domingo, 23 de noviembre de 2014

LA GRAN CORRUPTA

Cristina corrupta: La menemización desespera a los K El Frente para la Victoria es ladriprogresismo en su expresión más extrema, eso es conocido. Pero la corrupción era cuestión de Néstor Kirchner, no de Cristina Fernández de Kirchner. Y Néstor Kirchner ya está muerto. Ahora aparece un problema muy delicado: que Cristina aparezca embadurnada con la corrupción, algo que, además, afectaría las posibilidades electores del FpV en 2015. Y ni hablar de un regreso eventual en 2019, tal como ambicionaba Carlos Menem que ocurriría en 2003. Por lo tanto, es prioritario para el Mundo K estrechar filas y defender la supuesta "honestidad" de Cristina, la del discurso "ideológico" (¿?). Y, en forma simultánea, expulsar al juez federal Claudio Bonadío, tal como se intentó (y no pudieron) con el fiscal José María Campagnoli (que investigaba los fondos de Lázaro Báez, el corrupto más cercano a los Kirchner). . ¿Cristina corrupta? Todo un tema para el Mundo K que intenta construir acerca de ella un relato que muchos (cada día más) creen inverosímil. El asunto viene desde hace un tiempo ya. En la declaración jurada patrimonial que la Presidenta de la Nación presentó ante la Oficina Anticorrupción correspondiente a 2011, por ejemplo, no mencionó ingreso alguno por la hostería Las Dunas. Sólo informó que había heredado de Néstor Kirchner una participación en 3 sociedades dedicadas al alquiler de inmuebles propios: Hotesur SA (49%, con un valor total de $ 7,1 millones), Co Ma SA (45%, por sólo $ 76.561) y Los Sauces SA (45%, por $ 2,3 millones). Jorge Lanata denunció en su momento que Hotesur alquiló ficticiamente habitaciones a las empresas de Lázaro Baéz, especialmente Austral Construcciones SA, en una operatoria básica y burda de lavado de dinero. Resultó que Lázaro Báez le había pagado $3,2 millones (valor dólar de aquel momento) al ex presidente Néstor Kirchner en concepto de “alquiler” de la hostería Las Dunas, en El Calafate, entre principios de 2010 y mediados de 2011, según publicó en su momento el diario La Nación. Y Kirchner jamás lo declaró como propia esa hostería ante la Oficina Anticorrupción (OA). Tampoco lo hizo su esposa cuando se hizo cargo de la administración de la fortuna familiar. Los Kirchner recibieron cheques de Valle Mitre cada mes por el hotel Alto Calafate, y la hostería Las Dunas y el hotel Los Sauces. Sólo por el “alquiler” del Alto Calafate, los K recaudaron más de $ 10,1 millones a través de Hotesur SA, entre 2010 y 2011. Por lo tanto, ¿no valía la pensa revisar esa sociedad Hotesur, que gana tanto dinero alquilando hoteles que nunca se llenan sino que más bien siempre lucen casi vacíos? Hotesur data de 2008, oportunidad que registra al única inscripción del Directorio ante la IGJ (Inspección General de Justicia, controlada por el camporismo). En su Declaración Jurada, Cristina reconoció su participación en la empresa, pero en estos años nunca la familia informó a la IGJ sobre trámites de renovación de autoridades, tal como marca la ley. Y no fue la única norma que no cumplió de la IGJ. Hotesur fijó sede social en calle Lavalle 975, piso 4, departamento 5. En ese lugar alguna vez funcionó una oficina de Hotesur, pero cuando la firma tenía otros dueños. Hace años que allí ya no hay registros de actividad de la empresa. Los Kirchner tampoco presentaron nunca los balances de los ejercicios en los últimos años, por lo que recibió la intimación de la IGJ, hecho al que Hotesur (los Kirchner) nunca respondieron y además adeuda el pago de tasas a la propia IGJ desde el año 2010. ¿Cómo se llama eso? Impunidad. Todo trucho, todo mal: ¿Cristina corrupta? Era inevitable para cualquier investigación judicial, ordenar allanamientos. Hotesur y Alí Baba Acerca de las irregularidades en Hotesur, Hugo Alconada Mon en el diario La Nación: "(...) "Hotesur ha presentado toda la documentación respaldatoria", afirmó Capitanich, quien planteó que "la firma presentó la documentación solicitada [por la IGJ]. No se necesitaba ningún allanamiento judicial. La operatoria [de Hotesur] fue clara y transparente". Del legajo de Hotesur en la IGJ, sin embargo, surge otro panorama. Los últimos balances disponibles de la firma que controla el hotel Alto Calafate son de los ejercicios 2009 y 2010. Y ambos se presentaron sin firmas de sus autoridades o un contador. Una laguna clave para una empresa que ingresó millones de pesos del empresario patagónico Lázaro Báez gracias a las 1100 habitaciones que pagó durante años sin jamás usar esas reservas. No sólo eso. Esos balances de 2009 y 2010 se presentaron en un formato Word o Excel que permiten su eventual manipulación, en vez de respetar los parámetros previstos por la ley. El último balance, correspondiente a 2010, se complementó con el acta de una supuesta asamblea que se celebró durante 2011 para aprobar ese ejercicio y en la que habría participado el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner. Esa acta, sin embargo, registra sus propias inconsistencias. Entre otras, se consignó el departamento "A" del 4° piso de la calle Lavalle 975 de la ciudad de Buenos Aires como la sede en que se celebró el encuentro. Pero para entonces ése ya había dejado de ser el domicilio donde funciona la sociedad presidencial, según informó el abogado que registra esa oficina como propia desde hace ya cuatro años. De verificarse esa anomalía, Hotesur no sólo omitió inscribir ante la IGJ el cambio de sede social, como impone la ley, sino que habría declarado un domicilio falso ante el organismo que debe controlar las sociedades que se constituyen o fijan su sede en la ciudad de Buenos Aires. De esos últimos movimientos societarios correspondientes a 2010 y 2011 surge además que los actuales dueños de Hotesur continúan en las sombras. Aunque la presidenta Cristina Fernández de Kirchner informó esa firma en la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción, ante la IGJ consta mucha menos información. Apenas que las acciones quedaron dentro de la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner, fallecido en octubre de 2010, sin detallar sus actuales titulares o sus porcentajes accionarios. (...)". Máximo K tendrá que declarar Muy interesante lo de Nicolás Wiñazki en el diario Clarín: "(...) En el legajo de Hotesur que estaba en la IGJ se confirma que en todos los trámites que la compañía realizó ante ese organismo registró como sede a un domicilio en el que en realidad no hay nada: Lavalle 975 piso cuatro departamento cinco. Esas oficinas fueron allanadas el jueves pasado y estaban vacías y en alquiler. Un abogado aseguró ser el dueño del lugar desde hace cuatro años, y descartó tener alguna vinculación con el hotel presidencial. Los Kirchner declararon haber comprado el Alto Calafate en 2008. Pero en abril de 2012, por ejemplo, Hotesur presentó ante la IGJ su declaración jurada de actualización de datos: en ese trámite se lee que la firma volvió a inscribir como sede a Lavalle 975. Las sociedades comerciales tienen la obligación de informar la dirección de su sede activa. La IGJ supo que algo pasaba en ese domicilio porque a fines del 2013 intimó a Hotesur por sus incumplimientos pero la carta volvió rebotada. No hubo acciones estatales para ver qué había pasado. A todo esto se suman otras novedades sobre el hotel presidencial. Según la documentación de la IGJ, la firma adeuda sus balances del 2011, 2012 y 2013. El último estado contable presentado es el de los años 2009-2010. Clarín pudo saber que esos papeles, cruciales para conocer las finanzas del hotel de los Kirchner, no llevan la firma avalatoria de contadores. La aprobación de esos balances de Hotesur fue realizada, según declaró la compañía, en una asamblea del 2011. En el acta que reproduciría ese encuentro figura que estuvo presente el hijo de la Presidenta, Máximo Kirchner, y que aprobó esos ejercicios contables, aunque no está su firma en ese papel. Ese documento afirma que la reunión de la cúpula de Hotesur se hizo en la oficina hoy fantasma de Lavalle 975. El dato que complica al heredero de los Kirchner. ¿Máximo estuvo en Lavalle 975 y aprobó esos estados contables? Es probable que la Justicia busque respuestas a ese interrogante. (...)". Contra Bonadío La secretaria parlamentaria del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, Teresa García, criticó la decisión del juez Claudio Bonadio, y adelantó que el oficialismo denunciará al magistrado. García destacó que "a Bonadío ya lo conocemos, conocemos su trayectoria y su accionar, tiene 34 causas abiertas en el Consejo de la Magistratura a la espera de un jury". "Una vez más ha llevado a cabo un procedimiento innecesario e injustificado", agregó. Bonadío ordenó un allanamiento en la empresa Hotesur, que administra el hotel Alto Calafate, de la presidente Cristina Kirchner, en el marco de una denuncia impulsada por la diputada Margarita Stolbizer. Luego de ese allanamiento, el oficialismo denunció un "golpismo activo del poder judicial", y aseguró que la actividad del hotel de la Presidente es "clara y transparente". En tanto, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, señaló que el magistrado "es uno de los jueces más cuestionados" del fuero federal y señaló sus vínculos con el massismo. Además advirtió que se está armando un "escudo frente a los 9 expedientes de destitución" que enfrenta. Con respecto a la filiación partidaria de Bonadio, el funcionario kirchnerista fundamentó: "Él mismo se adjudica públicamente ser un militante del Frente Renovador y habla de los cargos que aceptaría en caso de que Sergio Massa llegara a la presidencia". Stolbizer Diálogo de la diputada nacional Margarita Stolbizer con el periodista Raúl Acosta, por LT8, de Rosario (Santa Fe): "-Dos cuestiones. Una: ¿es posible que el gobierno insista con que los legisladores, en este caso los senadores, en algunos casos ustedes, los diputados, están al punto de la rebeldía simplemente por querer que se cumplan las leyes? -No sé a dónde va la pregunta. Yo creo que siempre el cumplimiento de las leyes tiene que regir la conducta de las personas. -Digo por las declaraciones de Capitanich. -Capitanich en realidad lo que hizo fue una denuncia de golpismo hacia la Justicia, porque la Justicia había abierto un allanamiento, una investigación en una sociedad que es de la Presidenta. -¿Y usted qué opina sobre eso? -Que este gobierno no tolera ser controlado. Es un gobierno que no tolera el pensamiento diferente, un gobierno que no tolera la existencia de una justicia independiente. Obviamente que han llegado a un punti que lo que yo creo que hay que entender sobre todo que los altos niveles de corrupción que tiene este gobierno no son neutros, no son inocuos para un país, porque eso se paga en pérdida de credibilidad, inversiones y en vidas humanas. Esta gente ha demostrado una voracidad, una avaricia, han acumulado una fortuna. Yo esta semana lo que he hecho inclusive es presentar documentación que está presentada en la declaración jurada de la Presidenta. -Después iba sobre lo suyo, primero quería una reflexión general y que después usted nos contara cómo va la denuncia suya. -No, pero lo que iba a decir es una cosa general, que es esto: han acumulado tanta fortuna que ni ellos ni varias de sus generaciones van a poder gastarlo. Todo eso no es neutro para La Argentina, porque lo hacen sin importarle las vidas de las personas. Se han llevado la vida de nuestros chicos en la importación de la efedrina, se han llevado la de los más pobres que viajan en el ferrocarril por no hacer las inversiones, los sueños de la gente que esperaba viviendas. La corrupción no es inocua ni para Argentina ni para la democracia. H esta gente lo que ha hecho es un saqueo sistemático para enriquecerse personalmente. Y entonces salen con estos disparates, con denuncias, con cualquier cosa, poeque no les gusta sentirse controlados. Han sentido que ellos están al margen de la ley. La ley es para los demás, no para ellos. -¿Cómo han recibido los compañeros diputados, el resto de la gente de GEN, la comunidad politica, cómo ha recibido esta denuncia suya que, precisamente, lleva su firma? -Desde luego que acompañan. Nosotros no politizamos las cosas. Mire, la denuncia que yo hice es una cosa muy sencilla, porque en realidad yo no denuncié a la presidenta, yo denucié a los funcionarios de la Inspección General de Justicia, del Ministerio de Justicia, que no controlan el incumplimiento que existe en una sociedad de la que la Presidenta dice tener una participación accionaria de casi 10 millones de pesos. Todas las sociedades tienen que presentar sus balances, la composición de su directorio, pagar las tasas. La sociedad de la Presidenta no lo hace. ¿Eso es un delito? No, eso no es un dleito, no presentar los balances; el delito es que los funcionarios que tienen que controlar el cumplimiento no lo hagan. Ese es el delito. Ahora, después lo que el juez tiene que hacer es mirar qué es lo que hay detrád delmocultamiento de la información. Porque cuando llegan a hacer el allanamiento y ven que el domicilio denunciado por la sociedad de la Presidenta es hn domicilio inexistente y trucho, bueno, el juez tendrá que investigar qué hay atrás de todo este ocultamiento de información. (...)".

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