INFLACIÓN

Grifo monetario cerrado, grifo fiscal abierto: la fórmula macrista a la que los economistas le pronostican un mal final Por Claudio Zlotnik El sector más ortodoxo del gremio de los analistas cree que el Gobierno se equivoca al tratar de combatir la suba de precios mediante una contracción monetaria, cuando el origen del problema es fiscal. Creen que la "reparación histórica" a jubilados agravará problemas y que subirá el desempleo La nueva fase del gobierno de Mauricio Macri, que incluye una apuesta a un mayor protagonismo -y mayor gasto- del Estado, arrancó con polémica. En este sentido, una creciente porción del gremio de los economistas, aquellos afiliados a una visión "ortodoxa" -léase más preocupada por el equilibrio fiscal- ya le adjudica a esta estrategia un destino de fracaso. El diagnóstico que se escucha desde el sector más conservador es que cuando un país sufre un proceso inflacionario generado por un agujero fiscal, la solución debe tener la misma raíz. En concreto, se necesita un remedio fiscal y no uno monetario. Es más, aseguran esos mismos profesionales que si se insiste con pelearle a la suba de precios exclusivamente desde el Banco Central con un "cierre de la canilla de pesos", lo más probable es que la Argentina profundice su crisis económica. En ese caso, pronostican, no sólo resultará muy difícil bajar la inflación sino que también se corre el riesgo de pérdidas de fuentes laborales por el hundimiento de la actividad. Lo que en la jerga se conoce como "estanflación". El argumento es que, indefectiblemente, el nuevo modelo macrista llevará a intensificar la presión tributaria real sobre el sector privado, por lo que las esperadas inversiones seguirán apareciendo en cuentagotas. Lo llamativo es que estas advertencias no están llegando, como podría suponerse, desde el sector "keynesiano", que critica la dureza del ajuste. Más bien, las voces de alerta provienen de quienes, en teoría, le aportan la inspiración teórica a los funcionarios de la gestión macrista. Eso es lo que más preocupa en el equipo de Gobierno: se trata de objeciones expresadas por las consultoras y los analistas más escuchados en la city porteña y en las empresas. Miguel Angel Broda, Daniel Artana, Ricardo López Murphy, Rodolfo Santángelo (ex socio de Carlos Melconian), la Fundación Mediterránea, Economía & Regiones (fundada por Rogelio Frigerio) y Fernando Navajas, de FIEL, son los algunos de los nombres propios que, en su momento, festejaron la llegada de Macri a la Casa Rosada pero que hoy pugnan por liderar las voces más críticas. De todas formas, la situación no sorprende a los funcionarios, que suelen atribuir estos pronósticos adversos a cierta incomprensión propia de quienes analizan la economía sin la presión las urgencias políticas, que implica negociaciones y contramarchas a diario. "Una cosa es escribir los informes para tus clientes y otra es manejar la economía de un país", suele despotricar el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, cuando algunos de sus colegas lo anotician de las críticas. Lo cierto es que, paradójicamente, la puesta en marcha de iniciativas que implican un mayor gasto público validan la posición que fuera defendida por Cristina Kirchner, que siempre justificaba su preferencia del Estado como locomotora de la actividad. "Me critican porque hay mucho gasto público, pero la realidad es que los empresarios no quieren poner la plata, entonces la tengo que poner yo", decía en un discurso de 2014 la ex jefa de Estado, cuando la tasa de inversión privada mostraba una persistente caída. El contrapunto La polémica más ácida que por estos días envuelve al gremio de los economistas refiere a si alcanza con un ajuste monetario para desacelerar la inflación y volver a crecer. O si, aun por delante de esa cuestión, la prioridad debería fijarse en achicar el rojo fiscal. En las últimas semanas, el Gobierno dio sobradas muestras de que ya no le queda margen político para proseguir con el ajuste. Tras el impacto social que provocó la llegada de las boletas con subas extraordinarias, varios ministros tuvieron que salir a asegurar que no habrá más aumentos en las tarifas de luz, agua y de gas en lo que resta de 2016. Tampoco otro incremento en los precios de los combustibles, ni en las alícuotas municipales. Es más, todavía hay una fuerte presión política para propiciar una marcha atrás en la cuestión tarifaria. Esto trae a los economistas una certeza: el punto y medio de ahorro fiscal que Prat Gay había planificado como consecuencia del recorte en los subsidios, está en riesgo de sufrir un encogimiento. De manera que si había críticas tras los anuncios de enero -cuando el ministro anunciaba para este año un rojo fiscal de 4,8% del PBI para 2016-, ahora el panorama les gusta mucho menos a los economistas "del mercado". Como también se anoticiaron de que hay una apuesta por ampliar el gasto en obra pública y, además, se viene el "sinceramiento jubilatorio", su conclusión es que la situación fiscal se parecerá peligrosamente a la del kirchnerismo, y que solamente quedará el arma de la contracción monetaria para combatir la inflación. El mensaje, dicho de distintas maneras por los principales referentes de la ortodoxia, fue en el mismo sentido: la combinación de mantener vivo un déficit fiscal en los niveles actuales junto con un apriete monetario es un ajuste mal hecho. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? La que quedó a la vista de todos: el cierre del grifo en la emisión de pesos es en buena medida responsable del parate de la actividad. Hacia adelante, juzgan esos mismos economistas, el escenario podría empeorar si Macri y su equipo insisten por transitar este camino. Entienden que el "cierre de la canilla" supone una transferencia de pesos desde los privados hacia el aparato estatal. Ese fue uno de los factores que estuvo los últimos meses en el centro de las polémicas, vinculado con las tasas de interés. Si bien el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, tiene muchos "hinchas" entre los economistas ortodoxos, que ven con simpatía su dureza, también están aquellos que critican la falta de coordinación entre los planos monetario y fiscal. Básicamente, creen que si toda la estrategia inflacionaria se basa en las altas tasas, las empresas privadas pagarán el costo del planchazo de la economía y no verán incentivos a la inversión, lo cual tendrá costos sociales adicionales. En este contexto, el desempleo es el fantasma más temido. Ricardo López Murphy fue quien lo haya planteado de manera más cruda. Según el ex ministro, esta vía "será más costosa porque siempre quedará un desequilibrio remanente". Advierte que la desocupación puede ser el mayor costo si el Gobierno insiste con llevar adelante un ajuste monetario en lugar de ir por el camino fiscalista, en un contexto de reclamos por las caídas salariales. "Si la tasa de expansión monetaria se ubica en 20%, en consistencia con las metas gubernamentales, pero los sueldos aumentan al 40%, entonces el desempleo será muy grande", previene este economista. No obstante, la crítica más precisa sobre el actual contrapunto viene del lado de una consultora que uno podría catalogar entre las más cercanas al Gobierno. Se trata de Economía & Regiones, vinculada al ministro Frigerio. Desde esta firma aplauden la estrategia monetaria-financiera del BCRA: "Está haciendo bien su trabajo y la inflación va a bajar en la segunda parte del año. Hay un apretón monetario de más de 25 puntos porcentuales". Sin embargo, sus analistas son categóricos en sus críticas al Palacio de Hacienda: "El actual diseño de política fiscal difícilmente nos "saque" del estancamiento/recesión y nos devuelva a un sendero de crecimiento". Incluso van más allá: "Está orientada a estimular la demanda agregada, lo cual no sólo no contribuye a la solución del problema del nivel de actividad, sino que puede obstaculizar el descenso de la inflación dificultando la actuación del BCRA en 2017 / 2018¨. La mesa (de las críticas) está servida. El camino es el giro Con las últimas iniciativas, el Gobierno demostró que busca que sea el Estado el impulsor de las inversiones. Como aquel que vuelque dinero en la economía. Hubo anuncios para reforzar las obras públicas en todo el país, incluido un ambicioso plan de viviendas, y un proyecto para cancelar la deuda que el Estado mantiene con 2,3 millones de jubilados desde hace más de una década. La reciente aprobación de la devolución del IVA para aquellos que cobran la mínima y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo va en ese mismo sentido. Una iniciativa que, por sí sola, implicará un esfuerzo fiscal adicional por $22.000 millones anuales para el fisco. También tendrá un costo extra la excepción del pago de Ganancias en el medio aguinaldo para aquellos asalariados que no pagan Bienes Personales. Son todos cheques que el Estado tendrá que levantar en un futuro cercano. ¿Qué tan "grave" será la cuenta a pagar? Una pista la aporta Nicolás Dujovne, economista con llegada a Prat Gay. Expresa que, justamente, el esfuerzo de ahorro en el arranque de la gestión es lo que permite que ahora se considere que hay cierto margen para expandir el gasto de manera controlada. "En términos reales, en el primer cuatrimestre hubo una caída del 14% en el gasto público (una expansión del 24% nominal), lo que significó la primera reducción real del gasto primario desde el año 2002". En este contexto, asume Dujovne, "el aumento del gasto primario tendría margen para acelerarse hasta un 38% interanual en lo que resta de 2016". Pero no todos creen que ese nivel sea financiable sin problemas. Sobre todo, después de que se aplique la "reparación histórica" a los jubilados. Uno de los más vehementes al respecto fue Santángelo, el ex socio de Melconian, quien advierte que el peso del sistema previsional es una verdadera bomba de tiempo. Actualmente representa un 10% del PBI, lo cual ya es infinanciable, y luego de las reformas propuestas aumentará tres puntos. Según advirtió, un sistema jubilatorio cuyo costo equivaldrá a 13% del PBI no sólo es caro, sino que es un récord mundial: ni siquiera Francia y Gran Bretaña llegan a esos índices. También desde FIEL, una de las usinas del pensamiento ortodoxo más respetadas, se muestran duros con la Casa Rosada. "El costo fiscal del aumento en los pagos de jubilaciones ascendería 1,1% del PIB en 2017 y 1,4% en 2018. En definitiva, un aumento estructural de más de un punto del PIB, que elevaría el gasto en jubilaciones y pensiones de la Nación y las provincias a casi 12% del PBI", sostiene Daniel Artana. En una clara alusión al ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, a quien se le reconoce una identificación con los postulados keynesianos, el hombre de FIEL expresa: "El propio Keynes alertaba sobre la necesidad de que esas mayores erogaciones fueran transitorias. Es claro que las propuestas del Gobierno en materia previsional no pasan ese test tan elemental". Y concluye, con pesimismo: "Esto puede generar dudas sobre la sostenibilidad de las cuentas fiscales y externas de la Argentina", elevando el costo del financiamiento para el próximo año. Entre el blanqueo y el atraso cambiario La ortodoxia, por otra parte, no mira con buenos ojos la iniciativa para blanquear capitales. El argumento es que a todos los problemas de la economía argentina se le adicione la renovada presión al atraso cambiario. En otras palabras, todos creen que en la nueva fase del modelo macrista, el país volverá a ser caro en dólares. "La pérdida de competitividad del tipo de cambio real le quitará chances a la industria", apunta Jorge Vasconcelos, del IERAL (Fundación Mediterránea). Y agrega que, en este contexto, lo peor que podría pasarle al país sería que se revirtiera la tendencia a la reducción del riesgo país, porque eso pondría aun menores incentivos a la inversión. En esa línea se refirió también Broda, uno de los economistas más escuchados en la City porteña. "La inversión no va a llover si no tenemos una baja inflación y si no salimos de este peso del Estado que no es financiable", sentenció en relación con la iniciativa para pagarles a los jubilados y a la falta de una estrategia para disminuir el déficit de las cuentas públicas. Artana va más allá. Directamente mencionó que postergaría para el año próximo el objetivo de llegar a una inflación mensual del 1% con tal de quitarle presión monetaria al Banco Central. La clave, afirman los profesionales, se observará en la segunda parte del año. ¿Cuál es? Que la recaudación impositiva corra por encima del gasto público. La condición necesaria para ello es que la actividad económica vuelva a crecer. Ni más ni menos. Justamente, eso es lo que a esta hora está en duda para todo el arco ideológico de economistas: que la economía salga de la recesión. "Alcanza la meta con altas tasas reales de interés o atrasando el tipo de cambio real sería una victoria a lo Pirro que el Gobierno debería evitar", puntualiza Broda. Por paradójico que parezca, la estrategia anti-inflacionaria del Gobierno no sólo no tranquiliza a los analistas sino que los hace sospechar problemas a futuro. Es por eso que toda la atención está puesta ahora en lo que haga Sturzenegger en el Banco Central: el mercado no termina de interpretar si la baja de tasas se detendrá en estos niveles, superiores al 32%, o si continuará hasta ver signos de recuperación económica. Ahí está el desafío de la actual administración: lograr un rebote perdurable de la actividad económica y que sea lo antes posible, para que calce con las lógicas ambiciones políticas de Mauricio y Macri y de Cambiemos.