TESTIMONIO DE CENSURA

Testimonio: "Mi libertad de prensa amenazada" Si fuese cierto que hubiesen secretos de Estado a los que accedí, es evidente que la información que se estaba remitiendo incumplían la disposición de la Jefatura de Gabinete de Ministros dictada en el año 2005 a través de la Subsecretaria de gestión Publica titulada “Modelo de Política de Seguridad para Organismos de la Administración Publica”. por EDGAR MAINHARD CIUDAD BUENOS AIRES (2015). Luego de apelar la decisión de procesarme que falló la magistrada Sandra Arroyo Salgado (Juzgado Federal de San Isidro, y subrogante del crítico distrito aduanero Zárate Campana, donde en el pasado se encontraba Federico Faggionato Márquez), realicé una primera conclusión al evaluar nuevos pasos a seguir: en un año tan decisivo para la libertad de expresión (la Presidente de la Nación habla mucho acerca del viernes 07/12), las comisiones legislativas específicas en ambas cámaras se encuentran controladas por el Frente para la Victoria, de Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto, una Administración sospechada de comportamientos reñidos con la libertad de expresión resulta que puede impedir cualquier intervención/declaración legislativa a favor de denunciantes damnificados. Las comisiones vinculadas a la Libertad de Expresión deberían permanecer habitualmente con mayoría de la minoría parlamentaria, en una situación de alguna forma parecida a la Auditoría General de la Nación. En un Estado más o menos confiable, garantizaría una mayor tolerancia o sensibilidad acerca de un valor esencial para la continuidad de la democracia representativa. En la Cámara de Diputados, es una comisión de 31 legisladores, que preside Mónica Edith Gutiérrez (Córdoba/Frente para la Victoria). Hay que redefinir su vicepresidente 2do. que, hasta la fecha, era Martín Sabbatella (Buenos Aires/Nuevo Encuentro), un aliado del Frente para la Victoria y que acaba de ser designado presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). Sabbatella es quien deberá ejecutar el plan de Cristina Fernández de Kirchner a partir del sábado 08/12 y días subsiguientes. Con el apoyo de Sabbatella y de Graciela Navarro (Santiago del Estero/Frente Cívico por Santiago), el oficialismo controla la comisión. En el Senado la situación es parecida: una comisión de 17 legisladores, que preside la senadora nacional Liliana Beatriz Fellner (Jujuy/FpV), hermana del gobernador Eduardo Fellner, vinculado a Néstor Kirchner desde 2003 cuando fue el jefe de campaña presidencial para el Partido Justicialista, en un grupo que comandaba Alberto Fernández como coordinador general. En el Senado, con el voto de la senadora nacional Maria Rosa Diaz (Tierra del Fuego/Nuevo Encuentro aunque fue elegida por el ARI o Afirmación para Una República Igualitaria), el oficialismo controla la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. En la Comisión hay al menos 3 senadores opositores que tienen una mayor vinculación que otros con la libertad de expresión: > Eugenio Justiniano Artaza (Corrientes/UCR), > Norma Elena Morandini (Córdoba/Frente Cívico), y > María Eugenia Estenssoro (Ciudad de Buenos Aires/Coalición Cívica). Cualquiera de los 3, o los 3 (Artaza, un hombre que ha incursionado en el humor político, y Morandini y Estenssoro, quienes ejercieron el periodismo profesional), deberían interesarse por al menos conocer -más allá de cuestiones personales sobre uno o cualquiera de los imputados- los detalles de una causa judicial en la que se procesa a algunos periodistas por encubrimiento, una acusación bastante curiosa existiendo en la profesión periodística una cuestión de carácter casi religioso llamada "secreto de la fuente". [ pagebreak ] En esa comisión, además, participa Aníbal Fernández (Buenos Aires/Frente para la Victoria), quien inevitablemente quedará vinculada a la causa en trámite durante las instancias de apelación (el otro responsable, probablemente el más importante de todos, Néstor Kirchner, se encuentra muerto y no podrá dar cuenta de las instrucciones que realizaba ordenando interferir correos electrónicos, conversaciones telefónicas, etc., tareas que desempeñaba personal especializado de la Policía de Seguridad Aeroportuaria). En Diputados, una lástima que Patricia Bullrich, quien tiene una licenciatura en Comunicación Social, no integre la Comisión de Libertad de Expresión. Pero de todos modos hay legisladores aparentemente comprometidos con ese principio republicano; entre otros, Francisco Omar Plaini (Buenos Aires/FpV, dirigente sindical de los vendedores de diarios y revistas); Paula María Bertol (Ciudad de Buenos Aires/PRO), quien se interesa mucho por los temas de medios de comunicación, al igual que Gerardo Fabián Milman (Buenos Aires/GEN, que participa del Frente Amplio Progresista y vicepresidente 1ro. del grupo de trabajo legislativo). Otro ámbito que debería interesarse en el debate sobre secreto profesional y fuentes es la Academia Nacional de Periodismo, que preside Lauro Fernán Laíño, secundado por Hermenegildo Sábat, Magdalena Ruíz Guiñazú y José Ignacio López. ¿Y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), que preside Fabio Ladetto, del diario La Gaceta, de San Miguel de Tucumán; secundado por Fernando Ruiz, de la Universidad Austral? No se trata de darle la razón a nadie sino de debatir una cuestión de índole profesional de importancia crítica en el ejercicio de la tarea. Resulta por lo menos curiosa la idea de una jueza federal que considera que los periodistas no solo deben confirmar la veracidad de una noticia sino conocer cómo pudo haberla obtenido una fuente, publiquen o no publiquen, y deberán denunciar cuando hubiere algo incorrecto. El mero hecho de tomar conocimiento ya es un delito en sí mismo. Se plantea así una grave contradicción: si el mero hecho de tomar conocimiento ya es un delito en sí mismo, ¿cómo evitar cometer el delito sin tomar conocimiento de una información y, al menos, verificar su veracidad? La jueza interviniente pretende, en el ejercicio cotidiano del periodismo la aplicación de algo así como el régimen “Conozca a su cliente” vigente en las prácticas bancarias y cambiarias a partir de la Patriot Act y sus derivaciones, después del 11-S en USA (2001) y su influencia sobre las normas del GAFI. En lo personal, lo considero un absurdo y me niego a aceptarlas como una imposición, motivo por el cual apelo el fallo de la magistrada. ¿Acaso se pretende que la única fuente de un periodista profesional sean las gacetillas de prensa y las declaraciones oficiales en un país donde reina el ‘off the record’? Insólito y peligroso. Hay otras cuestiones muy graves en lo que hace al ejercicio de la libertad de prensa. Por mi sola condición de periodista profesional, la jueza considera que actué “con ánimo de lucro”, exigiendo por lo tanto un agravamiento de la pena. ¿Dónde estaría el producido del lucro? En mi estipendio como periodista profesional. Más allá de que ya escribí, al reivindicar a Wikileaks, que no creo en el secreto de Estado, me parece una herramienta que utiliza el poder político para dominar la agenda de la sociedad, es interesante conocer la violación de los secretos oficiales de Estado que se me imputan. Es claro que lo que se busca con esta causa no es más que callar la prensa independiente, y prueba de ello, es que se persigue a quienes efectúan publicaciones que no son del agrado del poder. Ello se prueba al analizar la imputación que se me hace de haber recibido correos electrónicos interceptados a Fabián Gutiérrez, secretario privado de la Presidencia de la Nación. Era lícito investigar a Gutiérrez porque había muchas sospechas acerca de su accionar. De hecho, él terminó renunciando a su cargo e imputado, entre otras cosas, del delito de enriquecimiento ilícito que es lo que pretendía probar. [ pagebreak ] No puede negarse que el expediente fue iniciado por la Secretaría de Inteligencia, en 2006, y hasta tanto se llevaron a cabo las intrusiones domiciliarias, solo se pudo comprobar que tuve acceso a 5 correos electrónicos los que ni siquiera fueron divulgados desde Urgente24. Hay un aspecto que puede resultar hasta de comicidad si no fuese por lo dramático del escrache a que me sometió el aparato propagandístico paraestatal vinculado a la Secretaría de Inteligencia. Si estamos en presencia de tan importantes secretos que hacen a la seguridad de la República Argentina, ¿cómo es que se utilizaran sistemas de correos pertenecientes inclusive a empresas extranjeras (Yahoo, por ejemplo), bajo ningún concepto la vía idónea para remitir información de supuestas características de seguridad nacional? Si fuese cierto que hubiesen secretos de Estado a los que accedí, es evidente que la información que se estaba remitiendo incumplían la disposición de la Jefatura de Gabinete de Ministros dictada en el año 2005 a través de la Subsecretaria de gestión Publica titulada “Modelo de Política de Seguridad para Organismos de la Administración Publica”. Por lo tanto, no se trata de secretos de Estado sino de persecución a algunos periodistas aprovechando la existencia de una cuestión de fondo que sí es mucho más grave: una gravísima pelea interna de los aparatos de inteligencia estatales y paraestatales, tema que hasta ahora la investigación judicial pretendió ignorar.