lunes, 29 de agosto de 2016

VACA VIVA

EL PLAN DE MACRI El secreto más guardado de la audiencia pública: subsidiar Vaca Muerta un par de años El gobierno nacional avanza en la definición del cuadro tarifario que llevará a las audiencias. A la vez que promete gradualidad a los usuarios residenciales, en reuniones confidenciales ratificó a las petroleras un aumento del valor del gas en boca de pozo del 300% en pesos, no le puso aún el número a las distribuidoras y a los usuarios que pagan la tarifa plena (el 27% del padrón), le fijan un tope en relación a la factura previa a la del conflicto, o sea, la de marzo-abril. En la ecuación no está calculado qué sucederá con el humor social si a fin de año, cuando empiezan los calores, vuelven los cortes de luz, como parece inexorable, y hay que afrontarlos encima pagando más caro el servicio. La alternativa será utilizar gasoil importado en las usinas termoeléctricas a cuenta del déficit fiscal. Dentro de la administración macrista la preocupación se segmentó entre incentivar las inversiones para que las petroleras saquen el gas y el costo fiscal resultante del tope tarifario al consumo, que hoy, después del fallo de la Corte, representa $30.000 millones, según respondió la Jefatura de Gabinete al diputado del FR, Sergio Massa. El propio Mauricio Macri confía que, a partir del cuadro tarifario que salga después de superar la formalidad de las audiencias, ese subsidio irá decreciendo, porque en 2017 se empezará con los ajustes periódicos a los consumidores no comprendidos en la clasificación social, por un lado, y además porque el precio internacional subirá en un par de años hasta equiparase con el fijado para el gas extraído en Vaca Muerta. El argumento es que US$ 4 es un costo de oportunidad, al encontrarse por debajo del GLP importado (US$ 6,65) o del gasoil a utilizarse para la generación térmica porque no hay gas suficiente (US$ 11,20). El tope del 300% sobre la base del que se replanteará el cuadro tarifario será para el gas en boca de pozo, que constituye del 60% al 70% del monto que se factura al 26% de los consumidores. Todavía está en discusión el incremento para la distribución, que representa un 21% de lo exhibido en las facturas que emiten Metrogas, Gas BAN, Camuzzi, Ecogas. Para esta franja de usuarios regirá el año que viene un sistema de ajustes periódicos sobre el total, mientras que para el 74% restante, en el que está comprendida la llamada tarifa social, esos aumentos se harán sobre el 30% (o sea, excluyendo el costo del gas) de lo que paga la tarifa no subsidiada. Precisamente, en el precio en boca de pozo que perciben las petroleras se seguirá con el criterio de “costo de oportunidad” ya establecido en la resolución de abril último. El presidente Mauricio Macri se encuentra convencido de que, como en un par de años subirá el precio internacional, será buen negocio para el Estado subsidiar la extracción en Vaca Muerta hasta que la curva de las tarifas se cruce con la del valor internacional y ya no sea necesario seguir cubriendo la diferencia con el Tesoro. Ambas conclusiones están siendo negociadas por el gobierno en el ámbito político antes de someterlas a debate en las audiencias públicas, que hay que recordar, no son vinculantes. En la Bolsa ya hay convicción en torno de esta salida, al punto que las cotizaciones de las acciones de las firmas productoras de gas recuperaron la mayor parte de lo que perdieron en el día del fallo de la Corte Suprema que retrotrajo el aumento de tarifas hogareñas. La lectura que hicieron los observadores de la plaza bursátil es que si el ministro de Energía, Juan José Aranguren, no concretó su intento de renunciar fue porque le aseguraron que no obstante las audiencias, y los cuestionamientos que recibiría el nivel dispuesto para el precio del gas en boca de pozo, la política que acordó al respecto con las petroleras se mantendría y, en todo caso, serán los subsidios la variable de ajuste hasta que haya una convergencia con las tarifas domiciliarias. En el mercado lo tomaron de ese modo, a juzgar por la reacción de los papeles en las últimas jornadas, si bien el punto de partida de todo este confuso proceso es el congelamiento de las tarifas que rigió durante 12 años. De ahí en más todo cuenta para ponerle el signo más. La semana pasada, tanto en Nueva York como en Buenos Aires, de las 9 acciones de energéticas reguladas que se operaron, las que habían terminado con 8 bajas y una suba el jueves 18 pasado, quedaron sólo 4 con el signo menos. Un repaso de las principales hecho en El Cronista Comercial recuerda que hace una semana Pampa había perdido 4,42% en una sola jornada en Wall Street, pero que recuperó terreno hasta quedar apenas 1,05% por debajo del día previo al fallo de la Corte. Otra que cotiza en Nueva York, la distribuidora Edenor, cayó en esa instancia 1,7%, pero en una semana quedó 3,3% por encima de su valor previo. El valor de pizarra de Transportadora de Gas del Sur ni siquiera se movió. En todo caso, el revés judicial para el gobierno fue un cheque a plazo para las empresas distribuidoras, porque lo que dejaron de percibir por la marcha atrás de la facturación lo recuperarán con creces en cuanto se ponga en marcha el ciclo de cobranza con la refacturación. En ese sentido, el CEO de Edesur, Maurizio Bezzeccheri, urgió una pronta solución a la tarifa de electricidad para revertir los números negativos que arrastran las compañías. Aseguró que las compañías distribuidoras cerraron los primeros seis meses con resultados negativos y que el segundo semestre, con la tarifas que se retrotrayeron, el resultado es aún más negativo. Pampa Holding, que también lleva electricidad a los usuarios, sino que está en la producción de hidrocarburos y en las usinas generadoras, no sintió en su situación patrimonial las contramarchas, al igual que sucedió con Central Puerto o Central Costanera. Boca de pozo El doble aumento aplicado a los combustibles en la primera parte del año obedeció a cubrir la diferencia del costo del barril de crudo liviano, que en Argentina se remunera a más de US$ 60 cuando en el mercado internacional no llega a US$50. Y en ese sentido, la recomposición de los precios del gas en boca de pozo, a punto de ser analizada en audiencias públicas, partió de la resolución del 28/03, según la cual el promedio trepaba de US$ 2,37 el millón de BTU a US$4. Pero como los precios de inyección al sistema son distintos según el destino final del producto, en el caso del gas domiciliario la nueva tabla de valores fijada por resolución a partir de que el insumo pasó de US$ 0,27 a 2,67 el MBTU dio como resultado aritmético una suba del 248% en la tarifa. Uno de los puntos que los que están políticamente en contra del tarifazo llevarán a las audiencias es que comparativamente con lo que cuesta el gas mayorista en Estados Unidos luego del auge de la explotación no convencional, que es poco más de US$ 2, y con el que Argentina importa de Bolivia (US$ 3,56). El argumento oficial es que los US$ 4 constituyen un costo de oportunidad, al encontrarse por debajo del GLP importado (US$ 6,65) o del gasoil que debe utilizarse para la generación térmica porque no hay gas suficiente ni en el país ni capacidad en las plantas regasificadoras para importar más (US$ 11,20). El otro paralelo que establecen en el gobierno es que con los últimos incrementos, hoy en tela de juicio, el fluido aún resulta un 82% más barato que en otros países de la región, argumento que es discutible por las distintas paridades cambiarias y su repercusión en los precios internos en cada uno. Pero visto desde la perspectiva de las productoras de gas, en general, los mayores precios en el ingreso al sistema implicarán una mejora importante en moneda dura, la que cabe conciliar con la incidencia entre la devaluación y los costos internos al traducirla a la operatoria local. En lo particular, había compañías como YPF, Total y PAE que iban a recibir menos que otras una vez aplicado en abril el aumentazo sin anestesia, en suspenso por haberse judicializado, al haberse acogido al Plan Gas lanzado por el kirchnerismo, de US$ 7,5 la unidad calórica mayorista que les pagaba CAMMESA por el fluido incremental a su producción, e inclusive ya están amortizando inversiones decididas y ejecutadas sobre la base de un precio menor. Y las otras, que seguían con sus antiguas explotaciones y los viejos precios, aguardaban los nuevos valores para hacer las inversiones. Por ejemplo, una transportadora, que iba a incrementar 200% en pesos, atado a un plan de inversiones y a la obligación de no repartir dividendos, quedó en suspenso sobre cómo seguir hasta que el gobierno resuelva qué hará después de cumplir con la obligación legal de las audiencias. Traduciendo todo esto a las facturas, el insumo dolarizado representa alrededor del 70% del precio final y a esa evolución quedarán atados los próximos cálculos para el 26% de las facturas. La tarifa social quedará excluida de esos vaivenes, ya que a los beneficiarios se los exime de afrontar el precio del gas propiamente dicho y sólo se les carga el costo del transporte y distribución, o sea, quedan vinculados al 30% restante. La salvedad sería que con un mercado libre el precio mayorista se alinearía con el valor más alto, en parte porque no hay contratos a largo plazo. Costo fiscal Ante una pregunta del bloque del Frente Renovador de Sergio Massa respecto de la solución que prevé el Gobierno por la crisis energética, la Jefatura de Gabinete respondió que "en principio es importante aclarar que, ante el fallo de la Corte, el Gobierno estimó el costo fiscal en más de $30.000 millones al tener que cubrir la diferencia entre el costo real de la energía y lo que los consumidores pagan por ella". Así consta en el informe de gestión que jefatura de Gabinete remitió a los diputados nacionales, previo a la exposición el miércoles pasado de Marcos Peña en el recinto. El Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (CERES) de la Universidad de Belgrano estimó que el costo fiscal del fallo de la Corte es de US$ 1.323 millones (unos $ 20.000 millones). Precisa que el costo derivado de no aplicar los cuadros tarifarios tal cual fueran concebidos para los usuarios residenciales resulta de US$ 716 millones. En adición, el sobrecosto que debería afrontar CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA) por el pago de gas a usinas a precios de abril sería de US$ 607 millones, según datos aportados por Andrés Di Pelino, vocero del Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (CERES) de la Universidad de Belgrano.