LIBERTAD

La democracia argentina está siendo demolida por Emilio Cárdenas Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas. Un Poder Judicial sometido permitirá asimismo a los gobernantes seguir en la total impunidad, precisamente cuando acaban de destaparse los repudiables ardides y las mecánicas corruptas que han sido audazmente utilizados para saquear a la República, como nunca hasta ahora. Como argentino me duele mucho escribir esta nota. Enormemente. Pero no quiero callar lo que sinceramente creo que nos está pasando. No puedo hacerlo, no sólo por los hijos y nietos, sino por todo lo que hay en juego para los argentinos, con efectos que naturalmente van más allá de las fronteras de mi propio país. Pese a que, debo admitir, lo que acaba de suceder no tiene que ver con una situación abrupta o imprevisible, sino con un proceso que ciertamente no comenzó ayer, sino que, desde hace rato, ocho años al menos, viene impulsando perversamente una deriva peligrosísima para la Argentina, aquella que la ha transformado en un estado que, en el plano esencial de la realidad, ya poco tiene que ver con una democracia y menos aún con una república, más allá ciertamente de lo formal. En un país en el que hasta la libertad de expresión agoniza. A pesar de la retórica y de los biombos. Como cuando, en épocas del imperio soviético, sus satélites pretendían ser democracias (y hasta se autodenominaban como tales) y claramente eran regímenes totalitarios, la Argentina hoy levanta cortinas de humo, que sin embargo ya no engañan a nadie. Pero es demasiado tarde. Muchos de los máximos dirigentes del oficialismo tienen conocidos pasados autoritarios. Y algunos hasta cargan sobre sus hombros el peso de haber participado en crímenes aberrantes, que quedaron impunes. Porque la Argentina no acepta que existen las Convenciones de Ginebra, que definen crímenes de lesa humanidad que generan responsabilidades para todos. No sólo para el Estado y sus agentes. Y porque sus autoridades niegan terminantemente que, en la década de los 70, hubiera existido un “conflicto armado interno”. Así se han procurado la impunidad. Aunque en el exterior pueda no ser demasiado conocido, hay entre ellos hasta pensadores “maoístas”, que hasta ahora se dedicaron a esconder su pasado pero cuya ideología totalitaria aflora hoy a cada paso. Atropellando a todo y a todos, el oficialismo parlamentario acaba de sancionar -a tambor batiente y sin debate, a los empujones entonces- tres normas a través de las cuales no sólo se transforma al Poder Judicial en sumiso dependiente del Ejecutivo, sino que se cercenan definitivamente los instrumentos jurídicos (amparos y medidas precautorias) a través de los cuales los argentinos podíamos defender (al menos por un rato) nuestras libertades individuales. Todos estaremos, en más, sometidos a la voluntad oficial y pagaremos con nuestra libertad el pensar distinto. Un Poder Judicial sometido permitirá asimismo a los gobernantes seguir en la total impunidad, precisamente cuando acaban de destaparse los repudiables ardides y las mecánicas corruptas que han sido audazmente utilizados para saquear a la República, como nunca hasta ahora. Aquello de que “aún hay jueces en Berlín” no puede ya decirse de ninguna de las ciudades argentinas. Pese a que aún aparentemente queda por delante lo que seguramente será una dura batalla judicial por parte de los Colegios de Abogados de todo el país y de las Asociaciones de Magistrados por tratar de defender la violada independencia del Poder Judicial, esfuerzo que será seguramente conmovedor, pero cuyos resultados son inciertos. La Argentina, salvo que la batalla judicial referida tenga éxito, ya no tendrá un Poder Judicial que pueda ser considerado independiente. Lo que es gravísimo. Por esto su sociedad está crispada. Y protesta masivamente. Sin éxito. Como en Venezuela. Aparentando estar “cerca” del Papa Francisco, las autoridades simulan tener con él una relación íntima que no es tal. La Iglesia Católica no está en silencio frente a lo que sucede. Monseñor Jorge Lozano, que preside la llamada Pastoral Social, acaba de señalar que, respecto del sometimiento del Poder Judicial, debió haber existido debate, diálogo y búsqueda de consensos. Aún más allá del ámbito del Congreso. Porque lo sancionado, dice: “viola el sistema democrático y republicano, tal cual está planteado en la Constitución”. Horas antes, la propia Conferencia Episcopal Argentina había dicho que las normas por las que se somete al Poder Judicial “violan la división y la autonomía de los poderes”. Más claro, el agua. Por idénticas razones, el Papa Francisco pidió diálogo a la Presidente. Esta, que jamás lo tuvo con el ahora Papa, no se dio por aludida. Porque prefiere el monólogo autoritario, con el que define los caminos que procura siempre imponer, como dueña y conocedora -absoluta y exclusiva- de la única verdad, la que ella define. Por esto el Papa Francisco designó como nuevo arzobispo de Buenos Aires a Monseñor Mario Poli, un prelado que ciertamente jamás aplaudió a Cristina. Que, desde el primer momento, se distanció abiertamente del oficialismo. Ella, profundamente anti-clerical, respondió con su “estilo” de siempre: ausentándose de la ceremonia de asunción del arzobispado, en el que ella misma circunstancialmente reside. Después de haber visitado al Papa; para la foto, obviamente. La Argentina está en una delicada encrucijada. Definitoria, además. Ya ha salido de la normalidad democrática, aunque quede aún alguna batalla por pelear. Va camino a perder algo sustantivo: una justicia independiente e imparcial. En su lugar tendrá una justicia “democrática” (según el gobierno), lo que quiere decir sometida al Poder Ejecutivo, que actúe como su agente, apenas. Como en los regímenes colectivistas. Dramático y triste al mismo tiempo, como cambio de rumbo. Pero además, peligrosísimo para las libertades de los argentinos, por cierto.