ESTE CONGRESO NO NOS REPRESENTA: EL APURO SE LLAMA BANELCO ?

No pasarás: La oposición se abroquela contra la ley de Radiodifusión, que no podría frenar en el Congreso
POR RICARDO MANGANO
El Pro, la UCR, la Coalición Cívica y el peronismo disidente, manifestaron su oposición a tratar la ley de Servicios Audiovisuales, con la composición actual de este parlamento, “porque no representa la voluntad del pueblo” del pasado 28 de junio. Dicen que este proyecto violenta la política”. Si no hay sorpresa dentro del oficialismo, el Kirchnerismo tendría los votos necesarios para aprobarlo antes del 10/12.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La presentación de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales, realizada este jueves 27/08 por la presidentE de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ya generó repercusiones contrapuestas. En conferencia de prensa Francisco De Narváez, Mauricio Macri y Felipe Solá, pidieron que el proyecto de Ley de Radiodifusión sea tratado por el nuevo Congreso. "No vemos porque este proyecto tiene que tener este apuro", aseguraron en una conferencia de prensa

El Comité Nacional de la UCR, observa en un comunicado que “no están dadas las condiciones y las garantías políticas necesarias para un serio tratamiento en el Congreso, con amplio y participativo debate en conjunto de las iniciativas con estado parlamentario", afirmaron los radicales en un comunicado, en el que afirma que existe una "estrategia de hacer valer una mayoría circunstancial" que "pone en jaque a la democracia doblegando libertades al mejor estilo chavista, con medios de rodillas replicantes del discurso oficial".

El tridente de Unión PRO le reclamó al Gobierno que sea el nuevo Congreso el que debata la nueva Ley de Servicios Audiovisuales

"Esta decisión es una forma de violentar la política, ignorando la voluntad popular", disparó Felipe Solá, quien destacó la importancia de la ley pero aseveró que debería ser expuesta ante la nueva composición del Parlamento, que -sostuvo-representa mejor a la ciudadanía. "Si es buena la ley, el Gobierno debería estar dispuesto a que la trate el nuevo Parlamento", dijo.

En consonancia, Francisco De Narváez mencionó que la iniciativa es un intento del oficialismo para "controlar los medios" y argumentó que de aprobarse la ley "será legal, pero carecerá de legitimidad".

Macri, en tanto, esgrimió que "no hay duda que en el sistema democrático, el funcionamiento de los medios de comunicación es central, pero la gente el 28 de junio votó una nueva manera de hacer política, con más diálogo, más consenso y no un escenario confrontadito como nos propone el gobierno con esta ley”.

El jefe del Gobierno porteño le pidió al Poder Ejecutivo “que reflexione porque este Parlamento es legal pero no legitimo”, al tiempo que reclamó que la ley sea tratada después del 10/12.

La diputada nacional por la UCR-Capital y presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, Silvana Giudici, opinó respecto del discurso brindado por Cristina este jueves 27/08: “La Presidente ha dejado en claro cuál es su idea acerca del rol de los medios en el país. En democracia existen poderes formales, el periodismo constituye un poder más, y a veces debe ser un factor de contrapoder, esto es justamente lo que no les gusta a los Kirchner, no les gusta que los controlen, no les gusta la verdad, no soportan la crítica.

“Cuando la Presidente Fernández dice que no debe confundirse la libertad de expresión con la libertad de extorsión, lo que en realidad nos está diciendo es que ella se siente extorsionada. Es necesario entonces que le diga a la sociedad quienes la extorsionan y porqué.

Lamentó la utilización que, desde el Gobierno, se hace de los derechos humanos, en relación con lo expresado por la Presidenta durante el acto en el que se anunció el envío del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual al Congreso. “Me apena –dijo- que se haya naturalizado la falta de respeto a una parte de nuestra historia”, dijo Giudici.

Desde la Coalición Cívica, la diputada Elsa Quiroz expresó: “Hablar en nombre de los periodistas desaparecidos durante la dictadura para justificar lo que no se dice, pero que esconde este proyecto y que es ingresar al negocio de la comunicación para acallar las voces disidentes, es una falta de respeto a la ciudadanía”.

"Estamos harto de esta utilización. No se puede habilitar cualquier práctica de nuestros amores desaparecidos, de nuestros hermanos desaparecidos. Militar la causa de los derechos humanos no significa bastardearla usándola para, en su nombre, habilitar cualquier conducta y cualquier práctica. No es la primera vez. Pasó con los goles, de la peor manera. Basta. Pedimos responsabilidad y respeto”, finalizó la diputada integrante de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja.

El arco 'progresista', conformado por distintos bloques que suman 16 legisladores que, a veces, acompañan las medidas del oficialismo, ve con buenos ojos la batalla que viene. La diputada Cecilia Merchán (Libres del Sur) fue una de las que más fogoneó la propuesta como miembro de la Coalición por una Radiodifusión Democrática.

“Es un avance producto de la lucha que encaramos desde la Coalición por una Radiodifusión Democrática para garantizar el derecho de todas y todos a la comunicación y terminar con una ley de radiodifusión impuesta durante la última dictadura militar”, remarcó.

En una directa alusión al grupo clarín, Merchán adelantó que estará alerta ante cualquier maniobra de presión de los multimedios dirigido a los legisladores que debatirán la iniciativa en el Parlamento. “Vamos a luchar para que el lobby de los medios no tuerza las voluntades de los representantes del oficialismo y de la oposición”, aclaró.

“Es necesario discutir una nueva ley”, opinó el jefe de bloque de Solidaridad e Igualdad (SI), Eduardo Macaluse.

“Nuestro bloque había considerado el anteproyecto de ley y en términos generales estamos de acuerdo, en lo que hay que avanzar es en los controles para evitar discrecionalidad del Ejecutivo”, dijo Macaluse dejando pistas para negociar el voto de sus representados, a cambio de algunas modificaciones que van a proponer a manera de maquillaje.

Pero, más allá de las posiciones y de los discursos, el oficialismo tendría la mayoría de los votos de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, que es por donde ingresará el anteproyecto de ley.

En principio, no está previsto que recale en la Comisión de Libertad de Expresión, cuya titular es la radical Silvana Giúdice.

La ayuda de los aliados como Cecilia Merchán, de Encuentro Popular y Social; Miguel Bonasso, de Diálogo por Buenos Aires; Paola Spatola, de Guardia Peronista; Nélida Belous, de Solidaridad e Igualdad de Tierra del Fuego; Silvia Vázquez y Claudio Morgado y Gustavo Serebrinsky, del Partido de la Concertación, permitiría un rápido despacho de mayoría.

Así las cosas, los 108 diputados oficialistas, si es que no hay alguna nueva deserción o rebeldía en la pinguinera, más los aliados de la centro izquierdo: 9 de Solidaridad e Igualdad, 1 de Proyecto Sur (Claudio Lozano), 1 de Dialogo por Buenos Aires (Miguel Bonasso), 2 de Concertación –Forja (Morgado, Vázquez), 6 de Frente Cívico por Santiago, 1 de Movimiento Independiente (Lorenzo Borocotó), 5 de Encuentro Popular y Social de Basteiro, Ibarra y compañía, 4 de la Concertación, bloque escindido del cobismo, le darían los 137 votos necesario para aprobar la media sanción de la Cámara de diputados, tal cual sucedió con la prórroga de las facultades delegadas.

En el Senado el tratamiento de la nueva ley provoca rispidez. Si bien Miguel Ángel Pichetto no armó una reunión para analizar el tema puertas adentro, trascendió que el reordenamiento del oficialismo comenzó por Guillermo Jenefes, titular de la Comisión de Comunicación y, al mismo tiempo, propietario de medios de prensa en Jujuy, quien fue conminado a enrolarse en una cruzada que no compartiría del todo, según publicó Crítica Digital.

El único que hasta ahora anunció que apoyará incondicionalmente es el senador pampeano Rubén Marín, que en declaraciones al diario local La Arena advirtió que es “un buen aporte para evitar los monopolios."