jueves, 28 de julio de 2016

BASTA !!!!

TEMOR CIUDADANO (Después de Vidal/Carrió): A la inseguridad, nadie le pone el cascabel Haber concentrado el poder en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, así como en la Casa Rosada no redundó, como se especulaba en principio, en acciones más coordinadas entre las fuerzas policiales y las federales para combatir el delito, el narcotráfico y la violencia urbanos. Al final cuesta ensamblar a la Policía Metropolitana con la Federal en CABA, meter en caja (o fuera de ella) a la Bonaerense y sacar a la Gendarmería y la Prefectura de las zonas calientes del conurbano y del suburbio porteño. La mitad + 1 de la población considera que la inseguridad es elevada y 31% la califica como media, según la encuesta que encaró el Centro de Opinión Pública (COPUB) de la Universidad de Belgrano, que dirige Orlando D’ Adamo. No percibe el 60% que haya habido cambios respecto del año pasado y la atribu ye, en este orden, a la corrupción policial (23%), a la falta de educación (21%), a las dificultades económicas (18%) y a las leyes “blandas” (17%). Hubo un tiempo en el que, pese a las dificultades económicas, la inseguridad no era el gran tema argentino. La inseguridad era una de las mayores demandas ciudadanas que surgían de las encuestas preelectorales y el entonces candidato Mauricio Macri acusó recibo: "Vamos a declarar la emergencia en seguridad. Hay que poner en marcha la profesionalización de las fuerzas de seguridad en todo el país, es una tarea pendiente, lo que conseguimos con la Policía Metropolitana en la ciudad, hay que lograrlo con cada policía provincial", prometió. Cumplió al asumir con la formalidad anunciada, pero la sensación en general no varió demasiado tras un semestre largo de gestión: el último sondeo del Centro de Opinión Pública (COPUB) de la Universidad de Belgrano, que dirige Orlando D’ Adamo, ponderó que el 51% de la población considera que la inseguridad es alta. El 31% la califica como media y sólo el 12% cree que es baja. El dato más relevante que arroja la compulsa es que 60% piensa que Cambiemos no cambió nada en materia de inseguridad, ya que la encuentra en el mismo nivel que el año pasado, mientras que para el 22% se elevó y para el 11% de los consultados se redujo. De todos modos, la mitad de la población representada en la muestra admite haberse resignado a modificar costumbres a raíz de la inseguridad, sobre todo estando más atento en el transporte público, al entrar o salir de sus hogares y al estacionar sus vehículos. Los femicidios (mencionados por el 20% de los encuestados) y la corrupción (por el 18%) son las dos modalidades de delitos con mayor registro entre la población. Delitos en ascenso Las estadísticas que dio a conocer la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto con el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, y el subsecretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, se remotan algo más atrás y ahí sí se verifica que entre 2008 y 2015 la tasa total de los hechos delictivos cada 100.000 habitantes en el país aumentó un 10% y durante todo el período kirchnerista subió un 4%. Bullrich criticó al gobierno anterior porque dejó de dar a conocer las cifras desde 2008 para ocultar “un país violento y una sociedad crispada”. La provincia de Santa Fe tiene la tasa de homicidios dolosos más alta del país (12,2%), y es la segunda provincia del país en cantidad de asesinatos dolosos después de Buenos Aires que el año pasado tuvo 1.240 casos, lo que representa una tasa del 7,4%. Respecto a la tasa de homicidios dolosos -cometidos con intención-, dijo que disminuyeron un 12% entre 2003 y 2015, pero aumentaron un 10% entre 2008 y el año pasado. Sin embargo, resaltó que las “lesiones dolosas” aumentaron un 35% entre 2003 y 2015 y las “amenazas” se incrementaron un 50%, por lo que para ella “esto muestra un país violento y una sociedad crispada”. Relativizó asimismo el descenso en un 15% en el mismo período de los delitos contra la propiedad y de un 8% en los robos porque influyó la falta de denuncias de las personas queentre escépticas y desalentadas, creen que “nada va a pasar” con la investigación de su caso. La ministra también se mostró preocupada por la tasa de “homicidios culposos -sin intención- en accidentes de tránsito” que supera 10 víctimas cada 100.000 habitantes y cuya tasa aumentó un 13% entre 2003 y 2015. Aunque, tal como dijo la funcionaria haya habido un bache estadístico en los 12 años del matrimonio Kirchner en la Casa Rosada, los números y las sensaciones confirman que la inseguridad empeoró, lo cual, dada las altas tasas de crecimiento que caracterizaron a la primera década K no sostiene la teoría de que el delito aumenta con los problemas económicos. La encuesta de la UB atribuye a la corrupción policial (23%), a la falta de educación (21%), a las dificultades económicas (18%) y a las leyes “blandas” (17%), en ese orden, las causas de la inseguridad. “La desconfianza en la policía y los casos de corrupción en dicha fuerza son señalados como aspectos tan preocupantes como la pobreza extrema y la falta de educación”, destaca al respecto D’Adamo. Crisis en la Bonaerense La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, atraviesa una aguda crisis policial en la provincia por no haber aceptado de entrada códigos internos de la fuerza en torno de un sistema corrompido desde sus raíces. El periodista especializado en temas policiales Ricardo Ragendorfer explicó a la agencia APU que el único cambio que hicieron fue reemplazar al jefe Hugo Matzkin por un hombre de su confianza, Pablo Bressi, al frente de la Bonaerense. Por lo que afirma, la única molesta por la decisión no fue Elisa Carrió sino otras líneas policiales que pensaban que “con el cambio de Gobierno iban a darse otros movimientos. Eso causa revuelo entre el comisariato”, sostiene Ragendorfer, para quien “esas internas a veces son feroces y golpean sobre las autoridades civiles. Disciplinar a la Bonaerense no es lo mismo que disciplinar a los trabajadores contratados en el Teatro Colón”, ironiza. Advierte que la llegada de María Eugenia Vidal a la gobernación fue tan sorpresiva que no tenía un plan para la Bonaerense. “De cualquier modo, la estrategia del PRO para las fuerzas de seguridad pasa por controlar el espacio público y reprimir la protesta social si es necesario”, acotó. Para Juan Gabriel Tokatlian, de la Universidad Torcuato Di Tella, también es "apresurado hacer un balance" a solo 6 meses de la asunción de Macri, pero "de los anuncios" realizados en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, "uno debe estar severamente inquieto". Vidal fue a tratar con Elisa Carrió, entre otros temas, la denuncia que venía haciendo la líder de Coalición Cívica sobre supuestos vínculos del comisario Bressi con el narcotráfico, que investigó la división de Asuntos Internos de la fuerza provincial sin hallar nada que comprometa al jefe designado. Según Ragendorfer, “Cambiemos busca construir legitimidad hasta que sean atacados realmente por la Bonaerense. Pensé que estas operaciones iban a aparecer más adelante. Pero se dieron muy rápido. Empezó con la fuga de los hermanos Lanatta, cuando le dijeron a Cristian Ritondo (ministro de Seguridad provincial) que estaban ´acorralados´, lo que no era verdad”. Alcaldes preocupados Pero también el avispero político volvió a registrar la creciente preocupación por el aumento del narcotráfico y el delito, en la boca de los 54 intendentes peronistas agrupados en la Federación Argentina de Municipios-Provincia de Buenos Aires, quienes enviaron una carta a la gobernadora María Eugenia Vidal para pedirle de forma "urgente" más presencia de la Policía Federal y de Gendarmería en el territorio, ante" los hechos de inseguridad que se vienen suscitando y el crecimiento del narcotráfico de estupefacientes en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires”, dice la misiva. El reclamo llegó pocos días después de que Vidal anunció que este año destinará unos $ 3.000 millones para mejorar los equipos de seguridad en 135 municipios. El mismo día de ese anuncio, la intendente de La Matanza, Verónica Magario, dijo que los recursos no son suficientes debido a que "la complejidad de la nueva situación social es lo que está haciendo crecer el delito" en la provincia y reclamó una "rápida restitución de la Gendarmería, tanto en La Matanza como en todo el conurbano". Admiten que, si bien son muchos los recursos que las comunas y la provincia de Buenos Aires destinan a la seguridad pública, no son suficientes para obtener los resultados propuestos en virtud de tales erogaciones, dijeron los intendentes peronistas. Gastos millonarios "Los municipios de la provincia de Buenos Aires afrontamos económicamente innumerables acciones de prevención con una inversión considerable en relación con los recursos, que varían según las extensiones territoriales de cada comuna, erogando montos superiores a $ 50.000.000, $ 80.000.000 y $ 150.000.000 si se trata de municipios con territorios pequeños, medianos o grandes, respectivamente", enumeraron. Los jefes comunales dijeron que este dinero se invirtió en botones antipánico, cámaras de seguridad, ploteo de vehículos y uniformes. Pese a todos estos esfuerzos, los intendentes denuncian que en la provincia "existe la dificultad diaria de la falta de personal policial de la fuerza bonaerense en las comisarías, lo que impide que éstas puedan dar una respuesta rápida y adecuada a las llamadas de los vecinos". Y terminaron la nota con un diagnóstico alarmante: "El país se encuentra atravesando una ola de violencia y de delitos extrema, preocupante; muchos argentinos están muriendo o despojados de todos sus bienes, víctimas de hechos de inseguridad", dijeron los alcaldes. "Por lo que se debe entender que es una problemática nacional que requiere junto a la provincia y al presidente de la Nación debemos trazar un plan federal de seguridad que comprenda a toda la República." La vicepresidenta Gabriela Michetti hizo referencia a una posible reforma del Código Penal, e informó que se habló con la oposición sobre diversos proyectos, incluso uno que presentó Miguel Ángel Pichetto. “Creo que es momento para reformular el Código Penal. Hay conversaciones en el Senado para tratar las leyes más importantes y lograr un acuerdo. De ese modo ganemos todos. Nos parece razonable el tratamiento de un proyecto que Pichetto presentó. Sería bueno que la pena mínima, en vez de tres años, sea de 4, así haya alguien preso cuando suceda un accidente con víctima fatal por alguien que iba alcoholizado al volante”, puntualizó. La encuesta de la UB toca el tema de la pena de muerte para ciertos delitos y registra que el 40%, finalmente, se manifiesta a favor, no obstante que el 48% está en desacuerdo. “El porcentaje de apoyo a la implementación de la pena de muerte para algunos delitos sigue creciendo y se ubica en el máximo”, concluye el estudio.