COMPLICADO

Por Agustín Laje (*)



Si la estatización de YPF en su momento tuvo un efecto “cortina de humo” que logró desviar la atención pública de todo lo que venía atentando contra la imagen del gobierno, resulta claro que el hombre más beneficiado de la Argentina por la espesa neblina de aquella medida fue Amado Boudou.

Aprobada la ley de expropiación, y festejando con desmesurada euforia desde el escenario que se montó fuera del Congreso el pasado 3 de mayo, el vicepresidente probablemente pensó que los difíciles momentos ya habían pasado, pues la gente ya tenía suficiente pan y circo que justificara mirar para otro lado y olvidar −como es regla general en nuestro país− el caso de corrupción que lo comprometía seriamente.

Pero las cosas cambiaron nuevamente el rumbo, y Boudou volvió a complicarse. En efecto, el fiscal federal Jorge Di Lello acusó al vicepresidente (incluyendo también a su socio Núñez Carmona, a su novia Agustina Kampfer y al enigmático Vanderbroele) de los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y encubrimiento y lavado de dinero, los que habría cometido cuando era ministro de Economía. El juez Ariel Lijo declaró la conexidad de la causa Ciccone con esta nueva imputación, quedando el fiscal Carlos Rívolo, quien impulsó el caso sobre la imprenta en sus inicios, apartado del expediente.

Los problemas de Amado con todo esto aumentaron sustantivamente: hasta ahora se lo tenía en la mira por un caso que lo hacía partícipe de sospechosas operaciones incompatibles con su función de servidor público, al favorecer a allegados suyos para la adquisición de la imprenta Ciccone; ahora lo que se está señalando es un presunto enriquecimiento ilícito, testaferros mediante, que encuentra fundamento principalmente en el desmedido crecimiento patrimonial de Boudou desde que entró a jugar para el kirchnerismo (equipo en el que, como testifican sus jugadores, es imposible perder).

En el 2009, año en el que Amado fue nombrado ministro de Economía, según surge de su declaración jurada de bienes e ingresos a la Oficina de Anticorrupción en 2010, su patrimonio aumentó casi un 70%. Entre los lujos que adquirió el entonces ministro kirchnerista, se cuentan una Harley Davidson, valuada en $72.910; un Audi modelo A4Quattro Sedán de $157.250 y una motocicleta BMW Adventure que compró a $110.750, sin contar un departamento de 91 metros en Puerto Madero, valuado en $673.200.

No deja de ser una curiosidad que en el mismo año (2010) se daba a conocer, en función de los datos de la misma Oficina de Anticorrupción, un aumento patrimonial de la familia Kirchner del 710% respecto al año 2003, cuando alcanzan la presidencia de la nación. Pero esa es otra cuestión.

Va de suyo que el enriquecimiento de Boudou en tan sólo un año es de un calibre digno de legítimas sospechas, y la Justicia deberá demostrar una independencia que, en virtud de cómo se han venido tratando hasta el momento todos los casos de corrupción que comprometen al kirchnerismo, resulta de a ratos ilusoria. Una causa en la que se comenzó argumentando que era pura invención del periodismo no adicto, terminó en el descabezamiento de un juez (Rafecas), un fiscal (Rívolo) y el Procurador General de la Nación (Righi). La pregunta inevitable es: ¿la presión política hará rodar más cabezas?

Allegados al vicepresidente han informado que éste se encuentra en completa tranquilidad y que la nueva imputación no lo ha afectado en lo más mínimo. ¿Su relajada despreocupación obedecerá a que es plenamente conciente de que en la Argentina gobernada por el kirchnerismo ningún caso de corrupción ha llegado a ningún puerto?

(*) Tiene 23 años y es autor del libro “Los mitos setentistas”.
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