ENTREGÓ EL MARRÓN

Chúmbale chúmbale que ya la tenés....es fácil y canchera la ramera pero apurate porque después del 8N no si vas a poder. El 7 D terminó convirtiéndose en una verdadera maratón para controlar el fuero en lo Civil y Comercial. La primera batalla fue para que el Concejo de la Magistratura designara a la actual funcionaria del ONABE, Lorena Gagliardi, en el Juzgado Civil y Comercial N° 1, donde se tramita la acción pidiendo la inconstitucionalidad de la ley de medios. Allí también se decidiría el futuro de la medida cautelar que suspendió la aplicación del artículo 161 de la ley de medios que establece la obligación de desinvertir. A ésta la Corte Suprema le puso fecha de vencimiento para el 7 D, aunque Clarín ya pidió su ampliación. La designación de Gagliardi se frustró porque los miembros opositores del Consejo de la Magistratura consiguieron trabar la maniobra. Mientras tanto, el cristinismo presionó primero al juez subrogante del Juzgado 1, Raúl Tettamanti, acusado de ser pro Clarín, para que renunciara. Con la designación de su sucesor, Horacio Alfonso, en la Casa Rosada hubo cierta tranquilidad. Pero de inmediato se puso en marcha la ofensiva para controlar la Cámara y en particular la Sala Primera de la misma. Así fue que, también vía presiones, renunciaron dos miembros de la Cámara Federal Civil y Comercial, Martín Farrell y Santiago Kiernan, que respectivamente estaban en las salas 1 y 2. Por su parte, otro juez de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial, Francisco de las Carreras, sin embargo, sí parece decidido a resistir el embate oficial; cuando rechazó la recusación que le promovió el Gobierno, dijo que los argumentos oficiales no son ciertos. La operación oficial se completó con la reciente designación de 16 conjueces por el Senado. En este listado casi todos tienen vínculos profundos con el kirchnerismo. Por ejemplo, Eduardo Rojas Salinas, histórico abogado de las Madres de Plaza de Mayo, responde en forma directa a Barcesat. Gabriel Chamorro trabajó junto a Barcesat en la Facultad de Derecho de la UBA mientras cumplía funciones en un juzgado. Recientemente fue asesor de la ex diputada K Cecilia Merchán. Eduardo Fachal, por su parte, es el abogado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo en el caso Schoklender y también es jefe de área en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Hernán Ordiales, representante del Ejecutivo, blanqueó públicamente que algunos de estos conjueces deberían cubrir las vacantes en la Cámara. Los plazos que no dan En este punto es donde la contienda puede volver a complicarse. Para empezar, si se designaran en la Cámara conjueces notoriamente ligados al gobierno, cuando les toque intervenir en el expediente de Clarín podrían ser fácilmente recusados por este grupo, lo que originaría nuevas demoras para los propósitos oficiales. Embretado por su propia promesa de aplicar el artículo 161 el 7D, las nuevas controversias judiciales que se avecinan impedirían probablemente que la Cámara se expida a favor del vencimiento de la medida cautelar y de la constitucionalidad de la ley. Entonces le quedaría al gobierno -y a Clarín, en caso contrario- llegar a la Corte a través del recurso de per saltum que está a punto de convertirse en ley. Esto es, si el máximo tribunal no opta por rechazar el pedido de per saltum. Este panorama trabado que evitaría que el 7 D el cristinismo pueda cumplir sus promesas, se refuerza por otros indicios. El artículo 2° de la ley 26.376 establece el procedimiento a aplicar para el reemplazo de jueces: “En caso de subrogancia por recusación, excusación, licencia, vacancia u otro impedimento de los integrantes de las Cámaras de Casación o de Apelación, Nacionales o Federales, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 31 del Decreto-Ley Nº 1285/58. De no resultar ello posible, se realizará el sorteo entre la lista de conjueces prevista en el artículo 3º.” O sea que la designación de conjueces no debe utilizarse como primera opción. El nuevo texto del artículo 31 del decreto/ley 1285/58 que establece la ley 26.371 dice lo siguiente: “La Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, los tribunales orales y las cámaras nacionales de apelaciones en lo criminal y correccional federal, en lo criminal y correccional y en lo penal económico se integrarán por sorteo entre los demás miembros de aquéllas; luego del mismo modo, con los jueces de la otra Cámara en el orden precedentemente establecido y, por último también por sorteo, con los jueces de primera instancia que dependan de la Cámara que debe integrarse”. Si la Cámara optara por designar los conjueces recientemente designados, Clarín podría entonces impugnar esta decisión invocando que no se cumple esta normativa que dispone la prelación de otro procedimiento antes que los conjueces. A menos de 20 días hábiles del 7 D, todo indica que para esa fecha la batalla judicial estará muy lejos de definirse y que, si Martín Sabbatella anuncia la caducidad de la mayor parte de las licencias de Clarín y la licitación de las mismas, corre el riesgo de que esta medida quede suspendida inmediatamente por una nueva resolución judicial. En definitiva, los tiempos judiciales están derrotando al gobierno en su carrera por el 7 D. Esta realidad habría llevado a que, en los últimos días, circule una versión que señala la posibilidad de que bajarle el tono a la publicidad oficial sobre el 7 D, dejando de presentarlo como un plazo inexorable. Sin embargo, el gobierno ya apostó demasiado fuerte a esa fecha y ahora salirse de la misma podría tener un alto costo político. Como cortina de humo para atenuar los efectos negativos de este paso atrás, se menciona una brusca aceleración de la investigación sobre la presunta apropiación ilegal de Papel Prensa, que apunta al procesamiento de Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre por la transferencia, en 1977, de las acciones de Papel Prensa a Clarín y La Nación. Encuentre o no el gobierno la forma de disimular que se quedó corto con los plazos judiciales, lo cierto es que el 7 D está cerca de frustrarse.