LA INACCIÓN

Tribunal Superior de Justicia, Ejecutivo y Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Es acertado y esencial que la diputada nacional Silvana Giudici (UCR Capital) haya presentado un proyecto de Resolución para que la Cámara de Diputados cite al ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y que explique la inacción policial durante los incidentes registrados el día 25 de marzo pasado en las inmediaciones de la Plaza de Mayo.

Y remarcar que durante los incidentes fueron agredidas varias personas.

Los agresores denunciaron una maniobra golpista y deberían aportar las pruebas y/o los indicios para ser investigados los presuntos involucrados en el intento de golpe.

Hubo un real retiro de las fuerzas policiales, cuando se produjo el ingreso de los agresores, quienes fueron a expulsar en forma violenta y provocativa a las personas que pacíficamente reclamaban en la Plaza de Mayo, porqué durante los reclamos de los manifestantes se notaba fuerte presencia policial en las inmediaciones de la calle Hipólito Irigoyen y en las vallas que están dispuestas frente a la Casa de Gobierno, y cuando los grupos agresores atacaron a los manifestantes obligándolos a desalojar la Plaza de Mayo a fuerza de palazos, corridas y amenazas la Policía Federal se ubicó en la retaguardia de los agresores emprendiendo una rápida retirada.

Se avasalló el derecho de expresión y de peticionar ante las autoridades que es un derecho inherente a la condición de seres humanos y de ciudadanos argentinos expresado como una garantía en nuestra Constitución Nacional y estaríamos frente a un flagrante incumplimiento de los derechos constitucionales que pondría en riesgo a la democracia, a la convivencia pacifica de los argentinos y a los derechos humanos fundamentales, los cuales el gobierno nacional debe garantizar.

El 26 de marzo se han repetido los hechos.

Es delictivo, que las fuerzas de seguridad de la Nación sean reemplazadas por bandas, similares a los grupos de tareas clandestinos.

Alterar el orden institucional a través de uno de los poderes de la Nación, es un incumplimiento de los deberes del funcionario público, debiendo intervenir el Poder Judicial de oficio para procesar a los responsables y sus instigadores ateniéndonos a la profusa, abundante y clara información televisiva suministrada de una represión ilegal, mediante grupos armados con palos y cubriéndose el rostro desalojando a quienes ejercían, pacíficamente, el legítimo derecho a manifestar.


Ing. Osvaldo Buscaya
27-3-2008
Buenos Aires
Argentina