DOS MIL UNO

No estamos en el 2001... Los expertos en comunicación coinciden en que es una mala idea mencionar la soga en la casa del ahorcado, pero parecería que no entienden esta regla sencilla ciertos integrantes del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que es un tanto extraño por tratarse de personas que han hecho de su supuesta capacidad para comunicarse directamente con la gente la base de su estrategia política. Al asegurarnos que "esto no es el 2001", el viceministro de Economía, Axel Kicillof, cometió un error garrafal en un momento en que, de resultas de los esfuerzos tardíos del elenco gobernante de curar a los deseosos de comprar dólares de lo que según ellos es una obsesión malsana con la divisa norteamericana, la preocupación por el destino de la economía nacional está difundiéndose con rapidez desconcertante. Aunque ni siquiera los especialistas más críticos de la gestión errátil de los encargados de manejar la economía –Cristina, Guillermo Moreno, Kicillof, Julio De Vido, Ricardo Echegaray, Mercedes Marcó del Pont y otros que, según parece, no incluyen al titular formal de la cartera, Hernán Lorenzino– dicen que el país está en vísperas de una nueva conflagración equiparable con la de poco más de diez años atrás, los distintos voceros oficiales brindan la impresión de estar resueltos a provocar una de magnitud imponente. Si tienen éxito en dicha empresa, la desaceleración que comenzó no bien recibió Cristina el aval de más de la mitad de los votantes, podría verse seguida por una recesión mucho más penosa, y decididamente más visible, que la que contribuyó a la derrota de la lista encabezada por Néstor Kirchner en las elecciones legislativas bonaerenses del 2009. Desgraciadamente para el gobierno, no es sólo cuestión de la ineptitud de los comunicadores oficiales más locuaces. También lo es de la evolución reciente de la realidad económica. Desde mayo del 2003, "el modelo" kirchnerista se ha alimentado de cantidades cada vez mayores de dinero. Por algunos años, la expansión notable de la economía después de la contracción brutal que acompañó el colapso de la convertibilidad resultó más que suficiente como para financiarlo, pero puesto que el modelo es intrínsecamente insaciable, no tardó en necesitar encontrar fuentes adicionales de recursos, de ahí el conflicto con el campo en torno a las "retenciones móviles", la estatización de los fondos previsionales privados, la "reforma" del Banco Central, el uso creciente del dinero conseguido por la Anses y, últimamente, la expropiación de buena parte de las acciones en YPF de la empresa española Repsol. En vista de tales precedentes, es lógico que muchos teman que el gobierno haya puesto la mirada en los dólares en manos de quienes los tienen con el propósito de pesificarlos, es decir, apoderarse de ellos, bajo pretextos patrióticos o, si se prefiere, culturales. De intentarlo, el gobierno desataría una tormenta política todavía más furiosa que la causada por el enfrentamiento con los productores rurales a cambio de nada más que algunas semanas, acaso días, de alivio fiscal, ya que existe un límite a la cantidad de dinero disponible en el país. La merma de recursos financieros está haciéndose sentir en todo el país. A los gobiernos provinciales y municipales les será difícil abonar a tiempo los salarios y el medio aguinaldo de los empleados públicos. Las empresas del sector privado están en apuros por la falta de crédito y de insumos esenciales. Según algunos economistas, de tomarse en cuenta todos los pasivos, las reservas del Banco Central apenas superan los 10 mil millones de dólares, un monto que es peligrosamente reducido. Resulta comprensible, pues, que tantos miembros del gobierno se sientan nerviosos por lo que está sucediendo y que muchas declaraciones oficiales u oficiosas hayan sido tan incoherentes que, lejos de tranquilizar a la ciudadanía, sólo han servido para convencerla de que vamos hacia una crisis muy grave debido a una combinación de las contradicciones propias de un modelo basado en el optimismo voluntarista con la torpeza de funcionarios improvisados que, reacios como son a reconocer que la tasa de inflación es dos o tres veces más alta que la difundida por el Indec, tienen que limitarse a aplicar parches con la esperanza de ocultar así los síntomas de una crisis que ya ha adquirido características alarmantes.