sábado, 14 de mayo de 2016

LA UNIVERSIDAD

¿LA UNIVERSIDAD PUEDE ESPERAR? La Reforma del '18 llega a los 100 años: el modelo está obsoleto El lector Enrique Caverzaghi Claas escribió: "¿Por qué ninguna news sobre las decenas de miles de personas que poblaron Baires, esencialmente universitarios? Ese apoyo encubierto a Mugricio (sic) no me parece correcto". En verdad, la nota sobre el reclamo universitario quedó atascada hasta un horario que ya era tardío y se decidió esperar a la edición de la presente nota para considerar la coyuntura estudiantil. Sin embargo, es difícil comprender una movilización que propone mantener en 2016 al pie de la letra las consideraciones de la Reforma Universitaria de 1918, además de deformaciones acumuladas por la sociedad, el país y las universidades durante 98 años. Por ejemplo, mantener una estructura pública gratuita que no tiene a la excelencia como valor central, carece de utilidad para la sociedad y pa ra el propio estudiante que debe buscarse una salida laboral cuando egrese. Por último, las movilizaciones universitarias recientes han resultado actos políticos antes que reivindicaciones genuinas. Todavía se recuerda cómo los universitarios forzaron al dubitativo Fernando De la Rúa a frenar la designación de Ricardo López Murphy como ministro de Economía, cuando en ese momento histórico se encontraba más preparado y con mejor equipo que Domingo Cavallo para acometer el imprescindible ajuste que terminó ocurriendo en la gran crisis de 2001 y la devaluación de 2002. Al respecto, una última acotación: si los rectores de centros de estudio creen que podrán eludir el ajuste en marcha, se equivocan. La sociedad argentina ha comenzado un ajuste y lo que está en discusión es el grado del ajuste, la forma de ejecución y el plazo. Todo indica que habrá nuevas movilizaciones universitarias. Alejandro Fantino y Aníbal Fernández deberían tomar nota, antes de intercambiarse encendidos tuits, que la movilización de gremios docentes y alumnos del jueves 12/05 tiene (o debería tener) un trasfondo más profundo que un reclamo salarial: el presupuesto del 0,7% del PIB asignado a las universidades por una ley sancionada en 2015, no alcanza para sostener una educación superior gratuita que se pretenda superadora y remunerar mejor a los encargados de impartirla. El modelo no funca. Durante los recientes 12 años ha ocurrido una multiplicación notable de universidades nacionales, con un criterio político antes que académico. Por cierto que debería ser motivo de reflexión que, existiendo tantas universidades gratuitas de acceso irrestricto, las empresas encuentren cada vez más dificultades cuando se trata de incorporar jóvenes recursos humanos con cierta capacitación. El ministro del ramo, Esteban Bullrich,por su lado, tendría que conocer que en el actual contexto, los sueldos no son un tema menor, porque ocupan 85% del gasto total asignado. Aunque también es cierto que un rector y un consejo académico que aceptan personal por hasta el 85% de sus ingresos están conduciendo a la casa de estudios rumbo al colapso. El Congreso aprobó una ley impulsada por el Frente para la Victoria, que gobernaba en 2015, prohibiendo el cobro por la enseñanza y los exámenes de ingreso a las universidades públicas. En particular, se impidió la imposición de cualquier tipo de arancel o tarifa. Asimismo estableció que el ingreso a la universidad debe ser de manera libre e irrestricta, y que las universidades deben prever cursos de nivelación. Luego, el bizarro proyecto, aprobado en la Cámara de Diputados en 2013, permaneció 2 años en el Senado sin tratamiento, y se sancionó sin debates previos en un contexto político adverso para el oficialismo en la 1ra. vuelta electoral y a pocos días del balotaje que ganó Mauricio Macri a Daniel Scioli. Si hubiese existido un debate podría haberse incluído un dato que aporta, en base a datos del Ministerio de Educación de la Nación, el Instituto para el Desarrollo Económico Social Argentino: > Sólo el 38% de los adolescentes termina la secundaria en la edad programada. > Entre quienes asisten a escuelas privadas, el 59% la termina en tiempo. > Entre los que asisten a las escuelas estatales, sólo el 31% termina en tiempo y forma. Esto quiere decir que si el Estado pone un ojo en las universidades, debería poner el otro en la educación media, que hace trastabillar a la educación superior. En cuanto a ésta, Alieto Guadagni recuerda, desde la privada Universidad de Belgrano, la dimensión general del problema y refresca otra sorda puja distributiva legada por los K: la inequidad en el reparto de los fondos en las universidades que favorecen a regiones amigas. Por ejemplo, la Universidad de La Matanza duplica en cantidad de alumnos a la Universidad del Sur, pero esta última dispone de un presupuesto 42% mayor. La Universidad de Quilmes tiene 9,3% más de alumnos que la de San Juan, que ostenta un presupuesto 241,6% superior, Guadagni dixit. Lo propio ocurre cuando se comparan los fondos otorgados a las universidades de Lomas de Zamora y Mar del Plata, donde la 1ra. tiene más alumnos (37.062 vs 24.953) y la 2da., un presupuesto 50,1% más grande. El panorama de la redistribución de los escasos recursos que describe el Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano, para que tome nota Bullrich, es que las 4 principales universidades públicas concentran el 37,7% del total presupuestado, si bien cuentan con el 44,5% del alumnado: la UBA recibirá $8.524 millones (17,1% del total); la Universidad Nacional de Córdoba, $ 3.445 millones (6,9%), la UTN, $3.427 millones (6,9%) y la Universidad Nacional de La Plata, $3.387 millones (6,8%). Pero todo esto formaría parte de un debate mayor que no encontró aún espacio en la agenda parlamentaria. La educación que se quiere porque no figura entre las prioridades de la sociedad. El modelo El intercambio de tuits entre el televisivo Fantino y el ex funcionario hoy senador nacional Fernández ocurrió a partir de la lógica queja del periodista por el caos de tránsito que provocó la marcha sobre el Palacio Pizzurno que terminó en Plaza de Mayo a la que adhirieron miles de militantes políticos de Ciudad de Buenos Aires integrantes de los 6 gremios universitarios, 15 federaciones estudiantiles, el claustro de graduados y los no docentes para protestar contra el recorte de salarios y la supuesta desfinanciación de la educación pública. El afán de protagonismo personal en estos cruces en las redes sociales impidió poner en 1er. plano la causa que subyace en el conflicto gremial, y que sí analizó el Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano, que dirige Guadagni: el presupuesto de las universidades nacionales, aprobado por el Congreso de la Nación para el 2016, alcanza los $49.815 millones, apenas el 0,76% del PBI. Es conocida la apreciación del ministro Esteban Bullrich: "Cuando llegamos al Gobierno nacional encaramos un proceso de pagar una deuda que tenían con las universidades. Se debían más de $1.400 millones y 3 meses de gastos de funcionamiento", aseguró. Él agregó, en cuanto al incremento en los servicios que impactó en el presupuesto de las universidades públicas, que el Gobierno va a "cubrir el aumento de tarifas a futuro también" y ha "destinado fondos específicos" para este fin. Bullrich agregó que "todas las universidades están recibiendo al día los fondos, inclusive habiendo cubierto la deuda que se arrastraba". El problema es que ya no alcanzaba antes, dicen los jefes de las casas de estudio. El informe del equipo de Guadagni cuantifica la población de alumnos en universidades nacionales, que llega a 1.494.561 alumnos, con lo cual las partidas específicas dedicadas a la enseñanza promedian, entonces, los $33.010 por alumno y por año que darían $2.750 por mes ya deglutidos en gran parte por la inflación galopante de este 1er. semestre. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) destacó el alcance general de este round que hoy afecta a los claustros: se necesitan > la actualización de un presupuesto desfasado por las condiciones económicas de los últimos meses; > hay preocupación por el atraso en la transferencia de las partidas presupuestarias; > es urgente un incremento salarial para docentes y no docentes, en acuerdo con los gremios; y > es necesaria la continuidad de las obras de infraestructura. Presupuesto 2016 El vale de caja de $ 500 millones que les dio en abril Bullrich a las universidades para pagar los tarifazos no compensa las distorsiones estructurales que existen en el presupuesto del sistema universitario nacional En defensa de Mauricio Macri, el Presupuesto 2016 se aprobó en octubre, y fue enviado al Congreso por el hoy diputado nacional Axel Kicillof (Frente para la Victoria/Ciudad de Buenos Aires), y aprobado por Diputados el 08/10/2015 y sancionadas por el Senado 20 días después. Deberá recordarse que el Presupuesto 2016 fue aprobado por las bancadas oficialistas de las 2 cámaras sin casi discusión de la oposición, entre la que se contaba la ahora alianza gobernante, con bases irreales de una paridad cambiaria de $10,60; tasa de inflación esperada de 10,4% entre los extremos del año y un crecimiento del PBI y del consumo en torno 3%, los cuales determinaron una proyección de incremento del gasto total del 15,8%. Estos universitarios debieron ir en procesión al Congreso en ese momento, y su tardío despertar le da un inevitable tufillo político-partidario a todo el asunto. Lo que hizo el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Marcos Peña, a través de la Decisión Administrativa 10 (de 7 páginas y 7 anexos de casi 600 páginas cada uno + un 8vo. con 322 hasta un total de 4.522 páginas, pubicada en el Boletín Oficial cuando Macri desembarcó en el World Economic Forum, en Davos), fue reasignar entre los diferentes ministerios $81.671 millones, con un saldo neto sin cambios. En esa reasignación, el Ministerio de Educación incrementó sus partidas respecto del monto original en $1.063 millones... y no alcanza. La universidad ocupa 0,7% de la torta presupuestaria, contra 4% que se asignó al déficit de empresas públicas, y 5% a intereses de la deuda pública, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Era esperado que el Poder Ejecutivo Nacional presentara en la reapertura de las sesiones ordinarias del Congreso el 01/03/2016 un proyecto de ley modificando las pautas presupuestarias en línea con el nuevo escenario interno y también externo, junto a las iniciativas de revisión de los cuadros tarifarios y de la política tributaria. Que no haya ocurrido supone que hay un enorme ajuste implícito en marcha, que no puede ignorarse. Un problema consiste en que si hay un ajuste compulsivo en marcha, los centros de estudios no han tomado nota de lo que significa. Otro es que si la idea de Bullrich es replantear en serio la política en materia de formación pública universitaria a partir de las migajas presupuestarias de la educación superior y simplificarla en torno de una disputa salarial, debería asumirse sin tapujos, y ser sometido a debate nacional, si esa educación seguirá siendo gratuita en las carreras de grado (posiblemente más acotadas), o pasará a ser arancelada como los posgrados, y competir con las privadas. Por el momento, las partes se conformaron con potenciar la puja redistributiva intestina disparada por el reclamo salarial, con cese de actividades, clases en las calles, tomas de facultades y el desemboque en la multitudinaria movilización de todos los actores que rodean los claustros. Sindicatos docentes y no docentes estuvieron presentes en la marcha, que se habían juramentado desde que conocieron el “artículo 23 quáter” del Decreto de Necesidad y Urgencia 13/2015, y ante su reclamo el ministro Bullrich dijo que se había cometido "un error" que prometió enmendar con otro DNU. Aquel decreto soslayó la Ley de Financiamiento Educativo (N°26.075) de diciembre de 2005, que estableció que la inversión educativa debía alcanzar al 6% del PBI 5 años más tarde; la Ley de Educación Nacional (N°26.206), de diciembre de 2006, que reestructuró el sistema educativo. De regir el mentado DNU, volverían el EGB y el Polimodal a las escuelas, dejaría de ser obligatoria la sala de 5 años, el presupuesto educativo se reduciría del 6 al 3% del PBI, no habría paritarias docentes ni escuelas técnicas. En su primera reunión con Bullrich, el ministro le encomendó a su asesor legal que lo anotase para modificarlo. Deberá recordarse cómo terminó aquella ronda de negociaciones: Bullrich acordó un ajuste que luego del reclamo de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, desestimó el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Más movilizaciones El testimonio que dio un profesor de la kirchnerista Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, Carlos Llerena, a Jorge Giordano y Eliana Verón, de la ultrakirchnerista Agencia de Paco Urondo, permite determinar el auténtico núcleo del reclamo: "El aumento que ofrece el gobierno es una burla, no mejoraron la oferta, no nos queda otra que venir a marchar. El presupuesto universitario ha tenido un aumento que es muy pobre comparado con los aumentos de las tarifas de servicios". Sobre el efecto de las políticas de ajuste en la Facultad de Ciencias Exactas, Llerena expresó que "una gran parte de la comunidad universitaria está teniendo una reacción muy valorable. Desde nuestra facultad de Exactas a veces cuestan estos temas pero se han podido concretar grandes asambleas, notamos que si no se reclama y visibilizan los pedidos, volvemos efectivamente a los '90. Muchos también vivimos de la investigación, está existiendo un desfinanciamiento de las actividades de ciencia y técnica. Los chicos tendrían que estar haciendo experimentos en el laboratorio y publicándolos, hoy no pueden. No queremos estar marchando, estar de paro, sino dar clases, tener nuestra vida normal", justiicó. Sobre la redistribución de los recursos habló Laura Leiva, graduada de la Tecnicatura en Emergencias e integrante del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela: "Nos movilizamos en apoyo a las paritarias de los docentes y porque Macri desde diciembre no nos gira la partida presupuestaria para gastos operativos", señaló. De lo que puede estar seguro el gobierno de Macri es que un aumento salarial 'per se' no aquietaría las aguas universitarias. Lo promete a la agencia periodística militante APU un dirigente del centro de estudiantes de apellido Ruiz: "En Sociales estamos pensando en convocar a una nueva asamblea. Si hay que radicalizar la posición, lo haremos, pero tenemos que agotar todas las instancias. Estamos al tanto de las tomas en Filosofía y Letras. Nuestra facultad hoy en día no está tomada. Es una instancia muy valiosa, pero este conflicto puede extenderse por un largo período, así que no podemos agotar ahora todas las medidas de fuerza. Tenemos que tratar de convocar a toda la sociedad en defensa de la educación pública". Otro modelo Ángel Cabrera (nació en Madrid, en 1967), es el único rector español entre las más de 3.000 universidades estadounidenses. La suya es la George Mason University, la universidad pública más grande del estado de Virginia, con más de 34.000 alumnos. Es muy interesante conocer lo que dijo Cabrera, comparando el sistema universitario estadounidense y el español (que podría ser el argentino): > "(En España) Todo está súper regulado y todos los profesores cobran lo mismo. No hay diversidad ni posibilidad de que una despunte. Aquí -en Estados Unidos- hay mucha libertad, pese a ser públicas no tenemos limitación salarial para contratar a un docente. Mi límite es mi presupuesto y yo decido cómo lo gestiono. Gran parte de mi trabajo consiste en pedir dinero a fundaciones y particulares porque aquí competimos por todo: por fichar a los mejores profesores -en la Mason hay 2 premios Nobel en Economía-, por atraer a los mejores alumnos y por conseguir las mejores subvenciones para proyectos de investigación de las agencias públicas. El resultado es que tenemos las mejores universidades del mundo y el precio que se ha pagado es la desigualdad en el acceso." > "El problema del acceso es uno de los grandes debates en este país. El estudiante medio se gradúa con US$ 30.000 de deuda (N. de la R.: por la beca recibida para pagar sus estudios). El 95% de los préstamos los concede el Gobierno Federal. Existen los llamados 'pell grants', becas para estudiantes de familias humildes que no cubren el 100% de la matrícula. Pese a recibirla, el alumno tiene que trabajar unas 20 horas a la semana, por ejemplo en la cafetería de alguno de los campus, y pedir un préstamo más pequeño. Además, necesita US$ 20.000 al año para pagar el alquiler de una habitación y la comida. El sistema estadounidense pone la carga sobre el individuo y su famlilia, mientras que en España lo pagan los contribuyentes exclusivamente". > "El sistema regulado y con la matrícula baja es lo mejor para resolver el tema del acceso, pero en cambio no existe la excelencia. Las universidades necesitan libertad para competir, hay que cederles autonomía. Un sistema mixto que permitiese la creación de varias universidades de élite dentro del sistema público sería una buena opción. Todo el mundo habla de Silicon Valley, pero no existiría de no ser por Stanford y/o Berkeley. Esa dinámica de generar innovación solo puede venir de la mano de un entorno universitario potente." > "A diferencia de lo que sucede en España, aquí las aportaciones del Estado cubren una parte muy pequeña de nuestro presupuesto, que es de unos US$ 1.000 millones al año. El subsidio que recibimos recibíamos en el año 2000 por parte del Estado de Virginia cubría el 70%; este año ha bajado al 23% y esa es la tendencia. Cada vez nos tenemos que comportar más como una universidad privada y nuestro gran reto es mantener la calidad sin incrementar el precio de la matrícula de los estudiantes. La universidad para un ciudadano del Estado de Virginia es de US$ 10.000 al año; para los de fuera asciende a US$ 30.000. La media de las privadas ronda los US$ 45.000."