HISTORIA REPETIDA

El Gobierno salva al juez Rafecas del juicio político Hoy pedirá en la Magistratura sólo una sanción menor para el juez que rechazó la denuncia de Nisman contra Cristina. Hoy el Gobierno formalizará su voluntad de no promover juicio político al juez Daniel Rafecas, por haber cerrado dos veces la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner sin ordenar una sola medida de prueba. Es un giro drástico en la posición del oficialismo. Y una fisura al interior de Cambiemos. De hecho, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, presentará hoy un dictamen alternativo al del senador radical Angel Rozas, también integrante de ese cuerpo, quien ya acusó a Rafecas y pidió enviarlo a un jury de enjuiciamiento que lo destituya del cargo. Mahiques responde directamente a Mauricio Macri. No hay dos lecturas posibles del cambio de postura ante Rafecas: es una decisión del Presidente, que para resolver asuntos institucionales de la Justicia escucha sobre todo a su jefe de asesores, José Torello, y al ministro Germán Garavano. Si el dictamen de Mahiques consigue respaldo suficiente y Rafecas esquiva el juicio político, quedaría abierto el camino para que este juez cambie de funciones. Pretende un puesto como Defensor General adjunto y se presentará al concurso para cubrir el cargo. El sendero por recorrer es controvertido y sinuoso, pero el Gobierno entiende que con una salida no traumática de Rafecas podrá seguir depurando el estratégico fuero federal. Otra cuestión es qué tiempos le insume y qué costos le provoca este modo de operar sobre la Justicia. Nisman había denunciado a Cristina, junto al ex canciller Héctor Timerman y otros sujetos, por encubrimiento de dirigentes de Irán en el atentado a la AMIA. Ese delito habría sido la consecuencia buscada del pacto que el kirchnerismo firmó en 2013 con el gobierno de Teherán. Nisman apareció muerto cuatro días después de aquella denuncia. Con el cambio de gobierno y después de dos años de dormir bajo la presión del kirchnerismo, la denuncia de Nisman tomó impulso en los tribunales. El juez Claudio Bonadio procesó a Cristina, Timerman y compañía. Los acusó de encubrimiento y traición a la Patria. La Cámara Federal confirmó el procesamiento. Cristina pidió este lunes ser enviada cuanto antes a juicio oral para demostrar su inocencia. El Gobierno sigue sosteniendo su desacuerdo con Rafecas por la forma en que cerró la denuncia de Nisman. Pero la razón para salvarlo del juicio político es el principio de que un juez no debe ser condenado por el contenido de sus fallos. La excepción es que exista el delito de prevaricato, por el cual el magistrado dicta a sabiendas una resolución injusta. Ese límite difuso fue transitado a todo riesgo por Rafecas. Todavía hoy sus detractores, e incluso colegas suyos en los tribunales de Comodoro Py, opinan que se dejó llevar por un “razonamiento político” -o directamente por una simpatía o una obediencia política- cerrando el camino para enjuiciar a Cristina. Pero en las oficinas del Gobierno reconocen que la defensa que ejerció Rafecas ante la Magistratura, con una exposición de más de tres horas en diciembre pasado, fue de una consistencia jurídica muy respetable, superior a los argumentos del radical Rozas para acusarlo. Rafecas usó también cierta dosis de picardía política. Recordó que, al igual que con la denuncia de Nisman, también había cerrado sin tomar prueba dos casos que afectaban al actual gobierno. Uno es la firma de un tratado comercial por 1.000 millones de dólares con Qatar, donde intervino la vicepresidenta Gabriela Michetti. El otro, una denuncia por el uso intensivo de Lebacs, colocaciones financieras con altísimo interés, que apuntaba a Macri, al titular del Banco Central Federico Sturzenegger y al entonces ministro Alfonso Prat Gay. Colegas de Rafecas dicen que esa misma picardía le faltó para tramitar la denuncia de Nisman. “Podía haber ordenado algunas pruebas y después cerrar el caso, entonces nadie le habría reprochado nada”, dijeron a Clarín. Toda una definición acerca de cómo suelen actuar algunos jueces. Según fuentes oficiales, la comunidad judía y la diputada Elisa Carrió -una voz poderosa de Cambiemos también en asuntos judiciales- conocieron de antemano la decisión sobre Rafecas y sus argumentos. Y parecen acompañarla con discreción. Caso curioso: en su momento Carrió firmó uno de los tres pedidos de juicio político a Rafecas. ¿De verdad habrá cambiado de postura alguien como ella, que suele ser irreductible cuando destina sus anatemas? Otro que pidió el juicio político a Rafecas fue el actual diputado macrista Waldo Wolff, quien entonces era vicepresidente de la DAIA. Enterado de la decisión de su gobierno de salvar a Rafecas, Wolff se limitó a señalar: “que cada uno haga lo que tenga que hacer”. Es otro caso curioso: el dictamen que hoy presentará Mahiques descarta el enjuiciamiento de Rafecas pero en cambio propone sancionarlo por “falta de decoro”. Es por la virtual amenaza que el juez le hizo a Wolff después de que éste lo criticara por haber rechazado la denuncia de Nisman. El mismo Rafecas admitió en sede judicial que tuvo con el entonces dirigente comunitario una conversación telefónica en términos “ásperos y difíciles”. El caso es seguido con atención por los jueces federales. No es que Rafecas tenga un millón de amigos en Comodoro Py, ni que sus colegas estén interesados especialmente por su suerte. Están preocupados, en realidad, por la de ellos mismos. Porque lo que se está revelando es el juego de Macri sobre los tribunales en la segunda parte de su actual mandato. A la Justicia no le gusta que otros poderes del Estado anden hurgando en sus métodos y decisiones. Eso es justamente lo que hace, por imperio constitucional, el Consejo de la Magistratura. Pero a la vez, los jueces reconocen que como parte de un cambio de época la Magistratura está “saliendo de la lógica kirchnerista de la caza de brujas”, según definió un magistrado de muy alto perfil. Desde ese punto de vista, adquiere especial relevancia la acción de Mahiques como representante del Poder Ejecutivo. La suerte quiso que, por sorteo público, este funcionario sea instructor de denuncias contra Bonadio, blanco favorito de los ultra K por su sucesión de fallos contra Cristina, y contra la camarista de Casación Ana María Figueroa, considerada de alta cercanía con el kirchnerismo. La Magistratura cerró esta semana dos denuncias contra Bonadio. Y Mahiques lleva la acusación que Carlos Beraldi, abogado de Cristina, planteó contra el juez por haberla procesado en el caso del dólar futuro. Es una denuncia por el contenido de un fallo. Si se mantiene la doctrina Rafecas, Bonadio debería zafar. La camarista Figueroa, que integra el máximo tribunal penal, está acusada de recibir dádivas de parte del entonces ministro Julio De Vido. Su primer denunciante fue Juan Carlos Gemignani, colega suyo en Casación. Después se sumó Guillermo Lipera, titular del Colegio Público de Abogados. El destino de esta denuncia parece ser el juicio político. El Gobierno cree que en ese caso la doctora Figueroa podría optar por una renuncia elegante antes de llegar a la destitución. Es un paso de doble efecto: evita el escarnio público y preserva la jubilación. C.Z