GRAVEDAD NACIONAL

TARIFAZO Fin de semana largo de presión sobre Lorenzatti, Rosatti, Maqueda y Highton ¿Qué es lo que está mal, que obliga a la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Procuración General de Justicia? ¿El cuadro tarifario elegido por el presidente Mauricio Macri y sus amigos no funcionarios, la mayoría de ellos, o el funcionamiento de la República, vulnerada por las presiones que afirman, por ejemplo, que el Derecho sólo debe aplicarse a las cuestiones privadas pero cuando una de las partes es el Ejecutivo hay que olvidarse del Derecho? Aquí algunas precisiones: O son 4 en el patíbulo o son 4 que tienen una gran posibilidad, de ellos depende: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, la Corte. La impresión de Urgente24 consiste en que la presión que intentaban ejercer los Kirchner sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación es muy diferente a la presión que intentan ahora los del PRO (llamar "Cambiemos" a esta Administración es bastante errado, considerando que el trazado del rumbo y el ejercicio del poder es exclusivo del PRO, los otros acompañan, y con discrepancias crecientes). Los Kirchner apelaban a la brutalidad, condición propia de Néstor Kirchner y que heredó su por entonces mujer, que luego fue su viuda, Cristina. Fueron días de amenazas vía los medios de comunicación, rumores de 'carpetazos' o ejercicio de esa doctrina tan poco sutil, y mucho ajetreo tribunalicio de Antonio Stiuso, Fernando Pocino, Francisco Larcher, Javier Fernández y Darío Richarte, quienes en algún momento fueron lo mismo... hasta que irrumpió en escena César Milani y se fragmentó aquel abanico. En cambio los PRO apelan a la presión vía el entorno sociocultural de los ministros de la Corte Suprema, porque transitan estamentos cercanos, zonas de influencia similares, amigos comunes, integran círculos de relaciones concatenadas. Será muy interesante apreciar cuál mecanismo de presión es más eficiente. Por lo demás, el PRO opina lo mismo que el kirchnerismo: la Corte Suprema está para acompañar al Ejecutivo, y nada de eso que dice que la República es una institución de 3 poderes concurrentes y equidistantes. Entonces, no se trata sólo de tarifas. También de cómo funciona la República: si debe actuar en función de una coyuntura, resignando su esencia; o si debe funcionar estableciendo pautas hacia el futuro, más allá de la coyuntura. Esta cuestión lleva a una más profunda: si el origen de los problemas de los argentinos es la pérdida de valores republicanos, o sólo consiste en una cuestión de precios relativos. Ni el PRO ni los Kirchner han simpatizado hasta ahora con lo trascendente. Ambos son militantes del "plata en mano y culo en tierra". También los gobernadores, quien intentan parecer damnificados cuando son la mayoría de ellos son corresponsables de todo lo que ha ocurrido en la Argentina reciente. Una expresión más del país atrofiado y de la ausencia de materia gris en sus dirigentes. Gracias a millones de argentinos, los Kirchner se fueron y nunca volverán. Ni siquiera si fracasara el PRO. Quien diga lo contrario es porque miente a sabiendas. Pero millones de argentinos eligieron al PRO para administrar entre 2015 y 2019, y corregir aquello que está mal. Ahí aparece la Corte Suprema con su próximo, inminente e importante diagnóstico: ¿qué es lo que está mal? ¿El cuadro tarifario o el funcionamiento de la República, vulnerada por las presiones que afirman, por ejemplo, que el Derecho sólo debe aplicarse a las cuestiones privadas pero cuando una de las partes es el Ejecutivo hay que olvidarse del Derecho? Eso es lo que tienen que resolver los 4 ministros de la Corte Suprema (una lástima que no se haya incorporado aún Carlos Rosenkrantz. Pero lo verdaderamente lastimoso es el rumor del motivo por el cual decidió no incorporarse aún: circuló por ahí que quiere resolver antes cuestiones vinculadas a su desempeño como abogado en causas pendientes de honorarios voluminosos. ¿Será cierto?). ¿Por qué no esperarlo hasta el lunes 22/08 y así despejar las especulaciones que tan mal le hacen al colectivo de magistrados? Si esto no sucediera, en cuanto a los 4 ministros que pondrán el pecho, se dice mucho durante el fin de semana. Aquí algunos framentos: Mariano Spezzapria en el diario El Día, de La Plata: "Aranguren no estuvo ni cerca de renunciar”. La frase pertenece a uno de los integrantes de la mesa chica del gobierno nacional, que todas las tardes se reúne por una hora en la Casa Rosada. En esos encuentros, los funcionarios y también los referentes de Cambiemos en el Congreso vienen explorando distintos caminos para salir de la encerrona en el conflicto de las tarifas. Pero más allá de que lo intentaron, desde que comenzaron a emitirse los fallos judiciales que frenaron el tarifazo, nunca lograron recuperar el control de la agenda en favor del presidente Mauricio Macri. Y ahora se enfrentan a una semana decisiva, no sólo para el devenir de esa polémica medida, sino también para el futuro del ministro que se encargó de implementarla, aunque cada vez circula con mayor intensidad el dato de que él propuso, en realidad, aumentos graduales. Después del feriado de mañana, Aranguren deberá asistir el martes a un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, para explicar cuál fue el plan de “sinceramiento” tarifario, que a todas luces no salió como el funcionario lo pensó. Luego de su exposición inicial, será sometido a una catarata de preguntas por parte de los legisladores, sobre todo los de los bloques opositores. Para evitar que el ministro quede contra las cuerdas, en Cambiemos ya pensaron jugar una carta política en el debate: apuntar los cañones contra el diputado kirchnerista Julio de Vido, el ministro de Planificación, cuya área de gestión abarcaba el sistema energético nacional. De Vido preside la comisión de Energía pero todo este año la tuvo en un “freezer” para mantener un bajo perfil (...)". (N. de la R.: esto lo explica Maia Jastreblansky en el diario La Nación: "(...) Meses antes de la estatización de YPF, Julio De Vido viajó a Plaza Huincul, polo petrolero en el corazón de Neuquén, para inaugurar la planta de Refinería Neuquina SA (Renasa). El ex ministro recorrió las instalaciones y sonrió para el célebre corte de cinta. Por videoconferencia, la ex presidenta Cristina Kirchner festejó la "estratégica" nueva línea de producción de combustibles. El gobierno había ayudado a la empresa con un subsidio de US$ 130 millones. Tamaña inversión, tiempo después, quedó en la nada: la empresa se declaró insolvente y ahora el gobierno de Mauricio Macri prepara una denuncia por posible fraude. La Oficina Anticorrupción (OA) elaboró una denu ncia penal por presuntas irregularidades en el programa conocido como Refino Plus, que se desarrolló desde fines de 2008. Lo hizo en base a un duro informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que alertó por posibles anomalías en la entrega de incentivos millonarios de manera "discrecional" a la firma Más Energía, controlante de Renasa y de Petrolera Argentina SA. (...)"). El ministro de Energía fue el CEO de la filial argentina de Shell y los diputados de la oposición cuestionarán la importación de combustible a esa petrolera, a la que también apuntarán por haber aportado a las campañas presidenciales de Macri y Elisa Carrió. Desde el PRO y la Coalición Cívica lo defienden afirmando que fue uno de los pocos empresarios que saltó el cerco kirchnerista. Aranguren viene de descartar la convocatoria a audiencias informativas sobre el aumento de las tarifas, como había pensado el gobierno como un gesto a la Corte Suprema de Justicia, antes de que emita su resolución probablemente el próximo jueves. Para un día antes se espera el dictamen de la procuradora Gils Carbó, que no estaría en sintonía con la línea gubernamental. Según trascendió en los tribunales, los propios jueces supremos apelarían al criterio de la racionalidad en el fallo sobre las tarifas. Esto es, a exigirle al gobierno que el ajuste debe realizarse en forma escalonada, gradual, conforme a las posibilidades económicas de los usuarios. En la Casa Rosada siguen pensando que el problema no fue la implementación sino la mala comunicación. Ese error de diagnóstico explica que cinco meses después, el tarifazo esté lejos de ser un asunto resuelto por la administración macrista. En la fallida sesión del último miércoles, hubo sin embargo entre los diputados –oficialistas y opositores- una coincidencia manifiesta: la solución al conflicto debe ser política. Algunos, incluso, reflotaron la propuesta para convocar a una mesa de diálogo. (...)". Fernando Krakowiak en el diario Página/12: "El presidente Mauricio Macri ordenó a funcionarios y operadores políticos presionar a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia para forzarlos a avalar el tarifazo de manera retroactiva. Algunos supremos le dejaron en claro al Ejecutivo informalmente hace varios días que no estaban dispuestos a convalidar la decisión de aplicar un ajuste sin antes haber convocado a audiencias públicas. (...) Desde el Gobierno se afirma que la presión consiste en sumar apoyos políticos para mostrarle a la Corte Suprema el creciente respaldo que tiene el tarifazo. El pedido a los gobernadores para que reivindiquen la necesidad de ajustar los precios de luz y gas y la convocatoria a los ex secretarios de energía para negociar un Acuerdo Federal Energético forma parte de esa curiosa estrategia que suma argumentos económicos y políticos como si la resolución del tema estuviera en el Congreso en lugar de en Tribunales. Sin embargo, esa es sólo la cara visible de la jugada. La presión a los jueces supremos también incluye una serie de insinuaciones sobre cómo se les podría complicar su futuro si deciden ir en contra de la voluntad presidencial. A Elena Highton de Nolasco le transmitieron que si su deseo es continuar en el máximo tribunal lo mejor que podría hacer es avalar el tarifazo. El viernes incluso esa amenaza oficial salió publicada en el diario Clarín, aunque planteada de manera inversa para cuidar las formas: “Highton de Nolasco no transmitió demasiado (sobre cuál será su voto), pero en la cima de la Casa Rosada revelaban que la jueza les hizo saber que tiene intenciones de quedarse cinco años más en el puesto, lo que alimentó las especulaciones de que podría votar a favor”, dice el artículo, como si votar en contra pudiera poner en riesgo esa continuidad. Lo que la magistrada decida votar sobre el tema tarifas no debería condicionar su futuro, pero en los hechos el gobierno deja traslucir que eso puede ocurrir. Para convencerla de esa causalidad, en la Casa Rosada se encargan de recordar que hace apenas tres meses Highton fue denunciada penalmente por haber nombrado en una secretaría judicial de la Corte a su hija Elena Cristina Nolasco Highton. La denuncia fue presentada el 9 de mayo por el abogado Patricio Kingston y recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, justamente a cargo del juez Claudio Bonadio. “Elenita”, como se la conoce en Tribunales, donde durante diez años se desempeñó como secretaria letrada de la vocalía de Lorenzetti, asumió en diciembre al frente de la flamante “Secretaría Judicial de Relaciones de Consumo de la Corte Suprema”. La Corte evaluó en su momento que al no tener dependencia funcional directa de la madre, no estaba comprendida en la prohibición de nombramiento de parientes. Y cerca de la jueza ahora lo recuerdan con fastidio por las acusaciones. Sin tomarlo en cuenta, en la denuncia se asegura que mientras estuvo bajo las órdenes de Lorenzetti no había incompatibilidad, pero ahora, “por ser secretaria judicial de la Corte, depende funcionalmente en forma directa del pleno del tribunal”, el que incluye a su propia madre. (...)". Joaquín Morales Solá en el diario La Nación: "Aunque todavía no se note, gran parte de la presidencia de Mauricio Macri se jugará en los próximos diez días. Esa partida se decide por ahora en los despachos de la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver sobre quién fija las tarifas de luz y gas, cómo se pagarán y desde cuándo regirán. Una decisión negativa para el Gobierno podría arruinar su plan antiinflacionario, justo cuando la inflación dio los primeros síntomas de una tendencia a la baja. Ocho meses después de haber asumido, Macri está en el momento potencialmente más frágil de su gestión. El peronismo olfateó esa debilidad y le propinó la primera sesión autoconvocada por los diputados, una maniobra que unió desde el huraño kirchnerismo hasta el oportuno massismo, pasando por el peronismo disidente y la izquierda diversa. Salvo los que abonan la electricidad mediante débito automático, el resto de los argentinos (la gran mayoría) está viviendo un paraíso artificial en el que no se paga ni la luz ni el gas. (...) La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la resolución de la Cámara de La Plata, que impugnó sobre todo la falta de audiencias públicas en el caso del gas. Pero la decisión del máximo tribunal podría establecer también una jurisprudencia sobre las tarifas de electricidad. La Corte dará a conocer su decisión sobre la cuestión de fondo a fines de la semana que comienza o, a más tardar, a principios de la siguiente. No hay dudas en la Corte sobre algunos aspectos básicos en discusión. Primero: la facultad de fijar las tarifas de los servicios públicos es del Poder Ejecutivo. Segundo: la función de los jueces no consiste en determinar el precio de los servicios públicos. Tercero: tampoco el Congreso está facultado para resolver sobre tarifas; su participación es esencial en el caso de los impuestos, pero no en el de las tarifas. Cuarto: los aumentos deben ser razonables, aunque no existe un parámetro para definir la razonabilidad, en esta instancia al menos. Hay, sin embargo, un aspecto crucial del asunto sobre el que todavía no hay consenso entre los cuatro miembros de la Corte. ¿Las audiencias públicas deben hacerse también sobre el precio del gas en boca de pozo y sobre las de la electricidad en su generación? (...) La Corte recibe insistentes llamadas hasta de gobernadores peronistas para que resuelva según la gravedad institucional. Algún funcionario también intentó vanamente una mediación. "Esta es la Corte Suprema, no una dependencia del Poder Ejecutivo", recibió como respuesta. Sea como sea, lo cierto es que el máximo tribunal busca un atajo, y no sabe si lo encontrará, que signifique dos cosas al mismo tiempo. Puede simplificarse así: que el Gobierno cumpla con la obligación legal de convocar a las audiencias, pero que ese requisito no termine provocando, con la eventual anulación de los aumentos tarifarios, una monumental crisis económica y política. El Presidente vacila, expectante, ante ese final de partida.". Eduardo van der Kooy en el diario Clarín: "Esto es a todo a nada”. Mauricio Macri repitió esa consigna, casi de guerra, ante cada funcionario que se le acercó para sugerirle una salida política a fin de superar el conflicto por las tarifas. El Gobierno hace más de un mes y medio que convive con ese martirio que lo condena a un desgaste popular. El Presidente es en estas semanas un hombre diferente al que muchos conocieron en los primeros meses de ejercicio del poder. Ante el problema del tarifazo elude las conciliaciones. En el resto sigue más o menos igual. A un funcionario que lo escuchó hablar sobre la “madre de todas las batallas” se le erizó la piel y congeló la sangre. Quizás porque esa combinación de palabras remitió a otro ex presidente, a otro pleito traumático y a una derivación que terminó marcando toda una época. Néstor Kirchner bautizó de ese modo la pelea con el campo detonada en 2008 por la resolución 125. Esa batalla la perdió finalmente en el Congreso pero le sirvió para inaugurar un ciclo de hostilidades permanentes que se acentuaron con su muerte repentina. Con Cristina Fernández en la soledad del mando. (...) Macri está convencido de que la política tarifaria es un atributo del Poder Ejecutivo. Es el reconocimiento que espera del máximo Tribunal. Allí las aguas todavía se dividen. Sin esa herramienta considera inviable la posibilidad de recuperar los servicios y concederle racionalidad al costo objetivo que ellos tienen. Sin esa herramienta se hipotecaría la meta de empezar a equilibrar el déficit fiscal. Las cifras blandidas desde el oficialismo asustan. Juan José Aranguren habló de un bache inmediato de $ 22 mil millones si no puede ejecutarse la refacturación con el tope del 400% que fijó el Gobierno, después de la mala praxis que disparó ese incremento por las nubes. Marcos Peña, el jefe de Gabinete, proyecta una valoración global más aterradora. Habla de $ 80 mil millones que significarían un golpe letal para el Gobierno y su idea de reanimar la economía por medio de la obra pública. (...) El Gobierno se encargó de enviar señales a los jueces de la Corte. Como para asegurarles que su fallo no caería en un vacío. Nueve gobernadores respaldaron la reformulación tarifaria. Cinco son peronistas. También se sumó el socialista de Santa Fe, Miguel Lifschitz, valorado por Macri como el más opositor. El ministro de Energía aceptó reunirse con siete ex secretarios de su rubro que criticaron duramente la política energética del kirchnerismo. Pero que cuestionaron, además, la impericia macrista. Mensaje también destinado a distender el clima interno. El radicalismo objetó el comportamiento del Ejecutivo. Sin los ruidos que caracterizaron las críticas de Elisa Carrió. La llamada “madre de todas las batallas” tuvo ciertos efectos colaterales para Macri. El oficialismo padeció en la Cámara de Diputados. Allí, por primera vez en siete meses, las oposiciones diversas se juntaron para conseguir quórum y amenazar con un proyecto de rechazo al aumento de las tarifas. Como no había existido dictamen previo el macrismo exigió la votación con los dos tercios. Una suma inalcanzable para aquellos. (...)".