La República en Coma

“Todo ciudadano ar gentino está obligado a ar m ar se en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional. …” Artículo 21 de la Constitución Nacional Voy a omitir referirme a los detalles de este nuevo cachivache que la señora Presidente está usando como ar iete p ar a demoler, quizás definitivamente, a la República, entendida como un régimen constitucional con división de poderes, y lo h ar é porque ya han corrido ríos de tinta y miles de segundos de radio y televisión analizándolos. Me centr ar é, por el contr ar io, en la obligatoria reacción, individual y colectiva, que el mismo debiera gener ar entre los ciudadanos, tal como les impone la Constitución Nacional en el ar tículo citado. El jueves 18 de abril –el ya famoso 18A- (este video convoca: http://tinyurl.com/d4l3zyr ) l as plazas y calles de todo el país se pobl ar án, con absoluta certeza, de cientos de miles de compatriotas, que manifest ar án su indignación y su repulsa a todo un método de gobern ar que, p ar a enriquecer aún más a sus funcion ar ios y a los empres ar ios amigos, no titubea en mat ar , sea en los trenes, sea en las rutas, mediante inundaciones previsibles y evitables o, simplemente, por la violencia con que la inseguridad se manifiesta hoy, causada en gran medida por la proliferación de las drogas, un comercio atribuible también a políticos y policías corruptos. Anhelo que el número de manifestantes que se expresó el 8 de noviembre de 2012 sea superado por esta nueva muestra del h ar tazgo general pero, sobre todo, mi mayor esperanza está cifrada en que, a diferencia de la anterior, ésta sirva p ar a unirnos a todos aquellos que no estamos dispuestos a toler ar un día más este régimen de cambalache, mezcla r ar a de ladrones y cultores de ideologías trasnochadas, y fracasadas en el mundo entero. Los ar gentinos debiéramos aprovech ar esta oportunidad p ar a exigir que todos los pre-candidatos a legisladores nacionales o provinciales se comprometan públicamente, y por escrito, a no permitir que la Constitución sea reformada nuevamente, p ar a impedir que se termine de asesin ar la. Si lo hacemos, si todos nos esforzamos p ar a cumplirla a rajatabla, todo lo demás nos será dado por añadidura, ya que “p ar a ser verdaderamente libres es neces ar io ser esclavo de las leyes”. Estamos sometidos y empobrecidos a niveles inimaginables hace algunas décadas, porque hemos tolerado que, como sucede con la rana cuando se la pone en agua fría p ar a inici ar su cocción, se nos hayan gradualmente amputado libertades y cercenado derechos. Nuestros representantes, que pueblan el Congreso y las legislaturas provinciales, se han dejado engatus ar , en su terrible y costoso infantilismo, por el papel dorado y las cintas brillantes con los que el kirchner-cristinismo ha sabido envolver sus proyectos más demenciales. Hemos visto, sin reaccion ar , cómo se confiscaban los ahorros en las AFJP’s p ar a permitir al Gobierno hacerse de los fondos; cómo se cambiaba la composición del Consejo de la Magistratura p ar a g ar antiz ar la impunidad de los jueces y de los funcion ar ios corruptos y p ar a perseguir a quienes dictan sentencias con ar reglo al derecho vigente; cómo se reformaba la c ar ta orgánica del Banco Central p ar a emitir sin medida y gener ar más inflación, amén de saque ar sus reservas; cómo, con la excusa de g ar antiz ar la “mesa de los ar gentinos” se perdían doce millones de cabezas de ganado y se cerraban cientos de frigoríficos; cómo, p ar a poder rob ar se YPF, se generaba una crisis energética que nos llevó a resign ar el autoabastecimiento e perder ingentes reservas de gas y de petróleo; cómo, aprobando año tras año la “emergencia económica”, se otorg ar on facultades al Ejecutivo que le permite estrangul ar a las provincias no alineadas y reasign ar p ar tidas presupuest ar ias, destinadas a la infraestructura, p ar a apoy ar proyectos f ar aónicos que habilitan el latrocinio. Tengo miles de razones, después de cu ar enta y seis años de ejercicio de la abogacía, p ar a creer que el Poder Judicial –y más los otros dos- necesita v ar ios ajustes, p ar a g ar antiz ar la transp ar encia en la administración de justicia y la idoneidad e independencia los jueces y p ar a facilit ar el acceso a ella de los más pobres. Pero me opongo férreamente a este disp ar ate que el Gobierno ha inventado p ar a poder poner a la Justicia al servicio de sus planes más espurios, sin siquiera discutirlos. Estoy convencido, por ejemplo, que los actuales jueces, y también los secret ar ios, deben someterse periódicamente a exámenes sobre sus conocimientos. La forma de g ar antiz ar la transp ar encia de tales evaluaciones sería, creo, que fueran rendidos en forma anónima, como sucede en tantos concursos liter ar ios, aquí y en el mundo. Un Consejo de la Magistratura apolítico e independiente removería, con esos resultados, a quienes no fueran aptos p ar a ejercer la magistratura, y design ar ía, utilizando el mismo procedimiento, las ternas a elev ar al Ejecutivo. También sé que, si trajéramos al presente una vieja institución española, el juicio de residencia, y sometiéramos a él a todos los funcion ar ios de cierta jer ar quía al dej ar sus c ar gos, podríamos empez ar a recorrer el camino de la decencia en la administración pública. En fin; cuando este régimen pseudo progresista -que hace discursos por izquierda pero roba por derecha- termine, tendremos que ar remang ar nos todos p ar a reconstruir la República. Con los cimientos de la misma tan c ar comidas por el “pobrismo” que requiere la necesidad clientelista, será una t ar ea ímproba, que exigirá un cambio en la mentalidad de la sociedad. Debemos entender, por ejemplo, que es perverso, además de inútil, subsidi ar a las empresas y no a los consumidores más pobres, o gast ar en Aerolíneas Argentinas diez veces más que lo que hubieran necesitado las obras neces ar ias p ar a evit ar las inundaciones -pasadas o futuras- de La Plata. Y que es imprescindible que los “planes” tengan un correlato real en educación y prestación de servicios, transformándolos, si se quiere, en un aporte del Estado p ar a complet ar los sal ar ios de los nuevos trabajadores que se incorporen a la actividad privada. Por todo eso, el 18A debe ser masivo, pero también conducente. Debe ser un cl ar o mensaje a los opositores, p ar a que abandonen su vocación protagónica y acepten ser actores de rep ar to en la nueva película que la Argentina debe comenz ar a film ar ya mismo. Si no lo hacen, no habrá m ar quesina en la que coloc ar sus nombres entre luces, ya que todo será silencio y oscuridad. Bs.As., 14 Abr 13 -- Enrique Guillermo Avogadro Abogado