MEDICAMENTOS

CONCLUSIONES SOBRE EL OSCURO NEGOCIO DE LOS MEDICAMENTOS



Por Julio Doello



Hasta hace algunos años, existía una discusión teórica sobre si el medicamento, como tal, debía considerarse un producto de consumo o un bien social. Detrás del dilema se escurría la ideología. Así, la izquierda relativizaba la importante inversión privada que habían realizado en investigación los laboratorios farmacéuticos productores de la droga original, y pretendía una “expropiación” disimulada, tal cual lo ha sido y lo es “la copia” de los medicamentos originales generada por plantas de producción de la Argentina, bajo el eufemístico término “genéricos”, sin pagar las debidas regalías a quienes primigeniamente habían sintetizado la droga. La piratería pseudoprogre halla justificativo moral en considerar al medicamento “un bien social”, casi un patrimonio de la humanidad, una suerte de fuente de producción ilegalmente apropiada por quienes, aprovechando su ventaja económica y la organización de sus recursos intelectuales, “someten” a los desposeídos a sus designios. De ahí la difusión en la Argentina de los laboratorios fabricantes de genéricos y de las farmacias del “Dr. Ahorro” y otras similares. Algo mucho más grave pero similar a la falsificación de las películas de las cuales gozamos en nuestros DVDs. con inusitado desparpajo. Obviamente, esos específicos farmacéuticos que curan o mitigan las más diversas enfermedades habían surgido de largos años de investigación y de aplicación de recursos que habían financiado, repito, con inversión privada, y a veces con un fuerte apoyo estatal, los laboratorios descubridores de los nuevos específicos.

Por otra parte, “el capitalismo farmacéutico” de los países centrales recuperaba los costos de inversión de manera caprichosa y ambigua, puesto que en su país de origen los nuevos descubrimientos tenían un precio real sensiblemente menor que el que se pagaba en países periféricos, sin laboratorios nacionales de síntesis de droga ni preocupación por la investigación. O sea que hacían que los más pobres pagaran el pato, como si se tratara de un faisán, para que el recupero acelerado del capital de inversión incrementara también las ganancias genuinas con el mínimo esfuerzo de los habitantes de los países centrales.

La Argentina siempre contó con el “capital humano”. Tenemos excelentes investigadores, que de no haber sido condenados por la desidia estatal y privada a emigrar hacia mejores horizontes, para no terminar hablando solos en las plazas, hubieran producido quizás descubrimientos de excelencia que nos hubieran potenciado como país comprometido con la salud de la humanidad. En ese caso el intercambio de productos de investigación nos hubiera permitido contar con un vademecum farmacéutico menos costoso y más efectivo. Fundamento lo antedicho en los descubrimientos de César Milstein y del inolvidable Dr. Favaloro, este último una verdadera víctima de la corrupción y de la opresión democrática, quien, sin embargo, no ha sido erigido como objeto de reivindicación por ninguna organización de derechos humanos.

La industria farmacéutica multinacional, que goza de gran prestigio en sus países de origen, se ve obligada a adaptarse, como he dicho, al particular ana-ana (retorno-diezmo-cometa) que gobierna casi todos los negocios públicos de la Argentina para engrosar las arcas de funcionarios públicos, financiar campañas políticas o aportar jugosos dividendos al vientre insaciable de algunos sindicalistas. Algunos laboratorios nacionales, más curtidos y más duchos en nuestras particularidades antropológicas, les aportan su now how y sus visitadores médicos de élite, gurkas dispuestos a hundir en el cuello de los médicos sus infalibles colmillos de oro. En medio del caos, aparecen las droguerías independientes, generalmente creadas o compuestas por ex visitadores médicos que, transformados en mercenarios autogestionados, al estilo de los célebres “Gansos Salvajes”, son especialistas en detectar funcionarios o directores de obras sociales corruptibles. Estas droguerías crean y controlan redes cautivas que aseguran la compra de medicamentos a cambio de prebendas. Así construyen sus fortunas y así generan el fenómeno transversal de la falsificación de medicamentos o la venta de lotes vencidos, lavando la ropa sucia de los laboratorios. Es decir que los tres muchachos asesinados en General Rodríguez son nada más que una mínima punta del iceberg, bajo cuya línea de flotación se oculta la monumental masa de una corrupción estandarizada. Y esto poco tiene que ver con la venta de efedrina, cuya producción y comercialización corre por otros canales y responde a otros intereses un tanto más siniestros.

El medicamento es, en las actuales condiciones históricas, sólo un bien de consumo. El carácter de bien social sólo puede otorgárselo un Estado preocupado realmente por la salud de su población, que se haga cargo del pago de las regalías a los laboratorios productores e instrumente, en tal caso, una red de subsidios limpios que garantice el acceso a la mejor medicación. Un paso más allá estaría la creación de laboratorios nacionales de investigación y síntesis de drogas con un alto compromiso económico del Estado y del capital privado. Claro que para ello habría que tener un espíritu verdaderamente revolucionario, negociar inteligentemente con quienes coordinan la división internacional del trabajo y abandonar la petulancia y la estupidez de reivindicaciones tales como la boina calada y el FAL atravesado con la lanza, íconos decadentes ya antes del tercer milenio.

La creación de tipos penales nuevos, que contemplen específicamente la adulteración de medicamentos y la promoción abusiva de los mismos, así como sanciones especiales a los miembros del cuerpo médico y funcionarios de instituciones públicas y de obras sociales que lucren a través de dádivas otorgadas por cualquier expendedor de productos medicinales, se vuelve una prioridad que nuestros legisladores deberían abordar con urgencia. El Agente de Propaganda Médica (visitador médico) debe tener un real rango universitario y contar con un código de ética cuya violación implique la anulación de su matrícula.

Por otra parte, la industria farmacéutica no debe ser controlada nada más que por el ANMAT, quien estipula pautas para la producción y aprobación de medicamentos, sino por un departamento especial que tenga a su cargo una fuerte tarea fiscalizadora de los procedimientos comerciales que utilizan los laboratorios y las droguerías en la comercialización de los productos farmacéuticos.

Los partidos políticos deberán aprender a financiarse de un modo diferente, para no adquirir compromisos con empresas de la industria que, en cada elección, han colaborado económicamente en las campañas de todos aquellos con chance de ganar.

Como se observa, el problema es complejo y no se agota con la exposición mediática del señor Lorenzo o de las maniobras turbias con la cual el finado Forza construyó su fortuna. Hace falta calar más hondo el cuchillo para encontrar los receptáculos ocultos de pus y hacer drenar definitivamente la putrefacción que ha regido desde hace muchos años los laberintos tortuosos por los cuales circulan los medicamentos.

Por último, debo denunciar la complicidad de la mayoría de los medios audiovisuales y periodísticos, renuentes a llevar a cabo este tipo de investigaciones y a difundirlas, puesto que en sus pautas publicitarias nunca falta el aporte generoso de alguna empresa de la industria farmacéutica.