ÚLTIMA ALCANCÍA

El Gobierno le apuntó a la última alcancía por Miguel Angel Rouco En la City creen vivir una más de las numerosas batallas libradas en las distintas crisis que se vivieron en las últimas tres décadas. Los hombres de negocios, casi en su conjunto, dicen que “dan por descontada” una devaluación. El retiro de depósitos, la fuga de capitales y la negociación del dólar en el paralelo a 6 pesos es para ellos el termómetro de la situación. Saben que el mercado está parado en los actuales 6 pesos y está esperando al Gobierno “para que venga al pie” a ese precio y lo convalide. “Más rápido o más lento, ése es el camino que tiene que tomar”, señalan. La diferencia hoy con el dólar oficial es notoria: 32 por ciento. En otros términos, especulan que si el Gobierno liberara las restricciones al mercado cambiario y a las importaciones, el nuevo tipo de cambio se nivelaría “sólo en torno de los 6 pesos”. Queda claro que esta variable tendría otras consecuencias sobre el resto, como tarifas y salarios, que obligarían a un reacomodamiento adicional. Para algunos es “la corrección” que necesita la economía para recuperar los niveles de actividad y para que vuelva a ser competitiva, luego de años de inflación que se terminó comiendo el tipo de cambio real. Para otros, los defensores del modelo, funcionarios y políticos que sostienen la teoría del apriete, se trata de una presión de las minorías que cacelorean para llevar al Gobierno a un ajuste fiscal. Unos y otros dan por descontado que ese ajuste se tendrá que llevar adelante, aunque difieren en las formas. Sin embargo, la caída en el nivel de actividad muestra que si el Gobierno permanece de brazos cruzados y únicamente apela al apriete como política, se va a terminar enfrentando con el sector empresario y hundiendo la economía. El freno es abrupto y ya los sectores más dinámicos, como la industria automotriz y la construcción y, a la par de ellos, la metalmecánica y línea blanca, comienzan a mostrar importantes signos negativos. Las ofertas se multiplican debido a la acumulación de stocks. Los préstamos al consumo desaparecieron y las compras con tarjeta no responden ni a las bonificaciones ni tampoco a los planes de pago. El crédito a mediano plazo también desapareció porque se lo lleva el Estado para financiar el déficit fiscal y el cuasi fiscal del Banco Central. De allí, que el Gobierno, en un intento por recuperar la iniciativa política, tuvo que echar mano a la última alcancía disponible y emprendió un plan de construcción de viviendas fondeándose con los recursos de la Anses, como si el organismo tuviera superávit. En sentido estricto, el sistema previsional es deficitario debido a que las erogaciones previsionales superan a los recursos de aportes y contribuciones. Mensualmente, el Tesoro destina millones de pesos de otros orígenes. Es decir, el Gobierno que le aporta fondos a la Anses, luego se los quita para paliar el déficit de la Tesorería, porque dice que tiene “superávit”. Un galimatías. Sin embargo, desde la confiscación de los ahorros previsionales en las cuentas de las ex-AFJP, en 2008, el Fondo de garantía de sustentabilidad fue usado para salvar empresas en situación de quiebra y mantener el déficit operativo de empresas públicas como Aerolíneas Argentinas y Aysa, entre otras. Ahora, el Gobierno pretende hacer uso de otra parte de esos recursos para la construcción de 400 mil viviendas. Mientras tanto, la administración Kirchner enfrenta unas 500 mil demandas y miles de sentencias por millonarios montos derivados de los reclamos de jubilados y pensionados por malas liquidaciones de haberes y por falta de actualización de los beneficios. De allí, que la oportuna intervención de la Corte Suprema de Justicia exigiéndole a la Anses un detalle de los pasivos contingentes que tiene y de los recursos con que cuenta, quizás pueda poner un poco de sensatez al financiamiento del plan habitacional lanzado por el Gobierno. Con el fin del sistema de capitalización previsional privado, la administración Kirchner fomentó y alimentó la industria del juicio contra el sistema previsional. La misma industria que terminó liquidándolo y que llevó a la emisión de los Bocon Previsionales es incentivada por el Ejecutivo nacional. De resultas, el Gobierno va por la última alcancía de los argentinos y deja, a su paso, una estela de deudas.