PISTOLEROS

Un relato de vaqueros por Aleardo F. Laría El viceministro de Economía, Axel Kicillof, luego de una laboriosa investigación, parece haber encontrado al responsable de los penosos resultados de la política energética argentina. Siguiendo el guión de las viejas películas del Far West, acaba de descubrir al autor del ominoso latrocinio sufrido por el patrimonio nacional. Sin embargo, una serie de datos bastante consistentes abre algunas brechas en el rocambolesco relato del viceministro. Según los resultados de la "investigación" que llevaron adelante como interventores de YPF el ministro de Planificación, Julio de Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, existen evidencias de que el Grupo Repsol desplegó una estrategia de "depredación, desinversión y desabastecimiento", remitiendo al exterior utilidades récord, que utilizaron para apuntalar la expansión internacional del grupo. Según la bovina metáfora del viceministro, YPF "era un vaca lechera a la que iban a ordeñar hasta la muerte". El primer obstáculo que tiene que sortear este relato proviene de las declaraciones no muy lejanas de la propia presidenta Cristina Fernández, quien el 7 de diciembre del 2010, en la sede de YPF, luego de un anuncio de nuevas inversiones, afirmaba que "estamos muy contentos (con la compañía) porque esto va a sostener el crecimiento del país". Por su parte, el ministro de Planificación, Julio de Vido, en una entrevista publicada en "Página 12" del 23/10/08 había expresado que "en la Argentina las empresas tienen seguridad jurídica, por eso no hay motivo alguno de preocupación, especialmente en el caso de YPF, ya que conocemos con detalles su plan de negocios e inversiones y nos parece adecuado a las necesidades del país". Por consiguiente, la "investigación" del dúo Kicillof-De Vido constituye el más duro alegato contra las autoridades que debían controlar la empresa, es decir el propio ministro de Planificación, quien afirmaba conocer con detalles los planes de negocios e inversiones de la compañía. Algo que no debería sorprender si se tiene presente que el Estado argentino tenía un representante en el directorio de YPF que nunca objetó los balances de la compañía que siempre fueron aprobados con su aquiescencia. El segundo obstáculo del relato épico de Kicillof es que el reparto desproporcionado de utilidades y el éxodo de dividendos al exterior de YPF fueron el resultado directo de la operación de "argentinización" de la empresa, avalada por el gobierno y diseñada por Néstor Kirchner. Repsol facilitó la entrada del Grupo Petersen en el 2008 mediante un inusual acuerdo en virtud del cual la financiación del pago de las acciones de los nuevos socios locales se acordó mediante una desusada distribución de dividendos, pacto que también fue sometido a la aprobación previa de la Comisión del Mercado de Valores. El tercer reparo al relato de Kicillof es que la crisis energética de Argentina, como ha venido siendo denunciado por los exsecretarios de Energía, más que la acción embozada de un bandido, ha sido el resultado de políticas públicas erráticas, desalentadoras de la inversión, distorsivas de precios relativos que por atender sólo al corto plazo han terminado facilitando el incremento del consumo y del uso de la energía por encima de la producción. Como señalan estos expertos, si el gas en boca de pozo se abona al productor local a un precio inferior al 25% del gas importado y si el barril de petróleo se abona a un 40% del precio internacional, se produce un fenómeno normal en toda economía: con precios regulados muy inferiores a los del mercado baja la oferta y sube la demanda, lo que obliga a cubrir el consumo excedente con importaciones. En ese contexto, es comprensible –aunque resulte perjudicial para el interés nacional– que las compañías multinacionales prioricen su esfuerzo de exploración y producción fuera de nuestras fronteras. La circunstancia de que las compañías multinacionales operen con una lógica que no siempre se acopla con los requerimientos de las políticas nacionales, pone de manifiesto que el primer error, del cual se deriva el resto, provino de una decisión política adoptada en 1992 por el presidente Menem, cuando privatizó YPF. Para conseguir la aprobación parlamentaria de la ley de privatización, contó con el apoyo público y notorio del entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, a la sazón presidente de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi). Seis años más tarde Néstor Kirchner, siendo gobernador de la provincia de Santa Cruz, vendió a Repsol el 5% de la petrolera que estaba en manos de la provincia patagónica. Por consiguiente, la responsabilidad sobre las políticas de YPF debe recaer, en primer lugar, sobre los que priorizando necesidades de caja se desprendieron de las acciones que hubieran permitido ejercer un control y monitoreo de las decisiones estratégicas de la compañía. El relato de Kicillof, como tantos otros cuentos infantiles que a lo largo de la historia nos ha brindado el populismo, persigue el objetivo de echar las culpas siempre afuera, sobre algún oportuno chivo emisario, mejor si es extranjero. Esta manera tradicional de eludir las propias responsabilidades es un método que impide obtener oportunas enseñanzas a partir del reconocimiento de los propios errores. Como no hay aprendizaje, se crean las condiciones para volver a tropezar con la misma piedra. Los enunciados retóricos permiten eludir también, tras una nube de humo, la responsabilidad gubernamental sobre el futuro de la compañía confiscada. Siguen esperando respuesta preguntas tan obvias como las siguientes: ¿quién financiará la inversión necesaria para recuperar el autoabastecimiento?; ¿resultarán atractivos cuadros tarifarios alejados de los valores internacionales?; ¿son sostenibles en el tiempo subsidios al consumo energético como los actuales?; ¿cuál será el criterio de rentabilidad de una empresa que opera con una conducción política en su directorio? Ningún indicio ayuda a suponer que YPF no seguirá operando con criterios parecidos a los del pasado, que en su momento dieron argumentos a los impulsores de la privatización. Si, como se presume, el futuro de YPF depende de una nueva alianza con empresas multinacionales, nada se ha mencionado sobre la política energética compatible con esa presencia. El relato heroico de Kicillof no despeja ningún interrogante y sólo sirve para incrementar la impresión de que la retórica sigue campando a sus anchas, ocupando el lugar de las definiciones y contenidos de las políticas públicas.