PANORAMA

Panorama política nacional de los últimos siete días El gobierno desvelado por otro complot de la realidad La señora de Kirchner teme que el fin de año albergue estallidos sociales y esta semana denunció que el sindicalismo prepara, inclusive, “una matiné”, es decir una agitación en los meses previos. En el gobierno se ha vuelto una rutina la interpretación de la realidad en clave conspirativa: las consecuencias de la política económica autorizan, seguramente, aquellos temores presidenciales, pero se enmascaran esas causas culpabilizando a terceros: buitres, empresarios, gremialistas, medios de comunicación… El gremialista Luis Barrionuevo, fue uno de los más golpeados por los voceros del poder y hasta deberá responder a una requisitoria fiscal: se lo acusa poco menos que de incendiario social, aunque él sólo repitió una frase de la Presidente y explicitó un corolario. Dos años atrás, en la universidad de Georgetown, la señora de Kirchner había asegurado que si el país sufriera un 25 por ciento de inflación “explotaría por los aires”. Barrionuevo recordó la frase, puntualizó que la inflación actual se acerca al 40 por ciento y puso de manifiesto que "los conflictos se van a acelerar, la plata cada vez va a ser menos" , de modo que "lo que viene para diciembre" es un "estallido" por la inflación. Antes de disparar contra Barrionuevo y los gremios, el oficialismo había reaccionado airadamente contra el estudio de la Universidad Católica Argentina Barómetro de la Deuda Social de la Infancia para 2013, según el cual 4 de cada 10 niños viven en la Argentina en situación de pobreza y uno de cada diez, en situación de indigencia. También en este caso la Casa Rosada se encoleriza porque se señalan secuelas de su política. El ministro favorito, Axel Kicillof, descalificó el trabajo de la UCA amparándose en una indefinida ortodoxia técnica: "Medir la pobreza todos los días, un pobre más, un pobre menos, no es metodológicamente muy serio", aventuró. El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, fue más duro. Describió el estudio como “difusión de índices falsos” y consideró que, gracias al gobierno, la pobreza tuvo "una reducción abrupta, intensa". El cuadro que pinta el Barómetro de la Deuda Social no sólo muestra una foto de la actualidad (5 millones de niños y adolescentes pobres en el país, un millón trescientos mil en el conurbano bonaerense), sino que destaca que las cifras de 2013 revelan por segundo año consecutivo un agravamiento de la situación. Sin caer en el impresionismo, en el área metropolitana ese agravamiento salta a la vista: la cantidad de personas volcadas a la mendicidad y las que padecen lo que púdicamente se denomina “situación de calle” se han multiplicado dramáticamente. Las cifras de la UCA confirman lo que cualquiera pueda experimentar caminando por el centro de la Capital Federal. Y eso a pesar de que las cifras de pobreza y pobreza infantil de la ciudad de Buenos Aires son un 50 por ciento más reducidas que el promedio nacional. Simplificando un poco para ser más gráficos, podría decirse que en el país la mitad de los niños son pobres y la mitad de los pobres son niños. Esa constatación golpea al gobierno en un punto sensible de su relato, porque muestra un resultado catastrófico de lo que publicitariamente llama “la década ganada”. Aunque es cierto que la pobreza no brotó durante los gobiernos K, sino que viene de antes, en estos diez años el país contó con el viento de cola de una fuerte demanda externa (y altísimos precios) de su producción agroalimentaria que no se tradujeron en una mejora social sustentable. El hecho de que el aumento reiterado de la pobreza en los últimos años coincida con la existencia de la asignación universal por hijo, confirma que ese originalmente importante paliativo fue perdiendo eficacia al desvalorizarse por culpa de la inflación. Al gobierno parece preocuparle menos la existencia de esa masa de compatriotas en estado de pobreza estructural que la difusión del hecho, porque ésta afecta generalizadamente al núcleo más numeroso de su electorado, cuyos integrantes pueden así verse reflejado en millones de semejantes que padecen una situación análoga. Ese hecho se suma a los nubarrones que el oficialismo entrevé en su pronóstico de los próximos meses. Visitando a Francisco La dura reacción del gobierno ante los datos de la Universidad Católica no parece alfombrar el camino de la señora de Kirchner a su reunión con el Papa Francisco, el sábado 20 de septiembre. Es obvio que Bergoglio cuenta con la información del Barómetro de la Deuda Social de la UCA desde antes de su difusión pública: la atención al tema de la pobreza es uno delos puntos que señala como priritario desde antes de mudarse a El Vaticano. La semana próxima, por otra parte, el Pontífice recibirá en Roma a un grupo de obispos argentinos que probablemente enriquecerán el estudio de la UCA con datos vívidos sobre la pobreza en sus propias diócesis. Para modificar esa situación dramática que corta en dos al país y afecta a varias generaciones sucesivas de argentinos, se necesita privilegiar menos la épica de la confrontación y agudizar, en cambio, una visión estratégica basada en la reconciliación nacional, el vínculo constructivo con el mundo y un trabajo común y de largo plazo centrado en la educación, la producción y el trabajo. El 20 de septiembre, cuando almuerce con ella en El Vaticano, el Papa procurará ayudar al país y a la señora de Kirchner instándola a que, con calma y entereza, se ayude a sí misma a completar en paz la transición hasta el fin de su mandato. Viva el conflicto Al gobierno, sin embargo, le cuesta abandonar su preferencia por el enfrentamiento. Durante la última semana, por caso, el discurso presidencial del Día de la Industria fue una auténtica catilinaria destinada a los industriales. La señora parece tener una larga lista de quejas sobre los empresarios: “encanutan” autos, suben precios, no buscan financiamiento en las casas matrices, quieren ganar dinero, reclaman dólares para importar insumos y repuestos; en fin: son cómplices del temido estallido social que se vaticina. Para poder evacuar su filípica en la cara de los imputados, la Casa Rosada presionó intensamente a las entidades empresariales para que su dirigencia no se hiciera la rabona del, digamos, festejo. Tuvo éxito parcial: después de una discusión que dividió a su directiva, la Unión Industrial, que en principio había decidido no concurrir porque “no hay nada que festejar”, envió una delegación encabezada por su presidente, Héctor Méndez. Esos empresarios asistieron agobiados al rosario de reprimendas misturadas con anuncios que hizo la Presidente esa noche, mientras provocaban con su presencia las quejas de entidades con las que habían coincidido previamente en no participar de la reunión. Hay que recordar que el G6 (la mesa de las seis agrupaciones más fuertes del sector empresario) se siente amenazado por la inminente sanción plena de la reforma a la Ley de Abastecimiento. En el seno de ese sexteto, los más inquietos son los ruralistas: el campo está sofocado por la presión fiscal, las regulaciones que cierran posibilidades exportadoras y la sospecha de que, ante la creciente escasez de dólares, el gobierno puede sentirse tentado por intervenciones extremas. A la recurrente fantasía de las inspecciones a las cajas de seguridad particulares en las entidades bancarias se suma en estos días la conjetura de que se metería mano en los silos-bolsa que preservan parte de la cosecha no vendida (dólares con cuerpo de soja). El campo está alterado por ese rumor y propuso en el G6 medidas de acción empresarial contra la reforma de la Ley de Abastecimiento. Por el momento no ha obtenido consenso. Si los escuderos presidenciales se anotaron un poroto ante su jefa sentando a la UIA en el banquillo de Tecnópolis, fracasaron en cambio en hacer comparecer al gremialismo amigo. Ni el metalúrgico Antonio Caló (cabeza de la llamada CGT Balcarce) ni el mecánico Ricardo Pignanelli imitaron la resignada disciplina de la Unión Industrial. ¿No será que, bajo cuerda, el gremialismo oficialista se prepara para asistir a las mismas fogatas que Barrionuevo pronostica? En el gobierno abundan las sospechas de conjuras y traiciones. Los contactos personales y telefónicos entre varios gobernadores (Daniel Scioli, José De la Sota, Gildo Insfran, José Luis Gioja, Paco Pérez) están en la mira. Lo mismo que las actitudes del gobernador bonaerense, que parece acelerar su diferenciación de aspectos centrales de la política oficial a través de colaboradores directos como Gustavo Marangoni, Miguel Bein, Mario Blejer o Santiago Montoya. “Una economía y una política estables y dinámicas –escribió Montoya en La Nación, por caso- necesitan de todos y cada uno de los sectores de la sociedad. No se trata de lograr un consenso idílico, sino de que cada sector no ahogue al otro o busque prevalecer destruyendo al aparente adversario que va a ser necesario para consolidar un país (…) la actuación estatal debe desplegarse dentro de un marco que no termine ahogando o, peor aún, matando a la gallina de los huevos de oro”. Una definición de sentido común, claro. Pero, suficiente para tomar distancia. Al que le quepa el poncho, que se lo ponga. Las distintas vertientes que se insinúan como ejes del sistema político venidero tratan de calibrar con instrumental fino el punto exacto de continuidad y de cambio que la gobernabilidad requiere, que la indispensable reinserción internacional necesita y que la sociedad espera o estará dispuesto a tolerar. Acertar en las proporciones y en el momento de definirlas es lo que en definitiva decidirá qué fuerza y qué candidato predominará en el complejo cogobierno con el que se abrirá el período postkirchnerista y, si bien se mira, la suerte de esa nueva etapa. . Jorge Raventos