lunes, 25 de julio de 2016

PESE A LA FERIA

CORRUPCIÓN EN TODOS LOS FRENTES Pese a la feria, 4 temas judiciales muy delicados 4 temas judiciales bien diversos, unificados por un denominador común: la corrupción en la administración de dinero del Estado. Los 4 recortes fueron publicados durante el fin de semana. Siguen muy vinculados la política, la justicia y la corrupción en la Argentina 2016. Tema Judicial N°1. Monasterio y bóvedas. Eduardo van der Kooy en el diario Clarín: "(...) Las develaciones sobre aquel monasterio significarían un golpe de gracia para cualquier atisbo de recuperación de Cristina Fernández. Ese golpe impactaría en los planos político y social. La Justicia podría andar por otro andarivel. Con sus tiempos especiales. Existió un encadenamiento que provocó estragos perceptibles en la opinión pública. Que disparó su imaginario. Los millones de dólares en un convento no representan lo mismo que el conteo de billetes en La Rosadita difundido por televisión, que terminó con Lázaro Báez preso. Aunque pertenezcan, sin dudas, a una idéntica matriz corrupta de la “decada ganada”. Ese paisaje tuvo una pincelada pasmosa de remate: las cajas de seguridad bancarias de Florencia Kirchner con casi US$ 5 millones. La ex presidenta se escudó siempre en el presunto desconocimiento de todo lo demás. Imposible repetirlo con el dinero escondido de su hija. A medida que se escarba en la solemnidad del monasterio, surgen las evidencias de un enmascaramiento. Donde la fe religiosa sirvió de pantalla para las andanzas de prominentes kirchneristas. Nadie niega que se trató de un lugar frecuentado, al menos, por López, Julio De Vido y Alicia Kirchner. Tampoco que en la relación inicial influyeron Néstor Kirchner y el obispo Di Monte. Hay una abismal diferencia entre aquello que se dijo y lo que sale a la luz. López fue atendido por las monjas. No llegó de prepo ni fuera de control. Incluso hubo comunicaciones de ida y vuelta con el monasterio. Rafecas corroboró que allí no vivían sólo las laicas consagradas, como se esmera en aclarar la Iglesia, llamadas Inés y Alba. Se encontró además con Marcela y Alicia. Cuando se hallaron tres bóvedas a los pies del altar del templo mayor una de las religiosas explicó que eran tumbas, previstas para el obispo y para ellas mismas. Di Monte fue enterrado en otro sitio. Pero las monjas son cuatro. ¿Se hará otra cripta o tal disponibilidad será sometida a un sorteo? Darío Kubar, el alcalde PRO de General Rodríguez, aclaró que en esas oficinas no existe registro legal de ninguna de las construcciones que por años se realizaron en el monasterio. (...)". Tema Judicial N°2. López Magallanes, Julio Novo y Ernesto Mallo. Horacio Verbitsky en el diario Página/12: "La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado dispuso hace 10 días la prisión preventiva de tres barrabravas de Boca Juniors (Richard William Laluz Fernández, alias el uruguayo, Víctor Hugo Ovejero Olmedo, alias Pelado y Jorge Daniel Moreyra, alias Zurdo), y del empresario farmacéutico Mario Martín López Magallanes, alias Gordo, quienes habrían cobrado un millón y medio de pesos cada uno por el doble homicidio de Unicenter, el 24 de julio de 2008, en el que fueron asesinados a tiros los colombianos Jorge Alexander Quintero Gartner y Héctor Edilson Duke Ceballos, como parte de una “disputa entre carteles de droga por las nuevas rutas del narcotráfico”, específicamente entre el cartel del Valle y otros formados por los grupos paramilitares conocidos como Autodefensas Unidas de Colombia, según la investigación del fiscal federal Federico Domínguez. Macrì fue presidente de Boca Juniors desde 1995 hasta el 1° de junio de 2008, el mes anterior al crimen. Según la resolución judicial el mismo grupo habría intervenido en el triple crimen de General Rodríguez, el 7 de agosto siguiente, y en el de Juan Sebastián Galvis Ramírez, cuñado de Duque Ceballos, en 2009 en San Fernando. La resolución menciona a López Magallanes en el caso de General Rodríguez y a Moreyra en el de Galvis Ramírez. Laluz Fernández goza de detención domiciliaria y López Magallanes está internado porque es muy gordo. (...) La disputa de competencia entre la justicia federal y la bonaerense demoró siete años la investigación. Dos testigos de identidad reservada sostienen que en 2003 y 2004 (es decir en pleno mandato de Macrì) controlaron la barra brava, Rafael Di Zeo y luego Mauro Martín y el uruguayo Laluz. Uno explicó que dentro de la barra, “cada uno se encarga de un aspecto en particular, como ser la repartija de entradas, la administración de los estacionamientos, el ingreso de las banderas, etc”, actividades imposibles sin acuerdos con los directivos del club, cuyos encargados de seguridad han sido el comisario Fino Palacios y los fiscales federales Carlos Stornelli y Raúl Plee. Un documental del Canal+ de España expuso en 2012 “la estrecha relación entre los fiscales federales y las principales barra bravas del fútbol argentino”. En la filmación, Plee explica que los barras comercializan la marca “La 12”, con lo cual “financian sus viajes para seguir al club, o lo que fuere”. Ambos testigos de identidad reservada declararon que era conocida en la hinchada la participación de Laluz, Moreyra y Ovejero en el doble homicidio, cosa que fue corroborada en su testimonio por el policía bonaerense Eduardo Fabio Ocampo. La jueza también sostiene que el único tirador que actuó en Unicenter utilizó una pistola Tanfoglio de calibre .40, propiedad de Ernesto Mallo, quien al momento de la resolución judicial estaba prófugo, pero ya fue detenido e indagado. Mallo actuó en una agrupación quilmeña de Aníbal Fernández y fue el organizador de las Hinchadas Unidas Argentinas. Pero su abogado José Novello afirma que estaba enfrentado con Fernández, quien cuestionaba la organización de barras. Mallo dijo que la pistola pertenecía a otra persona, Leandro Giso, que la puso en venta para viajar a Estados Unidos. Giso lo confirmó el 4 de enero y presentó la documentación respaldatoria. Recién fue detenido la semana pasada. Al hablar de cobertura institucional para los narcotraficantes, Arroyo Salgado menciona al fiscal general de San Isidro Julio Novo (a quien indagó y que está suspendido por la Suprema Corte para ser sometido a juicio político junto con sus adjuntos) y a “altos funcionarios de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires”. (...) La secretaria de Novo, también indagada por Arroyo Salgado, Mariana Busse, es la esposa de Carlos Alberto Broitman, el abogado defensor de Gustavo Adolfo Juliá y del locuaz Ibar Pérez Corradi. El protector de Novo, Sergio Tomás Massa, no ha dicho esta boca es mía." Tema Judicial N°3: Posible corrupción en la UTN. Diario Hoy, de La Plata: "El Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) dictó la resolución 1020/16, en la que solicita a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que realice una “auditoría integral” en la Regional La Plata. La decisión fue adoptada cuando, en el Juzgado Federal Nº 10 a cargo de Julián Ercolini, se sustancia una causa por la celebración de numerosos contratos entre el ministerio de Desarrollo Social del gobierno anterior y la UTN La Platapara que la casa de estudios realice consultorías que nunca se habrían llevado a cabo. La presentación judicial la realizó un “denunciante de identidad reservada”, quien fue patrocinado por la fundación apartidaria Poder Ciudadano. El director del Area de Justicia y Acción Ciudadana de la organización, Germán Emanuele, explicó a este diario que “entre la documentación que presentamos hay un listado elaborado por la UTN Regional La Plata de 243 ingenieros, en el marco de convenios firmados entre el ministerio de Desarrollo Social de la Nación (por entonces conducido por Alicia Kirchner) y la casa de estudios para que efectúe consultorías en el marco del plan Argentina Trabaja. Todos los consultados y quienes se presentaron voluntariamente negaron haber hecho esos trabajos”, indicó el abogado. Y amplió: “Los nombres habrían sido tomados, en su mayoría, del padrón electoral de graduados de la UTN Regional Santa Fe. A cada uno se le habría librado una orden de pago en carácter de becas, con un piso de 11 mil y un techo de 16 mil pesos”. Pero también figuraban en esa lista personas que habían cursado posgrados en la UTN santafecina, así como “otras que no solamente no tenían vínculo alguno con la Tecnológica sino que ni siquiera eran ingenieros”. Por caso, en el listado figuraba un médico jubilado del Pami que nada tuvo ni tiene que ver con la UTN, por lo que realizó la denuncia correspondiente. (...) El director del Area de Justicia de Poder Ciudadano puntualizó que “al final del listado de 243 ingenieros y de las órdenes de pago (de entre 11 mil y 16 mil pesos) decía ‘repítase este pago 6 veces’”. Bajo esa modalidad “se habrían cobrado, a través de la Fundación de la UTN, unos 19 millones de pesos en la sucursal del Banco Nación ubicada en la esquina de calle 2 y avenida 60”. Lo que “deberá ahora establecer el Fiscal de la causa es quiénes cobraron y de qué manera”, agregó. Entre la documentación que se adjuntó al expediente hay intimaciones de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (Afip) a la Regional La Plata de la Universidad por “cheques transferidos”. (...)". Tema Judicial N°4: La Policía Bonaerense y la sobrefacturación del servicio de policía adicional, Polad. Diario El Día, de La Plata: "(...) voceros judiciales indicaron que la fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata, Ana Rubio, a cargo de la causa que investiga esa fuga, solicitó informes sobre el servicio Polad, que en un gran porcentaje es manejado la comisaría primera de La Plata. Una vez recibido el detalles sobre ese servicio, y de surgir sospechas sobre una posible malversación, se enviaría la parte correspondiente a la Fiscalía General, a cargo de Héctor Vogliolo, quien definirá quien quedará a cargo de investigar el caso. Ayer voceros judiciales confirmaron que el día de la fuga en el Aráoz Alfaro, el sábado pasado, de los seis agentes pagos que debían cubrir la guardia, sólo había dos y eran de la Policía Local. Como se sabe, al surgir esa irregularidad, desde la Dirección de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad pusieron nuevamente la mira en los responsables de la distribución del personal en esos puestos fijos de vigilancia, ante la sospecha de posibles desmanejos con fines ilícitos. Cabe señalar que las horas Polad genera el movimiento de sumas varias veces millonarias, y ese servicio está desde marzo último bajo la lupa judicial. Esto fue a partir de la detención de Patricio Masana, el suboficial de la Policía bonaerense que se movía como un verdadero millonario y que quedó preso acusado por un robo en la casa del intendente de La Plata, Julio Garro. Sobre el servicio en el Aráoz Alfaro, voceros de Tribunales indicaron que es contratado por la subsecretaría de Niñez y Adolescencia que depende del ministerio de Desarrollo Social, que a su vez se lo contrata al Ministerio de Seguridad bonaerense. La fiscalía de Rubio investiga la fuga, y en ese marco, analiza los servicios de vigilancia que se prestaban allí, pudiendo surgir de ese largo derrotero en las contrataciones algún delito de acción pública. En tal caso, deberá enviar las actuaciones al fiscal general Vogliolo. En los últimos días se supo que, por ejemplo, sólo por el pago de las horas adicionales, la comisaría Primera de nuestra ciudad, donde cumplía funciones Masana, justo en el área de las Polad, se recaudaban unos 25.000.000 de pesos al mes, de los cuales, 12.500.000 pesos, es decir exactamente la mitad, “se perdían en el camino”, confió un vocero del ministerio de Seguridad. También destacó que “hay una decisión política del gobierno de María Eugenia Vidal de ajustar todos los controles y erradicar la corrupción en la Policía”. (...)". N. de la R.: A Patricio Masana lo detuvieron por el asalto en la vivienda de Julio Garro pocas horas después de que ocurrió, el 02/03. No solamente desplazaron de la comisaría 1ra. a Marcelo Cifuentes y a su 2do., Carlos Arias, porque allí trabajaba el “suboficial millonario”, sino que todo el sistema de adicionales Polad quedó en la mira ya que el propio Masana controlaba buena parte de esos fondos. A 4 meses de aquel escándalo y a una semana de que se descubriera que en el instituto de menores del que se fugaron 7 chicos había 2 policías haciendo adicionales, aunque el Estado pagaba por 6, cada vez está más firme la idea de que sean funcionarios civiles quienes supervisen y liquiden los adicionales. Hasta ahora, en cada comisaría hay un administrador que completa las planillas con los datos de los policías asignados a los controles fijos, eleva la liquidación al ministerio de Seguridad y le paga a los agentes, y un coordinador que controla que los efectivos asignados cumplan con la tarea. Aquí radica el problema. Esta semana se supo que sólo por el pago de las horas adicionales, la 1ra. recaudaba unos $ 25 millones, la mitad de los cuales “se perdían en el camino” (o mejor, en el despacho de alguien), porque enviaban esas horas a la mitad de los agentes por los que cobraban. Polad es una caja millonaria, porque recauda lo que los organismos públicos y otras dependencias pagan a las seccionales para que sus agentes los vigilen fuera de su horario de servicio. Y, pese a los controles, las irregularidades persisten en algunos de los más de 200 edificios que hay en La Plata. En el gobierno bonaerense también son conscientes de que los bolsones de corrupción no se limitan a los despachos de las seccionales, porqueel dinero sucio siempre sube más de lo que baja.