EL LAVADERO

Nuevo escándalo sacude a la AFIP: Represores y lavadores de dinero Dos importantes funcionarios del organismo recaudador conformaron una empresa fantasma en Neuquén, de similares características a la sociedad hotelera trucha de Cristina Fernández. Uno de ellos está acusado de defender a represores de la última dictadura El licenciado en informática Guillermo Jorge Fabián Cabezas Fernández es, quizás, uno de los funcionarios de mayor confianza del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Nacido y criado en Berisso, Cabezas Fernández, a sus 49 años, ocupa uno de los principales lugares en el organigrama de la administración fiscal: se desempeña como subdirector general de Sistemas y Telecomunicaciones. Pero su función no sólo consiste en garantizar el funcionamiento de las computadoras. Va mucho más allá, al punto que sería uno de los principales funcionarios que intervino en el escándalo de la ex Ciccone Calcográfica. En tanto, el abogado Sergio Raúl Vargas, que el 4 de diciembre cumplirá 48 años, es otro de los principales colaboradores del titular de la AFIP. Y también habría formado parte del Boudougate. Según una investigación del diario La Nación, habría sido uno de los operadores que trabajó para que el procesamiento que dictó el juez Ariel Lijo, que incluyó al vicepresidente Amado Boudou, no alcanzara a Echegaray. Echegaray, Cabezas Fernández y Vargas se conocen de la época en que eran adolescentes, habiendo egresado en el año 1984 del Liceo Naval Militar Almirante Brown de Ensenada. Lejos de haber tomado el ejemplo de los jóvenes que pasaron por esa escuela y estuvieron en el crucero General Belgrano, dando la vida por la patria en la guerra de Malvinas, optaron por identificarse con los represores y dictadores del último gobierno de facto que violaron el mandato sanmartiniano. De hecho, tanto Echegaray como Vargas fueron entusiastas defensores de Videla, Viola y Massera. Eso no fue todo. Estos funcionarios que hoy forman parte de la AFIP están unidos por oscuros negocios, muy similares a los que actualmente involucran a la presidenta Cristina Kirchner, sospechada de formar parte de una red de lavado de dinero proveniente de la política a través de sociedades hoteleras fantasmas. Según pudo saber Hoy, en enero de este año Cabezas Fernández y Vargas fundaron la empresa Aonikenk Apart SA, con sede en la calle Basavilvaso 287 Piso C de la ciudad de Neuquén. Se trata de una firma que, según consta en el edicto publicado en el Boletín Oficial de esa provincia, está dedicada a la explotación, promoción, comercialización, desarrollo y administración de establecimientos turísticos y hoteleros; el mismo rubro que utilizarían los funcionarios kirchneristas para el blanqueo de divisas, especialmente en El Calafate. Hay claros indicios de que Aonikenk sería una empresa fantasma. Un periodista del diario Hoy se hizo presente en la sede de la firma, ubicada en la capital de Neuquén, y el piso C no existe. En el lugar hay un edificio de departamentos, y los vecinos que allí viven nunca sintieron hablar de que en el inmueble funcionara una empresa turística, y no conocen a Cabezas Fernández ni a Vargas. Vínculos con el Boudougate Cabezas Fernández, que actualmente vive en un country de Berazategui, trabajó en el Ministerio de Economía bonaerense ante de desembarcar en la AFIP, momento en el cual su patrimonio habría comenzado a incrementarse sustancialmente. El actual subdirector general de Sistemas y Telecomunicaciones de la AFIP habría sido uno de los funcionarios que, siguiendo las órdenes de Echegaray, definió los detalles de la escandalosa moratoria que se le concedió a la ex Ciccone para que pudiera levantar la quiebra y así volver a ser contratada por el Estado, luego de haber sido adquirida por los presuntos testaferros de Boudou a través de la misteriosa firma The Old Fun. El responsable de haber hecho el dictamen del plan de pagos fue Rafael Resnick Brenner, entonces jefe de gabinete de Echegaray, que luego del escándalo fue "premiado" con la jefatura regional de la AFIP en Salta, instalándose en el hotel cinco estrellas Alejandro I. Por su parte, Vargas es un abogado al que el periodista Horacio Verbitsky vinculó como "enlace" entre la Armada y la justicia en el año 1999, denuncia que fue publicada por el diario Página/12. Casi una década después, en marzo de 2008, ese mismo diario denunció que Vargas seguía prestando servicios en el Edificio Libertad (la sede de la Armada), como parte de un "grupo de contención" que servía a los marinos juzgados por crímenes durante la dictadura. Por esa razón, la ex ministra de Defensa, Nilda Garré, ordenó su desplazamiento. El letrado, sin embargo, halló rápido conchabo en el mismo gobierno que lo expulsó: hoy es uno los asesores de mayor confianza de Echegaray. Y sigue de cerca las causas judiciales que más preocupan al funcionario. Prueba de ello son las sucesivas actas del Foro Aduanero de lucha contra el Fraude Marcario, donde el abogado aparece directamente como interlocutor de la AFIP. También aparece en la denuncia por "presiones" que presentó Daniel Tunoni, un testigo clave en la causa de los subsidios truchos de la ex ONCCA, quien identificó a Vargas como asesor de Echegaray en dicho juicio. El abogado, además, fue señalado por el Capitán Emir Sisul Hess, el primer piloto naval procesado por confesar su actuación en los llamados "vuelos de la muerte". Hess señaló que cuando se inició esa causa, en 2002, fue a pedir socorro a la Armada, Y reveló: "A la semana se presentó en mi domicilio, en Bariloche, el Teniente Auditor Sergio Vargas, que ahora tiene el estudio Vargas-Carli". El estudio ahora, según su página web, se especializa en combatir la piratería. ¿Se habrán investigado a ellos mismos? Vargas no es muy cuidadoso con sus cuentas: tiene un cheque rechazado por $10,160.00. Por su parte, Fabiana Marta Carli, la esposa de Vargas y socia en su estudio jurídico, trabaja en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, junto a Carlos "El Chino" Zannini. Según pudo saber Hoy, mantendría una estrecha amistad con uno de los hijos de "El Chino" que, habiendo sido militante de Vanguardia Comunista en los '70, tiene un presente marcado por las peores prácticas del sistema capitalista. Sociedades entre defensores de la dictadura Sergio Raúl Vargas, asesor de Echegaray, fue socio de Marcelo David Bomrad en la empresa de informática G0 2 Tango.com, dedicada a la instalación, explotación y/o mantenimiento de redes de enlace destinadas a transferencia de cualquier tipo de información. Bomrad también fue compañero de Echegaray en el Liceo Naval. Arrastra un pedido de quiebra y tuvo su minuto de fama en el año 2002 cuando, en el medio del llamado "váyanse todos", fundó el partido 1810, que proclamaba los valores de una revolución tecnocrática. En ese momento, se descubrió que Bomrad había militado desde muy joven en la Unión de Centro Democrático (Ucedé) y a mediados de los años ochenta llegó a ser presidente de la juventud del partido en el distrito de Vicente López y vicepresidente de la juventud de la Ucedé de la provincia de Buenos Aires. Junto a Bomrad, en el partido 1810, también estuvo Facundo Manes, el neurocirujano que operó a Cristina Kirchner de un hematoma subdural y que hasta hace algunas semanas amagaba con ser candidato a gobernador bonaerense de la mano de Ernesto Sanz, el titular de la UCR que se lanzó a la carrera presidencial y que, al no darle el cuero para llegar a la Casa Rosada, ahora busca aliarse con Mauricio Macri. Bomrad organizó visitas de jóvenes militantes ucedeístas al ex presidente de facto Roberto Viola cuando estaba preso por violaciones a los derechos humanos, y en 1986 hizo un viaje a los campamentos de los contras, los grupos contrarrevolucionarios y paramilitares antisandinistas, en Nicaragua, acusados por crímenes de lesa humanidad de todo tipo y color. El creador del partido 1810 también integró la Unión para la Apertura Universitaria (UPAU), una agrupación política universitaria argentina, de orientación conservadora, ligada a la Ucedé y en la que también participó Ricardo Echegaray y el vicepresidente Amado Boudou. Bomrad le prestó importantes servicios al kirchnerismo durante la estatización de YPF. Fue director de marketing de la petrolera desde 1993 a 2000, durante el proceso privatizador de la empresa, y cuando en el año 2012 el Estado se quedó con el 51% de las acciones de la petrolera, comenzó a desfilar por todos los medios oficialistas contando detalles "del vaciamiento". Amigos y sospechados Los nexos de Ricardo Echegaray con muchos de sus antiguos compañeros de facultad, siguen existiendo a pesar del paso de los años, y algunos de ellos trabajan con él en la AFIP. No sólo el abogado Sergio Raúl Vargas está dentro de su círculo íntimo de amistades que datan de la militancia del titular del ente recaudador en la Unión para la Apertura Universitaria (UPAU), el brazo estudiantil de la Ucedé en los años '80, sino que también se encuentran Fernando Aibal Villaverde y Sergio Ariel Mancini. Villaverde, en los años '80, era el jefe político de Echegaray cuando ambos estudiaban abogacía en Mar del Plata. A diferencia del actual mandamás de la AFIP, Villaverde nunca terminó la carrera. Pero igual, durante años, se hacía llamar "Doctor". Hasta habría llegado a cobrar de forma indebida un plus salarial por un título profesional inexistente. En la actualidad no se sabe muy bien cuál es el cargo específico que ocupa este personaje en el organismo público, aunque lo que se comenta en los pasillos de la AFIP es que sería un hombre de permanente consulta de Echegaray. Villaverde fue denunciado por el diputado nacional Francisco De Narváez de ser una de los funcionarios que reveló información privada de él y sus empresas antes del acto electoral de junio de 2009, con el fin de perjudicarlo en su relación con la sociedad. El actual mandamás de la AFIP en Mar del Plata es Sergio Ariel Mancini, antiguo compañero de andanzas de Echegaray en la universidad, y que ya lo acompañó con distintos cargos en su paso por la Aduana y la ONCCA. Mancini, según fuentes consultadas por Hoy, es uno de los hombres fuertes de la AFIP y desde Mar del Plata también controla la sede de Bahía Blanca, cuya jerarquía fue reducida -en castigo- luego de que inspectores de esa zona comenzarán a investigar empresarios y empresas ligadas con Lázaro Báez. Mancini ha sabido estrechar lazos con Julio César Nieto, a quien muchos mencionan como el principal recaudador dentro de la AFIP y persona cercana al senador Aníbal Fernández. Nieto tuvo un frustrado paso por la política en 2013 intentando ser concejal en Quilmes. Tal como lo informó Hoy en su edición del último martes, habría gastado una fortuna en la campaña del año pasado y existen muchas dudas acerca del origen de los fondos utilizados. En la lista, Nieto estuvo acompañado por el contador Jorge Gustavo Arce, actual jefe de la División de Fiscalización Nº 1 de La AFIP en la regional La Plata y titular de una constructora fantasma en Quilmes. En el año 2010, Villaverde y Mancini se vieron involucrados en un escándalo cuando la AFIP resolvió allanar las oficinas del Grupo Clarín y ellos fueron el brazo ejecutor de la medida. Además, ambos supieron compartir un departamento en sus primeras épocas en la Capital Federal, cuando llegaban a la administración pública convocados por su viejo amigo de andanzas en la UPAU y el dinero no entraba a raudales como ahora. EN FOCO Cuando la izquierda y la derecha se unen contra el interés nacional Cuando se analizan las redes de negocios de corruptos que atraviesan al gobierno nacional se pone de manifiesto que el discurso de la defensa de los derechos humanos es una cáscara vacía, una pantalla que fue utilizada de forma sistemática para hacer y ocultar oscuros negocios. La sociedad entre el kirchnerismo y la inefable titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, es una clara muestra de ello. Y nos costó a todos los argentinos que pagamos los impuestos la friolera suma de $1200 millones que, en lugar de haberse destinado a la construcción de viviendas sociales que debería haber construido esa fundación, terminaron engrosando el patrimonio de los familiares, amigos y socios de Bonafini, incluyendo a los hermanos parricidas Sergio y Pablo Schoklender. En la AFIP, sucede algo similar. Motivados en la necesidad de tejer oscuros negocios, los que hoy tienen la responsabilidad de manejar la estructura de recaudación impositiva en la Argentina han integrado a personajes que, hasta hace algunos años, eran defensores y lobbistas de los represores de la dictadura militar. Lo más grave es que ahora estos personajes pueden definir el rumbo de la vida y la hacienda de cualquier ciudadano, con facultades para trabar embargos, aplicar multas y clausuras, y hasta presentar demandas penales en representación del Estado. En definitiva, lo que ocurre en la AFIP sigue la misma lógica que la designación de César Milani como jefe del Ejército. Poco le importó al gobierno las denuncias que involucran al militar preferido de Cristina Kirchner por crímenes de lesa humanidad. Lo trascendente para los K era premiar a uno de los principales responsables de haber montado una red de espionaje que sirve para apretar al periodismo independiente, a opositores y a todo aquel ciudadano que ponga el grito en el cielo ante los atropellos del gobierno K. Una vez más, como ha ocurrido en otras etapas de la historia, la izquierda y la derecha se termina aliando. Unidos, a partir de oscuros negocios, actúan como pinzas para que la Argentina se hunda aún más en el pozo de la pobreza y del subdesarrollo. Una de las redes de corrupción que atraviesa la AFIP