La justicia federal argentina la amenaza mayor a la estabilidad democrática y la seguridad del país.
Recientes declaraciones del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Doctor Ricardo Lorenzetti, hacen público su reconocimiento que en la República sigue reinando la impunidad. Este hecho reviste inusual gravedad por tratarse de la máxima autoridad del Poder Judicial de la Nación. Este reconocimiento es gravísimo, no solo porque fue realizado por el presidente del Tribunal Cimero, sino por las consecuencias nefastas que acarrea para el funcionamiento del Estado de Derecho, las Instituciones republicanas, la seguridad de las personas y fundamentalmente por las consecuencias negativas que recaen sobre el ciudadano particular, que es la víctima primera y única de un poder abusivo en manos de funcionarios sin escrúpulos.
Lorenzetti si bien hizo público este funesto reconocimiento evadió responsabilidades y lavándose las manos cual Pilatos contemporáneo, se limitó a expresar una demanda de "nunca más a la impunidad"[1], reclamó mediáticamente a sus Jueces inferiores a terminar[2] y luchar contra ella[3], intentó una tibia acusación contra sus pares y subordinados desde un lugar distante que no le corresponde pues es, junto con los restantes integrantes del Tribunal Supremo, actor central de la legalización y legitimación de la impunidad. Al extremo que no se explica que, ante el conocimiento de "lesa impunidad" o mera presunción de ella no haya realizado una denuncia ni inició una investigación.
La denuncia pública de la vigencia de las conductas impunes efectuada, por el presidente del máximo tribunal de justicia de la Nación, conmueven a los ciudadanos, no porque los sorprenda, sino porque conviven cotidianamente con ellas, saben a ciencia cierta que ya están institucionalizadas en la Justicia Federal y que sus miembros son militantes políticos, plantean acusaciones y hacen comentarios prejuzgatorios en los medios de comunicación en los que también critican decisiones de sus pares, hacen ostentación de poder, excentricidades, publicitan su orientación ideológica, su vida privada... total nadie los investiga, ni controla sus patrimonios ni declaraciones juradas respectivas, graciosamente gozan de exenciones impositivas y se dan el lujo de dictar resoluciones arbitrarias.
Desconocen la Doctrina que en forma pacífica y unívoca sostiene desde siempre que las "facultades" de los jueces son verdaderos "deberes" para ellos y que dichos "deberes" implican justamente que "deben hacer" todo aquello que conduzca al mejor resultado del proceso, porque esa es la función pública y la verdadera naturaleza del servicio.
Desde hace décadas la justicia federal mantiene en libertad condicional a la sociedad argentina. El territorio nacional se ha convertido en una gran cárcel. Los jueces y fiscales federales, disponen a su arbitrio de la libertad de las personas, violando así, un derecho fundamental. Ante meras presunciones, investigan, imputan, detienen ciudadanos, y de igual forma, sin fundamentación legal, rechazan una denuncia, dejan en libertad, frenan un procedimiento... todo ello sin argumentación jurídica. Son verdaderos mercenarios al servicio del poder (político, financiero u otros), en forma individual, organizados, o en alianzas coyunturales que actúan para proteger sus intereses.
Pueden otorgar la libertad de un criminal, de un narcotraficante, una personalidad política, artística, pero no lo hacen con las personas que reúnen todas las condiciones para obtener esos beneficios cuando no comparten los criterios ideológicos de ellos o de sus mandantes. Es legítimo preguntarse si las decisiones judiciales en las que el fuero federal debe intervenir, se relacionan con el hecho que la Argentina se haya se transformado en un país de narcotraficantes, de radicación de los carteles, de blanqueo de capitales, donde la droga y la circulación de armas tienen autorización de hecho, el constante aumento del tráfico ilegal en innumerable sectores ilícitos. La criminalidad internacional busca refugio en el país. Este mapa del delito no es ignorado por nadie porque afecta la seguridad de todos los ciudadanos por la creciente criminalidad.
Es la misma justicia federal, que atenta contra la vida y la libertad de 2.500 hombres y mujeres, violando sus derechos humanos, los principios de legalidad, de prescripción, de no retroactividad y numerosas normas imperativas del derecho. Esas personas privadas de libertad y de acceso a la justicia son víctimas de las decisiones ilegales y arbitrarias de los jueces, fiscales, camaristas, quienes por favoritismo, ideas políticas u otros intereses, aceptaron y ejecutaron las demandas ilícitas provenientes del poder político. Saben que están cometiendo delitos graves, pero la impunidad de sus funciones, los autoriza a continuar en esa dirección. No podrán negar desconocimientos, amenazas, presiones, para justificar sus actos delictuosos y criminales. La responsabilidad por acción u omisión de los jueces es considerable, debe ser investigada y la justicia tiene que comunicar a la sociedad esos resultados.
Hoy, los miembros de la organización judicial, sorpresivamente dan curso acelerado a las denuncias que estaban cuasi-archivadas, descubren que había delitos en esas causas, detienen, mediatizan los hechos con diferentes actores. Utilizan todo el peso de la justicia para cometer sus objetivos, como lo hicieron en periodos precedentes y así actuarán cuando otro poder se instale en la Casa Rosada. ¿Por qué las diligencias que realizan actualmente no las efectuaron cuando dichos actores estaban en el poder?
Los miembros de la justicia federal, violan impunemente principios deontológicos y convenciones internacionales.
Vulneran la imparcialidad y la objetividad.
Son impermeables a los seis valores previstos en los principios de Bangalore[4], sobre la conducta judicial.
Ignoran los 20 principios básicos fundamentales relativos a la independencia de la judicatura[5], y a las principales decisiones de la ONU que regulan la independencia, la conducta y la relación de los magistrados con los derechos humanos.
Por ejemplo: Las resoluciones:
40/32 sobre la independencia de magistrados,
40/34 sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder,
40/146 sobre los derechos humanos en la administración de la justicia,
34/169 código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ECOSOC 2006/23 sobre el fortalecimiento de los principios básicos de la conducta judicial, E/CN.15/1996/18 reglas mínimas a la administración de la justicia penal.
Tampoco se sienten obligados al respeto del Estatuto del Juez Iberoamericano, el Estatuto Universal del juez, la Ley 23592 sobre la discriminación, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, inhumanas o degradantes, la Ley 25188 de ética de la función pública, las disposiciones correspondientes de la ley 26080...
No será suficiente que un representante del fuero federal renuncie a su cargo para quedar exento de responsabilidad, el Consejo de la Magistratura y la justicia ordinaria deben intervenir.
Los integrantes de la justicia federal, jueces, fiscales, camaristas, se sometieron por razones políticas, financieras, profesionales u otras más oscuras, a las órdenes del Poder de turno, sin importarles las graves consecuencias que provocarían sus actos, en las victimas. Cometieron innumerables delitos, y deberán dar explicaciones ante la sociedad y ante la verdadera justicia cuando ella exista. Esos honorables mercenarios de la justicia al servicio del poder, disponen de privilegios que el ciudadano paga con sus impuestos. Usufructúan autos oficiales, custodias personales y gozan de exenciones impositivas. Estas prebendas deben ser anuladas inmediatamente.
Finalmente, estos hombres y mujeres de la justicia federal fueron tan lejos en sus abusos que la solución debe partir de ellos mismos, porque si la verdadera justicia no actúa inmediatamente, existe el peligro que la justicia popular la reemplace. El comportamiento irresponsable y hasta ilegal de los miembros del fuero federal debe ser denunciado también a nivel internacional ante la Asociación Internacional de Magistrados (IAJ-UIM), la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), la Asociación Internacional de Fiscales ( AIDP), la Relatora especial sobre la independencia de jueces y abogados de la ONU, la International Association of Prosecutors (IAP), la CIDH...
Buenos Aires, 09 abril 2016.
CPPLyAJ.
[1] Lorenzetti: Nunca más la impunidad http://www.infobae.com/2016/04/07/1802741-ricardo-lorenzetti-pidio-un-nunca-mas-la-impunidad,
[2] Lorenzetti: Terminar con la Impunidad http://www.lanacion.com.ar/1880117-lorenzetti-reclamo-a-los-jueces-terminar-con-la-impunidad
[3] Lorenzetti: Luchar contra la impunidad http://www.lanacion.com.ar/1886913-lorenzetti-pidio-luchar-contra-la-impunidad
[4] Principios de Bangalore http://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2012/V1380121-SPAN_eBook.pdf
[5] Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx
La justicia federal argentina la amenaza mayor a la estabilidad democrática y la seguridad del país.
Recientes declaraciones del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Doctor Ricardo Lorenzetti, hacen público su reconocimiento que en la República sigue reinando la impunidad. Este hecho reviste inusual gravedad por tratarse de la máxima autoridad del Poder Judicial de la Nación. Este reconocimiento es gravísimo, no solo porque fue realizado por el presidente del Tribunal Cimero, sino por las consecuencias nefastas que acarrea para el funcionamiento del Estado de Derecho, las Instituciones republicanas, la seguridad de las personas y fundamentalmente por las consecuencias negativas que recaen sobre el ciudadano particular, que es la víctima primera y única de un poder abusivo en manos de funcionarios sin escrúpulos.
Lorenzetti si bien hizo público este funesto reconocimiento evadió responsabilidades y lavándose las manos cual Pilatos contemporáneo, se limitó a expresar una demanda de "nunca más a la impunidad"[1], reclamó mediáticamente a sus Jueces inferiores a terminar[2] y luchar contra ella[3], intentó una tibia acusación contra sus pares y subordinados desde un lugar distante que no le corresponde pues es, junto con los restantes integrantes del Tribunal Supremo, actor central de la legalización y legitimación de la impunidad. Al extremo que no se explica que, ante el conocimiento de "lesa impunidad" o mera presunción de ella no haya realizado una denuncia ni inició una investigación.
La denuncia pública de la vigencia de las conductas impunes efectuada, por el presidente del máximo tribunal de justicia de la Nación, conmueven a los ciudadanos, no porque los sorprenda, sino porque conviven cotidianamente con ellas, saben a ciencia cierta que ya están institucionalizadas en la Justicia Federal y que sus miembros son militantes políticos, plantean acusaciones y hacen comentarios prejuzgatorios en los medios de comunicación en los que también critican decisiones de sus pares, hacen ostentación de poder, excentricidades, publicitan su orientación ideológica, su vida privada... total nadie los investiga, ni controla sus patrimonios ni declaraciones juradas respectivas, graciosamente gozan de exenciones impositivas y se dan el lujo de dictar resoluciones arbitrarias.
Desconocen la Doctrina que en forma pacífica y unívoca sostiene desde siempre que las "facultades" de los jueces son verdaderos "deberes" para ellos y que dichos "deberes" implican justamente que "deben hacer" todo aquello que conduzca al mejor resultado del proceso, porque esa es la función pública y la verdadera naturaleza del servicio.
Desde hace décadas la justicia federal mantiene en libertad condicional a la sociedad argentina. El territorio nacional se ha convertido en una gran cárcel. Los jueces y fiscales federales, disponen a su arbitrio de la libertad de las personas, violando así, un derecho fundamental. Ante meras presunciones, investigan, imputan, detienen ciudadanos, y de igual forma, sin fundamentación legal, rechazan una denuncia, dejan en libertad, frenan un procedimiento... todo ello sin argumentación jurídica. Son verdaderos mercenarios al servicio del poder (político, financiero u otros), en forma individual, organizados, o en alianzas coyunturales que actúan para proteger sus intereses.
Pueden otorgar la libertad de un criminal, de un narcotraficante, una personalidad política, artística, pero no lo hacen con las personas que reúnen todas las condiciones para obtener esos beneficios cuando no comparten los criterios ideológicos de ellos o de sus mandantes. Es legítimo preguntarse si las decisiones judiciales en las que el fuero federal debe intervenir, se relacionan con el hecho que la Argentina se haya se transformado en un país de narcotraficantes, de radicación de los carteles, de blanqueo de capitales, donde la droga y la circulación de armas tienen autorización de hecho, el constante aumento del tráfico ilegal en innumerable sectores ilícitos. La criminalidad internacional busca refugio en el país. Este mapa del delito no es ignorado por nadie porque afecta la seguridad de todos los ciudadanos por la creciente criminalidad.
Es la misma justicia federal, que atenta contra la vida y la libertad de 2.500 hombres y mujeres, violando sus derechos humanos, los principios de legalidad, de prescripción, de no retroactividad y numerosas normas imperativas del derecho. Esas personas privadas de libertad y de acceso a la justicia son víctimas de las decisiones ilegales y arbitrarias de los jueces, fiscales, camaristas, quienes por favoritismo, ideas políticas u otros intereses, aceptaron y ejecutaron las demandas ilícitas provenientes del poder político. Saben que están cometiendo delitos graves, pero la impunidad de sus funciones, los autoriza a continuar en esa dirección. No podrán negar desconocimientos, amenazas, presiones, para justificar sus actos delictuosos y criminales. La responsabilidad por acción u omisión de los jueces es considerable, debe ser investigada y la justicia tiene que comunicar a la sociedad esos resultados.
Hoy, los miembros de la organización judicial, sorpresivamente dan curso acelerado a las denuncias que estaban cuasi-archivadas, descubren que había delitos en esas causas, detienen, mediatizan los hechos con diferentes actores. Utilizan todo el peso de la justicia para cometer sus objetivos, como lo hicieron en periodos precedentes y así actuarán cuando otro poder se instale en la Casa Rosada. ¿Por qué las diligencias que realizan actualmente no las efectuaron cuando dichos actores estaban en el poder?
Los miembros de la justicia federal, violan impunemente principios deontológicos y convenciones internacionales.
Vulneran la imparcialidad y la objetividad.
Son impermeables a los seis valores previstos en los principios de Bangalore[4], sobre la conducta judicial.
Ignoran los 20 principios básicos fundamentales relativos a la independencia de la judicatura[5], y a las principales decisiones de la ONU que regulan la independencia, la conducta y la relación de los magistrados con los derechos humanos.
Por ejemplo: Las resoluciones:
40/32 sobre la independencia de magistrados,
40/34 sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder,
40/146 sobre los derechos humanos en la administración de la justicia,
34/169 código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ECOSOC 2006/23 sobre el fortalecimiento de los principios básicos de la conducta judicial, E/CN.15/1996/18 reglas mínimas a la administración de la justicia penal.
Tampoco se sienten obligados al respeto del Estatuto del Juez Iberoamericano, el Estatuto Universal del juez, la Ley 23592 sobre la discriminación, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, inhumanas o degradantes, la Ley 25188 de ética de la función pública, las disposiciones correspondientes de la ley 26080...
No será suficiente que un representante del fuero federal renuncie a su cargo para quedar exento de responsabilidad, el Consejo de la Magistratura y la justicia ordinaria deben intervenir.
Los integrantes de la justicia federal, jueces, fiscales, camaristas, se sometieron por razones políticas, financieras, profesionales u otras más oscuras, a las órdenes del Poder de turno, sin importarles las graves consecuencias que provocarían sus actos, en las victimas. Cometieron innumerables delitos, y deberán dar explicaciones ante la sociedad y ante la verdadera justicia cuando ella exista. Esos honorables mercenarios de la justicia al servicio del poder, disponen de privilegios que el ciudadano paga con sus impuestos. Usufructúan autos oficiales, custodias personales y gozan de exenciones impositivas. Estas prebendas deben ser anuladas inmediatamente.
Finalmente, estos hombres y mujeres de la justicia federal fueron tan lejos en sus abusos que la solución debe partir de ellos mismos, porque si la verdadera justicia no actúa inmediatamente, existe el peligro que la justicia popular la reemplace. El comportamiento irresponsable y hasta ilegal de los miembros del fuero federal debe ser denunciado también a nivel internacional ante la Asociación Internacional de Magistrados (IAJ-UIM), la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), la Asociación Internacional de Fiscales ( AIDP), la Relatora especial sobre la independencia de jueces y abogados de la ONU, la International Association of Prosecutors (IAP), la CIDH...
Buenos Aires, 09 abril 2016.
CPPLyAJ.
[1] Lorenzetti: Nunca más la impunidad http://www.infobae.com/2016/04/07/1802741-ricardo-lorenzetti-pidio-un-nunca-mas-la-impunidad,
[2] Lorenzetti: Terminar con la Impunidad http://www.lanacion.com.ar/1880117-lorenzetti-reclamo-a-los-jueces-terminar-con-la-impunidad
[3] Lorenzetti: Luchar contra la impunidad http://www.lanacion.com.ar/1886913-lorenzetti-pidio-luchar-contra-la-impunidad
[4] Principios de Bangalore http://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2012/V1380121-SPAN_eBook.pdf
[5] Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx
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