miércoles, 3 de septiembre de 2014

PAISES EN QUIEBRA

http://www.rionegro.com.ar/diario/paises-en-quiebra-4093081-9542-editorial.aspx Editorial Países en quiebra Puede que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no sea el indicado para liderar una campaña internacional a favor de países en bancarrota, pero el proyecto destinado a facilitar las "reestructuraciones" de deudas soberanas que está por presentar ante la ONU ya cuenta con el apoyo no sólo de los representantes de países proclives a caer en default sino también de muchos otros. Es por lo menos factible, pues, que prospere con la aquiescencia de Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón, los que, por sus propias razones, quieren minimizar el riesgo de que conflictos, como el que se vio agravado por el fallo del juez Thomas Griesa que convalidó las pretensiones de los fondos especulativos que se habían negado a entrar en los canjes propuestos por el gobierno kirchnerista, provoquen turbulencias financieras que podrían frenar la marcha de la economía mundial. Basándose en una iniciativa que fue ensayada hace más de una década por la economista del FMI Anne Krueger, los impulsores de un nuevo marco legal señalan que sería beneficioso para todos, con la excepción evidente de "los buitres", que la comunidad internacional regulara los canjes de deuda de tal manera que una pequeña minoría de holdouts no pudiera desbaratarlos. La legislación que tienen en mente se asemejaría a la vigente para empresas privadas en Estados Unidos y otros países, en los que declararse en bancarrota no suele significar caer en la ruina, ya que un empresario avezado podría recuperarse del revés en un lapso bastante breve. Así y todo, aun cuando el gobierno kirchnerista lograra convencer al resto del mundo de la necesidad de tratar a los países como si fueran grandes corporaciones, no haría mucho más que anotarse un triunfo diplomático. Por lo común, los cambios legales no son retroactivos y, aunque en este caso fracasaron los intentos de los abogados de los holdouts de impedir su aplicación, una decisión consensuada en tal sentido llegaría demasiado tarde como para mitigar el impacto de un default que por ahora es "selectivo" pero que, en los meses próximos, podría generalizarse. Por lo demás, no contribuiría en absoluto a hacer de la Argentina un país más confiable a ojos de los inversores. Antes bien, el protagonismo que está buscando el gobierno les recordará que dista de serlo. Como es notorio, "los buitres" financieros se alimentan de países que, por un motivo u otro, se separan de la manada internacional. No cabe duda de que aseguran que las dificultades que enfrentan sean aún mayores, pero privarlos de oportunidades para lucrar de las desgracias colectivas ajenas no necesariamente haría más fuertes a los económicamente débiles. Antes bien, a la larga podría tener consecuencias negativas para países de trayectorias como la de la Argentina. Por perverso que parezca, el que caer en default haya resultado una opción sumamente dolorosa brinda a los inversores institucionales más importantes un buen motivo para correr riesgos que en otras circunstancias considerarían excesivos. Por lo tanto, un convenio internacional que hiciera de la bancarrota una alternativa menos antipática no podría sino perjudicar a muchos países, en especial a aquellos que, como el nuestro, se han acostumbrado a manejar sus finanzas de forma llamativamente irresponsable. He aquí una razón por la que la propuesta, a primera vista atractiva, de Krueger no logró concretarse. Desde el punto de vista de los inversores, el peligro planteado por "los buitres" es menos grave que el supuesto por la tendencia de los gobiernos y empresarios de ciertos países a acumular deudas que nunca estarán en condiciones de honrar. Aunque casi todos los políticos del planeta dicen desaprobar la conducta de los especuladores, la mayoría se limita a descalificarlos aludiendo a su inmoralidad, lo que no les impide tolerarlos por entender que, a la larga, sería contraproducente prohibirles hacer su negocio. Así las cosas, para el gobierno kirchnerista conseguir manifestaciones de apoyo de parte de economistas prestigiosos y dirigentes extranjeros ha sido fácil, ya que no les cuesta nada. En cambio, no hay garantía alguna de que el respaldo retórico que ha recibido el gobierno en su campaña contra "los buitres" acarree beneficios tangibles que nos ayuden a superar los problemas ocasionados por la recaída en default.

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