CRISTINAZO

Cristinazo, inflación y salarios ¡Se viene el Cristinazo! por Ricardo Lafferriere ricardo.lafferriere@gmail.con Cuando estalla la inflación, todo se desordena. No es una excepción lo que está pasando a causa del “Cristinazo” en el que país va ingresando, día a día. Lo adelantamos hace justo un año y en ese lapso la situación se ha empeorado al compás de la irresponsable gestión del “todo-vale”. La inflación se desborda, y está al límite de ponerse fuera de control. Frente a ello, la presidenta comienza a recitar el tradicional libreto del ajuste que tantas veces repudió: las paritarias “deben tener techo”, que sugiere sea en la mitad de la inflación prevista. Pero la inflación… ¿es culpa de los salarios?.... Una nueva presión del gobierno nacional sobre los sindicatos busca poner un “techo” del 20 % sobre los aumentos salariales que comenzarán a discutirse en paritarias. La medida genera obvias resistencias, no sólo en los sindicalistas más directamente relacionados con sus bases, sino por parte de la misma burocracia gremial que ha sido la socia íntima de la pareja gobernante desde 2003, personificada en la figura de Hugo Moyano. Sólo el sindicalismo más oficialista, quienes fueran informantes del tenebroso “Batallón 601” durante la dictadura, Gerardo Martínez a la cabeza, actúa como ariete del discurso oficial, aunque sin muchas ganas. Es natural: todos saben que, aunque la tolerancia de las bases es amplia respecto a los negocios y negociados, corrupción y corruptelas que les permite un nivel de vida exponencialmente más alto del de sus representados, ello es a condición de respetar una máxima: “Con el salario no se juega”. Desde esta columna, no coincidimos con aquellos que afirman que la inflación es causada por las subas salariales. Al contrario: los salarios son –en general- los últimos en actualizarse. Es conocida la frase que se atribuye a Perón: los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera. Lo que no decía Perón es que antes que los precios y mucho antes que los salarios está la falsificación de dinero que realiza el gobierno. El suyo fue el primero. Muchos otros lo siguieron, hasta hoy. Actualmente, el 40 % del circulante es papel falsificado por el gobierno kirchnerista. Moneda sin respaldo, sin autorización parlamentaria, sin contrapartida en divisas ni riquezas reales. Papeles que han ido reemplazando a la moneda nacional, tan falsos como el relato K. Algunos rumores incluso adelantan una falsificación en escala global, cambiando la totalidad del dinero circulante por bonos kirchneristas que se denominarían pomposamente “pesos federales”. Por eso es que no nos sumamos a la demonización de las subas salariales que buscan recuperar la capacidad de compra perdida por la pérdida de valor de la moneda. Estamos, en este sentido, en las antípodas de Cristina Kirchner y la cúpula empresarial, aunque ello nos acerque al reclamo de Moyano, que, despechado, parece volver a buscar en sus bases el respaldo que rifó en casi una década de complicidad kirchnerista. Por supuesto que el problema no es lineal. Aunque las causas de la inflación puedan ser varias, no hay ningún caso en que su detonante no sea la defraudación por parte del gobierno de los recursos públicos. Efectivamente, el primero que da el paso al frente para apropiarse de ingresos ajenos es el Gobierno, reduciendo el valor de la moneda al provocar que cada peso en circulación sea más débil, es decir valga menos. Lo hace de dos formas: apropiándose de las divisas que lo sostenían (llamadas Reservas del Banco Central) o fabricando nueva moneda sin respaldo. En ambos casos, gastado fondos públicos sin tomarse el trabajo de recaudarlos antes. Si ésto lo hace un particular, sería robo o falsificación. Como lo hace el Gobierno, se llama inflación. El reflejo inmediato ante este desfalco del Gobierno es que los precios aumentan. Aunque en realidad, no es que aumenten los precios, sino que como la moneda vale menos, es necesaria más cantidad para comprar las mismas cosas, ya que los productos deben subir “nominalmente” su precio, para poder intercambiarlos con otros productos, también más “inflados”. Si no hicieran eso, las fábricas y negocios deberían cerrar, porque no podrían reponerlos. Entrarían en quiebra, con la consiguiente desocupación y crisis. La suba de los precios es, entonces, una medida defensiva destinada a sobrevivir, no a ganar más. No es responsabilidad empresarial. Es responsabilidad política. Su causante es quien gobierna, en nuestro caso y desde hace una década, el peronismo “kirchnerista”. Ante estas subas, los trabajadores, últimos eslabones de una cadena perversa iniciada por el kirchnerismo ya hace siete años, reclaman, con justicia, aumentos de los salarios que les permitan comprar lo mismo que antes. Y además, pagar las tarifas del “cristinazo”, cuyas subas duplican en su dimensión al ajuste de su compañero Celestino Rodrigo, en tiempos de su antecesora Isabel Perón, en 1975. Por supuesto que siempre hay pícaros que siguen el ejemplo cínico del gobierno. Entre los empresarios, los que aprovechan para aumentar los precios más de lo que debieran, o reciben directamente los fondos públicos por sus vinculaciones con el poder. Y entre los trabajadores, los que en lugar de recuperar posiciones, reclaman aumentos desfasados con la inflación, que terminan –esos sí- haciendo subir más los precios y castigando a los consumidores. Porque como todo se descalabra, quienes tienen mayor poder logran disminuir los daños. Los más débiles son los que más pierden. Y siguiendo el viejo refrán de “a río revuelto, ganancia de pescadores”, saltan en punta los oportunistas. El primero es el Gobierno, que tiene el mayor poder, y es el que gana más, desatando el proceso. Las empresas más grandes reaccionan más rápido y tratan de evitar las pérdidas moviendo sus precios. Los sindicatos más fuertes logran defenderse mejor y tienen mejores aumentos. Los que pierden son los empleados públicos, los docentes, policías, judiciales, militares y en mayor cantidad que cualquiera de ellos, los jubilados y pensionados. Por último, quienes no tienen trabajo estable ni formal, que ven reducir sus niveles de ingresos reales en forma dramática sin tener siquiera a quién reclamarle. Así se forma la cadena, que no es precisamente de la felicidad. El gobierno en una punta, apropiándose de una parte sustancial de la riqueza de los argentinos mientras se hace el distraído y busca a quién culpar. Cristina, a los empresarios y a los reclamos salariales. De Vido, vocifera sin vergüenza ninguna: “¡la culpa es de Macri!” y algún economista oficialista llega al límite del dislate: la inflación habría sido generada…. ¡por Julio Cobos! Kirchnerismo de libro: la culpa siempre es ajena. Los jubilados, los pensionados, las provincias y municipios que no pueden fabricar alegremente los billetes con la imagen de Eva Perón, siguen en la cola. Y los desocupados y trabajadores informales, en la otra punta, sufren la suba de los precios, de los salarios activos, y de sus gastos de supervivencia. La “ilusión de riqueza” de los aumentos es inmediatamente seguida de la “desazón de pobreza”, al notar que a pesar de los aumentos, los salarios valen inexorablemente menos. Quizás uno de los mayores daños que provoca la inflación es la sensación de inseguridad, nerviosismo y agresividad, que se traslada a cada ámbito de convivencia. Las imágenes de las calles tomadas por la violencia y la intemperancia son la patética muestra de hacia dónde nos lleva un gobierno sin conciencia de sus límites y de sus deberes. El cristinazo se come el salario, pero peor aún, disuelve las esperanzas y licúa la solidaridad. Por eso decimos que la inflación es enemiga de una convivencia en paz, que es injusta y que no debe tolerarse que el gobierno la provoque por conveniencia, por malicia o para escudar su ineptitud. Y mucho menos, que pretenda que es buena, o que deba ser soportada por los asalariados limitando sus reclamos por debajo del deterioro sufrido por la moneda, contracara del aumento de precios que él mismo ha provocado.