ENERGÍA

Embrollo energético La guerra que está librando el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner contra las importaciones se debe a la voluntad oficial de defender, cueste lo que costare, el superávit comercial que corre peligro en buena medida porque el país ya no es autosuficiente en energía. Dejó de serlo porque, a inicios de su gestión, el presidente Néstor Kirchner decidió que le convenía más privilegiar a los consumidores de energía que a los productores, negándose a permitirles aumentar las tarifas, con el resultado de que, como fue de prever, las empresas del sector optaron por reducir al mínimo sus inversiones. En un esfuerzo tardío por modificar esta situación nada satisfactoria, en el 2008 el gobierno puso en marcha programas de incentivos -Petróleo Plus y Refino Plus- que, se esperaba, servirían para estimular la exploración y la producción pero, para sorpresa tanto de los empresarios como de muchos funcionarios, el viernes pasado los suspendió porque, dijo, "los objetivos iniciales han sido cumplidos". Mientras que algunos atribuyen la cancelación imprevista de los programas al ajuste, otros dan por descontado que lo que el gobierno está tratando de hacer es apretar más a las petroleras, en especial a YPF, por suponerse capaz de obligarlas a aumentar sus inversiones y la producción para que el país termine gastando menos comprando energía en los mercados internacionales. Los montos en juego son muy grandes: el año pasado, el costo de importar hidrocarburos alcanzó aproximadamente los 9.000 millones de dólares y, conforme a las previsiones, este año podría llegar a 12.000 millones. Como ya es habitual cuando parece decepcionante el desempeño de una empresa privatizada, integrantes del entorno gubernamental se han puesto a hablar de la eventual reestatización de YPF, posibilidad ésta que hizo bajar las acciones de la empresa tanto en Buenos Aires como en Madrid, aunque pocos toman demasiado en serio las versiones en tal sentido. Los escépticos señalan que estatizar YPF costaría por lo menos 16.000 millones de dólares y que para que la empresa funcionara de manera adecuada tendría que contar con socios extranjeros de gran capacidad tecnológica. Huelga decir que en el caso de que, una vez nacionalizada YPF, al gobierno de Cristina se le ocurriera confiar el manejo de la petrolera a miembros de La Cámpora, asegurando así que compartiera el destino patético de otra empresa recuperada, Aerolíneas Argentinas, los resultados serían desastrosos. La crisis energética es consecuencia del voluntarismo agresivo que es la característica más llamativa del "modelo" kirchnerista que se basa en nada más firme que la convicción de que administrar la economía es en verdad muy fácil, que sólo se trata de aprovechar políticamente los ingresos aportados por el campo. Por desgracia, las cosas distan de ser tan sencillas. La "estrategia" de Néstor Kirchner de maltratar a las empresas energéticas exhortándolas a invertir y producir más porque habían prosperado en la década final del siglo pasado no pudo sino resultar contraproducente y no existen motivos para suponer que las recientes embestidas del gobierno de su viuda contra las petroleras, acusándolas de formar un cartel, quitándoles algunos incentivos módicos y sembrando rumores acerca de la eventual renacionalización de YPF, tengan consecuencias más positivas. Sea como fuere, merced a la decisión original de anteponer los intereses inmediatos de los consumidores urbanos a los del país en su conjunto, el gobierno se ve ante un panorama nada promisorio. Para limitar los perjuicios fiscales ocasionados por la sangría de divisas supuesta por la necesidad de importar cantidades cada vez mayores de energía, el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, funcionario que actúa como si fuera el auténtico ministro de Economía, está bloqueando el ingreso no sólo de "chucherías" de origen asiático destinadas a los consumidores sino también de los insumos que necesitan las fábricas locales, provocando una multitud de problemas, mientras que el gobierno se ha visto constreñido a desmantelar el sistema de subsidios alocado que formó con el propósito de mantener bajo el costo de vida de una parte electoralmente importante de la población del país, permitiendo así que aumenten drásticamente las tarifas energéticas.