jueves, 19 de abril de 2012

KAPITALISMO

De la expropiación disfrazada, a la confiscación inducida más un impago millonario Por Dr. Agustín Monteverde Fuente: Massot / Monteverde & Asoc Capitalismo K: negocios con tramposos son malos negocios • El proyecto de expropiación es claramente violatorio del tratado de protección de inversiones que N. Kirchner firmara años atrás con España. • Alcanza a 51 % de las acciones de YPF, todas ellas en poder de la española Repsol. • Esto implica una clara discriminación frente al resto de los accionistas. • Se puede considerar como el final de un proceso de expropiación iniciado años atrás. • Presionada por el gobierno kirchnerista, en 2008 Repsol debió avenirse a un acuerdo para la venta de 25,46 % de su filial argentina al Grupo Petersen, propiedad de la familia Eskenazi. • La valoración inicial de todo YPF en esa oportunidad redondeó U$ 15000 MM. • La operación debió estructurarse en dos tramos: 15 % al momento de la firma y otro 10 % como opción de compra, a ejercer dentro de los cinco años. • El último tramo se ejecutó hace menos de un año. • El grupo ingresante carecía de expertise alguno en el negocio y las condiciones de la transacción eran a todas luces excepcionales y ajenas a las circunstancias del mercado. • Pese a ello, el acuerdo incluyó la entrega de la gestión de YPF al Grupo Petersen, con S. Eskenazi al frente. • El desembolso inicial del grupo local -en los papeles, australiano- amigo del gobierno apenas representó 5 % del total. • El restante 95 % se cubrió con financiación bancaria y un vendor loan -es decir, un préstamo del vendedor- por parte de Repsol. • De esta forma, al riesgo de precio se une el de efectivo cobro de ese precio. • En mayo de 2011 se completó el segundo tramo, por el 10 % pendiente. • Nuevamente no hubo entrada de caja para Repsol, pues se reprodujo la fórmula de financiación. • En ese segundo momento la compañía se valoró a U$ 13000 MM, 25 % por debajo de la cotización de mercado. • Las condiciones del vendor loan fueron, cuando menos, sorprendentes -o no tanto, si se considera la estrecha relación de la familia Eskenazi con el matrimonio Kirchner. • Tuvo una gracia de cinco años tanto para los intereses como para el principal. • Y el plazo total fue de nada menos que 15 años, extraordinario para el mercado local. • Las tasas de interés aplicadas fueron 8,12 %, para el préstamo correspondiente al primer tramo, y 7,40 %, para el correspondiente al segundo; ambas se reducirían en un punto a partir de que comenzara la amortización. • Ambos tramos contemplaban un derecho de venta a favor del comprador si el valor de mercado bajaba de 50 % o se cambiaba la política de dividendos. • La excusa formal de las autoridades de Repsol para conceder semejantes privilegios fue precisamente la necesidad de argentinizar la compañía. • Para completar el regalo, la venta estableció condiciones estrictas respecto a la política de inversiones y dividendos de la petrolera. • Repsol quedó obligada a distribuir dividendos nunca menores a un enorme 90 % de los beneficios de YPF. • Esta obligación, como todas las restantes condiciones, fueron visadas y autorizadas por los órganos estatales de contralor. • Era obvio -y así fue oportunamente considerado por los analistas- que tan inaudito acuerdo constituía una expropiación de facto donde el mismísmo vendedor era quien pagaba con su propia caja la transacción. • Tan extravagante transacción es sólo comprensible si los españoles, además de participar de la exagerada distribución de utilidades, esperaban gozar de una favorable predisposición oficial. • Y es también con este prisma que se puede entender que el gobierno haya aceptado con un mutis por el foro aquella política de dividendos. • En resumen, está claro que la expropiación de YPF se inició mucho antes de que fuera coronada con la confiscación inducida que se orquestó en los últimos meses. • Los problemas para Repsol no se agotan en la manipulación de precio y ulterior confiscación que viene a sufrir; pende también sobre su cabeza el riesgo de impagos megamillonarios. • El Grupo Petersen le adeuda a Repsol € 1542 MM por la financiación de la compra de 25 % de YPF. ° El primer tramo, por 14,9 % de YPF, se fijó en U$ 2235 MM; a tal fin, Repsol le prestó U$ 1016 MM a los Eskenazi. ° El restante 10 % se fijó en U$ 1310 MM; nuevamente, Repsol puso U$ 626 MM de lo que cobró. ° La amortización del principal del primer préstamo recién comienza en mayo de 2013 y la del segundo en noviembre de 2016. • El problema para Repsol es que el acuerdo con el Grupo Petersen contemplaba que el pago de los intereses y del capital se haría con los dividendos abonados por YPF. ° Y como ahora el gobierno ha obligado a YPF a no distribuir ganancias, los Eskenazi no contarán con ese vital flujo para atender los servicios de la deuda contraída con Repsol. ° La garantía de los préstamos son las mismas acciones, que fueron prendadas y hoy cotizan más de 50 % -unos U$ 1800 MM- por debajo del precio de aquellas compraventas. • Según los contratos firmados por los Eskenazi, ante las nuevas circunstancias los bancos que participaron en la financiación -entre ellos Itaú, Mellon, Citi y BNP- podrían reclamar inmediatamente la cancelación de los créditos. • Aun si consiguiera un resarcimiento satisfactorio, la pérdida de masa crítica de Repsol es drástica: YPF representaba dos tercios de su producción, y una quinta parte de sus activos y resultado operativo. • En cuanto a los accionistas tenedores del 49 % no sujeto a expropiación, no se encuentran mejor posicionados que Repsol y les cabe el derecho de exigir que el gobierno les compre su parte. • En primer lugar, quedan con una parte minoritaria en una compañía estatal, muy diferente a la que ingresaron. • Y, además de la pérdida sufrida por la caída en el valor de mercado inducida por las presiones oficiales, se encuentran que se han quedado sin mercado para sus tenencias. • No se sabe si se respetará o no el actual estatuto de la empresa. ° Ese estatuto establece que el comprador, en este caso el Estado, debería extender mediante una OPA la oferta de expropiación a la totalidad de los accionistas. ° El nuevo directorio podría cambiar el estatuto para evitar extender la compra al resto de los accionistas, lo que derivaría en juicios internacionales.

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