domingo, 24 de julio de 2016

LAS ESCUCHAS

DISPUTA CRECIENTE 'Servicios' de antes vs. 'servicios' de ahora: la Corte defiende sus escuchas ante ofensiva de la AFI 3 noticias sobre servicios de inteligencia gubernamental y paragubernamental, antes y ahora, y la sospecha de un nuevo tironeo entre el Ejecutivo Nacional (Mauricio Macri) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Escuchas telefónicas, origen de negocios ilegales de la ex Side. El kirchnerismo abusó, una y otra vez, de los servicios de inteligencia, e inclusive creó organizaciones paragubernamentales en defensa de sus ridículas políticas de Estado. Por ejemplo, Diego Cabot en el diario La Nación, escribe acerca de una oficina de inteligencia paralela que funcionaba en lo de Julio De Vido: "(...) Cuando De Vido entregó las llaves del ministerio funcionaban bajo su órbita tres call centers, todos equipados con la mejor tecnología y ninguno utilizado al 100% de su capacidad. Dos estaban en el edificio de Planificación, frente a Plaza de Mayo; el otro, en la Universidad de La Matanza. Dos ya cerraron y el tercero, el de la casa de estudios, concentró a los 350 empleados que atienden el teléfono; hoy canalizan las comunicaciones para gestionar las tarifas sociales. Cosas insospechadas pasaban y se pagaban desde el Minplan. Desde el alquiler de una casa en un country a una conocida actriz, frecuente animadora de actos oficiales, hasta el alojamiento de su página de Internet. En el piso 12 funcionaba el llamado Grupo Montero, comandado por el radical kirchnerista Marcelo Montero, líder de la facción hiperoficialista llamada Radicales para La Victoria. Estaba a cargo de un grupo de tareas de calle destinado a la contención. En ese piso había una oficina en la que se habían duplicado los sistemas de las distribuidoras de electricidad; con precisión quirúrgica, De Vido y los suyos sabían perfectamente cuándo, cuánto tiempo y a quiénes se iba a cortar el suministro. Con esa información, el Grupo Montero salía eyectado hasta el territorio a manejar la situación con los vecinos inmiscuidos ellos, en impostada sorpresa y con un discurso antidistribuidoras. Aquel sistema de inteligencia eléctrica ya no está más en el piso 12; esas tareas las cumple el Enargas, organismo creado para ese fin. A pocos metros de ese lugar había otro equipo para funciones múltiples, comandado por Wenceslao Vasina. Sus tareas iban desde actuaciones aerocomerciales hasta la presencia en algún que otro acto político. (...)". Hay sospechas de que agentes de la ex Side realizaban actividades ilegales amparados en su rango. Esto ha reaparecido en las declaraciones de Ibar Esteban Pérez Corradi, que así reveló Iván Ruiz, también en el diario La Nación, sobre la ex Side: "(...) Así llegaron, Pérez Corradi y Forza, hasta la oficina de la calle 25 de mayo, a comienzos de 2007. Los recibió Rubén Romano, quien manejó contratos multimillonarios en el PAMI de Víctor Alderete. Romano, que estuvo preso en la causa por la mafia de los medicamentos, era dueño de la droguería Romalá. "Lo fuimos a ver porque tenía muchos contactos con la SIDE y con el Gobierno", dijo Pérez Corradi. "A Romano el negocio le interesó sobremanera, pero quería estar seguro de que no fuera cocaína y me aseguró que podía sacar la efedrina del país", agregó. Pero Romano, sin embargo, nunca más atendió las llamadas de Forza. Sin resultados, Forza se puso en contacto entonces con Miguel De Marco, ex funcionarios de la Anmat, que le había prometido un nuevo encuentro con supuestos miembros de la SIDE "de su confianza" que -decía- también iban a participar en la operación. Pero el encuentro, finalmente, tuvo otro tono: "La gente de la SIDE les dijo que no se metieran en el negocio de la efedrina, que ese negocio era de ellos y que si seguía jodiendo lo iban a matar", relató Pérez Corradi, otra vez, en boca de Forza. (...) Pérez Corradi asegura que decide acudir a una mayor protección policial después de esas amenazas. El narcotraficante declaró que ya pagaba una "cuota" mensual a la Policía Federal para operar con efedrina, pero decidió aumentar el pago. Ante la amenaza de un ex agente apodado "El Gallego", Pérez Corradi dice haber acudido hasta el entonces intendente de Quilmes Sergio Villordo, a quien señaló como el nexo con Aníbal Fernández. Finalmente, el imputado declaró ante la Justicia que el negocio continuó en manos de agentes de Inteligencia. "Forza me cuenta que se encontró a Romano de casualidad en el Patio Bullrich y que cuando éste lo vio, se asustó. Forza le recriminó que no atendía el teléfono. «Seba, te lo tengo que contar. ¿Te acordás cuando me fuiste a ver con ese pibe? Ni bien salieron de la oficina me llama un amigo de la SIDE y me pregunta qué hacía reunido con Pérez Corradi'". (...)". Con todos antecedentes es interesante releer el material de Nicolás Misculin para la agencia Reuters porque es evidente que hay un cierto temor por el regreso de la ex Side a la actual AFI, quizá consecuencia de que los espías que designó Mauricio Macri entienden menos que nada sobre los temas que necesitan definir; y también ya avanza un reclamo de la AFI para recuperar la escuchas telefónicas que hoy día se encuentran en jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "Los 17 grabadoras de CD especiales están trabajando sin parar en la Dirección de Captación de Comunicaciones, DCC, a cargo de la grabación de escuchas telefónicas, las mismas grabaciones que han sido cuestionados en el pasado para ser usado a veces para el espionaje interno y la extorsión. Aquella ejecución de los CDs eran una herramienta clave para los espías argentinos que estaban en el centro de atención el año pasado tras la muerte impactante y misteriosa del fiscal especial de la AMIA, Alberto Nisman, una intriga en la que estaban involucrados. La agencia de inteligencia en el momento - la Secretaría de Inteligencia (SI) - perdió el control de las escuchas telefónicas y en el período posterior se enfrentó a restricciones en la utilización de sus fondos. Pero ahora, con un nuevo gobierno, los antiguos "Servicios" -tal como se les conoce coloquialmente- están tratando de recuperar su influencia, que utilizaron en el pasado para acosar a la oposición e incluso para atacar a los gobiernos, las organizaciones sociales y las fuentes judiciales. Tras la derogación de la regulación por el presidente Mauricio Macri, el nuevo Servicio de Información Federal (AFI) ha disfrutado desde mayo de un menor número de restricciones sobre el uso de fondos clasificados. Además, la coalición de gobierno recientemente ha dicho que está considerando regresar los mecanismos de escuchas telefónicas cruciales y controvertidos en las manos de la AFI. Escuchas telefónicas se llevan a cabo actualmente bajo la autoridad y supervisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Me preocupa en términos institucionales, estoy preocupado con respecto a la democracia" por un retorno a los servicios de inteligencia del control de las escuchas telefónicas, dijo el director de DCC, Juan Rodríguez Ponte, a Reuters. Ponte Rodríguez sólo ha estado en el trabajo durante unos meses. (...) Las operaciones en los medios de comunicación y la persecución judicial contra la oposición eran algo común en las últimas décadas según diversas fuentes que están familiarizados con el funcionamiento del organismo. Tan comunes como los 'carpetazos', argot de extorsión en contra de individuos de alto perfil con el uso de la información obtenida de forma ilegal. Después de exponer esa enorme equipo utilizado para aprovechar las líneas telefónicas -sobre todo en relación con casos de tráfico de drogas- y los despachos en las que agentes de policía armados con auriculares escuchan las conversaciones delante de una pantalla, Rodríguez Ponte dijo que "esto es transparente ahora." "Queremos terminar el período oscuro que este sistema una vez representó", añadió, diciendo que antes nadie supervisaba el sistema. Hasta 2015 era casi imposible ingresar a los 7 pisos de la DCC y los espías trabajaban en oficinas separadas que no estaban conectadas entre sí. A pesar de las presiones que la sociedad civil ha denunciado, las escuchas telefónicas siguen estando bajo el control de la Corte Suprema y se precisaría de una ley para que puedan ser transferidos a la AFI. No obstante existen profundas preocupaciones en las organizaciones sociales y parte de la oposición sobre cómo funciona el servicio de inteligencia. "La derogación de las normas sobre los fondos es una regresión normativa y, hasta ahora, el Ejecutivo no ha explicado por qué motivo lo hizo", dijo Paula Litvachky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), acercade la medida que eliminó las restricciones sobre el gasto de la AFI. Una fuente de la AFI dijo a Reuters que el cambio en el uso de fondos busca que el cuerpo sea más eficiente pero que una transferencia de escuchas telefónicas de regreso a sus manos no se prevé actualmente. Una fuente cercana a Macri dijo que era un mito que los espías del país son siniestros y poderosos, y que la AFI es demasiado débil en su estado actual para operar con eficacia. A pesar de que, en general dependía de quien estuviera en la oficina, la agencia de inteligencia de Argentina acumuló tanto poder que se convirtió en autónoma de los gobiernos. "Muchos políticos creen que pueden beneficiarse de ello. No entienden nada, no ven que al día siguiente ellos pueden ser los blancos. Si alguien utiliza una persona que ejecuta operaciones clandestinas, mañana esa persona tendrá una oferta más interesante y va a girar. Eso ocurrió en los últimos años", dijo un fiscal que habló bajo condición de anonimato. El DCC tiene cerca de 140 empleados y puede intervenir 3.000 líneas telefónicas en forma simultánea, y las grabaciones se realizan en los CDs. Pero además de las grabaciones oficiales, que tienen que ser aprobados por el juez, hasta 2015 los agentes de la DCC -muchos de los cuales todavía están en la AFI- también interceptaban ilegalmente llamadas telefónicas. Una forma sencilla de hacerlo era agregar el número deseado a la solicitud oficial a la compañía telefónica de las líneas que el juez había ordenado filtrar. Nadie sospechó nada porque el proceso era supervisado por los propios espías. Una fuente que en 2015 tuvo una posición de alto rango en el DCC no descartó que los espías, los únicos que lograron la tecnología sofisticada, tenían sus propios métodos para escuchar las conversaciones. "Hubo algunos trabajos secundarios. Hubo demoras en la presentación de los CDs con grabaciones para las autoridades porque se vendían trabajos. El rumor era que un CD era un valor de US $ 800, o $ 1.000 si se trataba de una transcripción", dijo la fuente, que prefirió permanecer en el anonimato para evitar represalias. El agente Antonio Stiuso, quien utilizó el seudónimo de "Jaime" y estaba a cargo de las escuchas telefónicas, estaba en el centro de las acusaciones de espionaje doméstico en los últimos años. Su nombre pasó a primer plano después de la muerte de Nisman, con quien trabajó estrechamente en el atentado a la AMIA que se cobró la vida de 85 personas en 1994. Después el cuerpo de Nisman fue encontrado en enero de 2015 -un caso que sigue sin resolverse- el presidente en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, restringió el uso de fondos por parte del servicio de inteligencia y colocó las escuchas telefónicas en manos de la Procuración General, que llevó a cabo una purga. Al asumir el cargo en diciembre, Macri transfirió la autoridad de la DCC a la Corte Suprema. Hay algunos agentes en el DCC de 'la vieja guardia' que abandonarán sus puestos en los próximos meses como parte de una 2da. ronda de purgas. Pero la agenda, se concentró en la AFI, han sido capaces de reclamar parte de su poder anterior. "Hay personas que estaban aquí antes y van a volver", dijo una fuente de la DCC a Reuters."