GOLONDRINA

Una golondrina profesional por Aleardo F. Laria En la ceremonia de promulgación de la ley de expropiación de YPF, la presidenta Cristina Fernández anunció que la gestión de la nueva empresa "será profesional, pero bajo dirección política". Añadió que el nuevo gerente general será un ingeniero experto en exploración petrolífera y aseguró que los puestos en la compañía no serán "becas políticas". Si bien es prematuro pronunciarse sobre una gestión que aún no ha comenzado, las declaraciones de la presidenta van en la buena dirección al tiempo que pueden interpretarse como el descarnado reconocimiento de un grave déficit que desde sus inicios arrastra la gestión kirchnerista. El punto de partida para cualquier análisis sobre este tema debe ser el reconocimiento de que no existe ningún país en el mundo que hubiera dado inicio a un proceso de modernización sin haber resuelto antes el problema de la profesionalización de la gestión pública. Como es obvio, esta cuestión no se resuelve por el expediente de aplicarlo en el reducido ámbito de una empresa aislada. La verdadera profesionalización debe abarcar todas las esferas de la administración pública nacional, provincial y municipal. Una golondrina profesional, en medio de un cielo de gestión caracterizado por el nepotismo, el clientelismo, el patronage y el patrimonialismo, no hace verano. Las democracias modernas hace ya bastante tiempo que resolvieron el viejo problema del spoil-system, es decir, el sistema de convertir la administración pública en el botín del partido en el poder. Sirva de ejemplo el caso norteamericano, donde la Pendleton Act, que puso fin al sistema de expolio, se dictó en 1883. El hecho desencadenante de esa reforma fue la actuación de un ciudadano de origen francés que, considerándose acreedor a un puesto en la administración pública por los servicios prestados al partido en el poder y despechado por no haber recibido el cargo al que aspiraba, se tomó venganza nada menos que asesinando al presidente Garfield. Desde aquella lejana época, en un lento proceso acumulativo, el resto de las sociedades modernas llegó al convencimiento de que la eficiencia del Estado estaba directamente vinculada con la presencia de funcionarios profesionales, designados por sistemas objetivos de selección. A partir de la adopción de planes de modernización se hizo un denodado esfuerzo por garantizar la capacitación y eficiencia de los cuadros administrativos, disminuir la injerencia de la política partidaria y asegurar la mayor imparcialidad de los que aplican las políticas públicas. Las prácticas que gozan todavía de sorprendente vigencia en la Argentina han sido definitivamente abandonadas por la inmensa mayoría de los países avanzados. La designación de familiares y amigos (nepotismo), la asignación de cargos públicos a los correligionarios políticos (patronage), el uso de los bienes públicos con fines partidistas (patrimonialismo) y la asignación de fondos públicos a determinadas clientelas políticas (clientelismo) son prácticas anacrónicas que han desaparecido en la inmensa mayoría de los Estados europeos. En algunos países de América Latina, como Chile, Brasil, Uruguay, México y Perú, con mayor o menor fortuna se han formulado también planes para erradicarlas. En la Argentina el Estado todavía es considerado como un botín de guerra del partido que gana las elecciones y es habitual que se proceda a cubrir los cargos de la administración pública, incluso los menores, con militantes-funcionarios. Como se puede deducir, en la mayoría de los casos esos militantes no están preparados para el ejercicio de las funciones que quedan bajo su responsabilidad, con lo que los niveles de eficiencia en la gestión administrativa decaen de modo considerable. Como destinan la mayor parte del tiempo a la militancia, su desparpajo es un factor que desincentiva la labor del resto de funcionarios profesionales. La existencia de una gestión pública profesionalizada favorece la presencia de funcionarios de carrera que van ascendiendo sobre la base del mérito y la capacidad. Esto da como resultado la consolidación de un cuerpo de expertos que conservan la memoria de la gestión administrativa y evitan la constante repetición de errores en las políticas públicas. Por otra parte, la corrupción se hace más difícil con funcionarios que programan sus vidas en función de una larga carrera, dado que, como señala Eduardo Conesa, las acciones de los seres humanos están impregnadas de mayor moralidad cuando piensan en el largo plazo. Por otra parte, la práctica del botín es notoriamente perjudicial para el correcto funcionamiento de una democracia de partidos porque el partido en el gobierno se hace por este medio con enormes recursos que quedan fuera del alcance de los partidos de la oposición, lo que desnivela el terreno de la lucha democrática y dificulta las posibilidades de la alternancia en el poder. En los países modernos los partidos proveen sólo el personal de alta dirección política, pero no invaden y respetan rigurosamente la estructura jerárquica y profesional de la administración pública. Los intelectuales K afines al gobierno sostienen entusiasmados que la revalorización retórica del rol del Estado que propugnan equivale a "un cambio de paradigma". Pero están en un error. Se puede asegurar, con absoluta certeza, que no existe posibilidad alguna de cambiar el actual paradigma e iniciar un proceso de desarrollo sustentable, guiado por la acción reguladora del Estado, sin eliminar el sistema del botín y el clientelismo partidario. Un Estado compuesto por funcionarios capacitados y competentes que actúan guiados por criterios profesionales e imparciales es un formidable instrumento de gobierno para desarrollar políticas basadas en el bien común y en la equidad social. Lo que la presidenta ha anunciado como un hecho excepcional, vinculado con la gestión de una solitaria empresa, debe transformarse en una política universal de Estado, aplicable a todas las esferas de la administración pública. La gestión profesional no es una rara avis para ser exhibida en una jaula recamada de oro sino que debe ser asumida como el desafío más importante que tiene actualmente nuestra atribulada república. La sociedad política, en su conjunto, debe tomar conciencia de que mientras este problema no se aborde seguiremos con un Estado empantanado, dominado por la mediocridad y la estulticia.