FIN DE AÑO ENRARECIDO

El gobierno nacional dispuso suspender todas las licencias en las fuerzas de seguridad federales (Gendarmería, Prefectura y Policía Federal) que habían sido autorizadas para diciembre y a las Fuerzas Armadas se les ordenó poner su estructura logística (transporte y alojamiento), para apoyar el desplazamiento de fuerzas de seguridad federales en el territorio nacional. Durante el mes de octubre, el Gobierno tomó un conjunto de medidas para evitar que tengan lugar, hacia fin de año, episodios de violencia social como saqueos, los saqueos que se registraron en diciembre de 2012 y 2013. Se adoptaron medidas para evitar los cortes de luz que han tenido lugar anteriormente con los calores en diciembre, pero al elevarse la temperatura en los últimos días de octubre, estas medidas se mostraron insuficientes y volvieron los cortes en la Ciudad de Buenos Aires y varios lugares del interior del país. Se alertó desde el Gobierno bonaerense a supermercados del conurbano para que tuvieran prevista la entrega de alimentos baratos ante la posibilidad de que les fueran requeridos -para así evitar saqueos- y se organizaron servicios policiales especiales para atender eventuales saqueos. Sin embargo, no se atendieron algunas señales, como la oficialización, a comienzos de octubre, de la “Asociación 3 de Octubre”, integrada por personal de suboficiales de las Fuerzas Armadas, para reclamar por sus derechos sociales y laborales, ya sean en actividad o retiro. En esta presentación estuvieron representantes de organizaciones de las tres fuerzas federales de seguridad y de varias policías provinciales. En la tercera semana de octubre irrumpió una protesta policial en la localidad de General Roca (Río Negro), que pedía una elevación del básico de 10.000 a 15.000 pesos. El petitorio se elevó a la Gobernación y ésta lo analizó, temiendo que si no respondía, el reclamo inicial podía extenderse como protesta. La semana siguiente comenzó un acuartelamiento policial en las localidades santacruceñas de Caleta Olivia y Río Gallegos. En este caso, pedían 25% de aumento sobre un básico de 12.670 pesos. En la provincia de Buenos Aires, un sector de la Policía Bonaerense elevó un petitorio para que al aumento del 28% otorgado al comenzar el año se agregue un 17% más. En Tucumán, el gobernador Alperovich avanzó al finalizar enero con el juicio por sedición contra 60 policías que participaron en la huelga que tuvo lugar a fines del año pasado. Voceros policiales por su parte hicieron saber que reclaman un aumento de 40%. Reclamos salariales han sido presentados por personal policial en varias provincias más, como el Chaco y Santa Fe. El jefe de Gabinete (Capitanich) acusó de “golpistas” y de hacer “apología del delito” a la oposición por no condenar por “sedición” la huelga policial de Santa Cruz y a los policías. El Ejecutivo, por su parte, indicó a los gobiernos provinciales que denuncien por sedición a los policías que hagan huelga. Pero los gobernadores -comenzando por el de Santa Cruz (Peralta)- prefieren una actitud más prudente. Aunque el acuartelamiento policial en Santa Cruz se prolongó durante una semana, el gobierno provincial optó por iniciar un sumario y postergar la denuncia por sedición. Fuerzas de Gendarmería llegaron a Caleta Olivia y Río Gallegos para dar seguridad, reemplazando en esta función a los policías en huelga. En el caso de Santa Cruz, tras la última huelga se creó una asociación civil para que represente los reclamos policiales, evitando que éstos alteren la cadena de mandos y generen indisciplina. Pero este nuevo brote de protesta ha tenido lugar al margen de esta asociación, que aparece así superada por sus representados. En Santa Fe también se ha creado una asociación semejante, que meses atrás eligió sus integrantes mediante el voto directo de los policías, de los que votaron sólo 30%. En el Servicio Penitenciario Provincial la concurrencia a votar fue mayor y se acercó a 50%, pero no está claro cuán efectiva será esta organización en este momento. En provincias en las cuales los gobernadores han otorgado un bono de fin de año -2.000 pesos en San Luis, 1.500 en Córdoba y 400 en La Rioja-, éste alcanza a los policías -como empleados públicos que son- y ello ha contribuido a distender la situación. Cabe señalar que, en las últimas semanas, los problemas de indisciplina en las policías provinciales llevaron a que el gobernador de Santa Fe designara a un oficial superior retirado de Gendarmería como secretario de Seguridad y en Chubut a un general en retiro. La cuestión es que si se extienden las huelgas policiales, como sucedió el año pasado, los saqueos de diciembre se adelantarán. La realidad es que en octubre de 2012 tuvo lugar la primera huelga por razones policiales en las fuerzas de seguridad federales (Gendarmería y Prefectura), la que se extendió a las Fuerzas Armadas. Uno año más tarde, en diciembre de 2013, tuvo lugar la huelga policial más extendida en la historia del país, con protestas en 21 provincias. Ahora irrumpe una asociación que defiende los derechos sociales y laborales de los suboficiales de las Fuerzas Armadas, y comienzan nuevamente huelgas en las provincias. El gobierno nacional ordena aplicar la máxima energía, pero los gobernadores prefieren posiciones menos drásticas. A fin de octubre se levantó el paro policial en Santa Cruz. Ciertas concesiones y la llegada de un fiscal federal para iniciar la causa se sedición parecen haber influido para ello. Pero en provincias como Tucumán y el Chaco se están negociando aumentos. Si es el fin de las protestas salariales de la Policía o una tregua es algo que se definirá en las próximas semanas. Las protestas policiales son hoy un fenómeno social, pero que inevitablemente tienen consecuencias políticas porque no se trata de un sector laboral más. Además, tienen lugar cuando la Argentina enfrenta niveles de delincuencia sin precedentes, al mismo tiempo que los carteles de la droga alcanzan una dimensión inédita para el país. Por Rosendo Fraga- Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría