Por Juan Manuel Barca
Lunes 25 de Julio de 2016
Contraofensiva en el conurbano: la prioridad macrista es desactivar el malestar social en la zona más caliente
Timbreo, programas y fotos con adversarios son algunas de las vías que eligió el Gobierno para contener demandas y la presión de los intendentes peronistas que, tras el cacerolazo, ahora van por más. La estrategia de Vidal ante el "primer escalón"
El Gobierno espera con ansias el fin de la feria judicial. La Corte Suprema concentra las miradas de todo el arco político, sobre todo desde que la Justicia en sucesivos fallos terminó de frenar por completo el tarifazo de gas.
Sin embargo, hay otro poder que también inquieta a Mauricio Macri. Después de todo, el freno a las subas en los servicios no surgió en los tribunales. Antes de los cacerolazos de la semana pasada, la oleada de malestar ya se había sentido en territorio bonaerense, el más decisivo para cualquier Presidente.
Necochea, La Plata, Quilmes, Azul, Pergamino, Tandil, Mar del Plata y Moreno fueron algunos de los municipios que registraron marchas en junio contra Edenor, Edelap, Absa y Metrogas. Tras los "frazadazos" en la Patagonia, el descontento convenció a los intendentes peronistas de recobrar protagonismo y terminó de encender alarmas en el macrismo.
En momentos de recesión, los líderes municipales son el termómetro de lo que ocurre en los barrios. Ellos manejan una porción importante del poder territorial y, según datos oficiales y privados, administran los reclamos de una provincia con 40% de trabajo en negro y casi la mitad de su juventud sumergida en la pobreza.
No por nada, la primera reacción del Gabinete tras el cacerolazo fue salir a "timbrear" las puertas del conurbano bonaerense, la zona más caliente del país, en donde Cambiemos se juega su futuro político de cara a las legislativas de 2017.
Pese al ringraje preventivo, el drama social volvió a quedar expuesto esta semana cuando centenares de miembros de Barrios de Pie llevaron adelante cortes y ollas populares en Capital y Buenos Aires. "Cada vez más personas se agolpan en los comedores comunitarios. Hay que incrementar la asistencia social", dijo el dirigente del grupo Daniel Menéndez.
Los caciques del peronismo provincial fueron de los primeros en vincular el tarifazo con la carestía. Ya en el verano recolectaron un millón de firmas contra el tarifazo eléctrico.
Además acompañaron los amparos que finalmente este mes suspendieron el aumento del gas en todo el país y bloquearon por tres meses el incremento de la luz en suelo bonaerense, un fallo que alivia temporariamente a 16 millones de habitantes.
Alentados por los tropezones oficiales, ahora los "barones" van por más. Exigen un "cambio"de rumbo económico, piden el traspaso de la policía local y alertan sobre el cuadro social.
"Con estos aumentos de luz y gas las Pymes tienen que empezar a generar despidos", advirtió a iProfesional el titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza.
Los reclamos surgieron en la primera reunión desde marzo que mantuvieron los 55 intendentes peronistas de la Provincia semanas atrás. Poco días después fue el turno del Senado, donde la oposición y los gobernadores aprobaron tres proyectos declarativos en contra del tarifazo.
La iniciativa, que en nueve provincias obtuvo fallos favorables, ahora será trasladada a la legislatura bonaerense. "Queremos ayudar", sintetizan los intendentes.
Pero detrás de las buenas intenciones hay un mensaje menos amable: si el Gobierno no abre más el juego político y los recursos a sus adversarios, la cosa se puede poner espesa.
La otra pata histórica del peronismo, los sindicatos, también amagan con sacar los pies del plato. Después de sellar la paz social de hecho y abandonar a su suerte la denominada ley antidespidos, las tres CGT amenazan -sin poner fecha- con tomar medidas en respuesta al tarifazo.
El primer escalón
Todos estos movimientos preocupan en la Rosada, donde buscan alejar cualquier posibilidad de un estallido social en la provincia más populosa del país. Así lo evidencian los esfuerzos de Cambiemos por acercarse a referentes del peronismo, incluso ex kirchneristas.
En las últimas semanas, la ministra de Desarrollo Social de Nación, Carolina Stanley, se reunió con el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, para garantizarle la continuidad de las cooperativas Argentina Trabaja. Semanas antes, Vidal se había mostrado junto al ex intendente de José C. Paz, Mario Ishii, para repartir alimentos en las zonas más pobres de su provincia.
Pero las primeras incursiones en el conurbano comenzaron en mayo con el programa "El Estado en tu barrio". Se trata de oficinas móviles de Desarrollo Social de Nación y Provincia que recorren los tres cordones de la zona para brindar trámites y recursos, según informó Letra P.
Se trata de una versión similar a los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que el kirchnerismo creó para disputarle las villas porteñas a los punteros del Macri y que luego se extendieron por las provincias.
En el fondo, oficialismo y oposición coinciden en que la situación social es frágil. "Este gobierno no creó la inflación ni es el responsable de los niveles de pobreza que teníamos en la Argentina, pero en estos seis meses se ha agravado", dijo en declaraciones recientes el intendente de San Martín, Guillermo Katopodis.
Es más, los jefes comunales del PJ cuentan que sus pares del PRO y la UCR les reconocen en privado que "hay que volver atrás" con los aumentos. Es un sector del gobierno -sostienen- que no está de acuerdo con las medidas de corte más liberal. La interna oficialista cobró espesor el mes pasado cuando el titular del Senado, Federico Pinedo, criticó con dureza a Durán Barba por negar la desnutrición en Chaco.
Para el peronismo, el descenso de los indicadores sociales, junto con los 160 mil despidos en el año registrados por varias consultoras, sustenta la teoría del "escalón", en la cual los municipios son una valla de contención que el macrismo no debería subestimar. "En muchos casos la gente no tiene salida, la única es golpear las puertas y en la democracia el primer escalón son los intendentes", explicó Espinoza.
No es la primera vez que el ex intendente de la Matanza lanza advertencias. En junio pasado, sus dichos sobre una eventual "explosión" a raíz del tarifazo cayeron como una bomba en los despachos de Vidal.
Sin embargo, el ex gobernante del municipio con más votantes de la Provincia insiste en que ni él ni sus pares alimentan esa salida. "De ninguna forma estamos en niveles (sociales) de ningún tipo de estallido social, pero es necesario que la gobernadora aumente al 50% los cupos escolares y que el Presidente ayude", aclaró.
Bajo presión
Vidal conoce los bueyes con que ara. Por ello, a cambio de respaldo para el Presupuesto, en lo que va del año entregó a los intendentes fondos para obras, un tercio de los $3.000 millones destinados al fondo de seguridad y anunció medidas sociales por $9.200 millones.
El Banco Provincia habilitó este mes créditos para algunos municipios, incluidos de signo peronista, mientras que la gobernadora lanzó este miércoles el boleto gratuito para 4 millones de alumnos bonaerenses. El beneficio tendrá vigencia a partir del 1° de agosto y costará 143 millones de pesos.
El problema es que todas esas iniciativas son vistas como insuficientes. Por el tarifazo y una inflación acumulada que la Ciudad ubica en 47% anual, el espacio de los 55 intendentes exige cambiar la política económica para no agravar el panorama social y proponen alternativas al tope del 400%, sin descartar su suspensión en el Congreso.
Una de las propuestas es retrotraer la quita de retenciones a la soja y los minerales que exportan las multinacionales. En sus cálculos, la Nación podría recaudar los $11.000 millones -0,13% del PBI proyectado- que preveía recibir con el tope a las tarifas.
La diferencia es que no sería necesario hacer un ajuste sobre los que menos tienen, afirman. Así apuntan a debilitar el argumento oficial de que el camino del "dolor" es el único posible. En rigor, es lo que comenzó a ocurrir con las sucesivas "correcciones" oficiales, que alejaron al Ejecutivo de su hoja de ruta original.
La otra variante contemplada por los intendentes es la de aplicar un tope del 400% -tal como lo había definido el Gobierno semanas atrás- pero en tramos, de acá a dos años, y con tarifas diferenciales. Se trata de un nivel de "gradualismo" superior al previsto por el macrismo, que contribuye a mostrar un peronismo sensible a la opinión pública.
Aldo Pignanelli, ex titular del BCRA y miembro del equipo técnico de Sergio Massa, también se pronunció días atrás a favor de una dosificación del ajuste. La Corte lo había sugerido también este mes cuando en respuesta a una solicitud del Ejecutivo le preguntó si había evaluado la aplicación de tarifas segmentadas.
En tanto, Vidal avanza en su estrategia de dividir al peronismo con gestos y castigos. La jefa comunal de La Matanza, Veronica Magario, alzó la queja tras percatarse que la gobernadora había pisado su territorio junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y Stanley, sin invitar a la dueña de casa.
Magario, la delfín de Espinoza, tampoco se queda atrás y reconoce en los medios que en su municipio "hay hambre". Al igual que ella, varios caciques peronistas se sienten ninguneados por Vidal. Aseguran que aunque recaudan tasas e impuestos para la Provincia, no inciden en las decisiones de la administración bonaerense.
Votos, caja y pistolas
El otro factor que motoriza el endurecimiento del peronismo bonaerense es defensivo: temen que su falta de conducción sea aprovechada por Cambiemos. En efecto, los intendentes "dialoguistas" del peronismo comenzaron a evaluar la idea de confluir en un acuerdo electoral con Vidal, en caso de no contar con un candidato competitivo.
Los artífices de esta maniobra son Alejandro Granados (Ezeiza) y Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), que promueven "una buena relación" con el Ejecutivo bonaerense.
"Tirar piedras por tirar, no. Los que tiran piedras, después no pueden pagar ni los sueldos de los empleados del municipio", razonó un jefe comunal que adhiere a la línea Granados-Insaurralde.
Ese es el caso del intendente K de Moreno, Walter Festa, que este mes recibió 9 millones adeudados por coparticipación y un adelanto de 18 millones a pagar en cuotas para poder liquidar sueldos atrasados.
El dirigente acusó a Vidal de no comprender la "gravedad" de la situación en varios municipios y aportó un indicador del impacto fiscal del tarifazo: en Moreno 3 de cada 10 vecinos pagan las tasas municipales. "Si no te alcanza la plata, lo último que vas a pagar son impuestos municipales", dijo a la agencia Paco Urondo.
Así las cosas, el interrogante que surge es si los fondos de la Provincia alcanzan para pacificar a todos los municipios. En el peronismo advierten que sin rediscutir la cuota de coparticipación del distrito, solo hay plata para salarios.
Por otra parte, tampoco está claro si el primer "escalón" de los municipios está en condiciones de contener un posible recrudecimiento del malestar social frente a futuros tarifazos o casos de inseguridad.
Quizás por ello hasta los "dialoguistas" amenazan con aprobar junto al massismo en la legislatura provincial el traspaso a los municipios de la Policía comunal, bajo el comando del intendente.
El objetivo de los jefes municipales es ser "independientes" de la chequera del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. El control de la policía propia les serviría para prevenir protestas como la que enfrentó el peronista Alberto Descalzo en Ituzaingó semanas atrás. El confuso episodio, en el que participaron barras y policías, fue leído en el PJ como un intento de desestabilización.
Mientras tanto, los 55 volverán a reunirse antes de fin de mes en Moreno. Más allá de la agenda formal, buscan reforzar las señales de reagrupamiento y reducir el margen de maniobra oficial. Algunos, incluso, ven en el poder territorial la plataforma de lanzamiento del peronismo post K.
Así las cosas, el destino del tarifazo dependerá de lo que ocurra en el segundo semestre y, en especial, en la provincia de Buenos Aires, donde hoy el 47% no tiene acceso al agua potable.
Macri lo sabe: el miércoles por la mañana visitó la planta de la fábrica de los alfajores Capitán del Espacio, en Quilmes, y podría desembarcar en La Matanza en las próximas semanas, según trascendió.
De ese modo, la intención de la Rosada es estar más presente en territorio bonaerense, donde incluso algunos intendentes de Cambiemos anticipan que la última mitad del año "va a ser difícil".
lunes, 25 de julio de 2016
MALESTAR SOCIAL
Por Juan Manuel Barca
Lunes 25 de Julio de 2016
Contraofensiva en el conurbano: la prioridad macrista es desactivar el malestar social en la zona más caliente
Timbreo, programas y fotos con adversarios son algunas de las vías que eligió el Gobierno para contener demandas y la presión de los intendentes peronistas que, tras el cacerolazo, ahora van por más. La estrategia de Vidal ante el "primer escalón"
El Gobierno espera con ansias el fin de la feria judicial. La Corte Suprema concentra las miradas de todo el arco político, sobre todo desde que la Justicia en sucesivos fallos terminó de frenar por completo el tarifazo de gas.
Sin embargo, hay otro poder que también inquieta a Mauricio Macri. Después de todo, el freno a las subas en los servicios no surgió en los tribunales. Antes de los cacerolazos de la semana pasada, la oleada de malestar ya se había sentido en territorio bonaerense, el más decisivo para cualquier Presidente.
Necochea, La Plata, Quilmes, Azul, Pergamino, Tandil, Mar del Plata y Moreno fueron algunos de los municipios que registraron marchas en junio contra Edenor, Edelap, Absa y Metrogas. Tras los "frazadazos" en la Patagonia, el descontento convenció a los intendentes peronistas de recobrar protagonismo y terminó de encender alarmas en el macrismo.
En momentos de recesión, los líderes municipales son el termómetro de lo que ocurre en los barrios. Ellos manejan una porción importante del poder territorial y, según datos oficiales y privados, administran los reclamos de una provincia con 40% de trabajo en negro y casi la mitad de su juventud sumergida en la pobreza.
No por nada, la primera reacción del Gabinete tras el cacerolazo fue salir a "timbrear" las puertas del conurbano bonaerense, la zona más caliente del país, en donde Cambiemos se juega su futuro político de cara a las legislativas de 2017.
Pese al ringraje preventivo, el drama social volvió a quedar expuesto esta semana cuando centenares de miembros de Barrios de Pie llevaron adelante cortes y ollas populares en Capital y Buenos Aires. "Cada vez más personas se agolpan en los comedores comunitarios. Hay que incrementar la asistencia social", dijo el dirigente del grupo Daniel Menéndez.
Los caciques del peronismo provincial fueron de los primeros en vincular el tarifazo con la carestía. Ya en el verano recolectaron un millón de firmas contra el tarifazo eléctrico.
Además acompañaron los amparos que finalmente este mes suspendieron el aumento del gas en todo el país y bloquearon por tres meses el incremento de la luz en suelo bonaerense, un fallo que alivia temporariamente a 16 millones de habitantes.
Alentados por los tropezones oficiales, ahora los "barones" van por más. Exigen un "cambio"de rumbo económico, piden el traspaso de la policía local y alertan sobre el cuadro social.
"Con estos aumentos de luz y gas las Pymes tienen que empezar a generar despidos", advirtió a iProfesional el titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza.
Los reclamos surgieron en la primera reunión desde marzo que mantuvieron los 55 intendentes peronistas de la Provincia semanas atrás. Poco días después fue el turno del Senado, donde la oposición y los gobernadores aprobaron tres proyectos declarativos en contra del tarifazo.
La iniciativa, que en nueve provincias obtuvo fallos favorables, ahora será trasladada a la legislatura bonaerense. "Queremos ayudar", sintetizan los intendentes.
Pero detrás de las buenas intenciones hay un mensaje menos amable: si el Gobierno no abre más el juego político y los recursos a sus adversarios, la cosa se puede poner espesa.
La otra pata histórica del peronismo, los sindicatos, también amagan con sacar los pies del plato. Después de sellar la paz social de hecho y abandonar a su suerte la denominada ley antidespidos, las tres CGT amenazan -sin poner fecha- con tomar medidas en respuesta al tarifazo.
El primer escalón
Todos estos movimientos preocupan en la Rosada, donde buscan alejar cualquier posibilidad de un estallido social en la provincia más populosa del país. Así lo evidencian los esfuerzos de Cambiemos por acercarse a referentes del peronismo, incluso ex kirchneristas.
En las últimas semanas, la ministra de Desarrollo Social de Nación, Carolina Stanley, se reunió con el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, para garantizarle la continuidad de las cooperativas Argentina Trabaja. Semanas antes, Vidal se había mostrado junto al ex intendente de José C. Paz, Mario Ishii, para repartir alimentos en las zonas más pobres de su provincia.
Pero las primeras incursiones en el conurbano comenzaron en mayo con el programa "El Estado en tu barrio". Se trata de oficinas móviles de Desarrollo Social de Nación y Provincia que recorren los tres cordones de la zona para brindar trámites y recursos, según informó Letra P.
Se trata de una versión similar a los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que el kirchnerismo creó para disputarle las villas porteñas a los punteros del Macri y que luego se extendieron por las provincias.
En el fondo, oficialismo y oposición coinciden en que la situación social es frágil. "Este gobierno no creó la inflación ni es el responsable de los niveles de pobreza que teníamos en la Argentina, pero en estos seis meses se ha agravado", dijo en declaraciones recientes el intendente de San Martín, Guillermo Katopodis.
Es más, los jefes comunales del PJ cuentan que sus pares del PRO y la UCR les reconocen en privado que "hay que volver atrás" con los aumentos. Es un sector del gobierno -sostienen- que no está de acuerdo con las medidas de corte más liberal. La interna oficialista cobró espesor el mes pasado cuando el titular del Senado, Federico Pinedo, criticó con dureza a Durán Barba por negar la desnutrición en Chaco.
Para el peronismo, el descenso de los indicadores sociales, junto con los 160 mil despidos en el año registrados por varias consultoras, sustenta la teoría del "escalón", en la cual los municipios son una valla de contención que el macrismo no debería subestimar. "En muchos casos la gente no tiene salida, la única es golpear las puertas y en la democracia el primer escalón son los intendentes", explicó Espinoza.
No es la primera vez que el ex intendente de la Matanza lanza advertencias. En junio pasado, sus dichos sobre una eventual "explosión" a raíz del tarifazo cayeron como una bomba en los despachos de Vidal.
Sin embargo, el ex gobernante del municipio con más votantes de la Provincia insiste en que ni él ni sus pares alimentan esa salida. "De ninguna forma estamos en niveles (sociales) de ningún tipo de estallido social, pero es necesario que la gobernadora aumente al 50% los cupos escolares y que el Presidente ayude", aclaró.
Bajo presión
Vidal conoce los bueyes con que ara. Por ello, a cambio de respaldo para el Presupuesto, en lo que va del año entregó a los intendentes fondos para obras, un tercio de los $3.000 millones destinados al fondo de seguridad y anunció medidas sociales por $9.200 millones.
El Banco Provincia habilitó este mes créditos para algunos municipios, incluidos de signo peronista, mientras que la gobernadora lanzó este miércoles el boleto gratuito para 4 millones de alumnos bonaerenses. El beneficio tendrá vigencia a partir del 1° de agosto y costará 143 millones de pesos.
El problema es que todas esas iniciativas son vistas como insuficientes. Por el tarifazo y una inflación acumulada que la Ciudad ubica en 47% anual, el espacio de los 55 intendentes exige cambiar la política económica para no agravar el panorama social y proponen alternativas al tope del 400%, sin descartar su suspensión en el Congreso.
Una de las propuestas es retrotraer la quita de retenciones a la soja y los minerales que exportan las multinacionales. En sus cálculos, la Nación podría recaudar los $11.000 millones -0,13% del PBI proyectado- que preveía recibir con el tope a las tarifas.
La diferencia es que no sería necesario hacer un ajuste sobre los que menos tienen, afirman. Así apuntan a debilitar el argumento oficial de que el camino del "dolor" es el único posible. En rigor, es lo que comenzó a ocurrir con las sucesivas "correcciones" oficiales, que alejaron al Ejecutivo de su hoja de ruta original.
La otra variante contemplada por los intendentes es la de aplicar un tope del 400% -tal como lo había definido el Gobierno semanas atrás- pero en tramos, de acá a dos años, y con tarifas diferenciales. Se trata de un nivel de "gradualismo" superior al previsto por el macrismo, que contribuye a mostrar un peronismo sensible a la opinión pública.
Aldo Pignanelli, ex titular del BCRA y miembro del equipo técnico de Sergio Massa, también se pronunció días atrás a favor de una dosificación del ajuste. La Corte lo había sugerido también este mes cuando en respuesta a una solicitud del Ejecutivo le preguntó si había evaluado la aplicación de tarifas segmentadas.
En tanto, Vidal avanza en su estrategia de dividir al peronismo con gestos y castigos. La jefa comunal de La Matanza, Veronica Magario, alzó la queja tras percatarse que la gobernadora había pisado su territorio junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y Stanley, sin invitar a la dueña de casa.
Magario, la delfín de Espinoza, tampoco se queda atrás y reconoce en los medios que en su municipio "hay hambre". Al igual que ella, varios caciques peronistas se sienten ninguneados por Vidal. Aseguran que aunque recaudan tasas e impuestos para la Provincia, no inciden en las decisiones de la administración bonaerense.
Votos, caja y pistolas
El otro factor que motoriza el endurecimiento del peronismo bonaerense es defensivo: temen que su falta de conducción sea aprovechada por Cambiemos. En efecto, los intendentes "dialoguistas" del peronismo comenzaron a evaluar la idea de confluir en un acuerdo electoral con Vidal, en caso de no contar con un candidato competitivo.
Los artífices de esta maniobra son Alejandro Granados (Ezeiza) y Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), que promueven "una buena relación" con el Ejecutivo bonaerense.
"Tirar piedras por tirar, no. Los que tiran piedras, después no pueden pagar ni los sueldos de los empleados del municipio", razonó un jefe comunal que adhiere a la línea Granados-Insaurralde.
Ese es el caso del intendente K de Moreno, Walter Festa, que este mes recibió 9 millones adeudados por coparticipación y un adelanto de 18 millones a pagar en cuotas para poder liquidar sueldos atrasados.
El dirigente acusó a Vidal de no comprender la "gravedad" de la situación en varios municipios y aportó un indicador del impacto fiscal del tarifazo: en Moreno 3 de cada 10 vecinos pagan las tasas municipales. "Si no te alcanza la plata, lo último que vas a pagar son impuestos municipales", dijo a la agencia Paco Urondo.
Así las cosas, el interrogante que surge es si los fondos de la Provincia alcanzan para pacificar a todos los municipios. En el peronismo advierten que sin rediscutir la cuota de coparticipación del distrito, solo hay plata para salarios.
Por otra parte, tampoco está claro si el primer "escalón" de los municipios está en condiciones de contener un posible recrudecimiento del malestar social frente a futuros tarifazos o casos de inseguridad.
Quizás por ello hasta los "dialoguistas" amenazan con aprobar junto al massismo en la legislatura provincial el traspaso a los municipios de la Policía comunal, bajo el comando del intendente.
El objetivo de los jefes municipales es ser "independientes" de la chequera del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. El control de la policía propia les serviría para prevenir protestas como la que enfrentó el peronista Alberto Descalzo en Ituzaingó semanas atrás. El confuso episodio, en el que participaron barras y policías, fue leído en el PJ como un intento de desestabilización.
Mientras tanto, los 55 volverán a reunirse antes de fin de mes en Moreno. Más allá de la agenda formal, buscan reforzar las señales de reagrupamiento y reducir el margen de maniobra oficial. Algunos, incluso, ven en el poder territorial la plataforma de lanzamiento del peronismo post K.
Así las cosas, el destino del tarifazo dependerá de lo que ocurra en el segundo semestre y, en especial, en la provincia de Buenos Aires, donde hoy el 47% no tiene acceso al agua potable.
Macri lo sabe: el miércoles por la mañana visitó la planta de la fábrica de los alfajores Capitán del Espacio, en Quilmes, y podría desembarcar en La Matanza en las próximas semanas, según trascendió.
De ese modo, la intención de la Rosada es estar más presente en territorio bonaerense, donde incluso algunos intendentes de Cambiemos anticipan que la última mitad del año "va a ser difícil".
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