martes, 2 de septiembre de 2014
CORTO PLAZO
El largo calvario del corto plazo
Los futurólogos toman la precaución de hacer sus predicciones a 100 años. Eso los pone a cubierto de cualquier verificación.
Ignorando ese sabio principio, intentaré visualizar el escenario en el que viviremos desde aquí al final del mandato de la Presidente Fernández de Kirchner. Lo haré con un sistema de afirmaciones que luego fundamentaré en cada caso.
Se repetirán episodios ya vividos de agitación y violencia en las calles, con formatos diversos y con excusas varias. No serán episodios menores. Los resultados serán impredecibles. Incluyo aquí los episodios de narcos, sobre los que prefiero no abundar.
Las huelgas, tomas, piquetes y protestas se generalizarán hasta crear un grave daño a la producción.
El peronismo ha dirimido sus diferencias internas siempre en el coliseo de la Nación. Muchas veces de modo solapado, otras abiertamente, pero las internas peronistas se han librado siempre de ese modo. Y en esencia, el peronismo dirime sus PASO cuerpo a cuerpo en las calles.
En este caso en particular, esta situación se verá agravada porque los propios kirchneristas del entorno empezarán a defender sus cabezas ante la inminencia de una catástrofe que les puede costar la cárcel. Frente a la imposibilidad de discrepar con su líder, esencial al peronismo, actuarán en las sombras, con luchas intestinas.
Los sindicatos, como es tradicional en el peronismo, defienden las prerrogativas que han recibido en la época de las vacas gordas, de las que no pueden gozar en la época de las vacas flacas. Perón supo de la veleidad sindical muchas veces, particularmente cuando la GCT se opuso a la designación de Eva como candidata a vicepresidenta.
Las amenazas de renuncia de la Presidente, reales o inventadas, serán comida frecuente en la opinión pública.
Esta aseveración se sustenta en cuestiones familiares, psicológicas y al gran desconcierto en que se sumirá el gobierno cuando advierta que su relato, del que se ha autoconvencido, ha fracasado. Recordar al Tercer Reich, en sus momentos finales. Y no descartemos la utilización de éste y otros recursos efectistas. Buscados o no, esos recursos le han sido de gran utilidad a la Presidente. Por otra parte, como papel tapiz del escenario, ella debe conseguir negociar su impunidad nacional e internacionalmente. Al menos debería.
No se resolverá en modo alguno el pago de la sentencia del juez Griesa. Y obviamente, no se obtendrán créditos ni inversiones relevantes o ciertas.
Tanto el gobierno como la oposición, como muchos factores económicos, están conformes con la idea de este default que creen inocuo, tolerable y comprensible para todos, y una posterior renegociación de toda la deuda canjeada. En esto se incluye a Carrió. Seguramente la excepción es Macri, pero no alcanza para influir en modo alguno en esta etapa. De todos modos, el enunciado de la idea es delirante. Como estar enfermo y querer morir para resucitar sano
La idea de incluir a todos los Holdouts en la negociación, tanto a los que ganaron el juicio como a los que no, es, además de falta de experiencia, un modo de dilatar el pago de la sentencia, que sería la única solución para comenzar a desatar el nudo gordiano que se deja para la posteridad.
La ley de cambio de lugar de pago que se debate con tanto énfasis en el Congreso, es otra garantía de que no se irá a ninguna parte en este rubro.
Por otra parte, el gobierno se ha encerrado de tal modo en su épica antiamericana – antiholdouts, antiendeudamiento, que aun teniendo en cuenta su habitual cinismo está preso de su propia épica paralizante.
La sociedad argentina odia pagar la deuda. Esto es una constante de comodidad que finalmente se traduce en nuestro prestigio de tramposos seriales internacionales. En esas condiciones los futuros candidatos no propugnarán ningún pago antes de las elecciones.
Es también importante entender que la única referente en materia económica de este gobierno es la Presidente, que tiene un conocimiento limitado de las consecuencias macro de sus reacciones precarias y emocionales.
Las reservas efectivamente disponibles para el pago de importaciones y de deuda, son menos de la mitad de las reservas brutas declaradas, y es altamente probable que no resulten suficientes para el pago de la deuda emitida bajo ley argentina, incluidos los Boden 2015. Esto implica que el default que preferimos considerar parcial, selectivo o lo que fuera, puede convertirse en default general.
No sonará como novedad. Pero hay diversos elementos que confirman la limitación en las reservas, que con otros colegas venimos sosteniendo.
Y por su parte los ingresos se verán afectados por la baja de las commodities, que puede agravarse en el principio de 2015 con alguna apreciación internacional del dólar, finalmente la contracara del valor de las commodities.
El comercio con el Mercosur se ha resentido y se seguirá resintiendo, primordialmente porque las restricciones de divisas terminaron por impedir la exportación. También por la caída de actividad en Brasil y las pocas esperanzas que se pueden poner en su nueva candidata estrella.
Las exportaciones en general y de las Pyme en particular, han caído o desaparecido, por la falta de insumos importados, por la desventajosa relación entre la inflación y el precio del dólar. En consecuencia, los ingresos de divisas por estos conceptos desaparecen.
Igual ocurre con los productos agrícolas, víctimas de una no-política incomprensible aún desde el mero punto de vista egoísta de quien quiere sobrevivir (sic)
Por el lado de los egresos, las importaciones imprescindibles marcan un rumbo inexorable de agotamiento de reservas, simple proyección matemática.
Las contradictorias políticas (o no-políticas) de gasto, emisión, cepo cambiario, expulsión de inversiones, destrucción de importaciones, pérdida de autoabastecimiento energético, subsidios, aumento de salarios y carga fiscal creciente, darán resultados contrapuestos, casi imposibles en un sistema económico mínimamente orgánico.
Así, puede esperarse simultáneamente inflación muy alta y hasta hiper, y al mismo tiempo recesión y desempleo, desabastecimiento y en el extremo, casos de racionamiento.
En teoría, en un sistema económico algunas de estas variables deberían neutralizarse. Pero debido a las descontroladas y contradictorias políticas (o no-políticas) aplicadas, se pueden dar todos los efectos al mismo tiempo.
La emisión desaforada acumulada y la nueva, garantizan una presión sobre el dólar o van a obligar a la neutralización con tasas altas. También sobre la demanda, en aquellos que no tengan temores a perder su trabajo o que deseen ser prudentes.
Ese aumento de demanda generará más inflación en ciertos ítems, y al mismo tiempo desabastecimiento en otros, ya que los comerciantes no trabajarán a pérdida, ni pagarán impuestos confiscatorios sobre ganancias inflacionarias. También habrá desabastecimiento en aquellos ítems, como autos, cuya producción está limitada por el cepo cambiario, que impide la compra de insumos o la dilata hasta la imposibilidad de organizar seriamente la producción. El costo de reposición incierto no será un aspecto menor.
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Como este gobierno no puede aceptar que estas distorsiones se ajusten por oferta y demanda, tratará de impedirlo, ya sea vía la fatídica ley de abastecimiento o mediante racionamiento por cuoteo.
El efecto combinado no necesariamente bajará la demanda energética, con lo que la importación será por lo menos del mismo nivel, sin tomar en cuenta la creciente reducción de producción.
Es así posible que ocurran situaciones contradictorias, y que no se autoanulen como en una economía normal.
La suma de incertidumbres y la angustiante situación de las empresas, más la sensación de improvisación que tiene el mercado sobre la acción de gobierno, hará aumentar el desempleo, unido a una brecha cambiaria creciente y a un tipo de cambio antiexportador, situación que ajusta siempre por desempleo.
Está claro, para rematar el concepto, que ninguna empresa proyectará hacia el futuro una demanda totalmente ficticia como para contratar personal, invertir o ampliar su capacidad.
El gobierno no está ya ante un dilema, sino en un laberinto múltiple borgeano, que él mismo ha urdido y del que no puede salir.
Con la negación continua y firme de la realidad por parte del gobierno, habrá ajustes importantes en el tipo de cambio, pero llegarán siempre tardíamente y el atraso cambiario se perpetuará. Este hecho coadyuvará al desempleo, que será importante hacia el final del mandato.
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Una rápida lectura del pasado exime de cualquier comentario.
El tipo de cambio paralelo o marginal continuará creciendo y separándose del oficial, en serrucho pero firmemente.
Casi innecesario de explicar, ante el empirismo que nuestra sociedad debería recordar luego de tantas repeticiones.
No es difícil prever fuertes alteraciones en la cadena de pagos, y un importante incumplimiento impositivo en esa puja permanente por restarle fondos injustamente a los sectores creadores de empleo y riqueza.
Esto será consecuencia natural de las otras variables, que empujarán a situaciones límites a las empresas, frente a un impuesto a las ganancias que se vuelve más injusto cuanto más alta sea la inflación.
Se aplicará la ley de abastecimiento, lo que conllevará detenciones a comerciantes y algunas medidas efectistas contra ciertas empresas y sobre ciertos productos. No es impensable que se intente controlar el comercio de granos y oleaginosas con medidas confiscatorias y altamente intervencionistas. En un habitual contrasentido, estas acciones generarán más desabastecimiento y dificultará las exportaciones.
Como Perón lo intentara en sus tres presidencias, la tentación de copar la actividad del comercio internacional crecerá con la desesperación. La práctica habitual y legítima de los agricultores para defender el precio de sus cosechas es vista por el gobierno, ávido de divisas que se perdieron o no llegan por su culpa, como un agravio y un delito que debe combatir. En ese sentido, muchos funcionarios añoran el IAPI y la Juntas Nacionales de Granos y Carnes, pergeños que terminaron en su momento neutralizadas por la corrupción, como siempre.
Habrá presiones y exacciones sobre bancos y empresas para que apliquen políticas que el gobierno considere necesarias para salir del atolladero, obviamente a costa de esas empresas o sus accionistas.
El tenaz desconocimiento gubernamental sobre las leyes del mercado y sobre el derecho, le hace pensar que las empresas se oponen por capricho a sus conveniencias, o deciden dejar de vender, prestar o producir por capricho o conspiración. Es tradición peronista intentar forzarlas a actuar según su conveniencia, con prescindencia de las leyes, el derecho o el simple razonamiento económico. Los resultados son siempre nulos, pero esas presiones reducen la inversión y todo atisbo de confianza.
Se abrirán muchos procesos penales contra funcionarios kirchneristas.
Es conocida la práctica de los jueces de manifestar su independencia al fin de los mandatos de quienes fueron sus amigos, amos o simplemente los designaron. De modo que esta etapa es esperable.
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