se trata de políticas de Estado, como la que también días atrás había planteado la necesidad de asignar un subsidio para personas transexuales. De sus flacos bolsillos castigados por una inflación que golpea a diario, con una presión fiscal sin precedentes, son los funcionarios de este Gobierno quienes, una vez más, parecen reírse de todos. Empezando por los jubilados, castigados por haberes miserables tras años de aportes y trabajo. Y siguiendo por los familiares de víctimas de la delincuencia y del terrorismo, y por algunos de los propios trabajadores activos, que verían cómo, en esta suerte de reino del revés, quienes delinquieron reciben mejor pago y reconocimiento. Es norma elemental de cualquier régimen jurídico que quien violó la ley deba pagar ante la sociedad por ello y no recibir una paga, más allá de que deben respetarse sus derechos, proveérsele trabajo, capacitación, educación, deporte y atención de su salud. Mejorar las condiciones carcelarias es, sin dudas, una asignatura pendiente, pero no podremos atender estas cuestiones desde el falso garantismo, tal como parecen querer imponernos quienes deberían trabajar más y mejor por nuestra seguridad.